Exgobernadores panistas de BC espiaron a políticos, legisladores, activistas, periodistas...
- Javier Cruz
- hace 3 horas
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A pesar del esfuerzo por encubrirlos, se acreditó con pruebas documentales que los tres últimos gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California contaron con sistemas de espionaje que se activaron por órdenes expresas de los exmandatarios Eugenio Elorduy Whalter, José Guadalupe Osuna Millán y Francisco Vega de Lamadrid, todos impunes jurídicamente de aquellos actos criminales.
Javier Cruz / 4 Vientos
Opositores políticos, activistas de derechos humanos y ambientalistas, así como periodistas, legisladores, dirigentes empresariales y hasta líderes religiosos estaban en una lista de personas que son o han sido escuchados y grabados ilícitamente en sus conversaciones telefónicas con costosos y sofisticados equipos de intervención que operó la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California.
En un primer caso Julio Felipe García, ex coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del estado, reveló que desde finales de 2008 el gobierno compró equipo y software, y capacitó a servidores públicos para la intervención ilegal de equipos electrónicos y digitales.
El hecho lo aceptó el ex secretario general de Gobierno, Cuauhtémoc Cardona Benavides, luego de que el líder parlamentario del PRI sustentó su dicho con diversas facturas hechas a nombre del gobierno del estado, documentos fiscales que detallan los conceptos de las compras y capacitación de personal que denunció el ex líder de la bancada priista en el congreso.
Previo a la comparecencia de Cardona en el recinto legislativo en Mexicali, el entonces secretario estatal de Seguridad Pública –Daniel de la Rosa– y el ex procurador de Justicia de Baja California –Rommel Moreno–, negaron la existencia de la tecnología, el equipo y el personal capacitado para intervenir llamadas telefónicas, computadoras y otros medios electrónicos y digitales.
Sin embargo, con las pruebas documentales en la mano, Julio Felipe García demostró que sí existió el equipo y que éste se utilizó para escuchar ilegalmente las llamadas telefónicas que hacen los bajacalifornianos, violando el Artículo 16 Constitucional que a la letra señala:
“Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley”.
Asimismo:
“Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor”.
García citó también el Artículo 177 del Código Penal Federal, el cual establece:
“A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de 300 a 600 días multa”.
Reveló que, en una comparecencia de los secretarios de Gobierno, Seguridad y la Procuraduría Estatal de Justicia, ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política del congreso, él presentó la documentación que obtuvo, dijo, de las auditorías federales y estatales hechas al gobierno de BC.
En la fiscalización se encontraron una serie de facturas expedidas por la empresa “Safeguard Products of México”, en la cual se detallan adquisiciones y pago de servicios que el proveedor proporcionó al gobierno de Baja California para la intervención ilegal de líneas telefónicas.
Las compras ascendieron a varios millones de pesos y destacaron dos facturas de la empresa que tiene su oficina matriz en la ciudad de Chihuahua y dos sucursales: una en Juárez, Chihuahua, y otra en El Paso, Texas.
El primer documento –factura número 1914, de fecha 30 de julio de 2008– detalla la compra de un sistema de grabación de líneas telefónicas analógicas con capacidad de 60 canales, expandible a 128, y su programa de reproducción de audio, con un costo de 48 mil dólares, de los cuales el gobierno de Baja California pagó en ese momento 27 mil.
El segundo –factura número 2012, de fecha 10 de diciembre de 2008– ampara servicios de capacitación consistentes en un diplomado de “investigadores técnicos en monitoreo electrónico” para operar un módulo “Penlink”.
El curso se dio en la ciudad de Mexicali los días 4 al 8 y del 11 al 14 de agosto de 2008. Lo tomaron cinco personas y costó 13 mil 500 dólares, de los cuales ese día el gobierno estatal pagó mil 762.50.
El servicio “Penlink” produce intercepción de datos y vigilancia de los equipos y programas informáticos bajo “investigación”, entre ellos líneas de teléfono alámbricas, inalámbricas, satelitales y 3G, entre otras.
El ex congresista del PRI también presentó facturas que amparan la compra de tres estaciones de vigilancia GSM multibanda, con un costo de 402 mil dólares cada una, así como tres geolocalizadores de objetos y mapeo de un costo unitario de tres mil dólares.
De la comparecencia de Cardona Benavides, García recordó que el funcionario estatal reveló que el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel de la Rosa, era el único capaz de intervenir y grabar conversaciones telefónicas.
Esto, según afirmó el diputado priista, siempre a solicitud expresa del titular del poder ejecutivo del Estado -José Guadalupe Osuna Millán-.
Asimismo, en entrevista posterior a la comparecencia, Cardona Benavides y el propio Osuna Millán afirmaron que el equipo “no es para espiar a políticos o ciudadanos”.
Sin embargo, el secretario de Gobierno no aclaró que existían medidas para garantizar que el equipo no se utilizara con fines de espionaje ilegal.
Las comparecencias de los tres integrantes del gabinete de Osuna Millán las presidió el exdiputado Gregorio Carranza y asistieron los legisladores Claudia Agatón, hoy presidenta municipal de Ensenada, Rubén Alanis, Alfonso Garzón, Juan Montejano, Rosana Soto, Virginia Noriega, Carlos Murguía, Rubén Fernández, Arcelia Galarza, Ricardo Magaña, María del Rosario Rodríguez y Máximo García.
En los cuestionamientos hechos por los representantes populares a los funcionarios destacó la exigencia de que explicaran por qué el entonces jefe de Información de la Dirección de Comunicación Social del gobierno estatal, Martín Cota, se encargó de difundir una grabación telefónica obtenida ilegalmente mediante una intervención hecha al diputado priísta Elí Topete Robles.
Al respecto, el secretario estatal de Gobierno contestó que fue “por un asunto de morbo”, a lo que García Muñoz replicó:
“Precisamente el morbo del gobierno (de Osuna Millán) es el que nos tiene este día aquí, por lo que ahora exigimos una explicación”.
EL CONTEXTO
El 8 de junio de 2012, el exdiputado estatal Enrique Acosta Fregoso acudió a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Mexicali para presentar una denuncia en contra de quien resultara responsable por el delito de espionaje telefónico, hecho asentado en la denuncia número 637/2012.
Dos días antes el diario Reforma, de la Ciudad de México, publicó parte de una conversación telefónica de Acosta con el diputado estatal Elí Topete, en donde con palabras altisonantes el primero involucra “al senador” (el bajacaliforniano Fernando Castro Trenti, uno de los aspirantes priistas a la gubernatura de Baja California en 2013 e impulsor en 2021 de la candidatura de Marina del Pilar Ávila al gobierno del estado) en el negocio ilícito de importación de automóviles al país.
Tras rechazar la acusación criminal, el exlegislador reveló:
“Tenemos detectado cómo se hizo la operación. Se hizo a través de la Secretaría (estatal) de Seguridad Pública porque en Baja California la única entidad o persona que tiene los instrumentos técnicos para grabar es el señor Daniel de la Rosa, secretario de Seguridad Pública”.
Agregó:
“La misma información fue operada a través del (ex) secretario general del PAN (Partido Acción Nacional) estatal, Rubén Armenta Sanabia, al editar y distorsionar el contexto de la llamada telefónica y establecer los diálogos por escrito”.
Reveló que, en Ciudad de México, la grabación ilícita fue editada por una periodista que trabajaba en la representación de la Secretaría estatal de Gobierno en la capital del país.
“Su nombre es Eneida Zambrano, quien trabajó mucho tiempo en el periódico Reforma”.
Asimismo, sostuvo que, en la Secretaría de Gobernación, el audio fue difundido por "Julio López", un exdiputado federal y funcionario en la dependencia federal cuando el bajacaliforniano Francisco Blake Mora era ministro de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa hasta que murió en un extraño accidente de aviación.
Acosta Fregoso también indicó tener correos electrónicos que confirmaban que Julio López fue quien “filtró” el texto de la grabación telefónica clandestina en diversos medios de comunicación de Ciudad de México.
Igualmente aportó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) recortes periodísticos de la prensa bajacaliforniana en donde Martín Cota, titular de información de la Dirección estatal de Comunicación Social, aceptó ser quien envió la grabación de Enrique Acosta y Elí Topete a un periódico de Mexicali.
Acosta reiteró que toda esa información la entregó a destacados panistas de Baja California, quienes “se mostraron inconformes por los actos de espionaje que cometió el gobierno del estado.”
Y dijo:
“Nosotros nos hemos encargado de corroborar la información que nos han entregado los mismos panistas inconformes y lo vamos a aportar a la averiguación previa. Además, solicitaremos un peritaje a la empresa de telefonía móvil que brinda el servicio para que, mediante elementos periciales técnicos, se desprenda el sustento de la denuncia”.
Mientras tanto, el 8 de junio, Topete Robles interpuso una denuncia penal en la oficina de la PGR en Mexicali en contra de quien resulte responsable del delito de espionaje.
En una entrevista con medios de comunicación del estado el legislador exigió “que cese la persecución y pesquisas que se cometen en contra de los líderes políticos de oposición al partido en el gobierno, pero que incluso se hace en contra de integrantes de ese mismo partido político, líderes empresariales y sociales".
Además, afirmó, "también se espía a autoridades religiosas y periodistas”.
Agregó:
“Cada día recibo más información desde adentro del gobierno que informan que la lista de espiados es cada vez más larga. Son muchas mujeres y hombres de Baja California a quienes graban y filman, violando su privacidad y poniendo en riesgo la seguridad de ellos y de sus familias. Es sabido que varios policías estatales han sido vinculados a la delincuencia organizada y con prácticas ilegales”.
La denuncia nunca prosperó en el aparato procurador de justicia bajacaliforniano. Ni de los panistas ni de los morenistas.
EL ANTECEDENTE ELORDUY
Mientras tanto, la entonces legisladora petista Claudia Agatón Muñiz manifestó que no era esa la primera vez que los gobiernos panistas de
Baja California recurrían al espionaje.
“Recordemos que hace ya algunos años, en el gobierno del también panista Eugenio Elorduy Whalter (2001 a 2007, quien falleció en septiembre de 2023) se descubrió la operación de un sistema de espionaje que operaba en la casa del entonces subsecretario de Gobierno Carlos Reynoso Nuño (muerto a su vez en agosto de 2022)".
Entonces trascendió que el encargado de hacer ese trabajo era otro panista de nombre Pedro César León González, "quien se metía en la vida privada de políticos y líderes de opinión”.
La hoy presidenta municipal de Ensenada también afirmo que la acción cometida contra el integrante de la XX Legislatura podía ser el inicio de una serie de prácticas anticonstitucionales, “de corte fascista y violatorias de derechos humanos”, que deben eliminarse y sancionarse “con todo el peso de la ley”.
Recordó haber pedido en la tribuna un acuerdo de las fracciones partidistas para que en el edificio del congreso se practicara una exhaustiva búsqueda de equipos de espionaje con el fin de “dar certeza de confidencialidad y privacidad a las comunicaciones de los legisladores, funcionarios y trabajadores del poder legislativo”.
Concluyó diciendo que Guadalupe Osuna (gobernador de 2007 a 2013), la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Procuraduría estatal de Derechos Humanos debían localizar y castigar a los responsables de realizar espionaje ilegal y a quien difundió la grabación de Acosta y Topete en los medios de comunicación.
“Porque ahora son unos los afectados, pero nadie estará a salvo si esta práctica fascista se sigue realizando”.
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