En este artículo se muestra un especial interés en indagar sobre la apropiación y las responsabilidades de las administraciones encargadas de la gestión del agua. Esto para entender los elementos que permiten o impiden contar en el gobierno de California, con una capacidad institucional en el tema.
Patricia Rivera Castañeda* y Omar Miranda Gómez** / COLEF*** / Edición 4 Vientos
El camino a lograr la eficiencia operativa del agua en Baja California (Imagen en Youtube).
En tal sentido, el análisis de las interacciones entre las dependencias encargadas de la gestión del agua posibilitó trazar una ruta de tres lustros (15 años) sobre los cambios y las continuidades de la administración pública en Baja California.
Se encontró que la gestión del agua en el ámbito urbano es influida por las habilidades técnico-burocráticas de quienes, a partir de su experiencia en la administración pública, toman las decisiones y plantean las líneas de acción del manejo hídrico.
El análisis permitió evidenciar la falta de continuidad de las estrategias de manejo del agua, siendo uno de los principales obstáculos que reducen la capacidad institucional.
Esto se refleja en los procedimientos al interior del propio organismo, que se vuelven burocráticos, así como en los constantes cambios de dirigentes del organismo que limitan la planeación autónoma y de largo plazo.
En este sentido, los directores se vuelven simples administradores que no toman decisiones, afectan la capacidad institucional de las organizaciones, limitan la consecución de objetivos y el logro de cambios reales que respondan a las necesidades sociales.
Como se observa, la falta de continuidad de los proyectos hídricos es el elemento que influye en mayor medida en la capacidad institucional y, al estar relacionado con la apropiación de los problemas públicos, este impide su consolidación.
Los organismos operadores del agua en Baja California responden a las banderas políticas de los gobernantes del estado (Foto: CESPM)
Así, al paso de las administraciones, los asuntos públicos son atendidos de formas diversas: más como banderas políticas de proyectos comprometidos que como una proyección en el largo plazo.
El agua, al ser un recurso limitado en la zona, es objeto de interés público por diversas administraciones gubernamentales.
En este sentido, el tema de agua es un asunto complejo y político donde el poder económico tiene una influencia en las instituciones que gestionan el recurso.
Desde la perspectiva del análisis de políticas, se reconoce que los problemas prioritarios, o que forman parte de la agenda política, no son los más urgentes, sino que cada actor (institución/tomador de decisiones) opta por impulsar sus puntos de vista, a modo de fijar la atención pública sobre ese tema de interés.
Con el constante cambio en la estructura organizativa de la administración pública del estado, se identifica también la necesidad de fomentar una estructura autónoma, que lleve a cabo la gestión de los recursos hídricos en la entidad.
Asimismo, que tenga una visión a largo plazo y cuente con recursos propios para su operación, lo que evitaría la dependencia de las “prioridades políticas” de los gobiernos en turno.
Aunque la Secretaría estatal para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA) evidencia autonomía en términos presupuestales, aún conserva las atribuciones de la Comisión Estatal del Agua, lo que pondría en duda la pertinencia de su creación.
Los intereses económicos de los grandes consorcios transnacionales se imponen a las necesidades de los consumidores populares del agua, como en el caso de la ineficiente desalinizadora de Ensenada (CESPE).
Igualmente, la Seproa se plantea teóricamente como un vínculo entre municipio y estado que pueda dictaminar y guiar las estrategias de agua en el estado.
No obstante, esta secretaría no ha logrado ser validada como una institución con poder y la ciudadanía no la identifica como una dependencia importante en la gestión del agua.
En este mismo cambio administrativo, el tema de la municipalización de los organismos operadores se presenta de manera ambivalente: por una parte, se argumenta que promoverá una mayor coordinación con los organismos municipales al estar a la par en el manejo institucional y por ser regidos por una misma autoridad.
Sin embargo, también se señala que perdería poder político y financiero para negociar proyectos, por tener un rango de descentralización mayor.
En síntesis, más allá de las reingenierías administrativas, los recursos financieros las experiencias de los servidores públicos y las evaluaciones a las instituciones, es necesario consensuar un plan en el largo plazo en materia de agua que sea punto de referencia para cada nuevo gobernante.
Ello permitirá avanzar paulatinamente y dejar de apropiarse de proyectos bandera sin continuidad.
* Patricia Rivera Castañeda es doctora en Estudios del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Trabaja en El Colegio de la Frontera Norte (Colef), Tijuana, como profesora-investigadora adscrita al Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente.
** Omar Miranda-Gómez es investigador postdoctoral de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en estudios territoriales, urbanismo, estudios rurales y planeación metropolitana.
*** Artículo "Problemas públicos y capacidad institucional de la gestión del agua urbana en Baja California" publicado el 15 de junio de 2023 por el El Colef, Tijuana, un centro de investigación público de CONHACYT dedicado a la investigación y docencia de alto nivel cuyo objeto es generar conocimiento científico sobre los fenómenos regionales de la frontera México-Estados Unidos, formar recursos humanos de alto nivel y vincularse institucionalmente para contribuir al desarrollo de la región.
Magnífico artículo, sencillo, accesible a todo mundo y muy claro en la conclusión: Que la política pública en materia hídrica sea a largo plazo y que los gobiernos sucesivos lo tengan como marco, para darle continuidad. Felicidades a los autores, por esta estructura de ensayo informal que, con un contenido en resumen -sin las complejidades del academicismo-, nos permite acceder a la comprensión de un tema de gran interés público.