Primera victoria legal de los defraudados por Inverco en Yucatán; la Profeco falla a su favor
- Javier Cruz
- 17 jun
- 12 Min. de lectura
La Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) dio uno de sus mayores golpes a los estafadores inmobiliarios del país cuando en la segunda quincena de junio falló a favor de decenas de clientes embaucados por la empresa yucateca Inversión Colectiva Inmobiliaria, SAPI de C.V., a la cual enfrentan colectivamente 200 personas aliadas en la organización civil Familias Unidas contra Inverco (FUCI).
Javier Cruz / 4 Vientos
Los primeros beneficiados son 65 personas pertenecientes a un primer grupo de compradores engañados y que están afiliados a Familias Unidas.
La Procuraduría les concedió dictámenes técnicos favorables que ordenan al consorcio presuntamente criminal, la devolución del dinero que robó a los afectados –alrededor de 72 millones de pesos-, así como pagar a sus víctimas bonificaciones al capital defraudado.
También impuso multas a la inmobiliaria por no presentarse a las audiencias conciliatorias con los quejosos y con la misma entidad pública federal.
La Profeco dio así gran relevancia al hecho de que la inmobiliaria no se presentó, a través de accionistas o representantes administrativos y/o legales, a las tres audiencias conciliatorias que la autoridad convocó legalmente, incluso con medidas de apremio, entre agosto del año pasado y mayo de 2025.
Otro conjunto de 21 afectados recibirá sus dictámenes este mes y finales de julio, en tanto que otros 120 integrantes de Familias Unidas, mexicanos y extranjeros asociados en otros dos grupos de querellantes, recibirán sus documentos oficiales entre septiembre y octubre.
De acuerdo con la Profeco, los dictámenes técnicos son documentos que la procuraduría proporciona al consumidor para facilitar, ante una instancia judicial competente, la recuperación del monto pagado al proveedor más una bonificación de entre el 20 al 30 por ciento derivada del incumplimiento de lo pactado entre vendedor y comprador.
De esta forma, el documento tiene como objetivo dotar a los consumidores de “un título ejecutivo con validez jurídica ante los órganos jurisdiccionales competentes” para que hagan valer sus derechos legales.
La respuesta de la empresa al primer descalabro que sufre en instancias legales del país fue la reanudación, en redes sociales, de campañas sucias que incluyen la difusión de videos emitidos por abogados yucatecos afines a Inverco que atacan la estrategia legal del licenciado Othón Baca Cacho, representante legal de los defraudados, a la que califican de “equivocada”, “mal planeada” y “destinada al fracaso”.
Asimismo, la inmobiliaria usa clientes y vendedores afines para infiltrarse digitalmente en Familias Unidas, de manera tramposa, con el objetivo de enfrentar y dividir, con falsa información y comentarios maliciosos, a las 200 personas que decidieron defenderse colectivamente.
Hasta el 17 de junio, la campaña sucia ha fracasado y los afectados acordaron reanudar sus actos de protesta pública y ampliar el abanico de funcionarios federales a los que recurrirán a principios de julio, en materia penal y de Seguridad Pública, para posicionar y visualizar aún más al “fraude inmobiliario más grande del país”.
INVERCO EN BURÓ COMERCIAL
De acuerdo con información oficial de la Profeco que 4 Vientos consultó el pasado 16 de junio, Inversión Colectiva Inmobiliaria, Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI) de Capital Variable, hasta el pasado 31 de mayo la empresa tenía 35 quejas en su contra sin especificar si son individuales o las tres colectivas presentadas por integrantes de FUCI.
Del total de quejas atendidas por la Procuraduría Federal de Consumidor tanto en su representación Yucatán como en Ciudad de México, 21 se presentaron en 2024 y 14 este año.
Trece continuaban en trámite y nueve más concluyeron porque los reclamos se consideraron improcedentes, fueron cancelados o los promotores se desistieron del procedimiento conciliatorio.
Profeco deja en claro que la inmobiliaria está inscrita, desde el año pasado, en su área de Buró Comercial el cual tiene como objetivo llevar un registro sobre el número de quejas presentadas en la institución en contra de determinada agencia inmobiliaria.
“La información permite a los consumidores tomar decisiones informadas antes de la adquisición de un bien, en este caso un inmueble, o en la contratación de los servicios de las inmobiliarias”, dice la procuraduría en su portal digital.
En el caso de la empresa yucateca, el organismo descentralizado informa que Inverco, a la que ubica en el sector y giro de “Corredor de Bienes Raíces, Inmobiliaria o Constructoras”, se le reclaman cinco infracciones:
Negativa a la entrega del producto o servicio. Negativa a la devolución de depósito. Negativa a la rescisión del contrato. Negativa a bonificación por cambio de producto. No registrado ante Profeco.
Pese a ello, Inverco y sus proyectos comerciales Pedregales de Misnébalam, en el municipio de Progreso; Nova Vita Country Club, en los devastados puerto y marisma de Sisal; y Rancho Kaáxnah Country Club, en la selva del municipio de Maxcanú, se siguen promocionando sin restricción alguna en redes sociales y páginas inmobiliarias de país y el extranjero.
De esa forma, miles de potenciales compradores de México y el extranjero están en riesgo de sumarse al mega fraude inmobiliario yucateco, que tan solo en el caso de Pedregales de Misnébalam afectó a 700 familias a quienes Inverco robó entre 600 a 840 millones de pesos.
La empresa también defraudó a decenas de clientes en su proyecto Nova Vita, en donde igualmente incumplió contratos de compraventa de terrenos urbanizados y escriturados, además de que la promesa de construir y operar un Country Club está totalmente abandonada.
Por ello, los afectados ya formaron otro grupo que en breve demandará y denunciará colectivamente a la compañía que fundaron, en diciembre de 2018, el ingeniero Miguel Ángel Aguayo de Pau y el notario público Rolando Alberto Bello Mejía, primo hermano del exgobernador y actual senador yucateco Rolando Rodrigo Zapata Bello, todos ellos parte de un aparente sindicato criminal inmobiliario que incluye a diversos personajes (leer su historia AQUÍ).
CAPITAL DEL ABUSO INMOBILIARIO
A inicios de 2024, Yucatán se ubicó en el segundo lugar nacional en número de quejas ante Profeco contra su sector inmobiliario: 177, cuatro menos que el primer lugar (Querétaro) y 15 más que el tercero (Ciudad de México).
El 2 de julio del año pasado, 4 Vientos publicó que en junio de 2023 el presidente del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, Carlos Alonso Iracheta Carrol, afirmó que el problema de fraudes inmobiliarios era tan grave en Mérida y sus alrededores, que a esa región de Yucatán se le catalogaba como “la capital de la especulación inmobiliaria en el país”.
Por eso, consideró, las autoridades gubernamentales debían frenar, combatir y castigar el delito de manera inmediata.
Nadie le hizo caso.
Ese mismo mes de 2023, Iván Cervera, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), denunció en un comunicado el “crecimiento acelerado de denuncias” por engaños de fraccionadores y “loteros que ofrecen productos con una mínima o nula dotación” de servicios públicos.
“La falta de experiencia y profesionalismo se refleja en la calidad de la construcción, el incumplimiento en los tiempos de entrega y características prometidas, así como en la falta de servicios posventa, lo cual afecta a los compradores e inversionistas”.
Su queja tampoco tuvo efecto en las autoridades.
Por su parte, la consultora “Uno Consulting” concluyó en un estudio que realizó en el primer semestre de 2021, que “la venta de lotes en Yucatán no tiene límites ni naturales ni legales. Es una zona geográfica plana y no existen regulaciones que controlen su expansión”.
El reporte tampoco tuvo eco en el sector público.
Y los medios de comunicación yucatecos que habían dado seguimiento al tema no tenían impacto regional o nacional para llamar la atención o provocar la acción de las dependencias oficiales.
Hasta julio del año pasado los diarios regionales habían publicado al menos 45 casos de fraudes y despojos inmobiliarios cometidos en Yucatán en 10 años.
Hoy, gracias al mediatismo que alcanzó el caso del fraccionamiento Pedregales de Misnébalam, el tema de los fraudes inmobiliarios yucatecos creció en proyección nacional.
En la revisión y análisis periodístico en hemeroteca virtual hecha por 4 Vientos en junio de 2024, se encontró que, en su conjunto, los fraudes denunciados en los medios locales significaron pérdidas por alrededor de cinco mil millones de pesos para cientos de ejidatarios, propietarios o posesionarios individuales de predios, así como compradores de origen local, nacional e internacional.
Los actos delictivos que en común gozaban de impunidad sucedieron, entre otros lugares, en los municipios de Progreso, Conkal, Motul, Baca, Dzemul, Chicxulub Pueblo, Río Lagarto, Telchac Pueblo, Dzilam, Sinanché, Celestúm, Dzidzantúm, San Felipe y Hunucmá.
Ahí, miles de compradores de México y diversos países fueron atraídos por los defraudadores que vendieron -y siguen vendiendo- la imagen de paz, tranquilidad, belleza, cultura, historia, seguridad, y crecimiento económico de Yucatán.
La magnitud del problema se enfatizó en junio de 2023 cuando la Comisión de Vivienda de la cámara federal de diputados que preside la legisladora petista Lilia Aguilar Gil (reelecta en 2024), realizó un foro sobre los fraudes inmobiliarios en Mérida.
Ahí calificó esa práctica como “especulación pura y dura”.
Y subrayó: “Es un delito y como tal tiene que ser atacado”, por lo que prometió legislar de inmediato en la materia, regresar a Mérida para dar seguimiento a su gestión y revelar el problema ante las autoridades fiscales y judiciales.
El proceso electoral se atravesó en la agenda de la diputada y de los demás integrantes de la comisión, quienes no han hecho nada de lo que demagógicamente dijeron haría dos años atrás.
De igual forma 4 Vientos solicitó en junio de 2024 una entrevista con la diputada Aguilar Gil.
Nunca tuvo respuesta.
ABUSOS EN INVESTIGACIÓN
Otro representante popular -Fernando Alcocer Ávila, exregidor morenista por Mérida-, manifestó en abril de 2022 que el congreso local debía revisar y actualizar "inmediatamente" la ley estatal de desarrollo inmobiliario, así como la parte que corresponde a los ayuntamientos.
Eso porque la normatividad del sector estaba rebasada por los actos delictivos que cometían grupos empresariales y particulares coludidos con funcionarios públicos y notarios corruptos.
“Vender no es ilegal, pero ¿cómo se llegó a fraccionar (terrenos irregulares)? Existen leyes que lo impiden y lo autorizan; entonces, es un asunto de corrupción”, afirmó al diario ¡PorEsto!
También expuso el modo de operar de “loteros” y fraccionadores corruptos, protocolo perverso que siguieron al pie de la letra todos los accionistas, empleados y algunos asesores y agentes de venta de Inverco.
“Exigen el pago puntual de los abonos por un lote, casa o condominio; de lo contrario aplican penalizaciones severas que incluye la opción de cancelar el contrato y quedarse con toda la inversión del cliente”.
Alcocer agregó: “Pero ellos se dan el lujo de permitirse tres o más años para realizar los trámites de posesión o división de los lotes, así como retrasar indefinidamente la entrega física y notarial (escrituras) de los bienes a los compradores”.
Esta forma de engañar impunemente a miles de personas aparentemente comenzó a ser investigada por el gobierno estatal emanado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y el gobierno municipal de Progreso
El pasado 5 de junio, el periódico Diario de Yucatán dijo tener información de que Erik Rihani González, actual presidente panista de Progreso, donde Inverco estableció la sede de Pedregales de Misnébalam por ser asiento del notario Rolando Alberto Bello Mejía, ordenó una investigación a funcionarios corruptos del área de Catastro.
Ahí, dice la nota, en los últimos 5 años, empleados sindicalizados y funcionarios expidieron diversos permisos ilícitos a compañías inmobiliarias asentadas en Progreso a cambio de pagos que no ingresaron a la Tesorería local.
La información indica que la indagatoria se dio luego de que el ayuntamiento auditó las actividades del gobierno precedente que encabezó el también panista y usurpador de identidad indígena Julián Zacarías Curi.
Pero es la Fiscalía General de Justicia de Yucatán, al abrir una carpeta de investigación por fraude contra Inverco a petición de los defraudados en Misnébalam, quien inició las averiguaciones ministeriales contra el ayuntamiento que presidió Julián Zacarías.
De hecho, este último personaje ocultó y negó a 4 Vientos por siete meses, a través de un dictamen de “negativa ficta”, información relativa a nueve trámites que la compañía debió hacer y obtener en el ayuntamiento antes de vender terrenos en el fraccionamiento.
En junio del año pasado este medio recurrió al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) para obtener los datos públicos, pero la posibilidad quedó cerrada cuando la fiscalía estatal ordenó la “reserva en su totalidad”, por tres años contados a partir del pasado 9 de diciembre, de la información que 4 Vientos solicitó a Progreso.
Los tres integrantes del Consejo de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso –Roberto Kumán, Esther Pereza y Alberto Castillo-, confirmaron que la Fiscalía de Yucatán abrió un expediente judicial sobre el tema.
Esa carpeta de investigación está en vías de integración y próxima a resolución, la que permitirá la judicialización penal del caso.
PLAGA QUE HOY ES LEGIÓN
Pero lo que hoy sucede en Yucatán es apenas una parte mínima de lo que a nivel nacional ocurre con la incidencia creciente de fraudes inmobiliarios.
Por ejemplo, la Dirección General de Oficinas de Defensa del Consumidor de la Profeco destacó en un comunicado del 31 de diciembre de 2024 que, en ese año, registró tres mil 18 quejas contra empresas inmobiliarias, lo que representó un aumento de 20% respecto a las presentadas en 2023: dos mil 515.
Pero la escalada del fraude inmobiliario en México creció de manera incontenible desde 2020.
De acuerdo con cifras de la misma autoridad federal conciliadora, en ese año recibió mil 653 quejas. Un año después la cifra subió a mil 927. Y en 2022 el número llegó a mil 980.
Además, de acuerdo con un estudio del tema de la compañía inmobiliaria y de franquicias Alfa, en 2024 se detectaron y bloquearon en México tres mil 800 intentos de fraude lo que representó un aumento del 58% respecto a 2023; así como alrededor de cuatro mil 500 delitos telefónicos y digitales que significó un alza de 70 por ciento anual al cierre del año pasado.
“La mayoría de estos casos (80%) involucraron departamentos en renta con precios entre $7,000 y $14,000, un rango atractivo para quienes buscan opciones accesibles.”
Además, Alfa reportó que las ciudades más afectadas con este delito son Ciudad de México (38% de los casos), diversas metrópolis del Estado de México (19%), Guadalajara (16%), Monterrey (10%), Mérida (10%) y Guanajuato (8%).
"Esto demuestra que el problema no se limita a una sola región, sino que es un fenómeno nacional”.
Por su parte, David García, socio fundador de la compañía española NetHomes, dijo en marzo pasado al diario El Economista que el sector inmobiliario mexicano, al concluir 2024, estaba entre los tres primeros con más quejas ante la Profeco.
Esto se refleja, dijo el especialista, “en datos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) que arrojan que cada año se pierden 600 millones de pesos en no ventas y reclamaciones (por malas prácticas) dirigidas al sector”.
Los motivos más comunes por los que se presentaron reclamos ante la procuraduría en los últimos 4 años son:
Incumplimiento en la entrega de propiedades; deficiencia en la calidad de las construcciones; y negativas a la rescisión del contrato, la devolución del depósito o del capital pagado, y a hacer efectiva la garantía.
En ese orden de importancia.
Asimismo, manifestó el estudio de Alfa, los principales tipos de fraude inmobiliario tienen que ver con propiedades inexistentes, cobro de apartados, preventas sin documentos, obras inconclusas, remates, subarriendos, traspasos ilegales, anuncios falsos y hasta robo de identidad.
Hasta el último día del 2024, según el Buró Comercial de la Profepa, las cinco principales empresas con mayor número de quejas son: A.- Inmobiliaria LR S.A. de C.V. con 365 quejas; B.- ARA con 197; C.- Desarrollos y Construcciones del Centro S.A. de C.V. con 164 reclamaciones; D.- COMEBI con 154; y E.- Ruba Desarrollos S.A. de C.V. con 124.
La Profepa no informa si las quejas son individuales o colectivas, pero sí aceptó en reunión aparte de dos de sus más altos funcionarios con representantes de Familias Unidas Contra Inverco, que este colectivo es el más grande y organizado que ha atendido en lo referente a fraudes inmobiliarios cometidos hasta mayo de este año a nivel nacional.
Ahora, con los dictámenes técnicos de la Procuraduría del Consumidor en su poder, FUCI y su representante legal, el licenciado Baca Cacho, continuarán su estrategia legal en tribunales mercantiles de Yucatán y la Ciudad de México.
Asimismo, los defraudados y el despacho jurídico que los representa reportaron tener avances importantes en la Fiscalía General de Justicia de Yucatán, donde en agosto de 2024 se presentó una denuncia penal por fraude inmobiliario en contra del consorcio yucateco y sus accionistas.
Igualmente, el abogado Othón Baca dijo que también hay posibilidades de lograr que un juzgado federal determine la eliminación del secreto bancario que protege a la inmobiliaria.
Ello permitirá tener acceso a información bancaria y bursátil de la empresa que engañó, con premeditación, alevosía y ventaja, a cientos de personas de la tercera edad, pensionados y/o jubilados, madres solteras y jóvenes matrimonios de mexicanos residentes en el país y emigrados que viven en naciones de Norte, Centro y Sur América, así como de España y Asia.
Finalmente, Familias Unidas informó que próximamente reanudará las pláticas con la secretaria de Gobernación federal –Rosa Icela Rodríguez Velázquez-, a quien la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encargó atender a los 200 defraudadas por Inverco en Yucatán.
“Creemos en poder obtener más avances contundentes en nuestra lucha contra quienes nos robaron, y en obtener los fallos judiciales que, de sernos favorables, darán ejemplo nacional de que sí se puede derrotar a las mafias inmobiliarias que operan en prácticamente todos los estados de nuestro país”.
(Familias Unidas contra Inverco).
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