El Averno
Por mi se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno dolor. Dejad toda esperanza los que entráis.
Séptimo circulo: Avaros y opulentos.
Octavo círculo: Traidores.
Traición, discriminación y simulación; pero también reestructuración, lucha renovada y esperanza.
Javier Cruz / 4 Vientos
Esa es la visión que la nueva generación de activistas indígenas de San Quintín tiene del histórico movimiento que más de siete mil jornaleros agrícolas de Baja California estallaron, hace 10 años -17 de marzo de 2015-, en contra del neoporfirismo agrario que desde los 70 del siglo pasado prevalece y beneficia a más de 130 agroempresas extranjeras y nacionales.
USTEDES LOS RICOS
Se trata de consorcios transnacionales y multinacionales asociados, la mayoría de ellos, a gerentes mexicanos que en conjunto se dedican, de manera abrumadora y altamente lucrativa, a la exportación de fresas, moras y otras frutillas (“berrys”) de alto valor comercial en el mercado mundial.
Para tener una idea del tamaño del negocio que las corporaciones extranjeras manejan en México, tan solo en 2024 obtuvieron ventas por la comercialización internacional de bayas por casi tres mil millones de dólares (alrededor de 60 mil millones de pesos).
Esa enajenación -dos mil 963 millones de dólares, según la estadística de febrero del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) respecto a los productos agropecuarios mexicanos de mayor exportación en 2024- representa el sexto lugar a nivel nacional solo abajo de la cerveza, el tequila, el aguacate, el ganado y carne de bovino, y el tomate.
También significó un aumento del dos por ciento en su valor de exportación con relación a los resultados del 2023.
Y en el caso concreto de Baja California, con cifras al 27 de enero de este año de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) a cargo de Julio Antonio Berdegué Sacristán, impulsó un 43 por ciento más de siembras de fresa, zarzamora, arándano, frambuesa y otras frutillas en la temporada invernal 2024-2025.
Esto al subir a 2,914 hectáreas en comparación con las 2,040 del ciclo 2021-2022, es decir, 874 hectáreas más; o dos mil 287 si se compara con las 627 sembradas en San Quintín en 2003, año en que inició el cultivo de berries en el valle a través de la transnacional californiana Andrew and Williamson (AW) y sus administradores mexicanos Salvador (“Chava”) García y Mauricio Castañeda.
La SADER notificó en su información de enero que el 90 por ciento de la producción de fresas y otras berries que se producen en Baja California -93 mil 179 toneladas en 2022- se exportaron al mercado internacional, principalmente a Estados Unidos, lo que generó una derrama económica de tres mil 699 millones de pesos tan solo en San Quintín, cantidad que fue la segunda más grande a nivel nacional.
NOSOTROS LOS POBRES
A esta afirmación del alto, creciente y sostenido lucro que significa para los exportadores de berries en México, y concretamente Baja California, estado que ocupa el primer lugar de producción y ventas al exterior en el país, se contrapone la realidad laboral de miles jornaleros agrícolas que hacen posible, con su mano de obra barata, esos increíbles logros que se acreditan los empresarios en exclusiva.
Apenas en los primeros días de enero los trabajadores de las empresas transnacionales Berrymex y AW, ésta última a través de su filial “Rancho El Milagro de Baja” que en Camalú representan los hermanos García, lograron obtener un pago salarial de 300 pesos diarios y 28 pesos por caja de fresas.
Se trata del logro de una de las 15 peticiones que los trabajadores agrícolas hicieron a los empresarios y al gobierno de Enrique Peña Nieto en el movimiento de 2015.
En ese año distante, los dos emplazados supuestamente aceptaron e implementaron ese y otros acuerdos a favor de los jornaleros representados por sus voceros en las mesas de negociación de aquella época, pero aquello representó una mentira, una vil simulación política que hoy es más que evidente.
En este contexto es importante citar, por ejemplo, que la familia García de Camalú, rancheros que representan los intereses comerciales de Andrew and Williamson en Baja California, tienen una amplia y documentada trayectoria de violación permanente a los derechos de los jornaleros.
Asimismo, disfrutan de amplias influencias en los gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Morena en Baja California.
Lo hacen y lo hicieron a través de los gobernadores Xicoténcatl Leyva Mortera (PRI), los panistas Ernesto Ruffo, Carlos Terán, Alejandro González Alcocer, Eugenio Elorduy, José Guadalupe Osuna y Francisco Vega, así como los morenistas Jaime Bonilla Valdez y Marina del Pilar Ávila Olmeda, de innegables tendencias prianistas.
Se trata de un símil que, a lo largo de décadas de explotación de los trabajadores, impusieron agro compañías como Rancho Los Pinos, cuya familia michoacana disfrutó y goza de las atenciones personales del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa, así como el hoy desaparecido Rancho tomatero Los Canelos, de Sinaloa.
LOS “TRAIDORES”
“Este 17 de marzo no hay nada que conmemorar o celebrar. Los líderes traidores de aquel movimiento ahora convocan a un evento para hablar de los logros de los jornaleros tras aquellas históricas jornadas de lucha de miles de trabajadores del campo. Y van a pedir que ese día se designe como Nacional de los Jornaleros Agrícolas, además feriado, pero ¿de qué logros van a hablar?”
Así lo dice Rodolfo Gálvez, un emergente activista náhuatl guerrerense que junto con los mixtecos José Rojas y Lorenzo Rodríguez integran una nueva organización social –Jornaleros Unidos de San Quintín- a favor de la defensa y aplicación de los derechos de las mujeres y hombres del campo.
Su crítica está dirigida a un grupo de líderes del movimiento jornalero de 2015-2016 que hoy sustentan contratos ejecutivos con los gobiernos federal, estatal y municipal; o fueron candidatos a ocupar un cargo de elección popular: diputados locales, federales y regidurías.
Gálvez no los mencionó por su nombre, pero, hasta donde se sabe, en esa situación están o estuvieron algunos de los dirigentes de la entonces llamada Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social de San Quintín.
Se trata de Fidel Sánchez Gabriel, Fermín Salazar, Bonifacio Martínez, Enrique Alatorre, Justino Herrera y Lucila Hernández, la única mujer que formó parte directa de las negociaciones con el representante de Peña Nieto en el conflicto: Luis Miranda Nava, entonces encargado de Gobierno en la Secretaría federal de Gobernación (SEGOB).
Miranda, siniestro personaje político, aliado y amigo íntimo del entonces presidente priista, amenazó a Sánchez Gabriel con una frase que se hizo famosa cuando el dirigente mixteco le recriminó no haber asistido a una de las mesas de negociación que días antes la Alianza y sus voceros acordaron realizar en las oficinas del entonces gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, un inepto que con su arrogancia y negligencia negociadora precipitó el estallido del movimiento.
“Mira Fidel, yo voy a llegar hasta el miércoles y no hay vuelta de hoja. Y si tú no lo aceptas llegará el día y la hora (en) que nos vamos a ver la cara y entonces vas a saber quién soy”.
(Luis Miranda Nava).
Lo que hoy queda de aquella organización social, que ahora se identifica como Alianza de Organizaciones por la Justicia Social y tiene como vocero a Octavio Ángel López, también convocó a un “evento conmemorativo” de la movilización de 2015.
Propone que el 17 de marzo se instituya constitucionalmente como “Día Nacional del Jornalero”, con descanso obligatorio para los dos millones de trabajadores agrícolas que existen en el país, la inmensa mayoría indígenas.
El acto se realizará el lunes 17, a las 11 horas, en el Salón Comunitario del fraccionamiento popular Las Misiones, en Vicente Guerrero, San Quintín.
Y del Sindicato Nacional Independiente Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA), uno de los dos que obtuvieron registro federal tras la movilización de 2015 –el otro es el Sindicato Nacional Independiente de Jornaleros Agrícolas y Similares, hoy virtualmente desaparecido y que surgió a raíz de la primera división de la Alianza que encabezaron Justino Herrera, Fermín Salazar y Lucila Hernández-, de plano no tendrá presencia durante la jornada del lunes.
La última publicación que sobre el tema de los jornaleros se conoce de la secretaria general del SINDJA, Abelina Ramírez Ruiz, data del 22 de mayo de 2023.
Se trata de un mensaje que se publicó en la página personal de Ramírez en Facebook, en donde ella deslinda a su organización de todo acto “ilegal” de protesta –paros de labores, marchas y huelgas- convocados por “personas ajenas al sindicato” y otros grupos “defensores de trabajadores” (los entrecomillados son del texto).
El mensaje evidenció aún más la profunda división que priva entre los activistas y sus formas de lucha. En el caso del SINDJA, la salida de Lorenzo Rodríguez, primer secretario general de ese sindicato, de Rodolfo Gálvez y otros líderes a quienes Abelina Ramírez identificó públicamente como “propensos al machismo” en la toma de decisiones.
Hoy, Rodolfo Gálvez hace referencia constante a la lucha de las jornaleras agrícolas a quienes pide que denuncien, ante Jornaleros Unidos y las autoridades laborales, los continuos abusos sexuales perpetrados por algunos empleados de los ranchos –mayordomos y transportistas, principalmente-, y agreguen sus demandas de carácter laboral y familiar en las movilizaciones de protesta.
10 AÑOS DESPUÉS, LAS MISMAS DEMANDAS
Al hablar de la postura “traidora” que asumen algunos de los ex líderes del movimiento jornalero al hablar de los “logros” alcanzados por los trabajadores agrícolas gracias al movimiento que hace 10 años encabezaron, Gálvez cuestiona:
“¿Logros? Más bien esos líderes traidores siguen con sus campañas políticas. Ahora se sentarán a hablar de las maravillas logradas con el gobierno actual para ver si les ofrecen un cargo más, pero las injusticias siguen igual o peor”.
Luego pidió a los simpatizantes y especialistas del tema jornalero:
“Infórmense primero en qué mundo viven esos traidores y luego pregúnteles a los verdaderos jornaleros cómo trabajan y viven ellos en los campos. No hay avances en San Quintín para los trabajadores porque todas las peticiones que se hicieron en 2015 siguen pendientes de cristalizar”.
Anunció que este lunes 17 de marzo, a partir de las 8 horas, Jornaleros Unidos realizará una marcha de 34 kilómetros entre el poblado Camalú y las oficinas de gobierno –estatal y federal- en San Quintín, que rememorará las históricas caminatas hechas por los trabajadores en marzo y abril del 2015.
En San Quintín, cabecera del municipio del mismo nombre, los manifestantes entregarán a las autoridades laborales un escrito con sus demandas.
Estas son casi similares a las de 2015. Son nueve y las enumeran así:
1.- Solución al despido de los 16 jornaleros de la empresa 2 Mares. 2.- Afiliación de todos los trabajadores del campo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 3.- No más “Salario Integrado” que incluya ilegalmente todas las prestaciones laborales de ley. 4.- No más acoso a las mujeres jornaleras ni a las embarazadas.
Asimismo: 5.- Cumplimiento de todas las prestaciones laborales contempladas en la Constitución y en las leyes federales del país, por parte de todas las agro empresas. 6.- Libertad sindical. 7.- No represalias a los compañeros que defiende sus derechos en los diferentes campos agrícolas. 8.- Mayor inspección laboral y conciliatoria en los campos agrícolas. 9.- Respeto a los derechos humanos laborales de los trabajadores del campo.
La denigrante espera por recibir servicios médicos de urgencia en las instalaciones del IMSS en San Quintín, un viacrucis para los jornaleros y sus familias (Imágenes del pasado 4 de marzo en Facebook).
EL RACISMO, VULGAR RESPUESTA
En esta visión de que poco o nada de los acuerdos del 2015 se cumplieron, de que no disminuye la violación a los derechos humanos ni las campañas de discriminación y odio contra ellos, coinciden diversos especialistas que han estudiado científicamente al movimiento.
Por ejemplo, José Atahualpa Chávez Valencia, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), expresó en un artículo científico que tituló “Jornaleros agrícolas indígenas en el valle de San Quintín, Baja California: migración, organización y movilización laboral”, que tal y como sucedió durante el movimiento 10 años atrás, los trabajadores indígenas aún son víctimas de virulentos ataques racistas.
A través de la red social Facebook –describió el investigador social-, el 20 de marzo del 2015 se creó un grupo llamado “Exterminio de Oaxacos en B. C.”, que se ligó a la cuenta de “Márquez Javier Aguilar”, según la investigación “Surge movimiento”, de 2015.
Entre la diversidad de opiniones se encontraron comentarios racistas como: “(los jornaleros) son peores que las cucarachas”; “debían regresarse a su tierra”; “son unos cochinos”; “no tienen por qué pedir mejores salarios, aquí ganan mejor que en Oaxaca”; “en Baja California no tiene por qué darse estos movimientos, que los hagan en su tierra”.
Al respecto, el historiador agregó:
“Pero, aunque se utiliza la coyuntura del movimiento para lanzar este tipo de comentarios, las actitudes racistas ya se manifestaban con anterioridad a través de señalamientos estigmatizadores como: ‘pinches indios, “’pinches oaxacos’, ‘oaxaquitas’; ‘estos mixtecos, estos triquis, estos zapotecos que vienen a perturbar nuestro ambiente’, ‘los de Baja California no somos así; lo que no hacen en su tierra lo quieren hacer aquí’; ‘Ensenada para los ensenadenses’; ‘tienen costumbres diferentes a nosotros’
(Villarino, 2015).
Chávez Valencia concluyó que este tipo de actitudes xenofóbicas y discriminatorias por parte de “algunos” sectores de la sociedad bajacaliforniana, aún presentes hasta nuestros días, manifiesta dos cosas:
“En primer lugar, la permanencia de la imagen estereotipada de un indígena pobre, sucio y problemático. En segundo lugar, la superación, por parte de algunos indígenas, o su capacidad de manipulación de las construcciones impuestas, para utilizarlas en su beneficio que, ligado con la necesidad del Estado de proyectar una imagen pluricultural, que respeta la diversidad cultural de su población, ha posibilitado la conformación de agentes culturales indígenas”.
EL FRACASO SINDICAL
Por otra parte, Graciela Bensusán Areous, doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y Elena Jaloma Cruz, maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, afirmaron en su exploración “Representación sindical y redistribución: el caso de los jornaleros del valle de San Quintín”, que también prevalecen los rezagos en todas las condiciones laborales de los jornaleros.
Suman la ausencia de una representación efectiva de sus intereses, la existencia de autoridades que toleran las medidas represivas de sus empleadores, así como su debilidad estructural en el mercado laboral.
“Esta situación obstruye cualquier demanda de cumplimiento de derechos, salvo en circunstancias extraordinarias como las que dieron lugar a la movilización y organización de los jornaleros del valle de San Quintín, entre 2015 y 2017”.
Finalmente, al constatar el fracaso de los dos sindicatos que se crearon en noviembre de 2015 y enero de 2016, las investigadoras destacaron que “se requiere la formación de sindicatos auténticos”, así como su alianza con organizaciones de la sociedad civil para que los jornaleros “sean capaces de presionar con éxito al gobierno y puedan ejercer contrapesos a los intereses empresariales”.
Con ello, afirmaron, los trabajadores podrán exigir “el respeto de sus derechos humanos laborales fundamentales, como lo es el derecho al trabajo digno tanto en su dimensión individual como colectiva”.
ESPECIALES, VULNERABLES Y ABANDONADOS
Igualmente, el economista Alberto Amaury García Reyes, en su tesis para obtener la licenciatura por la UABC, explora el mercado laboral de los trabajadores agrícolas.
En el documento afirma que si bien la alta rentabilidad de la exportación de bayas y otros productos de alto valor comercial puede llevar a un jornalero a obtener mejores salarios y prestaciones, gracias a su trabajo especializado, es todavía de los más vulnerables en términos de condiciones de trabajo y seguridad social.
“No hay una relación directamente proporcional clara entre productividad y el pago del jornal”, lo que surge porque los patrones transnacionales fijan unilateralmente, a lo largo del trabajo, los promedios de unidad de cosecha a los jornaleros.
Eso, afirma el profesional, determina el salario “como una medida de rendimiento estándar muy variable si el jornalero no presenta el rendimiento mínimo” preestablecido.
A ello agrega la informalidad que existe en la relación laboral que aparte de provocar abusos y violación a los derechos laborales del trabajador, origina subdesarrollo económico y social a nivel regional, así como poca o nula participación y supervisión del Estado.
“No existen políticas (del Estado mexicano) de desarrollo regional ni sociales para mejorar las condiciones en las que viven y trabajan los jornaleros agrícolas”, concluye el economista en una descripción perfectamente aplicable a Baja California, donde el gobierno “morenista” de Marina del Pilar Ávila designó como secretario de Trabajo al priista Alejandro Arregui Ibarra, un aliado y protector consumado de las agroindustrias establecidas en la entidad.
EL FACTOR TRANSNACIONAL
Correspondió a la doctora Anna Mary Garrapa, integrante asociada del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM), escribir un artículo para el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), Tijuana, en donde analizó las operaciones económicas implementadas por las 130 compañías comerciales transnacionales de fresas y berries, así como la “movilización anticorporativa” de los jornaleros agrícolas en Baja California.
La especialista también parte del movimiento del 2015 para hacer su análisis. En él determinó:
“En el Valle de San Quintín, a pesar de las enormes ganancias conseguidas en el mercado estadounidense de las bayas frescas, ni los agricultores locales, grandes o pequeños, ni las compañías transnacionales, han mejorado sustancialmente las condiciones salariales y extendido el acceso a la protección social de los empleados, sobre todo los temporales, después del masivo paro laboral realizado en el marzo de 2015.”
También establece que a pesar de las estrategias institucionales y empresariales de “limitación del conflicto social y sindical”, una parte del movimiento de jornaleros, todavía activa, ha llevado la responsabilidad de las condiciones de explotación vividas en el campo más allá del territorio agrícola, asignándola a la corporación comercial líder mundial del mercado de las bayas: la transnacional californiana Driscoll.
Asimismo, destaca el papel que puede jugar una acción de boicot internacional y nacional al consumo de los productos de ese consorcio estadounidense, porque permitiría a los trabajadores denunciar las condiciones laborales vividas en varias empresas agrícolas que le entregan bayas en Baja California.
“Además, con la acción de contrainformación desarrollada frente y adentro de los grandes supermercados, los jornaleros han llegado a identificar, aunque todavía no a denunciar claramente, el papel dominante jugado por las grandes cadenas de la distribución minoristas”.
Su investigación resalta igualmente que el modelo agrícola californiano y la reorganización del trabajo en territorio estadounidense que se aplica en Baja California para los ranchos de bayas, permite observar cómo la separación entre los propietarios de la tierra, empresas agrícolas y corporaciones transnacionales, combinada con la multiplicidad de los niveles de intermediación laboral, crean un contexto extremadamente complicado para los trabajadores.
“En muchos casos (los jornaleros) no logran identificar a los actores económicos finalmente responsables de la explotación vivida en el surco”.
Por el contrario, agrega, las reivindicaciones de los jornaleros del Valle de San Quintín, expresadas a través del levantamiento de 2015, antes, y del boicot transnacional después, representan “un logro notable” en términos de conocimiento y acción colectiva, política y sindical “que puede tener importantes consecuencias en su potencial organizativo, más allá del territorio rural fronterizo específico”.
Ahora, falta que los trabajadores agrícolas que laboran en los ranchos de las corporaciones transnacionales de San Quintín, reinicien su tejido de clase y solidaridad, se protejan contra nuevas traiciones, y superen la nueva guerra sucia de la que son objeto por parte de los “odiadores” y desinformadores de siempre.
Se trata de retomar y mejorar el camino andado en 2015.
Y antes, en el periodo 1984-1986, cuando la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), con el mixteco Benito García a la cabeza de la primera organización de jornaleros que luego traicionó, inició el movimiento jornalero que aún hoy se niega a claudicar.
LEER NOTA DE CONTEXTO EN:
Comments