“Donde hay temor, no hay justicia”.
Lucio Anneo Séneca
El poder judicial en nuestro país tiene una larga cola de corrupción. Son décadas de un enorme vacío en la correcta administración e impartición de justicia.
José Luis Treviño Flores* / Edición: 4 Vientos
Como en el Viejo Oeste, la ministra Piña impone su ley (Imagen: El Informador).
El problema central, la principal deuda del poder judicial federal y de los estados de la república, es que los ciudadanos comunes, aquellos que no tienen la posibilidad de pagar un abogado que los represente para hacer valer sus derechos humanos y civiles, quedan en manos de los pocos defensores públicos asignados al Ministerio Público y que tienen una cartera de trabajo infladísima de clientes acusados, falsa o verdaderamente, de haber cometido cualquier delito del fuero común, sean del área penal o civil.
Estos pobres no tienen dinero para pagar los gastos ejecutorios que presupone un juicio; tampoco para cubrir los gastos y la movilidad del abogado, la investigación, los actuarios y una ristra de arrimadizos legales -o ilegales- que hacen imposible su defensa.
Hay una frase popular en la justicia mexicana que dice: “Aquí todo mundo es culpable hasta que se compruebe lo contrario”. Y esto no tiene revés. Impone un estado de miedo que se mete hasta la médula, que te hace reflexionar con terror que vas a tener que tratar con el poder judicial.
Es tremendo saber que estás indefenso y sujeto a sufrir hasta la tortura, que “la vas a tener que pagar” aun cuando seas inocente, si alguien tiene “lana” para salir ileso de haber cometido realmente un delito.
Eso es lo que permea entre la población: miedo a la incertidumbre, a la falta de dinero y de amigos en el interior del poder judicial que te “echen la mano”.
El ciudadano común debe ir a una audiencia judicial conociendo que, ante todo, es inocente mientras no se compruebe lo contario, que será tratado con respeto irrestricto a sus derechos humanos y que habrá un juez imparcial, insobornable, que verá más allá de cualquier duda razonable.
No digo que no existan funcionarios del poder judicial honestos, apegados a derecho y que primero observarán la Constitución y las leyes antes de su bolsillo, pero es tan generalizada la corrupción que nos hace muy difícil ver el brillo de esos buenos empleados públicos.
Necesarios, más abogados "probono" que ayuden a sacar "de la miseria legal" a ciudadanos inertes ante el avasallador poder de los jueces, ministros y magistrados y sus aliados oligarcas y políticos corruptos (Imagen: Wordpress).
También hay que poner en la balanza a los buenos abogados que, mediante una práctica ética y responsable, obligan al poder judicial a hacer lo correcto, a aplicar la ley, a decidir apegados al estado de derecho.
Pueden ser abogados “pro-bono” que sacan de la miseria legal a muchos de sus clientes atrapados en las redes de un sinfín de artículos constitucionales que no logran entender o interpretar.
Una de las propuestas que contiene la reforma judicial del presidente Andrés López Obrador es que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejen de ganar sueldos y prestaciones estratosféricas, ingresos que son un insulto a todos los mexicanos. Veamos los siguientes números.
Sueldos y salarios de los ministros de la SCJN, más compensaciones:
Salario neto mensual de 206,948 pesos; aguinaldo y prima vacacional por 445,309; pago anual por riesgo de trabajo de 416.754; seguro de gastos médicos mayores de hasta un millón191 mil pesos cada 30 días; ayuda de gastos funerarios por 35,000; y pago de defunción por 827,792 pesos.
Sin contar la ayuda de gastos funerarios y pago por defunción, cada ministro recibe al año 366 mil 301.75 pesos mensuales. Además, súmele apoyos por teléfonos celulares, consumo de gasolina, comidas y otras dietas que inflan a cantidades estratosférica esa cantidad mensual, sin que dejemos de mencionar la posibilidad que reciban sobornos por aprobar leyes “a modo” que beneficien a grupos de poder económico.
¿Es necesario que ganen tanto? ¿Por qué le tienen tanto miedo a la reforma judicial? Las respuestas son más que obvias. Y lo mismo aplica si hablamos de los magistrados y jueces.
El pueblo de México tiene derecho a vivir sin miedo a un poder que debe dar certidumbre, justicia y tranquilidad, así como acceso a un sistema penitenciario humano y verdaderamente rehabilitador.
La oligarquía "libertaria", la gran corruptora del mundo (Imagen: estepais.com)
La Reforma Judicial es necesaria y urgente para seguir avanzando hacia un país más justo. Se trata, apenas, de un primer paso dado en ese sentido y que va en concordancia con los muchos ya hechos por la actual administración federal.
Y para que mis estimados lectores se queden pensando, a continuación, dejo la siguiente anécdota que hace unos días me contó una compañera de trabajo:
Ella recientemente viajó al estado de Nayarit. Acompañó a una persona a recibir atención médica en un hospital impresionante, que contaba con todos los servicios. ¡Todos!
A la enferma la atendieron muy bien, le hicieron estudios, la hospitalizaron y le dieron medicamentos.
Mi compañera preguntó a su amiga que si no iba a pagar. La respuesta fue:
- “No, ni siquiera estoy asegurada. Me atiendo en el IMSS Bienestar.”
Entonces, mi colega se quedó impresionada y sólo alcanzó a preguntar:
- “¿Y por qué en Chihuahua no existe esto?”
Creo que la respuesta es obvia.
“El Derecho no es una lógica en sí misma, sino una lógica en la que hay que insertar todos los valores de la vida.”
Pierre Legendre.
* José Luis Treviño Flores es profesor y activista social en Juárez, Chihuahua, en donde es subdirector académico de la Secretaría de Educación Pública.
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