En dos años, Samuel García sumó en NL un daño patrimonial a la nación por 2,191 MDP
- Javier Cruz
- 29 may
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Actualizado: 29 may
Epicentro de escándalos políticos, frivolidad social y acusaciones de financiar su campaña por la gubernatura de Nuevo León con fondos procedentes del narcotráfico, el emecista Samuel Alejandro García Sepúlveda ahora suma imputaciones oficiales de encabezar una administración que en dos años sumó daño patrimonial al erario y gastos sin comprobar por poco más de dos mil 191 millones de pesos.
Javier Cruz / 4 Vientos
Se trata de revelaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras revisar el manejo presupuestal federal del gobierno neolonés en los años 2022 y 2023, los últimos disponibles públicamente hasta hoy.
En conclusión, afirmó el órgano fiscalizador, “el Gobierno del Estado de Nuevo León no realizó una gestión eficiente de los recursos de las Participaciones Federales 2023”, además de no proporcionar o de plano ocultar documentación financiera, contable y administrativa vital para determinar el uso honesto de los recursos públicos que se le otorgaron en los dos años auditados.
Igualmente dictaminó que, en 2023, el estado infringió la normativa contenida en siete leyes que regulan el manejo de fondos públicos de la federación y el estado. Ellas son:
La Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2023; la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Nuevo León; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; y la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León.
Las malas prácticas generaron –según el máximo organismo auditor del país- “un probable daño a la Hacienda Pública por 2 mil 12 millones 942 mil pesos, que representaron el 4.1% de la muestra auditada”, por lo que emitió múltiples observaciones que derivaron en la promoción de las acciones administrativas y penales.
Pero un año antes, en el ejercicio fiscal de 2022, la ASF ubicó otro menoscabo patrimonial del gobierno de Nuevo León por 178 millones 278 mil 500 millones de pesos, producto de decenas de actos administrativos irregulares en el manejo de recursos federales en 23 dependencias que no reportaron el destino de participaciones por un monto de 5 millones de pesos.
CAÓTICO PAGO DE SALARIOS
Además, detectó, observó y determinó pagos irregulares e indebidos hechos en exceso, por adelantado y a destiempo, por servicios, obra pública, nómina y prestaciones a empresas, funcionarios y empleados por más de 150 millones de pesos.
Así lo hizo la administración del partido Movimiento Ciudadano (MC) a quien el auditor federal reclamó no haber proporcionado la totalidad de pólizas, comprobantes de transferencia electrónica, comprobantes fiscales digitales por Internet, cheques y dispersiones de nómina.
En esta categoría de corrupción destaca el ejemplo de la cuestionada Fiscalía General del Estado (FGE), observada por el auditor en el apartado 9 de la revisión 2022, quien ese año destinó 2 mil 587 millones 543 mil pesos al capítulo 1000 que corresponde a pagos por “Servicios Personales” con cargo a las Participaciones Federales a Entidades Federativas (PFAF).
Para revisión las nóminas ordinarias, el regulador federal seleccionó las quincenas 1 a 24 por un monto de un millón 742 mil 868 pesos.
Luego de la exploración, determinó:
1.- Se efectuaron pagos a tres mil 474 trabajadores de base y confianza con 318 categorías de puesto; al respecto, las percepciones revisadas estuvieron autorizadas y los trabajadores se localizaron en la plantilla de personal autorizada.
2.- La FGE realizó 13 mil 408 pagos a esos trabajadores por 30 millones 72 mil 600 pesos en las percepciones Sueldo, Jornada Ampliada, Apoyo Navideño, Aguinaldo, Gratificación Servidor Público y Ayuda Economía Familiar, en los que se excedieron los importes autorizados.
3.- La fiscalía estatal realizó además 296 pagos a 22 trabajadores en las percepciones Sueldo y Jornada Ampliada que tuvieron 18 categorías de puesto sin autorización, por un importe de 10 millones 190 mil 800 pesos.
4.- La entidad evaluada asimismo no realizó pagos a trabajadores durante el periodo en el que contaron con licencia sin goce de sueldo; sin embargo, efectuó dos pagos posteriores a la baja definitiva del personal por 13 mil 400 pesos.
“Por lo anterior –concluyó la Auditoría-, se efectuaron pagos indebidos por un total de 40 millones 276 mil 800 pesos, de los cuales no se proporcionaron la totalidad de pólizas, comprobantes de transferencia electrónica, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, cheques y dispersiones de nómina.”
La ASF todavía dio oportunidad a la dependencia estatal que investiga delitos, para que presentara pruebas comprobatorias y correctivas a sus sospechosas cuentas, y así justificar los pagos en exceso que hizo en 2022, pero sólo arregló 29 millones 521 mil 655 pesos, “por lo que resta un importe por solventar de 10 millones 755 mil 126 pesos, por lo que se soluciona parcialmente lo observado”.
¿"AVIADORES" LABORALES EN EL PODER JUDICIAL?
De igual forma destaca un asunto de probable corrupción en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León (PJE) que incluye sospechas de existencia de “aviadores” (supuestos empleados que no están en nómina ni en categorías de empleo), en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Esta dependencia destinó mil 976 millones 984 mil 700 pesos de las participaciones federales que recibió, para atender el capítulo 1000 que corresponde a “Servicios Personales”.
El aparato auditor inspeccionó las nóminas ordinarias de las quincenas 1 a la 24 y se analizaron 1 mil 307 millones 9 mil pesos, con lo que determinó lo siguiente:
A.- Se efectuaron pagos a 2,650 trabajadores administrativos y permanentes con 230 categorías de puesto, percepciones que estuvieron autorizadas y los trabajadores se localizaron en la plantilla de personal facultada.
B.- El PJE realizó 58,155 pagos a 2,520 trabajadores por 54 millones 917 mil pesos en las percepciones Sueldo, Despensa, Día del Servidor Público y Aguinaldo, en los que se excedieron los importes autorizados.
C.- El PJE realizó 1,019 pagos a 196 trabajadores en la percepción Sueldo que tuvieron 31 categorías de puesto sin autorización por un importe de 17,291.7 miles de pesos.
“Por lo anterior se efectuaron pagos indebidos por un total de 72 millones 208 mil pesos, de los cuales no se proporcionaron la totalidad de pólizas, comprobantes de transferencia electrónica, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, cheques y dispersiones de nómina”.
De nueva cuenta el gobierno de García Sandoval tuvo la oportunidad de proporcionar documentación complementaria para justificar los gastos excesivos en el tribunal, pero solo logró reducir el monto de la ilegalidad a 34 millones 240 mil 730.23 pesos, cantidad que compromete a 2,205 trabajadores que excedieron los tabuladores autorizados y otros 60 recibieron pagos en categorías de puesto sin autorización.
LO MISMO EN 2023
Y en lo que corresponde al ejercicio fiscal que cerró el 31 de diciembre de 2023, la ASF informó que se determinaron 31 resultados, de los cuales en 4 no se detectaron irregularidades y 6 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión del Informe.
Pero los 21 restantes generaron una Recomendación, cinco Solicitudes de Aclaración, nueve Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y ocho Pliegos de Observaciones, lo que refleja la gravedad de las faltas encontradas en el gobierno de Nuevo León.
En ese año, el ejecutivo estatal administró 51 mil 812 millones 134 mil 700 pesos de las PFEF 2023.
De estos recursos se pagaron 51 mil 180 millones 702 mil pesos, cantidad que representó el 98.8% del disponible y quedó un saldo sin ejercer por 631 millones 439 mil, lo que en sí representa una anomalía en la distribución eficiente del recurso federal.
Del importe identificado como “capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, por 22 mil 397 millones 962 mil pesos, se comprobó que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado (SFYTGE) realizó el pago de nóminas en 11 organismos por 790 millones 453 mil 800 pesos.
Además, efectuó pagos por concepto de jubilaciones y pensiones por dos mil 668 millones 599 mil 500 pesos, y otorgó ayudas sociales, subsidios y subvenciones por 43 millones 353 mil 100 pesos.
El saldo por 18 mil 895 millones 555 mil 600 pesos, lo transfirió a 54 “ejecutores del gasto” (dependencias públicas), de los cuales sólo 47 reportaron el destino de los recursos por 16 mil 133 millones 481 mil 600 pesos.
Sin embargo, “de siete ejecutores se desconoce el destino del gasto por 2 mil 762 millones 74 mil pesos.”
Además, el interventor observó que nueve ejecutores no proporcionaron los registros contables y presupuestales específicos, de acuerdo con el clasificador por fuente de financiamiento de las erogaciones financiadas con las PFEF 2023, ya que los registros entregados incluyeron las erogaciones financiadas con otros recursos, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y del Código Fiscal de la Federación.
Las siete oficinas estatales que de plano ocultaron el destino del dinero público que recibieron y manejaron hace dos años, todas ellas de primer nivel, son, en orden de opacidad y dinero que operaron:
I.- El Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Estado con dos mil 303 millones 233 mil 500 pesos; II.- la Auditoría Superior del Estado con 343 millones 748 mil 900; III.- el Instituto Constructor de Infraestructura Física, Educativa y Deportiva con 69 millones 162 mil 100; IV.- el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo con 17 millones 611 mil; V.- el Sistema de Radio y Televisión con 16 millones 675 mil 600; VI.- la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción con 10 millones 159 mil; y VII.- la Operadora de Servicios Turísticos con un millón 483 mil 600 pesos.
De nueva cuenta, y pese a las observaciones que la Auditoría federal le hizo un año antes en el rubro de pagos por Servicios Personales, la SFYTGE reincidió en su práctica de entrega indebida de recursos públicos.
En esta ocasión el ilícito fue por un monto de 213 millones 76 mil 700 pesos, de los cuales otra vez no proporcionó la totalidad de pólizas, los comprobantes de transferencia electrónica, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, los cheques ni las dispersiones de nómina que determinan la Constitución mexicana y las leyes General de Contabilidad Gubernamental; de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; de Egresos del Estado de Nuevo León; y de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado.
La Secretaría estatal de Finanzas y Tesorería una vez más tuvo espacio para justificar las irregularidades, pero sólo alcanzó a reducirlas a 154 millones 499 mil 935 pesos, por lo que al hacer pagos a 12,370 trabajadores que excedieron los importes autorizados, provocó un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública por esa cantidad.
OBRA PÚBLICA SIN GASTOS COMPROBADOS Y CON SOBREPRECIO
Pero el detrimento patrimonial creció a lo largo de los 31 resultados de la investigación fiscal porque, al entrar al estudio de los contratos de obra pública que el gobierno celebró con empresas particulares, las anomalías encontradas fueron constantes y graves.
Por ejemplo, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana del estado contrató a dos empresas privadas para realizar obras solicitadas por el Sistema de Caminos para un total pagado de 200 millones 382 mil 500 pesos, pero de acuerdo con la información que presentó para realizar los proyectos no pudo comprobar el gasto legal de 198 millones 531 mil 700 pesos.
¿Qué hizo mal la dependencia estatal?
No proporcionó la información contractual ni la documentación justificativa del gasto en materia de obra pública, como tampoco los estados de cuenta bancarios y los registros contables y presupuestales del egreso.
El gobierno presentó documentación e información consistente en las pólizas de egresos e información de los pagos efectuados; sin embargo, no proporcionó la documentación justificativa del gasto, consistente en la información de las obras públicas acreditadas en los contratos y los expedientes técnicos unitarios en la materia.
“Asimismo, se presentaron reportes que contienen múltiples inconsistencias, por lo que no se aclaró ni se acreditó la información contractual y la documentación justificativa del gasto”.
Otra muestra de corrupción en la contratación de obra pública se dio con la empresa Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) IPD, iniciales en inglés del concepto Integrated Project Delivery el cual, en el ideal de la industria de la construcción mundial, es “un sistema de colaboración abierto, directo, transparente y fluido entre todos los involucrados de un proyecto”.
De acuerdo con el Grupo Konstruedu, especialista latinoamericano en cursos especializados para el desarrollo de la industria de la construcción, las empresas IPD “crean un esfuerzo en equipo que integra a propietarios, arquitectos, ingenieros, gerentes y subcontratistas para generar un vínculo único desde el primer día de las etapas de planificación, integrando a todos los principales interesados del proyecto”.
Y afirma que los contratos IPD “generan coordinación a nivel de proyecto y aprovecha las capacidades y los puntos de vista de todos los participantes para optimizar los resultados. Se consigue un aumento de la eficiencia en todas las fases (diseño, fabricación y construcción), maximizando con ello el valor que se entrega al cliente, a la par que se ve disminuido el desperdicio.”
Pero eso no es lo que encontró la ASF en su estudio. Al contrario, determinó que malos funcionarios del estado actuaron de forma poco ética para que el gobierno estatal pagara un sobreprecio de 663 millones 708 mil 900 pesos respecto al presupuesto inicial de la obra: 313 millones 215 mil pesos.
Con este acto criminal la administración de Samuel García violó flagrantemente la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
El auditor consideró que servidores públicos y ejecutivos de la empresa exhibieron información contractual financiera simulada o falsa, así como registros contables, presupuestales y estados de cuenta bancarios que generaron desinformación financiera respecto al proyecto.
Y de manera contundente afirmó:
“La información contractual proporcionada por el ejecutor denominado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, no fue específica de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2023, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42 y 70, fracciones I y V.”
EL ATRACO, DENUNCIADO; PERO ¿SE CASTIGARÁ?
Ante los hechos, el auditor promovió ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León, o su equivalente, la realización de una investigación que sancione las irregularidades que encontró en la comprobación fiscal, petición de la que hasta hoy se desconoce su aceptación y avance.
Sí se sabe que el cúmulo de irregularidades encontradas en la auditoría federal llegó a un total de dos mil 191 millones 220 mil 137.92 pesos.
También que el 15 de noviembre y 2 de diciembre de 2024, el gobierno de Nuevo León presentó nueva información con el propósito de atender lo observado por la Unidad Administrativa Auditora en materia de daño patrimonial.
A ello la ASF determinó en enero de 2025:
“No obstante, en la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado”.
Por ello, “los resultados 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 –es decir 21 de las 31 resoluciones emitidas en la auditoría, cifra que representa el 68% del total- se consideran como no atendidos.”
En efecto, un nuevo escándalo criminal del emecista Samuel García, hasta hoy impune ante la “nueva transformación” del país que pregona el nuevo partido oficial –Morena- y su gobierno federal.
Más lo que acumule en lo que resta de su polémica gestión gubernamental.
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