Afectados por INVERCO anuncian movilizaciones y denuncian presuntas maniobras mercantiles para impedir el embargo de 193 predios en Yucatán
hace 5 días
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Actualizado: hace 55 minutos
El colectivo Familias Unidas contra INVERCO exige medidas judiciales, investigaciones sobre posibles operaciones societarias y acciones legales respecto de los señalamientos contra dos notarios públicos y un corredor público de Yucatán.
Resumen en audio
Los afectados por la empresa Inversión Colectiva Inmobiliaria (INVERCO) en Yucatán han anunciado una serie de manifestaciones públicas para los días 20 y 21 de octubre en Mérida. El objetivo es exigir al gobernador Joaquín Díaz Mena y al poder judicial local, que incluye a la
presidenta del Tribunal Superior de Justicia local, Erika Torres López, lo siguiente:
1. Justicia pronta y expedita, 2. La revocación de la licencia del notario público Rolando Alberto Bello Mejía; 3. El embargo preventivo de todos los bienes de la compañía
La protesta involucra a 214 clientes, tanto nacionales como extranjeros, organizados en el colectivo “Familias Unidas contra INVERCO”. Se produce en un contexto donde dos notarios y un corredor público han unido fuerzas, mediante métodos cuestionables. para evitar el embargo de 193 propiedades de INVERCO.
Javier Cruz / 4 Vientos
Ellos son los notarios 113 de Progreso, 114 de Oxkutzcab, y el corredor público 11 de Mérida. Sus respectivos nombres son: Rolando Alberto Bello Mejía, Lino Magos Acevedo y Patricio Solís Millet.
A ellos se suman, ocultos en sociedades mercantiles de reciente creación, personajes que fueron empleados, accionistas y directivos administrativos en INVERCO.
Alberto Bello, que se benefició con actos fedatarios sancionados por sus dos colegas cuando en diciembre de 2018, junto con el ingeniero Miguel Ángel Aguayo de Pau, fundó la inmobiliaria INVERCO, ahora presiona al Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY) para registrar 193 predios del fraccionamiento Pedregales de Misnébalam, como Régimen de Condominios.
“Se trata de un intento desesperado por evitar embargos precautorios a propiedades de INVERCO”, señaló en un comunicado el colectivo.
También denuncia que otra juez de Yucatán se niega abrir un juicio mercantil en contra de la compañía. Alega pretextos que hace un año el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán desechó por improcedentes.
Por eso, otro objetivo de la inconformidad pública de Familias Unidas, el 21 de octubre, es el edificio que aloja los Juzgados mercantiles y familiares.
Ahí, los manifestantes exigirán “justicia pronta y expedita a todas las juezas que lleven nuestros juicios ejecutivos mercantiles”, los cuales ya iniciaron para tres de los cuatro grupos que demandaron colectivamente a INVERCO.
El itinerario de las expresiones públicas de inconformidad es el siguiente:
1.- Tribunal de Justicia del Estado con los magistrados y la presidenta Erika Torres López. A partir de las 8:45 horas del 20 de octubre de 2026. Ahí plantearán una resolución “conforme a derecho y justicia”, respecto a la “decisión arbitraria” de la jueza de no admitir el juicio ejecutivo mercantil del grupo 2 de la organización. Dirección: Avenida Jacinto Canek 90, Centro, Mérida, Yucatán.
2.- Al termino de su protesta en el Tribunal, el contingente se dirigirá a la sede del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (INSEJUPY) en la calle 90, número 498 de la colonia Bojórquez. Ahí exigirán que no se admita la “maniobra desesperada” del notario Bello Mejía, de registrar 193 predios del fraccionamiento Pedregales de Misnébalam como Régimen de Condominios.
3.- El miércoles 21 de octubre, a partir de las 8:30 horas, los manifestantes estarán en la explanada de los Juzgados Mercantiles y Familiares para públicamente exigir "justicia pronta y expedita”, a las juezas que lleven los tres juicios ejecutivos mercantiles ya aceptados. Dirección: calle 35, número 501-A (entre 62 y 62-A), zona Centro de Mérida.
4.- Al concluir la primera protesta, el grupo se dirigirá al Palacio de Gobierno para exigir al gobernador Joaquín Díaz Mena la cancelación inmediata y definitiva del nombramiento de Rolando Alberto Bello Mejía como notario público 113, con sede en el municipio de Progreso. Domicilio: calle 60 sin número, entre calle 61, zona Centro.
Acerca del mandatario Díaz Mena, otro político híbrido del partido Morena, el colectivo denunció:
“Ha guardado un ominoso silencio ante las reiteradas denuncias que por escrito le hemos entregado en el pasado sobre los actos criminales de INVERCO.
"Esperamos que nos conceda una audiencia para presentar pruebas de nuestro dicho y proceda puntualmente a cancelar, o revocar de inmediato, la licencia de Notario Público a Rolando Bello Mejía.
"Pedimos que proceda conforme a la ley, tal y como lo han hecho los mandatarios de otros estados cuando se demuestra que los notarios hacen uso indebido de esa posición para favorecer negocios propios o de sus cómplices corruptos.”
PRÓLOGO
Escrito hace 19 meses, el reportaje de 4 Vientos titulado “El sindicato del crimen en Yucatán: el caso Inverco y su poderosa membresía”, describe como ese grupo bajo la hipotética influencia de Rolando Rodrigo Zapata Bello, exgobernador y actual senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de su primo Rolando Alberto Bello Mejía, se vincula con grupos de poder económico, gubernamental empresarial, político y delictivo.
Señala cómo el notario público 113 es vital para la expansión de un cártel inmobiliario que logró su máxima expresión de maldad en el mega fraude que montó en Pedregales de Misnébalam y Nova Vita.
Detalla que a pesar de las restricciones legales para notarios, Bello Mejía ha logrado participar en múltiples sociedades mercantiles y obtener el apoyo de figuras influyentes como el exgobernador panista Mauricio Vila Dosal, hoy también senador por Yucatán, quien le concedió la notaría en 2022.
Igualmente, informa que la creación de sus ocho empresas, entre ellas AGUBE Ingeniería y Construcción, Desarrollos Inmobiliarios en Acción, La Barracuda Colmilluda -en donde se asoció con el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Heyden José Cebada Rivas-, y Construcción y Transportes Gran Sureste, refleja parte del entramado de intereses y desvío de recursos que han afectado el patrimonio de innumerables clientes.
Asimismo, subraya que las actividades de las empresas se extienden a los servicios de construcción, transporte y servicios financieros, revelando un patrón de corrupción y especulación inmobiliaria en la península yucateca.
El trabajo periodístico, completo, se puede consultar AQUÍ.
ACTO I
El reportaje igualmente resalta la persistente participación del corredor público número 11 de Yucatán, Patricio Solís Millet, personaje del que hablaremos más adelante porque es clave en la historia de negocios de INVERCO, el poderoso grupo inmobiliario actualmente bajo investigación mercantil y penal.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que depende de la Secretaría de Hacienda (SHCP), confirmó en 2025 que los socios fundadores de Inversión Colectiva realizaron delitos vinculados a Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
Por petición de la representación legal de los cuatro grupos que integran Familias Unidas, el extitular de la UIF, el economista Pablo Gómez Álvarez, presentó el 11 de julio de 2025 una denuncia contra INVERCO.
La petición quedó radicada en la oficina central de la Fiscalía General de la República (FGR) que titulaba Alejandro Gertz Manero.
La investigación encontró que Aguayo de Pau y Bello Mejía desviaron cantidades millonarias de dinero a Canadá, Reino Unido y España. El recurso monetario, una vez "lavado" en paraísos fiscales, regresó a bancos de Estados Unidos.
Se trató de millones de dólares que se depositaron en cuentas bancarias del país estadounidense.
Bello Mejía aprovechó el momento para tramitar ----y obtener---- la ciudadanía española.
El problema es que el hoy embajador de México en Reino Unido ----Gertz Manero---- simplemente ocultó, o congeló el caso y no abrió carpeta de investigación alguna en contra del senador, brindando así impunidad al político priista.
4 Vientos encontró en la Crónica Parlamentaria del Congreso de la Unión que el exfiscal y Rodrigo Rolando Zapata compartieron registros de trabajo parlamentario en la LXI Legislatura federal (2009-2012).
Entonces, Alejandro Gertz era diputado por el Partido Convergencia.
Esto solo acredita una coincidencia en el ámbito legislativo federal, pero no demuestra que Gertz y Zapata Bello fueran aliados políticos, que colaboraran en asuntos particulares o que tuvieran negocios en común.
Sin embargo, conociendo el quehacer de ambos políticos, el hallazgo tampoco cancela la posibilidad de controvertibles acuerdos.
Tan solo hay que recordar que la representación de la FGR en Yucatán, cuando Gertz Manero aún era fiscal federal, negó a los defraudados abrir una investigación en contra de los cofundadores de INVERCO.
Su representante alegó que el delito de “fraude inmobiliario” no era de su competencia, pese a que fue notificado de que, para la UIF, existían infracciones comprobadas de ORPI.
Y en la gestión de Ernestina Godoy Ramos, según afirmación de voceros de Familias Unidas, la fiscalía federal ya negó en dos ocasiones la petitoria de funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Yucatán de tener acceso a la investigación técnica realizada por la UIF, sustento de la denuncia que la Unidad interpuso contra INVERCO en la FGR.
Se sabe que a principios de septiembre altos funcionarios de la fiscalía estatal presentaron una tercera solicitud. Hasta este día los clientes no han sido notificados del resultado de la nueva petición.
CORO
Rolando Alberto Bello Mejia dejó INVERCO, al menos en documentos consultados por 4 Vientos, porque en México los notarios no pueden ejercer el comercio por cuenta propia ni ser socio, accionista o administrador de empresas mercantiles comerciales o industriales.
La Ley del Notariado a nivel federal dispone que la profesión “es una función de orden público incompatible con el desempeño de actividades comerciales y puestos de lucro privado”.
La legislación, y sus pares en cada entidad del país, establecen estrictas restricciones e incompatibilidades para garantizar la imparcialidad, probidad y objetividad del fedatario público al dar certeza en la constitución de sociedades mercantiles y otros actos jurídicos en los que participe.
Las sanciones impuestas a un notario público por infringir las prohibiciones e incurrir en responsabilidades administrativas, varían según la gravedad de la falta y la legislación de cada entidad federativa.
Las instancias competentes de cada gobierno local, por conducto de la Consejería Jurídica o el Poder Ejecutivo Estatal, son las encargadas de determinar estas responsabilidades y aplicar las medidas correspondientes ---–incluidas también en la Ley Notarial de Yucatán---- que pueden ser:
1.- Amonestación: Puede aplicarse por escrito o de forma privada y pública dependiendo de la normatividad local ante faltas menores.
2.- Multa económica: Se calcula comúnmente con base en el salario mínimo o unidades de medida (UMA) vigentes en la región.
3.- Suspensión temporal: Consiste en la inhabilitación temporal para ejercer la función notarial, cuyos plazos pueden variar desde unos cuantos días hasta más de un año.
4.- Cesación o revocación de funciones: Es la sanción más grave, mediante la cual se le retira definitivamente el nombramiento al notario por violaciones severas a la ley.
En el caso de los corredores públicos, especialistas en actos mercantiles y comerciales, pueden ser accionista de una sociedad mercantil con fines de lucro siempre y cuando no desempeñen cargos administrativos ----presidente o secretario de administración de la compañía, o director, por ejemplo----; comprar y vender mercancías por cuenta propia; o actuar como fedatario en un asunto en el que tiene interés económico.
Es relevante señalar que la cantidad aproximada de notarios públicos en México que han sido suspendidos por un desempeño inadecuado de sus funciones varía dependiendo de la fuente y la información disponible.
No obstante, se ha informado en medios de comunicación del país que desde 2019 hasta 2023, se ha destituido a 13 notarios por prácticas indebidas, abarcando suspensiones de entre 10 días y tres años, así como inhabilitaciones y revocaciones.
En marzo de 2025, el periódico El Universal publicó la investigación más extensa y detallada sobre el tema, concluyendo que, entre 2020 y 2024, cuarenta notarios públicos fueron inhabilitados por 29 gobernadores del país debido a actos ilícitos, corrupción y el uso indebido de sus facultades como fedatarios públicos.
De este modo, la petición de Familias Unidas contra INVERCO, dirigida al gobernador Joaquín Díaz Mena, solicitando la cancelación inmediata y definitiva del nombramiento de Rolando Bello Mejía como notario público 113, con sede en el municipio de Progreso, debido a una comprobada mala práctica profesional, no es única, ilegal ni irrealizable.
ACTO II
Estos datos son importantes para el caso de Patricio Solís Millet porque, en enero de 2021, constituyó y registró a su nombre, y al de un segundo accionista minoritario –--Gerardo Moguel Peniche----, la sociedad mercantil RR MID, S. de R.L. de C.V.
Esa compañía, que el corredor público dejó en manos de su socio ----dueño de apenas el uno por ciento de las acciones de la sociedad---- en calidad de “gerente”, para evitar sanciones de la Secretaría de Economía, aún hoy se dedica a practicar toda clase de negocios inmobiliarios y de construcción de infraestructura urbana, incluida fraccionamientos y desarrollos urbanístico bajo régimen de condominio.
De hecho, según informó la agrupación Familias Unidas en una consulta, a mediados de este año inició la compra de bienes raíces de Inversión Colectiva.
Se trata de una clara muestra de simulación mercantil que tiene como meta permitir a Bello Mejía y Miguel Ángel Aguayo, evitar que sus propiedades sean embargadas precautoriamente a favor de sus víctimas.
Cabe destacar que Patricio Solís sirvió como fedatario de Alberto Bello Mejía en la constitución de seis de las ocho empresas que el notario tiene inscritas en el Registro Público de Comercio al 17 de octubre de 2026.
Además, ha dado fe pública a diversas actas notariales de sociedades mercantiles gestadas por otros integrantes del grupo que se acredita al exgobernador Zapata Bello.
El acta constitutiva de RR MID, en poder de 4 Vientos, incluye un objetivo fundamental para entender las intenciones y acciones de Solís Millet a favor de dos grupos inmobiliarios nefastos que operan en Yucatán: el que aparentemente encabeza el senador Zapata Bello; y el que preside el presunto hermano de Patricio: Pablo Solís Millet, notario público número 129 con sede en el municipio Hunucmá, distante 32 kilómetros al oeste de Mérida.
Esa meta es medrar lucrativamente “inclusive con (bienes inmuebles) que provengan de expropiación ejidal, nacionales o de parcelas ejidales y que jurídicamente sean posibles de adquirir en propiedad o en usufructo y en su caso explotar, urbanizar, fraccionar, notificar y vender las partes resultantes”.
Las empresas de Pablo y Patricio Solís Millet son identificadas por ejidatarios de Baca, municipio de Yucatán ----35 kilómetros al este de Mérida----, como las que se usaron para despojarlos de un terreno de 130 hectáreas que hoy se destina a la especulación inmobiliaria y a la destrucción ambiental vía deforestación.
Igualmente, la organización civil "Jaltún, Investigación y Acción Colectiva", cita un informe confidencial del Registro Agrario Nacional (RAN) de junio de 2024, titulado “Acaparamiento de tierras de propiedad social en México“.
El documento menciona a otros miembros de la familia Millet como “controladores de tierras” ejidales y privadas al servicio de Pablo y Patricio Solís.
“El reporte identifica como figuras centrales en términos de control de tierras, a Mauricio Millet Reyes con 447 parcelas en Sac Nicté, que es una subcomisaría de Mérida; a Arturo Millet Reyes con 398 parcelas en Komchen y Sac Nicté; y a Gabriel Guzmán Millet, con 222 parcelas. Todas estas propiedades suman 1,899 hectáreas divididas entre Yucatán y Quintana Roo”.
El informe agrega:
"Estos actores generan ‘bancos de tierras’ para un mercado inmobiliario de alta plusvalía que, durante los últimos años, ha aumentado sus actividades. Sobre todo, a partir de la reconfiguración territorial en la región por efecto de megaproyectos como el Tren Maya en sus modalidades turística y de carga”.
4 Vientos encontró en el Registro Público de Comercio (RPC) que Pablo Solís es accionista y ejecutivo en 12 sociedades mercantiles inscritas y vigentes en el sistema federal de propiedad comercial.
Las empresas del notario Pablo Solís Millet realizan actividades de desarrollo y comercio en tecnología digital; restaurantes, gastronomía y alimentos en general; hotelería; telefonía móvil; compra venta y operación de buques mercantes; contratista de obra pública y privada; comercialización de todo tipo de bienes raíces y/o equipos de cómputo e informática.
Asimismo, a otorgar y cobrar créditos y préstamos mediante un cuestionable sistema que en Europa y América Latina se conoce como “Fondos Buitre”, por ser inversiones que compran deuda o activos muy deteriorados —como créditos impagados o empresas al borde de la quiebra— a precios muy bajos, para obtener grandes beneficios mediante reestructuraciones, ventas o litigios.
Esta especulativa y altamente lucrativa labor impulsa la gentrificación inmobiliaria, fenómeno urbano que implica la transformación de un barrio o ciudad en un área más atractiva para personas con mayor poder adquisitivo, desplazando así a los residentes originales y creando un aumento en los precios de la vivienda y el alquiler, que es justo lo que hoy sucede en Mérida y sus alrededores.
La denuncia de Jaltún respecto al conflicto en Baca concluye así:
“La resistencia contra los Solís Millet da cuenta de una batalla contra esta estructura sistémica. Como señala el RAN, la propiedad social es una prerrogativa de la Nación orientada a evitar el latifundismo y garantizar el bienestar comunitario.
“Para los ejidatarios de Baca, conservar las 133 hectáreas codiciadas por los empresarios representa la defensa de este principio constitucional frente a un capital especulativo que, ecocidio mediante, busca convertir a la selva ancestral en un desierto de lotes de inversión”.
ACTO III
A Lino Magos Acevedo el exgobernador Mauricio Vila Dosal le concedió, en marzo de 2022, la titularidad de la Notaría Pública 114 con sede en el municipio de Oxkutzcab, distante 110 kilómetros al sur de Mérida.
Así quedó registrado en la Consejería Jurídica del Gobierno de Yucatán.
Al igual que otros 50 yucatecos de la élite política y empresarial, entre ellos Rolando Alberto Bello Mejía, Magos se benefició con una reforma a la ley estatal notarial que el entonces mandatario panista consensó con los grupos de poder yucateco.
Una vez con la notaría en la bolsa, una de las primeras actividades de Lino Magos fue otorgar fe pública plena a los contratos de compraventa que INVERCO, con Bello Mejía y Aguayo de Pau todavía ocupando los cargos de secretario y presidente del Consejo de Administración, pactó con sus futuras víctimas de engaño y fraude en Pedregales de Misnébalam y Nova Vita.
Antes, publicaciones periodísticas de Yucatán lo vinculaban, sin fuentes que lo confirmaran, con el entorno político del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo.
"Fue su operador financiero y asesor principal”, afirmaron los medios que también acusaron a Magos de realizar "manejos irregulares" en el gobierno municipal de Progreso que presidió Julián Zacarías Curi (2018 a 2024), un político panista que cerró a 4 Vientos todos los documentos oficiales de INVERCO en poder de su gobierno.
Otros medios de comunicación de Mérida y Quintana Roo lo señalan, con base al testimonio de la asesora inmobiliaria Mariana Pérez Manjarrez, de cometer “irregularidades notariales” en los fraccionamientos Pedregales de Misnébalam y Ciudad Maderas Península, este último del Grupo Centro Inmobiliario del Bajío que presiden las familias Jury, Estefan y Lazos, de Guanajuato.
Otra vez en el Registro Público de Comercio, 4 Vientos obtuvo copias de tres actas notariales elaboradas por Magos Acevedo el 16 de mayo de 2025 (dos de ellas) y el 22 de julio de 2026.
Los documentos narran actos fedatarios contratados en dos sociedades mercantiles diferentes, pero similares en sus objetivos, por cuatro personajes ligados directamente con Alberto Bello y Aguayo de Pau.
Aquí las historias:
A.- CMNG Desarrollos Inmobiliarios, Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en Mérida, fue creada el 16 de mayo de 2025 y tiene múltiples objetivos en el sector inmobiliario.
Los socios fundadores fueron Sandy Abigail Blanco Chuc, con el 50% de las acciones del capital social de la empresa (100 mil pesos), y Gabriel Moisés Ancona Kantún con el 50% restante.
La primera asumió el cargo de presidenta del Consejo de Administración y el segundo fue secretario.
De acuerdo con múltiples declaraciones de clientes defraudados en INVERCO, Ancona Kantún se desempeñó como director Jurídico de la inmobiliaria en los años que la empresa fraguó y estalló el fraude (2021-2024).
Lo describieron como una persona “inescrutable”, “frío”. “evasivo” y “calculador”.
El puesto de Comisario en CMNG quedó en manos de Rubén Rodrigo Morales Heredia, un empleado, accionista y hasta presidente del Consejo de Administración en al menos dos de las sociedades mercantiles propiedad de Alberto Bello Mejía.
Esto lo confirman las actas notariales consultadas y en poder de 4 Vientos.
Las compañías son Desarrollos Inmobiliarios en Acción, S. A. de C.V.; e Inversión Colectiva Inmobiliaria (INVERCO), S.A.P.I. de C.V.
En ambas sociedades Bello Mejía vendió a Rodrigo Morales sus acciones cuando el gobierno de Mauricio Villa le otorgó la notaría de Progreso.
Destaca otro hecho. En la primera audiencia del juicio ejecutivo mercantil del grupo 1 de Familias Unidas, Rubén Rodrigo Morales asistió como representante de INVERCO.
Su papel lo centró en pedir enfáticamente a la jueza Juliana Sobarins que desechara el juicio por no estar apegado a derecho y ser improcedente, solicitud en la que fracasó.
Sin embargo, aquellos argumentos que el enviado de la empresa esgrimió en la audiencia fueron los que, meses atrás, la misma imparidora de justicia utilizó para inicialmente rechazar la petición del primer juicio mercantil contra INVERCO.
La protesta pública de los defraudados hace un año contra la decisión de Sobaranis, y una plática directa con los magistrados del Tribunal Superor de Justicia para denunciar el ilegal proceder de la jueza, provocaron que ésta rectificara y aceptara el inicio del juicio mercantil.
Curiosamente, hace unas semanas otra jueza mercantil negó el juicio que solicitó el grupo 4 de Familias Unidas a través de su representante legal, el abogado Jesús Othón Baca Cacho.
Usó los mismos argumentos de Juliana Soberanis y Rodrigo Morales Heredia para su negativa, por lo que ahora los clientes defraudados esperan que el Tribunal Superior de Justicia del estado vuelva a poner orden y se acepte finalmente la realización del cuarto juicio contra la inmobiliaria.
De regreso con CMNG, la sociedad registró cambios importantes entre sus accionistas.
De acuerdo con el Número Único de Documento 2026002396750052 del RPC en Mérida, de fecha 22 de julio de 2026, Sandy Abigail vendió el 95 por ciento de sus acciones a Eduardo Ignacio Manzanilla Masquef y pasó a ocupar el cargo de secretaria del Consejo de Administración.
A su vez Ancona vendió la totalidad de sus acciones al mismo Manzanilla, quien concentró así el 95 por ciento de la sociedad y por ello pasó a ocupar el cargo de presidente del Consejo, en tanto que Gabriel Moisés se quedó en la empresa como apoderado.
La llegada de Eduardo Ignacio Manzanilla a CMNG se dio luego de que fue empleado, accionista y miembro del Consejo de Administración de INVERCO.
Consolidó su presencia en la inmobiliaria luego de que en 2024 Miguel Ángel Aguayo vendió sus acciones y renunció a la empresa, algo que los clientes defraudados consideran una mentira porque el ingeniero siguió dando “asesorías” a la compañía cuando ésta dijo tener “dificultades financieras” y no entregaría las casas y predios contratados en Misnébalam y Nova Vita.
B.- Nostra Hábitat Constructores, S.A. de C.V., con sede, fecha de registro y objetivos idénticos a los de CMNG Desarrollos Inmobiliarios.
Lino Magos hizo constar que Ignacio Manzanilla aportó el 50 por ciento del capital social de la sociedad, y se quedó como presidente del Consejo de Administración.
El otro 50 por ciento lo aportó un viejo conocido de Manzanilla: Efrén Eyder Martín Chan, quien se quedó con la secretaría.
Amigos de correrías desde jóvenes, los dos personajes fundaron en Cancún, Quintana Roo, en noviembre de 2007, la empresa de buceo recreativo P.M. Dive Company, S.A. de C.V., siendo acompañados por William Alonso Martín Ávila como tercer accionista.
En esos años, Manzanilla y Martín Chan se vieron envueltos en un escándalo: Jesús Aldana Martínez, de 83 años, los acusó públicamente de haberlo despojado de 214 hectáreas en el municipio de Umán, colindante con Mérida, para beneficiar a la empresa CM Capital, del exgobernador de Tabasco Andrés Granier Melo, en donde sus victimarios trabajaban.
Años más tarde, de 2022 a 2025, la pareja ingresó en la lista de empleados, accionistas y directivos de INVERCO, tras fortalecer su amistad con Alberto Bello Mejía.
A partir de mayo de este año, CMNG y Nostra Hábitat unieron esfuerzos para sumarse a la estrategia de INVERCO de simular ventas de casas y terrenos en Pedregales de Misnébalam y Nova Vita.
Buscan evitar el embargo precautorio de los bienes a favor de los clientes que demandaron a Bello y Aguayo en los juzgados mercantiles de Yucatán.
En el caso de CMNG lo hacen comprando diversos terrenos que INVERCO previamente puso en venta en empresas especializadas de bienes raíces.
Y en Nostra Hábitat utilizan los servicios de diversas personas, entre ella una mujer que se identifica como “Marisol”, que hacen llamadas telefónicas a clientes defraudados por Inversión Colectiva Inmobiliaria.
A ellos ofrecen la venta “especial” de “clústeres”, de dos mil 100 metros cuadrados de superficie divididos en 7 terrenos baldíos deslindados y ubicados en el Fraccionamiento Pedregales de Misnébalam.
El valor de cada clúster es de un millón y medio de pesos, y se ofrece considerar la deuda previa que la empresa tiene con el cliente como parte del saldo a pagar.
Asimismo se promete la instalación de postes de conducción de electricidad, escrituras y accesibilidad vial en terracería.
Pero en ningún momento se informan que, quien en realidad hace la propuesta de venta, es Eduardo Ignacio Manzanilla, un personaje que fue descrito por decenas de clientes de INVERCO como “un patán, altanero y grosero”.
COLOFÓN
Voceros de Familias Unidas consultados por 4 Vientos acerca de las campañas de simulación mercantil que INVERCO puso en marcha para sabotear los recursos legales interpuestos por Familias Unidas, comentaron:
"Aparte de la simulación del acto mercantil en sí, esta empresa (Nostra Hábitat) lo que en realidad busca es reducir y/o dividir al grupo demandante, ganar tiempo para evitar los embargos y posiblemente hasta seguir defraudando a los clientes a quienes ya timó”.
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