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Foto del escritorJavier Cruz

INFORMACIÓN: 100 familias de México y el extranjero inician, unidas, su lucha jurídica contra INVERCO

Cien familias nacionales y extranjeras afectadas por lo que se presume un fraude por al menos 100 millones de pesos, presentaron cuatro acciones judiciales, financieras y conciliatorias en contra de la empresa Inversión Colectiva Inmobiliaria (INVERCO), de la ciudad de Mérida, Yucatán, que opera el desarrollo habitacional Fraccionamiento Pedregales de Misnébalan.

 

Javier Cruz / 4 Vientos



La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya investiga las actividades de Inverco y sus socios (Imagen en El Economista).


En un comunicado, el licenciado en Derecho Jesús Othón Baca Cacho, titular del despacho jurídico BA/CA Abogados, de la Ciudad de México, y representante legal del colectivo denunciante que representa apenas el 15 por ciento de las personas afectadas por la compañía yucateca, anunció que una de las acciones en contra el grupo inmobiliario fue solicitar la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría federal de Hacienda.


El titular de la Unidad, Pablo Gómez Álvarez, aceptó iniciar a la brevedad una investigación exhaustiva de los hechos puestos de su conocimiento mediante denuncia que se presentó el pasado 20 de agosto.


Ello con el objetivo de esclarecer el uso, operación y destino de los recursos económicos pagados a la constructora por cientos de familias hoy afectadas.


Asimismo, y por primera vez en el estado de Yucatán, se aceptó que la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) revise, de forma exhaustiva, la queja grupal que el mismo 20 de agosto se presentó en la dependencia, a fin de que sean atendidos los reclamos de cientos de personas mediante el procedimiento conciliatorio expedito.


Para tal efecto, se requirió igualmente al procurador federal de Protección al Consumidor, David Aguilar Romero, que apoye la investigación y dictaminación especializada en operaciones de compraventa de bienes inmuebles y, en su caso, imponga las sanciones de ley a los proveedores responsables; es decir, a los accionistas y empleados de Inverco.


La tercera acción que los afectados -al menos 35 de ellos residentes fuera del país- emprendieron a través de sus abogados, y que fue aceptada por las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), es que el titular de la oficina, licenciado Alejandro Gertz Manero, ordene una investigación exhaustiva y coordinada, a fin de esclarecer los hechos puestos de su conocimiento el día 22 de agosto y, en su caso, determinar la responsabilidad penal de las personas morales y físicas involucradas.


Finalmente, el abogado pidió al maestro Juan Manuel León León, fiscal general del Estado de Yucatán, realice una investigación exhaustiva de los hechos con apariencia de delito de “Fraude inmobiliario”, puestos de su conocimiento el día 22 de agosto.


El funcionario estatal aceptó ese mismo día la denuncia penal del colectivo y de inmediato abrió averiguaciones ministeriales para conocer a detalle los alcances del presunto delito que se imputa a los accionistas, empleados y asesores inmobiliarios de la compañía.



El representante legal de las100 familias nacionales y extranjeras que enfrentan, en colectivo, a la compañía inmobiliaria yucateca (Imagen: Facebook).



Baca Cacho refirió asimismo que se solicitó a las secretarías federales de Gobernación y Relaciones Exteriores, abran las investigaciones conducentes y brinde el apoyo a las cientos de familias afectadas por este suceso.


Y al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien a nombre de sus representados agradeció la buena disposición que demostró para que se investigue a la inmobiliaria, solicitó que continúe atendiendo y encauzando las peticiones de las familias afectadas, “puestas de su conocimiento y atendidas desde la conferencia matutina del día 24 de julio del año en curso”.


Recordó que muchas de las víctimas estafadas, que en realidad son al menos 700 con posibilidad de subir hasta mil 200, son personas en movilidad laboral que trabajan en los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Europa, Centro y Sudamérica, así como otros países del extranjero, y gente de la tercera edad y pertenecientes a diversos grupos vulnerables.


Explicó que, mediante publicidad en Internet, YouTube, redes sociales (Facebook), páginas oficiales de la empresa, en stands de la "Expo Invierte en Mérida, el Sureste y playas", que se realizó en la Ciudad de México los días 25 y 26 de noviembre de 2023, y decenas de asesores inmobiliarios, cientos de personas de México y fuera del país tuvieron conocimiento del desarrollo inmobiliario que Inverco pretendía realizar con el nombre comercial “Pedregales de Misnébalam”.


De acuerdo con la estrategia de mercadotecnia, el proyecto consistía en “la construcción de casas, departamentos y townhouses para uso habitacional dentro de un régimen de propiedad de condominio, ubicados en la Zona Norte de la Ciudad de Mérida y hacia el puerto de Progreso”.


En el transcurso de los años 2021 al mes de agosto de 2024, cientos de personas suscribieron contrato de promesa de compraventa con Inversión Colectiva Inmobiliaria S.A.P.I. de C.V., en calidad de vendedora y representada por las siguientes personas:


El Presidente del Consejo de Administración de la empresa, ingeniero Miguel Ángel Aguayo de Pau, que hoy Inverco lo presenta como su “asesor inmobiliario”, y el Secretario del Consejo de Administración de la empresa, notario público Rolando Alberto Bello Mejía, sobrino del exgobernador Rolando Zapata Bello, senador electo por el estado de Yucatán.


Aguayo y Bello son los accionistas fundadores, a partes iguales, de la compañía que fue inscrita en el Registro Público de Comercio el 4 de diciembre de 2018, en Mérida.


También el accionista y actual Presidente suplente del Consejo de Administración de la empresa, William Armando Morales Heredia, y el accionista y actual Secretario suplente del Consejo de Administración de la empresa, Rubén Rodrigo Morales Heredia.



Los accionistas, empleados y varios de los asesores inmobiliarios de INVERCO actuaron con negligencia y se condujeron “con tácticas dilatorias, evasivas y demás conductas fraudulentas en perjuicio del patrimonio de los compradores” (Ilustración en Real State Market).



Igualmente, los actuales accionistas de Inverco Ricardo Isacc Simental Legarda, Eduardo Ignacio Manzanilla Masquef, y Eyder Efren Martin Chan, quienes realizan diversas actividades financieras, administrativas y promocionales en el consorcio inmobiliario.


También la gerente de Ventas Claudia Cisneros González, cuñada de Aguayo de Pau; el responsable Jurídico de la empresa Gabriel Ancona; y los abogados Cecilia Villanueva y Rommel Gómez, encargados de negociar con los clientes que no desean saber nada más de la compañía y piden inútilmente la devolución de su dinero.


En este contexto, cuenta en su escrito el licenciado Baca Cacho, desde el inicio del proyecto comenzaron las irregularidades, incumplimientos y múltiples acciones dilatorias por parte de la constructora.


Hasta el momento, el bufete de abogados recopiló las siguientes conductas ilegales y descontentos generalizados:


A.- No entregar los inmuebles en la fecha estipulada en los respectivos contratos de promesa de compraventa. B.- No contar con los permisos municipales, estatales y federales para el desarrollo del proyecto. C.- No contar con el presupuesto y plan de obra necesarios para el desarrollo del proyecto.


Asimismo, no contar con la infraestructura de construcción necesaria para el proyecto. No contar con el régimen de propiedad de condominio ni haber construido y concluido las áreas comunes del mismo.


De igual modo, no tener, en general, los requisitos de construcción y legales para entregar la posesión y firmar los contratos de compraventa ante Notario Público.


Y lo moral, ética y legalmente más grave: “Ser negligentes y conducirse con tácticas dilatorias, evasivas y demás conductas fraudulentas, en perjuicio del patrimonio de los compradores”-


Frente a este escenario, el abogado cerró su comunicado con la petición a las autoridades nacionales de que realicen una investigación exhaustiva del tema y se les haga Justicia a los cientos de personas defraudadas.



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