Los egresados de la Universidad Autónoma de Baja California no reconocen límites éticos en el ejercicio de la profesión jurídica.
Daniel Solorio Ramírez* / Imagen destacada: El edificio de Rectoría, en Mexicali (Cortesía).
A la maestra Marina del Pilar Olmeda García, profesora de Ética profesional en la Facultad de derecho y autora del único libro sobre dicha asignatura publicado por la UABC, no le gustará lo que sucedió en días pasados en la Junta Especial 05 de Conciliación y Arbitraje, encargada de resolver los litigios laborales que promueven los universitarios contra los abusos del gobierno de nuestra casa de estudios. O por lo menos fruncirá el ceño una, dos o tres veces. Y no es para menos.
Hará eso una vez que se entere de que en el juicio laboral 769/2012 relativo al Caso Solorio, quedó acreditado que nuestros egresados no reconocen límites éticos en el ejercicio de la profesión jurídica. No los reconocen ni siquiera cuando actúan en nombre y representación de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Y también sabrá que lo hacen por órdenes del exrector Felipe Cuamea.
Y repito, no es para menos. El 4 de febrero de 2014, con el deliberado propósito de prolongar indefinidamente el litigio, los abogados de Cuamea dinamitaron a la Junta 05. Sí, la desintegraron.
Pareciera una broma, pero esta alegoría se concretizó en la audiencia de las 9 de la mañana. A casi 2 años de iniciado el procedimiento, la oficina del Abogado General -bajo la férula de Roberto Castro Pérez y con el auxilio de Rafael Espinoza López, ambos hijos académicos de la UABC- advirtió que estaban desahogadas todas las pruebas y demás triquiñuelas.
Anunció por ello que el paso siguiente era la sentencia (laudo, se dice en materia laboral), lo que aparentemente irritó sobremanera a Felipe Cuamea quien, hipotéticamente, dio la orden a sus abogados para que siguieran "pateando el bote" al máximo posible. Aparentemente, ellos no hablaron de ética profesional. Si les hubiera explicado, tal vez Felipe les habría señalado límites.
El exrector Cuamea y el abuso del poder en la UABC (Facebook).
Fue por eso que sin reparar en principios éticos ni daños patrimoniales a la Tesorería Universitaria y al erario, los abogados de Cuamea promovieron ante la junta laboral un extrañísimo "incidente de ineficiencia de todas las actuaciones practicadas desde el auto de inicio hasta la actualidad" del caso, bajo el peregrino argumento de que la junta "no está bien integrada".
Pasaron más de 2 años de ese procedimiento laboral y no se habían dado cuenta. Hasta entonces se percataron de ese hecho.
La Junta, dijeron muy orondos, no tiene secretario fedatario; no existe un funcionario que haya fedatado con arreglo a la ley todo lo actuado en casi 2 años. Por lo que, concluyeron, todo lo hecho era nulo y por lo tanto había que empezar de nuevo.
Como si fuera un argumento muy serio, la Junta admitió el "incidente" y suspendió el juicio principal. Señaló una fecha para la audiencia incidental y ya en el acto Rafael Espinoza exhibió un largo pliego -7 páginas escritas con letra pequeña- especificando al detalle todas las acciones cuya nulidad pedían: las declaraciones de profesores y alumnos que vieron a Solorio en sus actividades ordinarias durante los días en los que supuestamente falto a ellas, y que provocaron su injustificado despido de la universidad.
Les incomoda mucho que Felipe Cuamea quede ante la justicia como lo que es: UN MENTIROSO. Pero Rafael Espinoza no se limitó a eso. También lanzó un cartucho de dinamita... Casi un misil. Pidió levantar ahí mismo una constancia donde se debía asentar que la Junta 05 no tenía en ese momento existencia jurídica. Le pidió al tribunal laboral hacerse el ¨harakiri". constar su propia desintegración.
Campus de la UABC en Valle Dorado, Ensenada (Cortesía).
Ninguno de los presentes dábamos crédito a lo que presenciábamos. En nombre y por cuenta de la UABCA, su apoderado, por instrucciones directas de Roberto Castro Pérez, quien a su vez las había recibido de Cuamea, pedía levantar constancia de que no estaba presente el funcionario dotado de facultades para levantar constancias. ¿Se entiende el tamaño del galimatías?
Tan esotérica petición también desconcertó a la presidente de la Junta, cuyo conocimiento especializado no le había dado oportunidad de ver algo semejante, pero ya repuesta de la sorpresa y después de las consultas pertinentes, asentó en acta que no era posible el desahogo de la audiencia.
Así fue. Los abogados del rector Felipe Cuamea hicieron abortar la audiencia. Acabaron con la Junta 05 de Conciliación laboral.
Preguntado al respecto, el nuevo presidente del organismo, el serio, experto y formal abogado Jorge Mario Mendoza Domínguez, afirmó que en breve el gobierno del estado tendrá presupuesto suficiente para que todas las juntas tengan sus propios secretarios de acuerdos.
¿Qué sigue? Maestra Olmeda: no todos nuestros egresados han leído su libro de ética profesional. Tampoco los rectores. Y en lo referente a nuestra autoridad de facto, estoy seguro de que tampoco lo ha leído. ¡Lástima! Tanto trabajo que le costó a usted construir esta esencial norma deontológica.
* Daniel Solorio Ramírez es activista social en Baja California. Defensor del agua y por la democratización de la vida interna de la UABC. Tras años de lucha por sus derechos laborales como académico universitario, fue reinstalado en aulas.
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