Desalinizar, “la fuente más cara de agua” y contaminante, se quiere imponer en BC
- Javier Cruz
- 13 jul
- 13 min de lectura
Actualizado: 15 jul
Sin consulta previa con los ciudadanos y enfrentando el abierto rechazo de activistas y académicos ambientales de Baja California, el gobierno federal lanzó el 7 de julio la segunda convocatoria de licitación para la construcción de la Desalinizadora Rosarito, un proyecto con un costo de 666.3 millones de dólares cuya construcción está programada para comenzar el 1 de agosto.
Javier Cruz / 4 Vientos
Escucha el resumen de esta investigación:
Incluida en el plan federal de Proyectos de Infraestructura del Plan Nacional Hídrico, identificada como número 0964 Planta Desalinizadora Rosarito, esta obra se presenta como una inversión pública "Greenfield" que ascenderá a 12 mil 859 millones 590 mil pesos al tipo de cambio utilizado por la Secretaría de Hacienda para el paquete económico 2026, que es de 19.3 pesos por dólar.
El concepto Greenfield incluye una fase clave de inversión directa en "proyectos recientemente desarrollados", donde el inversor tiene control total sobre el diseño, desarrollo e implementación de su visión.
De acuerdo con el proyecto, consultado por 4 Vientos en la página Proyectos México del gobierno federal –última revisión el 8 de julio-, la planta de potabilización, junto con su línea de conducción y tanque de almacenamiento, tiene como objetivo generar y administrar dos mil 200 litros por segundo de agua potable.
A partir del 1 de agosto de 2029, 994 mil habitantes de la ciudad de Playas de Rosarito y el suroeste de Tijuana se beneficiarán de la obra, promete el gobierno.
Sin embargo, pese a que la infraestructura se desarrollará con fondos públicos y capital privado durante la etapa de construcción, el agua será pagada por todos los ciudadanos de Baja California mediante un nuevo endeudamiento que la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobó este año.
Se trata de un crédito bancario a 30 años, por dos mil 960 millones de pesos, que se utilizará para cubrir el consumo de agua desalinizada de menos de un cuarto de la población bajacaliforniana.
De acuerdo con el doctor Alfonso Cortez Lara, director de El Colegio de la Frontera Norte en Mexicali, el gobierno prevé pagar al banco con los fondos que recaude a través de un posible nuevo impuesto que se utilizará en el pago de producción y distribución del agua una vez terminada la planta.
Así, se espera que a partir de 2029 cada ciudadano de Baja California –cuatro millones 200 mil habitantes, según el Consejo Nacional de Población- pagará 8.50 pesos mensuales más por este concepto, sin incluir el pago de intereses ni cualquier imprevisto fiscal que surja durante la operación del proyecto.
“La obra se quiere realizar sin previamente ponderar los costos no solo económicos, sino también sociales, financieros, ambientales y energéticos, cuando existen alternativas tres veces más económicas y sustentables como la reparación de fugas y el reúso de aguas residuales”, manifestó el doctor Alfonso Cortez Lara, manifestó el científico.
Especialista en Gestión y Manejo de Recursos Hídricos y Desarrollo por la Michigan State University, evaluador de la Comisión Externa del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, así como integrante y fundador de la Contraloría Ciudadana del Agua de Baja California, que jugó un papel fundamental para impedir la imposición de la planta cervecera de la transnacional Constellation Brands en Mexicali, Cortez Lara explicó:
“El gobierno del estado debería, en un inicio, mejorar la infraestructura de la red de distribución dado que cerca del 30% del agua de la ciudad de Tijuana se pierde a causa de las fugas”.
Asimismo, propone utilizar una mayor cantidad de agua tratada porque actualmente solo se usa el siete por ciento de la cuantía que las 40 plantas potabilizadoras y 39 de tratamiento procesan y sanean en Baja California: aproximadamente cinco mil 680 millones de metros cúbicos de agua residual reciclada en 2025.
Y una tercera opción es generar una cultura de consumo responsable por parte de la ciudadanía.
VACÍOS REGULATORIOS
A esta visión se sumaron especialistas del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California.
Al presentar un primer informe de los resultados del proyecto “Gobernanza participativa de la desalinización de agua de mar como estrategia de adaptación al cambio climático en comunidades costeras de Baja California”, indicaron haber encontrado vacíos regulatorios relacionados con la falta de legislación.
Esta insuficiencia reglamentaria se localiza en factores técnicos, ambientales y sociales en temas de desalinización, como son criterios de disposición de salmuera que es agua con sal disuelta, generalmente con una concentración superior al 5% que la hace muy tóxica para el ambiente; y mecanismos formales de participación ciudadana en grandes proyectos de infraestructura.
“Actualmente existen importantes áreas sin regulación clara. Por eso buscamos que los resultados puedan contribuir a políticas públicas más transparentes, incluyentes y sostenibles”, expresó la doctora Mariana Villada Canela, investigadora titular “C” del Instituto y coordinadora de la investigación.
El origen del estudio es el aumento acentuado de la escasez de agua y los efectos del cambio climático en el estado, y busca generar propuestas que permitan implementar procesos de desalinización de agua de mar con criterios de sustentabilidad ambiental, inclusión social y participación ciudadana.
Eso particularmente en regiones con alta vulnerabilidad hídrica como lo es la zona costera de Baja California que incluye los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate, Ensenada y San Quintín, en donde al concluir el año, según el Centro Metropolitano de Información Económica y Empresarial, habrá tres millones 67 mil 965 habitantes bajo presión de continuas alertas de alta sequía provocada por el cambio climático y el fenómeno meteorológico El Niño.
“La escasez de agua ya impacta la vida cotidiana, las actividades productivas y la estabilidad social de muchas comunidades costeras. No se trata únicamente de garantizar abastecimiento, sino de construir soluciones socialmente justas y ambientalmente responsables”, afirmó Villada Canela.
SIN CONSENSO CIUDADANO
La especialista destacó que, en la entidad norteña, la desalinización es percibida por la población como una alternativa necesaria frente a la crisis hídrica, aunque persisten preocupaciones relacionadas con el costo del agua, el impacto ambiental y la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones.
“Encontramos opiniones divididas: existe esperanza de mejorar el acceso al agua, pero también desconfianza hacia la gestión institucional de este tipo de proyectos”, explicó.
Por ejemplo, identificó como grupos particularmente vulnerables a pescadores, comunidades rurales, pueblos indígenas y familias con acceso limitado al agua, quienes podrían verse beneficiados por una mayor seguridad hídrica, pero también afectados por incrementos tarifarios o daños ambientales en ecosistemas marinos y actividades económicas locales.
Por eso, uno de los ejes centrales del proyecto es la gobernanza participativa en donde destaca la importancia de incorporar a los ciudadanos en las decisiones relacionadas con infraestructura hídrica, algo actualmente omitido por los responsables del proyecto Rosarito: la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Baja California; y la Secretaría federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Afirmó la experta:
“La población quiere participar, ser escuchada y tener acceso a información suficiente y clara. La confianza social es indispensable para cualquier estrategia de adaptación al cambio climático”.
Y destacó que proyectos como el universitario no solo producen conocimiento académico.
“También fortalecen la relación entre universidad, comunidades y gobierno para construir soluciones reales frente a la crisis hídrica y climática que enfrenta Baja California”.
De hecho, el proyecto contempla la elaboración de propuestas de gobernanza participativa, recomendaciones normativas y materiales de divulgación científica, así como la formación de estudiantes mediante investigación aplicada y trabajo comunitario.
DAÑOS PERNICIOSOS
El estudio también analiza los impactos ambientales asociados a la desalinización, entre ellos la descarga de salmuera, el alto consumo energético y las posibles afectaciones a especies y hábitats marinos.
Para ello, el equipo revisó 110 documentos técnicos y normativos, además de experiencias internacionales desarrolladas en países como España, Israel y Arabia Saudita.
Fue en esta parte del estudio donde los oceanógrafos universitarios encontraron importantes vacíos regulatorios relacionados con la falta de legislación nacional y estatal específica sobre desalinización, mecanismos formales de participación ciudadana y criterios de disposición de salmuera.
A ello el doctor Cortez Lara agregó la denuncia de que el proyecto de la planta Rosarito, diseñado para producir dos mil 200 litros por segundo de agua potable, carece de estudios científicos suficientes sobre impactos negativos.
Entre ellos mencionó:
1.- La contaminación marina por la descarga de salmuera al mar con concentraciones de sal de hasta 70 mil partes por millón, lo que daña fuerte y sistemáticamente al ecosistema del litoral y el fondo marino.
2.- Una elevada huella de carbono ocasionada porque el proceso de ósmosis inversa demanda un consumo energético masivo, generando emisiones de dióxido de carbono las 24 horas del día, lo que a su vez contraviene los Objetivos de Desarrollo Sostenible del gobierno mexicano.
Por eso –destacó- que “una planta desalinizadora debe de ser la última opción como fuente de agua ya que tienen un alto impacto al medio ambiente y económico porque el consumo energético para tratar el agua de mar es muy alto, lo cual se ve reflejado en mayores costos para el usuario.”
Propuso que antes de recurrir a la desalinización, “la fuente más cara de agua”, el gobierno debe agotar opciones que resultan hasta tres veces más económicas.
Citó como alternativas:
--- Reparación de infraestructura hídrica porque, actualmente, Tijuana pierde el 25% de su agua potable en fugas.
Consideró que “reducir este margen al 10 por ciento sería más eficiente que buscar nuevas fuentes de abastecimiento”.
--- Tratamiento de aguas residuales, ya que mientras Mexicali aprovecha el 75 por ciento de su agua de desecho, Tijuana apenas utiliza entre el 2 y 6 por ciento.
--- Eficiencia en el consumo para revertir el dispendio del recurso que midió así: el gasto per cápita en Tijuana es de 175 litros diarios, muy por encima del estándar recomendado de 105 litros para zonas áridas.
“En Baja California todavía hay volúmenes importantes de agua que se pueden recuperar de las fuentes actuales, sin contaminar el medio ambiente”, afirmó el experto, un constante y destacado participante en la Red Temática en Gestión e Investigación del Agua de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; y en el Comité Directivo Binacional sobre Ciencia de la Sustentabilidad en las Zonas Áridas de la Frontera México-Estados Unidos.
DESALINIZAR, ÚLTIMO RECURSO
Otro especialista, el doctor Francisco Javier Carranza Chávez, integrante del grupo de Energías Renovables del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, al hablar en un seminario acerca de la desalinización de agua de mar en México, particularmente en un entorno como el de Baja California en el que la disponibilidad de metros cúbicos de agua dulce por habitante por año, en 2024, era de 822, cifra muy por abajo del promedio en México -tres mil 656- y del límite mínimo recomendado por Naciones Unidas –mil 700-, sumó a la lista de disyuntivas:
A.- Implementar técnicas más avanzadas de agricultura y de riego, que es donde más se utiliza: cerca del 70 por ciento del agua potable disponible.
B.- Minimizar fugas y tomas clandestinas de agua.
C.- Aprender a captar y usar el agua de lluvia en medios urbanos y rurales.
D.- Promover el reúso de aguas grises.
E.- Educar y concientizar a la población en el uso eficiente del recurso.
F.- Tratar toda el agua residual generada y utilizarla al 100 por ciento ya que, en términos de consumo de energía, es más barato sanear agua residual y utilizarla, que desalinizar agua de mar.
“En promedio se consumen entre 2.5 hasta 3 kilowatts hora por metro cúbico para tratar aguas residuales, mientras que las técnicas más eficientes en este momento en la industria para desalinizar agua de mar consumen 3 kilowatts hora por metro cúbico si es ósmosis inversa, y puede llegar hasta 9 kilowatts hora por metro cúbico si son métodos térmicos, o incluso más si las plantas no operan de forma eficiente”.
El doctor Carranza afirmó que, en las zonas cercanas al mar con escasez de agua, como es el caso de Baja California, igualmente considera que la desalinización es “el último recurso localmente disponible para generar agua potable”.
Acerca de los procesos industriales, explicó que solo la ósmosis inversa y la destilación por efecto múltiple muestran mayor compatibilidad para ser impulsados con sistemas de energía híbridos, pero se requiere más investigación y desarrollo.
“Si bien ambos métodos son amigables para ser operados con energía renovable, las otras técnicas en desarrollo -destilación solar y humidificación / deshumidificación, ambos térmicas y bajo desarrollo del mismo centro científico- son mucho más amigables con las fuentes renovables”, dijo.
Sin embargo, aceptó, en este momento solamente son capaces de satisfacer demandas muy bajas de agua.
SOMBRÍA HISTORIA DE LA DESALINIZACIÓN
De acuerdo con un informe de la Comisión Nacional del Agua de 2024, retomado en marzo de este año por Vicente Sánchez Munguía, doctor en Estudios de América Latina Contemporánea e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte del Colegio de la Frontera Norte, en México, desde 2012 y años posteriores, las plantas desalinizadoras de agua de mar se incorporaron como proyectos prioritarios de infraestructura hidráulica.
Ello para abastecer de agua potable a ciudades costeras ubicadas en regiones áridas, con precipitaciones escasas y eventos de sequías prolongadas.
Con anterioridad a esa fecha, empresas privadas del ramo turístico ya habían instalado ese tipo de plantas para el abasto de sus complejos en Baja California Sur y Quintana Roo, pero la primera y única que operaba desde 2007 para el servicio municipal es la de Los Cabos.
En Hermosillo, Sonora, en el gobierno de Armando López Nogales (1997-2003), se intentó construir una desalinizadora con la cual abastecer la ciudad.
El proceso llegó hasta la etapa de licitación, pero, según el exgobernador, la falta de apoyo de Vicente Fox y la falta de interés del alcalde panista de Hermosillo, además del alto costo que el agua implicaba para la población, canceló la idea.
En los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña se perfilaron proyectos en Guaymas-San Carlos y Puerto Peñasco, Sonora; Ensenada y Rosarito, Baja California; y una nueva planta en Los Cabos, Baja California Sur.
En 2018 se puso en operación la planta desalinizadora de Ensenada, la primera de las que se previó construir en las costas del Pacífico noroeste del país por las administraciones federales pasadas.
Para ello los consorcios transnacionales GS Engineering & Construction Co. Ltd., de Corea del Sur, y Obrascón, Huarte y Lain (OHL), de España, esta última mediante su filial ambiental Inima, se fusionaron para construir una desalinizadora que es modelo de corrupción y fallos técnicos en construcción, operación y administración, además de que aumentó tres veces el precio del agua en Ensenada en tan solo dos años.
Por su parte los gobiernos de José Guadalupe Osuna Millán y Francisco Vega de Lamadrid, ambos del Partido Acción Nacional, pusieron en marcha una planta de cinco litros por segundo en Isla de Cedros.
Asimismo, iniciaron la promoción de otra desalinizadora en San Quintín que originalmente diseñaron, en 2015, para beneficiar a la transnacional estadounidense Driscoll’s, líder mundial en la comercialización de fresas y moras.
El doctor Sánchez Munguía recordó que, en San Quintín, uno de los valles agrícolas más importantes de México para producir hortalizas y frutillas de alto valor internacional, los agroempresarios locales y extranjeros han venido operando varias plantas desalinizadoras para abastecer con agua de calidad su altamente lucrativa actividad agrícola exportadora, mientras la población, mayoritariamente indígena, carece del líquido en sus hogares.
Procedió luego al análisis del proyecto que ahora impulsan, en Rosarito, los gobiernos del estado y federal, ambos del Partido Morena.
Esta idea tiene su origen en 2015 cuando el empresario estadounidense Jaime Bonilla Valdez, un republicano entonces diputado federal en México del Partido del Trabajo y promotor financiero de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018, la propuso para abastecer prioritariamente la demanda de agua potable del sur de California.
Aliado con el gobernador panista Francisco Vega, quien creó una empresa del estado para ejecutar el megaproyecto de nueve mil millones de pesos, así como con el Distrito del Agua de Otay, en Chula Vista, California, del cual era director, Bonilla estuvo a un paso de concretar su proyecto cuando fue gobernador de Baja California.
La planta quedó suspendida al inicio del gobierno de Marina del Pilar Ávila, su opositora política, pero en agosto de 2025 la morenista la presentó como un proyecto hídrico prioritario y fijó su costo en 15 mil millones de pesos, a la vez que reorientó su objetivo de abastecimiento exclusivamente en Rosarito y Tijuana.
¿CUESTIÓN DE SEGURIDAD HÍDRICA?
En su reflexión, el doctor Vicente Sánchez Munguía parte de la consideración de que el proyecto fue concebido como la solución a la escasez de agua en el contexto de vulnerabilidad del estado frente a los eventos de sequía y la variabilidad climática que afectan la cuenca del río Colorado, la principal fuente de agua disponible para la región.
La cuestión de la seguridad hídrica es central, manifestó, pero la aprobación del proyecto se ha desarrollado en un contexto de desconfianza política hacia el gobierno estatal, a quien se le atribuyen conflictos de interés relacionados con la concesión.
"Además, existieron resistencias debido a la carga financiera derivada de las garantías de pago por parte de los organismos estatales encargados del agua y del gobierno estatal".
El especialista aborda la perspectiva teórica de la obra, subrayando su relación con el concepto de consenso tecnogerencial aplicado a procesos despolitizados.
Estos procesos guían los proyectos tecnológicos desde una perspectiva tecnocrática que busca evitar el debate y la politización sobre las implicaciones de tales desarrollos.
De igual manera, utiliza el concepto de sistema sociotécnico para identificar este tipo de proyectos y la necesidad de regular su desarrollo y operación.
Se enfatiza en fortalecer las instituciones relacionadas con la planificación y operación de dichos sistemas para prevenir eventos de corrupción, especialmente en países con bajo desarrollo institucional.
“Se parte del supuesto de que el gobierno siguió un enfoque tecnocrático sin contar con el consenso tecnogerencial y una base social que protegiera el proyecto de la politización y disensos públicos”, afirma el experto.
El investigador añade que la discusión pública se ha centrado en los términos de la concesión, las implicaciones financieras para el gobierno y la falta de transparencia del proyecto, dejando de lado las implicaciones de la desalinización como alternativa y la cooperación con San Diego, California, como posibilidad.
Así, “la construcción de la planta desalinizadora se ha convertido en un proyecto estratégico y prioritario para Baja California, tanto por su situación de disponibilidad de agua como porque es la única opción considerada por el gobierno estatal para garantizar el suministro de agua a la población de la zona costera”.
Pero, finalmente, destacó el contexto: una gestión política caracterizada por la falta de transparencia y una gestión inadecuada del agua, percibida principalmente como una fuente de beneficio económico.
Anarquía significa sociedad sin autoridad, entendiéndose por autoridad la facultad de imponer la propia voluntad, y no ya el hecho inevitable y benéfico de que quien mejor entienda y sepa hacer una cosa consiga, con más facilidad, hacer que se acepte su opinión, y sirva de guía, en esa cosa determinada, a aquellos que son menos capaces que él.
Errico Malatesta.
Comentarios