"Ahora las torturas se llaman ‘apremios ilegales’. La traición se llama ‘realismo’. El oportunismo se llama ‘pragmatismo’. El imperialismo se llama ‘globalización’. Y a las víctimas del imperialismo se las llama ‘países en vía de desarrollo’”.
Eduardo Galeano.
¿Cuál es el miedo a China? Tanto la presidente Claudia Sheinbaum como el secretario de economía Marcelo Ebrard se apresuran a declarar con esmero que van a restringir las importaciones con el país asiático, como si China fuese el problema de las malas decisiones tomadas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
José Luis Treviño Flores* / Edición: 4 Vientos
Las economías firmantes del pacto están fuertemente comprometidas por el trato desigual que Estados Unidos y Canadá le marcan a México. El enorme abismo de autosuficiencia entre nuestro país y esas dos grandes potencias es obsceno.
Nuestra nación es una excelente productora de mano de obra barata para armar cualquier cosa que se les ocurra a los países desarrollados. Además, no hay transferencia de tecnología, no hay aranceles fuertes, no existen negociaciones que beneficien dignamente a nuestras materias primas que son explotadas y saqueadas sin misericordia por nuestros dos “socios”.
Pongamos el ejemplo del sector minero. En el artículo “La Minería en México, Despojo a la Nación”, que el portal SciELO publicó en 2013 a Jaime Cárdenas García -integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM- se aborda, en una muy interesante e histórica postura, el saqueo desmedido que, desde la independencia de nuestro país, el porfiriato y los gobiernos neoliberales del siglo XX y XXI, representó la entrega de los recursos naturales a empresas extranjeras bajo el blindadas constitucionalmente y sin pudor alguno.
Pongamos unos extractos sencillos, pero contundentes, de la regulación jurídica de la minería en México contenidos en el ensayo.
“La regulación jurídica de la minería en México permite una inversión extranjera del 100%, tal como se desprende de la Ley de Inversiones Extranjeras, lo que demuestra que el Estado no ejerce su rectoría económica según lo planteado en el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución, pues la minería, a pesar de ser una actividad prioritaria y, con respecto a algunos minerales, estratégica, no ve que los frutos de su riqueza beneficien a la población ni benefician a las generaciones presentes ni pretenden favorecer a las futuras“.
Además, y de acuerdo con la investigación de Cárdenas García, el estado mexicano solo recibe compensaciones simbólicas que ni siquiera son por minerales extraídos, sino por el uso de las hectáreas donde se encuentran los recursos.
Por otro lado, existen artículos en la Constitución, como el 25, que mandatan los criterios de equidad social y productividad como fundamento de la actividad minera tanto para el sector público como para el privado, quienes se deben someter al interés público, al beneficio general y a la conservación del medio ambiente.
Sin embargo, en la práctica. estas disposiciones constitucionales son violadas sistemáticamente porque la minería jamás se orienta al beneficio de la nación; por el contrario, se infringen todos los derechos de los pueblos indígenas y de los campesinos, quienes son los dueños de los territorios donde se realiza la extracción de los metales.
En la realidad, los mexicanos no somos dueños de la tierra. Lo son las empresas mineras extranjeras que se llevan el oro, la plata, el cobre, y muchos otros minerales.
Video en Youtube, Canal 14
Hay que poner atención al siguiente suceso histórico que Díaz García menciona en su texto: con la Independencia de México, el estado español transmitió a nuestra nación todos los derechos soberanos del Rey de España, al igual que el dominio eminente sobre las riquezas del subsuelo, tal como se asentó en el párrafo 12 del Tratado de Córdoba firmado por Agustín de Iturbide y Juan O' Donojú el 24 de agosto de 1821, así como en el Tratado de Paz entre México y España suscrito el 22 de diciembre de 1836.
El dominio eminente de la nación mexicana sobre los recursos del subsuelo prevaleció hasta el Código de Minas, el cual entró en vigencia el 22 de noviembre de 1884.
El artículo 10 de ese código señalaba:
“Son de la exclusiva propiedad del dueño del suelo, quien por lo mismo, sin necesidad de denuncio ni de adjudicación especial, podrá explotar y aprovechar: [...] IV Las sales que existan en la superficie, las aguas puras y saladas, superficies o subterráneas, el petróleo y los manantiales gaseosos o de aguas termales y medicinales [...]”.
Pero llegó Porfirio Díaz y el 4 de julio de 1892 reformó la Constitución y creó una nueva legislación minera que en su artículo cuarto dispuso:
“El dueño del subsuelo explotará libremente, sin necesidad de concesión especial en ningún caso, las substancias minerales siguientes: los combustibles minerales, los aceites y aguas minerales, la producción minera legalmente adquirida y la que, en lo sucesivo, se adquiera con arreglo a esta ley (…) (la explotación del subsuelo) será irrevocable y perpetúa".
Y la legislación minera que se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 26 de junio de 1992, con reformas hechas el 24 de diciembre de 1996, el 28 de abril de 2005 y del 26 de junio de 2006, tenía como propósito promover la orientación economicista en favor de las grandes empresas mineras, tanto nacionales como trasnacionales, en demérito de los derechos fundamentales de los mexicanos, principalmente de las comunidades indígenas y de los núcleos de población agrarios, así como de los derechos ecológicos y de los principios constitucionales previstos en los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución.
Se trataba de una legislación no conciliable ni con la carta magna ni con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Además, tenía evidentes problemas de inconstitucionalidad. Entre otros, los siguientes:
Su artículo 4º, fracción IX, delegaba en el ejecutivo competencias que son exclusivas del congreso de la unión. Por ejemplo, el presidente puede determinar, por decreto, lo que se entiende por minerales cuando la fracción X del artículo 73 de la Constitución indica que es el poder legislativo quien tiene la facultad del ordenar legalmente la actividad extractiva; es decir, existe constitucionalmente una reserva de ley que la legislación secundaria no respeta.
Podría seguir mencionando un sinfín de artículos que evidenciaban problemas de inconstitucionalidad y violaban los derechos de los mexicanos para beneficiar a los “intereses superiores” de las grandes empresas nacionales y extranjeras.
Afirmo que ni el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador ni el de Claudia Sheinbaum han tocado los privilegios de las industrias mineras. Tampoco han frenado el saqueo desmedido de los recursos ni detenido el daño ambiental que provocan las minas a cielo abierto, que rocían cianuro de sodio con el fin de extraer el oro con efectos ambientales y sociales devastadores a cambio de una retribución casi nula.
Si Canadá y Estados Unidos continúan con el desigual trato comercial y la explotación de nuestro suelo y subsuelo, no se ve el caso de renegociar un tratado que solo demerita en casi todo a la economía mexicana.
El imperialismo económico occidental no busca ni buscará igualdad en las relaciones comerciales; no obstante, el BRICS tiene otras potenciales maneras de convivencia económica.
¿Cuál es el miedo entonces? México tiene tanto potencial como Brasil y como país soberano puede decidir lo más conveniente para su bienestar y futuro como nación. No podemos seguir dando discursos de soberanía o de intenciones de emancipación si en la práctica hacemos lo contrario.
Igualmente, la agenda judía sionista y Black Rock son una presión enorme. Es cierto, el imperialismo económico es brutal porque en el capitalismo no existen los seres humanos como tal, son mercancía de cambio y ya. Pero si Claudia Sheinbaum pretende la emancipación del país debe comenzar a poner límites en su política económica y no permitir el dictado de una globalización sanguinaria.
La industria minera aun decide, como lo hacía en el porfiriato, por lo que es tiempo de que esa enorme mayoría legislativa en los congresos de la república derogue leyes a modo que solo benefician a particulares nacionales y extranjeros.
¡Claro que se puede!, como se pudo con la ley silla, como también pasará con las 8 horas laborales y pasó con la ampliación constitucional de los programas sociales y la reforma judicial.
Si no es miedo lo que se tiene, entonces es precaución. Pero esa precaución lleva décadas y no hemos visto la autosuficiencia alimentaria o industrial. Las empresas solo usan y desechan, no hay trasferencia tecnológica, seguimos siendo mano de obra barata de las grandes potencias norteamericanas y continúa la fuga de cerebros.
Y esto nos lleva al tema de la gentrificación, pero eso lo trataremos más adelante.
“El imperialismo es un sistema de explotación que se produce no solo en la forma brutal de quienes vienen con armas para conquistar el territorio. El imperialismo a menudo ocurre en formas más sutiles: un préstamo, ayuda alimentaria, chantaje. Estamos luchando contra este sistema que permite que un puñado de hombres en la Tierra gobierne a toda la humanidad.”
Thomas Sankara.
* José Luis Treviño Flores es profesor y activista social en Juárez, Chihuahua, en donde es subdirector académico de la Secretaría de Educación Pública.
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