Ayuntamiento de Ensenada excluido de rescate federal por errores financieros y corrupción en sus gobiernos
- Javier Cruz
- 21 may
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Actualizado: hace 6 días
Debido a sus persistentes "errores y omisiones significativas" en la gestión contable, administrativa y financiera de su presupuesto, asociados con numerosas observaciones realizadas por organismos públicos de fiscalización sobre presuntos actos de corrupción de sus gobernantes durante 46 años, el Ayuntamiento de Ensenada no será incluido en un programa federal de rescate financiero durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
Javier Cruz / 4 Vientos
Escucha el resumen del reportaje:
Esto lo anunció la presidenta el 15 de mayo al ser cuestionada en La Mañanera sobre la posibilidad de salvar a Ensenada de su considerable deuda y pasivos, que al finalizar 2025 alcanzaron los cinco mil 230 millones 623 mil 762 pesos, lo que representa un débito de 11 mil 166 pesos por cada uno de los 468 mil 460 habitantes del municipio registrados ese año por el Consejo Nacional de Población.
La mandataria se deslindó de la siguiente manera:
“Bueno, ahí tiene que atender el gobierno del estado también. Y hay programas, si tienen adeudos con alguna institución del Gobierno Federal, sea el SAT, el IMSS y en algunos casos Comisión Federal de Electricidad, para que se puedan aplazar los tiempos para pagar o, en algunos casos, descontar de manera significativa.”
Sheinbaum recordó que su gobierno cuenta con diversos programas de apoyo económico para quienes enfrentan endeudamientos, como el sector agropecuario, pesquero y forestal, así como para Petróleos Mexicanos, pero no dispone de uno específico para solventar el pasivo de los ayuntamientos.
El problema es significativo. Al término del primer trimestre de 2025, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el pasivo ascendió a 695 mil 897 millones de pesos distribuidos entre el 60 por ciento de los dos mil 462 municipios del país.
“Pero, bueno –agregó la presidenta-, ahí que el gobierno del estado y el propio Congreso (de Baja California) puedan atender; y la Presidencia Municipal de Ensenada” que actualmente ostenta el Partido Morena mediante la expetista Claudia Agatón Muñíz.
Esta recomendación resulta inaplicable para Ensenada.
ENLISTADOS
De acuerdo con la Coordinación de Deuda Pública de Entidades Federativas y Municipios de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, de la SHCP, desde 2024 el Ayuntamiento de Ensenada ingresó a la lista de 177 municipios que tienen el 100 por ciento de sus participaciones federales comprometidas para el pago de obligaciones financieras o de créditos contraídos por el gobierno local.
Al inicio de 2025, el municipio de Baja California ocupó el lugar 17 en esa lista, afectando también el 60 por ciento de los recursos que utiliza del Fondo de Fomento Municipal.
El origen de esta medida restrictiva, poco difundida por el gobierno de Morena, se debe, entre otras causas, al significativo aumento de la deuda bancaria y sus elevados intereses, que los últimos seis gobiernos de Ensenada -uno del Partido Acción Nacional (PAN), tres del Revolucionario Institucional (PRI) y dos de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)- pactaron con diversas instituciones bancarias.
El último paquete de cinco créditos a corto y largo plazo lo firmó con Bansi, S.A., Claudia Agatón.
Según información pública de la Tesorería Municipal, su monto asciende a 772 millones 333 mil 521 pesos, de los cuales, al 7 de mayo de 2026, se amortizaron 237.5 millones.
También influye en las finanzas municipales la deuda con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Baja California (ISSSTECALI).
Al concluir 2025, según el secretario de Hacienda del estado José Andrés Pulido, Ensenada tenía una deuda acumulada con el instituto de cuatro mil 100 millones de pesos, de los cuales mil 667.6 millones corresponden al monto principal.
“El adeudo, que se remonta a 2010, pone en evidencia una crisis estructural en el modelo de financiamiento municipal”, afirmó el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas.
SOBRAN RECOMENDACIONES Y CORRUPCIÓN
Anticipándose cinco meses a la recomendación de Claudia Sheinbaum, Álvarez informó que el poder ejecutivo local ya ofrecía diversas alternativas financieras y administrativas, así como asesoría técnica al ayuntamiento, para fortalecer la recaudación de Ensenada y dar a su gobierno acceso a otros fondos federales.
Las mismas recomendaciones han sido realizadas por el organismo de fiscalización del estado desde hace 46 años cuando, al dar a conocer los resultados de auditorías practicadas al ayuntamiento, se destaca la repetida práctica de violaciones a la normatividad creada para el buen manejo y transparencia de los fondos públicos.
Por ejemplo, en la última fiscalización de la cuenta pública del gobierno de Ensenada, correspondiente al año 2022 y última revisada y publicada el 16 de enero de 2025 por el pleno del congreso, el auditor superior del estado Luis Gilberto Gallego Cortez dictaminó:
“El Ayuntamiento de Ensenada (…) presenta errores y omisiones significativas generalizadas en la elaboración de estados y la información financiera de la Cuenta Pública (…) al no haber atendido al marco normativo en materia de emisión financiera y otras regulaciones aplicables”.
De igual forma, el gobierno presidido por el hoy senador Armando Ayala “omitió el cumplimiento de las obligaciones legales en materia fiscal, laboral y administrativa correspondiente al manejo de los recursos públicos”.
¿Hasta qué grado de corrupción llevó el morenista a su gobierno en 2022?
El documento responde que la administración del morenista fue objeto de 26 recomendaciones, emanadas de 187 observaciones que el auditor hizo a la cuenta pública.
Algunas de estas irregularidades son graves en materia de obra pública y concesiones, manejo de ingresos y egresos, cobro de los derechos y recuperación de adeudos a favor del municipio, uso ilegal de impuestos federales que retuvo a sus empleados, así como pagos indebidos a prestadores de servicios, empleados y funcionarios, entre varios conceptos más.
Esto no es nuevo en el gobierno de Ensenada.
4 Vientos encontró y publicó anomalías similares, o peores, en la fiscalización de las cuentas públicas del municipio desde que fue presidente municipal Raúl Ramírez Funcke, en 1980.
Desde entonces, no hubo una sola auditoría que no encontrara y reportara problemas semejantes en cada uno de los ayuntamientos locales.
Y siempre imperó, y aún hoy impera la impunidad.
SHEINBAUM, LA IRA
Porque tres años después de aquel dictamen desfavorable a la cuenta pública de 2022, en su segundo periodo consecutivo como edil y todavía pendiente de revisión sus dos últimos años al frente de la presidencia municipal, Ayala se quedó con la candidatura de su partido al Senado, sitio desde donde opera para lograr la gubernatura.
Aunque este último propósito lo ensombreció un duro gesto que, contra él y otros legisladores y funcionarios públicos de Morena en Baja California, hizo la presidenta Sheinbaum el 31 de enero en un acto público realizado en San Quintín.
“¡Todos ustedes: a trabajar más con la gente!”, exclamó Sheinbaum a quienes, ocupando un cargo público, le pedían que se acercara a ellos para “tomarnos una foto” y sacar provecho político electoral de la imagen.
Entre los asistentes que recibieron el regaño estaba Ayala Robles, la diputada local Evelyn Sánchez y la presidenta municipal de San Quintín, Miriam Cano.
A ellos, y a otros políticos de poca monta, integrantes de los grupos de jornaleros que trabajan en la región los habían acusado antes, directamente ante la presidenta, de no atender sus ancestrales peticiones de mejora social y laboral.
COMPLICIDADES
Es evidente que, para alcanzar tal nivel de protección frente a sus faltas maliciosas en materia financiera, contable y administrativa, los ediles han contado con la complicidad de los poderes ejecutivo y legislativo del estado, ya sean del PRI, PAN o Morena, quienes les permiten actuar sin imponer sanción a los infractores.
Además, culpan a otros de la situación de quiebra que enfrenta la tesorería municipal.
Un ejemplo de ello es el gobierno de Claudia Agatón que, a través de su extesorero Víctor Manuel González Verduzco, acusó al régimen estatal de retener ilícitamente una parte de las participaciones federales que corresponden al municipio.
Según el exfuncionario, el presunto boicot afecta el pago de salarios a trabajadores y funcionarios de la administración, el pago de deudas a proveedores genera incapacidad para reducir la deuda en circulante y créditos del ayuntamiento, e impide la cobertura de pasivos del municipio.
Ante semejante panorama, la edil implementó, desde el segundo semestre de 2025, un programa de austeridad y reestructuración financiera para cubrir las necesidades básicas del ayuntamiento. Sin embargo, las metas del proyecto no avanzan por lo que Agatón anunció, en marzo de este año, un nuevo endeudamiento por 400 millones de pesos.
El dinero se destinará, dijo, a pavimentar calles, construir drenaje e iluminar instalaciones deportivas.
Estas obras de infraestructura básica, explicó la presidenta municipal, no se pueden realizar debido a las limitaciones presupuestarias del ayuntamiento.
“Solo contamos con 20 millones de pesos para el programa normal de obras de infraestructura”, expuso la titular del área, Paola Avelar, a un grupo de empresarios del sector de la construcción.
De acuerdo con una publicación del diario El Imparcial, la presidenta municipal expresó, en un discurso que el propio Mario Moreno “Cantinflas” envidiaría, que el nuevo préstamo bancario se justifica porque:
“La ruta formal por parte del gobierno federal va a ser ayudar obviamente porque, si no nos hubieran dado cabida para que el gobierno pueda solicitar este recurso, va en una ruta donde no va a ser agresiva y pasiva; claro que vamos a pagar, pero finalmente lo vamos a hacer, que sí podamos hacer, una ruta de pago sin esos pagos de intereses onerosos que a veces se desbordan y las deudas terminan siendo interminables”.
Sea cual sea la intención de la declaración, poco o nada tiene que ver con la realidad que el ayuntamiento reconoce en su portal digital en materia de Transparencia, consultado por 4 Vientos el 20 de mayo.
Al último día de 2025, el ayuntamiento cerró con un activo de cinco mil 230 millones 624 mil 762 pesos y un pasivo circulante de mil 783. 6 millones de pesos, compuesto en un 85 por ciento por cuentas, deudas y documentos a pagar al corto plazo.
Al pasivo se sumó el concepto “Hacienda Pública y Patrimonio” con un valor de dos mil 78 millones 562 mil 806 pesos, cifra que impactó a la Tesorería que no pudo economizar recursos debido a la retención de partidas presupuestales originadas por la mala administración del erario.
Esto generó al ayuntamiento, en 2025, un déficit operativo de dos mil 187 millones 917 mil 371 pesos porque manejó un presupuesto de ingresos por tres mil 42.7 millones.
Es evidente que los números representan una repetición malintencionada de fallas y delitos que los gobiernos municipales cometen para hacer crecer el pasivo total del ayuntamiento.
DE CHILE, MOLE Y MANTECA
En junio de 2022, 4 Vientos publicó un análisis contable que dos profesionales en administración pública realizaron sobre el comportamiento de la deuda pública municipal en los gobiernos de Pablo Alejo López Núñez (PAN, 2007–2010); Enrique Pelayo Torres (PRI, 2010–2013); Gilberto Hirata Chico (PRI, 2013–2016); Marco Antonio Novelo Osuna (PRI, 2016–2019); y Armando Ayala Robles (MORENA, 2019–2021).
En el estudio, los especialistas señalaron que la situación del endeudamiento del Municipio de Ensenada inició en la administración de Alejo López, en julio de 2008, cuando se contrató con BANOBRAS un préstamo por un monto de 206 millones 348 mil 944 pesos.
El crédito se conoció como “Proyecto de Financiamiento para Obras Públicas Productivas” y originó el endeudamiento de Ensenada por 20 años.
Comprometió a 6.6 administraciones municipales a pagar el contrato de 398.4 millones de pesos, que incluyó el pago de 192 millones 50 mil 936 pesos por concepto de interés bancario.
Enrique Pelayo gestionó a su vez otro préstamo de 200 millones para realizar obra pública, lo que elevó la deuda a 367 millones 45 mil pesos, más intereses.
Luego, Gilberto Hirata contrató con BANSI, S. A., un nuevo crédito por 665.1 millones de pesos. El objetivo fue pagar y reestructurar los préstamos adquiridos por López Núñez y Pelayo Torres, así como financiar obra pública.
Con el priista, el débito creció a 674.8 millones de pesos, más intereses, cifra que se consideró como “la más alta en la historia de Ensenada”.
"En los tres préstamos", destacan los expertos contables, "los intereses que generaron nunca se registraron contablemente en el Estados de Situación Financiera, del ayuntamiento, por lo que no se precisó el impacto que tuvieron -y tienen- en el manejo administrativo del municipio".
Esto fue y es un delito porque no se cumplió con lo estipulado en el Capítulo III (Del Registro Contable de las Operaciones) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Correspondió a Marco Antonio Novelo aplicar el primer programa de “reingeniería administrativa” que permitió reducir la deuda pública a 603.4 millones de pesos, mientras que, Armando Ayala, al 31 de septiembre de 2021, cerró con 550.4 millones.
Aquí los analistas destacaron que Ayala colocó la deuda con el ISSSTECALI, sin incluir multas ni recargos por no pago, en 1,317 millones de pesos, importe muy alejado a lo que dejó en su momento Pablo Alejo López: 28 millones 963 mil 451.
Es decir, en tan solo 13 años (2008 a 2021) la deuda con el instituto de seguridad social de la burocracia municipal se incrementó 45 veces, con el agravante de que siguió creciendo en los últimos cuatro años y medio.
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