Limitados por las disposiciones legales que en 2020 le dieron origen como el sexto municipio de Baja California (BC), más de 115 mil habitantes de San Quintín se preparan para elegir por voto directo, este 2 de junio de 2024, a los integrantes de lo que será su primer ayuntamiento.
Javier Cruz / 4 Vientos
Con todo para ser uno de los primeros municipios sustentables del país, San Quintín fue derrotado por los políticos (San Quintín Travel).
Y no es que los sanquintinenses carezcan en este momento de autoridad municipal que los representen, ya que Jorge Alberto López Peralta es el presidente del Consejo Municipal Fundacional hasta este año.
Pero la influencia de Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California y hoy líder del Partido del Trabajo en Baja California BC; de Armando Ayala Robles, expresidente municipal de Ensenada y actual candidato de Morena al Senado, y de Miriam Cano Núñez exdiputada estatal y ahora candidata morenista a la presidencia municipal de San Quintín, forjaron, más bien impusieron la vida político-económico-electorales del sexto municipio.
Es de tal magnitud el dominio de estos tres personajes en el desarrollo de la vida independiente institucional del nuevo municipio, que aparte de imponer a los concejales María Celeste Gómez Juárez, Bautista Tenorio, Selvio Ibáñez Guzmán, Arnulfo Silva Martínez y Jorge López, asignaron el monto de los primeros presupuestos que el Consejo Fundacional ejerció para solventar acciones de gobierno.
Cano en el Congreso estatal y Ayala en la presidencia municipal, se encargaron de construir la raquítica partida presupuestal para las 8 zonas que integran el nuevo municipio, delegaciones que hasta el pasado 11 de febrero del 2020 pertenecieron a Ensenada.
Y si bien los presupuestos de inicio se gestaron así por la inexperiencia de los cinco concejales para tramitar por sí mismos los recursos ante el poder legislativo, fueron marcadamente limitados e insuficientes para cubrir las necesidades reales de un municipio que debió contar con una partida independiente de por lo menos 400 millones de pesos, de acuerdo con una estimación hecha por López Peralta que fue totalmente ignorada.
“El consejo fundacional no sólo ha sido bloqueado por un grupo político en la transición de las delegaciones al municipio, sino que también ha sufrido imposiciones”, destacó la activista indígena mixteca Lucila Hernández.
La también consejera de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) en BC y presidente de la asociación civil Alianza de Mujeres de Diversos Colores, sabe muy bien del autoritarismo de los tres actores dominantes.
Meses antes del pacto entre Bonilla, Cano y Ayala para crear el nuevo municipio, propuso la instauración de una municipalidad indígena en San Quintín. Fue excluida porque, aceptar su idea, significaba dejar el poder en manos de la mayoritaria y combativa población india migrante, avecinada y nativa que reside en la comarca.
Hernández destacó que la nueva demarcación nació como una de las regiones más pobres y rezagadas del país, casi sin infraestructura urbana, pocos y deficientes servicios públicos, y con un enorme atraso catastral provocado por la irregular tenencia de la tierra en la zona.
“Nuestro municipio no cuenta ni siquiera con lo más elemental, lo más básico”, sintetizó la mixteca en entrevista.
Su visión de cómo surgió el nuevo municipio la compartió Fausto Ruiz Castelo, integrante de uno de los múltiples comités pro-municipalización de San Quintín que se formaron desde los tiempos del gobierno panista que presidió Héctor Terán Terán de 1995 a 1998, año en el que murió siendo mandatario de Baja California).
En una conversación con el periodista Kau Sirenio, indígena mixteco ñuu savi (“pueblo de la lluvia”) originario de la Costa Chica, Guerrero, Ruiz Castelo manifestó:
“San Quintín es la región agrícola del país donde se concentra la mayor producción de hortalizas, legumbres y frutos rojos. Sin embargo, carece de todo: agua potable, drenaje, servicio de salud y educación; y la explotación laboral ocupa uno de los episodios más doloroso en la historia de México”.
Cano (izquierda), Bonilla (centro) y Ayala (derecha), los creadores de San Quintín (Foto: El Imparcial).
Esta perspectiva de lo que podía ser el sexto municipio de Baja California fue académicamente discutida y analizada, en 2018, por los investigadores Sergio Márquez Bello, Concepción Arredondo García, Ileana Espejel Carbajal y Luis Fermán Almada.
En el artículo “Esquemas de regionalización para la planeación del desarrollo sustentable. Caso de estudio: Región San Quintín, Ensenada, Baja California”, los universitarios, con doctorados en Medio Ambiente y Desarrollo, así como diversos estudios de postgrado en Ciencias por la Universidad Autónoma del estado (UABC), llegaron a la conclusión de que en San Quintín se debía aplicar un proyecto municipalista de mejora regional sustentable.
Específicamente, debía abarcar únicamente tres zonas: Vicente Guerrero, San Quintín y El Rosario, en donde vivían aproximadamente 63 mil 962 habitantes; es decir, el 13,7% de la población del Municipio de Ensenada para el año 2010.
Para elaborar su propuesta, los cuatro investigadores utilizaron una herramienta usada para el desarrollo territorial europeo que data del siglo XVIII: el uso de cuencas hidrográficas mediante la estructuración de unidades naturalmente interconectadas y que utilizan como base un sistema hidrográfico-orográfico.
Esta forma de organización territorial se confronta con el enfoque institucional de regionalizar los territorios en función de sus marcos políticos y de poder, dejando de lado otras características que podrían resultar de mayor importancia.
De acuerdo con el estudio de los expertos, el nuevo municipio con regionalización territorial integral y sustentable debía comprender, dentro de su zona de influencia, cuatro geoformas de subsistemas de ordenamiento ecológico (llanuras, mesetas, lomeríos y sierras), con la presencia de un sistema de siete subcuencas hidrográficas.
Gracias a su potencial hídrico integrado y sustentado, San Quintín contaría con una política de aprovechamiento con regulación, “lo que la hace propicia para el desarrollo de actividades socioeconómicas”.
En su análisis, no dejaron de reconocer la compleja problemática actual de la región, la cual quedó plasmada en el Programa para la Atención de la Región de San Quintín 2015-2019.
Citaron que dentro del embrollo social presente en la zona destacan –aún hoy- los temas de salud pública (ausencia de atención especializada, problemas de drogadicción, equilibrio mental); de educación y recreación (rezago y deserción, déficit y deterioro de infraestructura); de asistencia social (violencia intrafamiliar) y la falta de atención a migrantes y jornaleros agrícolas.
En tanto que en el aspecto urbano era y es evidente la escasez de vivienda y de servicios públicos como agua potable, drenaje, recolección de basura y electricidad; mientras que en la problemática ambiental se identificó la sobreexplotación y salinización de mantos freáticos, la disposición inadecuada de residuos, la contaminación por pesticidas y de fertilizantes en las zonas agrícolas del valle.
“La problemática actual de la región –reconocieron en su investigación- es compleja en los temas sociales. Esta situación trae consigo una disminución del potencial económico en la región que se suma a la falta de capacitación empresarial y asistencia técnica, inseguridad laboral y temporalidad en trabajo de campo, entre otros inconvenientes”.
Por ello, destacaron que la creciente falta de equilibrio entre la oferta y la demanda del agua se convirtió en algo común y definitorio de un modelo deficiente del crecimiento poblacional y del mal uso del recurso, “algo que se acentúa al tratarse de una zona árida”.
Asimismo, recalcaron que aun cuando los territorios no contaban con situaciones equivalentes, lo que dificultaba la selección de criterios con base a los cuales explicar su funcionamiento, la construcción adecuada de un modelo que delimitara integralmente al nuevo municipio era de vital importancia en la planeación de su desarrollo sustentable.
“Esta investigación –afirmaron- identificó que los esquemas de regionalización propuestos por el sector público continúan con la planeación económica para atender y dar impulso a las políticas nacionales y estatales, las cuales deciden el destino económico y de desarrollo social actual, justificado en las aparentes ventajas de las economías globalizadas del siglo XXI.”
Por ello, prevaleció el enfoque de territorio sin el concepto de territorialidad y sustentabilidad, lo que no permitiría apropiarse de los bienes comunes intangibles como los procesos ecológicos asociados al recurso hídrico, “que en conjunto son fuentes de bienestar humano”.
Vegetación costera en San Quintín (Travelinos.com).
Lo que siguió fue que el gobierno y congreso del partido Morena en BC, simple y sencillamente asignaron el proyecto que las administraciones panistas de José Guadalupe Osuna Millán y Francisco Vega de Lamadrid elaboraron para el sur de la entidad, incluido San Quintín, con la única diferencia de que en lugar de 12 zonas que correspondían a Ensenada, el sexto municipio finalmente nació con ocho.
Esto significó la obligación de aplicar un programa que estableció un escenario generalizado que hace alusión a la riqueza de recursos naturales, costumbres y tradiciones, y que tiene como objetivo mejorar y crear infraestructura urbana y social enfocada a la inversión privada en solo cuatro áreas municipales –Camalú, Vicente Guerrero, San Quintín y El Rosario-, espacio que concentra el 80% de la población del territorio delimitado.
Además, agregó una estrategia de desarrollo municipal extractivista en la que se priorizó el criterio de sectorización y exportación, enfocándose en las vocaciones productivas de las cuatro zonas prioritarias que cubren una superficie total de 10 mil 311 kilómetros.
En resumen, la propuesta oficial se enfocó en la interacción de los agentes económicos empresariales y su importancia en el desarrollo sectorial, que considera a San Quintín como una de las zonas más prometedoras del estado por su vocación agroindustrial, pesquera, acuícola y turística.
Los jornaleros, la población más numerosa del municipio, pero la que sufre más abusos (Archivo).
Información de diversas dependencias gubernamentales, entre ellas la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), destaca que la agricultura de exportación constituye la principal actividad de San Quintín.
De acuerdo con las fuentes oficiales, la agricultura generó en 2018 el 85% de los empleos del sector en el municipio, seguida de la producción y comercialización de productos pesqueros, actividad que se posicionó ese año como una de las fortalezas de la región con cerca del 25% de los empleos del sector.
El modelo de desarrollo eliminó en definitiva la propuesta académica que originalmente formularon los profesores-investigadores de la UABC y del Colegio de la Frontera Norte (Colef), quienes plantearon la estructura de un territorio municipal en función de las características ecosistémicas del lugar.
Específicamente, plantearon ocho subcuentas de la zona hidrográfica de la Sierra de San Pedro Mártir que desembocan en el Océano Pacífico y que comprenden un área de cuatro mil 626 kilómetros cuadrados en Camalú, Vicente Guerrero, San Quintín y El Rosario.
“Al valorar el papel que el recurso hídrico representa para la planeación del desarrollo de las actividades económicas y sociales, se establecía una conexión entre la morfología del lugar y el desarrollo humano, lo cual favorece a alcanzar el modelo de sustentabilidad”, manifestaron los cuatro autores de la propuesta.
A esta orientación innovadora y sustentable se sumó la estrategia administrativa y ambiental que en 2007 aportó el nunca aplicado Programa estatal de Ordenamiento Ecológico de San Quintín (POESQ), el cual se ajustó a pequeñas partes de las delegaciones municipales de San Quintín y Vicente Guerrero con un enfoque de uso exclusivamente paisajístico y descriptivo de la naturaleza.
Es ocioso decir que esta idea tampoco prosperó ante los creadores del nuevo municipio quienes, en su afán de controlar el diseño y operación de la nueva demarcación, intentaron imponer como presidente fundadora a la exdiputada Mirian Cano, operación que no fructificó por las protestas que hicieron ciudadanos de San Quintín en el centro de gobierno de Mexicali.
El impresionante valle central del semidesierto bajacaliforniano, en San Quintín (turismoafondo.com)
Ante los hechos consumados, Fidel Sánchez Gabriel, concejal suplente de San Quintín y activista indígena que destacó en el movimiento de los trabajadores agrícolas en 2015, manifestó que Cano Núñez manipuló a una parte de los integrantes del Concejo Municipal Fundacional y marginó de la toma de decisiones a quienes, como él, buscan democratizar y transparentar el trabajo del órgano público administrativo provisional.
A él se sumaron 44 residentes de la región sur del estado que en octubre de 2020 presentaron un amparo en contra del decreto legislativo que dio origen al nuevo municipio.
Jesús Torres Rangel, uno de los voceros de los amparistas, manifestó al diario El Vigía que el recurso que los inconformes antepusieron ante un Juzgado de Distrito en Ensenada, tiene dos argumentos principales:
1.- Jaime Bonilla violó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en abril de 2015 determinó la imposibilidad de crear el nuevo municipio en San Quintín tomando como base los resultados del plebiscito que en octubre del 2012 realizó el poder legislativo, entonces de mayoría panista.
2.- El Decreto número 46 del congreso, que en febrero del 2020 aprobó la creación del Municipio de San Quintín, violó conceptos constitucionales al no contar con lo que técnicamente se identifica como “motivación reforzada”, acción jurídica que justifica la instauración de la nueva demarcación municipal.
Esta última tesis tiene sustento en la evidente manifestación de pobreza y marginación con el que nació el nuevo municipio.
De acuerdo con Torres, el congreso no precisó cómo y con qué recursos se resolverían los problemas de infraestructura básica, económicos, sociales, políticos, culturales y financieros de los ciudadanos que radican en la zona que comprende desde el poblado Rubén Jaramillo hasta el Paralelo 28, deslinde que corresponde al sexto municipio.
Las primeras audiencias judiciales del juicio de amparo 285/2020 se fijaron para el 10 de noviembre y el 23 de diciembre del 2019.
No se realizaron porque la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXIII Legislatura que presidía el diputado bonillista Juan Manuel Molina García, luego gestor del igualmente precipitado nacimiento del séptimo municipio en San Felipe, no entregó los informes justificados que un juez federal pidió al congreso el 18 de agosto de 2019.
El inicuo argumento que Molina y el congreso morenista utilizaron para no entregar los informes fue que el poder legislativo estaba en receso y sus actividades administrativas estaban suspendidas.
Lo iniciaron los panistas, lo impusieron los "morenistas". SQ es el sexto municipio de BC (Facebook).
Esta actitud de cinismo, arrogancia y negligencia no es nueva en el gobierno y el congreso de Baja California.
A mediados de diciembre de 2019, el ex presidente del Colegio de Economistas, Enrique Rovirosa, dijo en redes sociales:
“La municipalización de San Felipe es una verdadera estupidez”.
Lo afirmó porque –aseguró- las carencias económicas, el costo de la nómina y la mínima recaudación con la que cuenta San Felipe “evidencian que la viabilidad del que será el séptimo municipio solo se sustenta en un interés político basado en la intención de colocar nuevos puestos políticos para los partidos políticos.”
Es decir, lo mismo que motivó la creación del municipio de San Quintín.
Con el agregado de que en la importante región agrícola sureña se suma la oportunidad de hacer grandes negocios y asegurar un futuro económico y electoral para los mediocres y oportunistas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) que, de acuerdo con Armando Duarte Moller, consejero estatal de Morena en BC, en 2017, 2018 y 2019 colonizaron al partido Morena en el estado.
Una de esas oportunistas, Miriam Cano Núñez, es ahora candidata de Morena a la presidencia municipal de San Quintín, lo cual se apega al guion que ella definió para su meteórica carrera política primero como promotora leal de Jaime Bonilla y, hoy, como fervorosa impulsora de la gobernadora pro-panista Marina del Pilar Ávila Olmeda, su protectora luego de que usurpó identidad indígena en las elecciones locales a diputados de 2021.
Alfredo ("Fello") Aviña, candidato independiente a munícipe que puede dar una sorpresa electoral en San Quintín
Finalmente, en medio de toda esta vorágine de encontronazos político-electorales, el 16 de marzo destacó una buena noticia:
El Consejo General del IEEBC determinó que Alfredo Aviña Galván, aspirante a la candidatura independiente al cargo de munícipe por el ayuntamiento de San Quintín, fue el único que obtuvo el porcentaje mínimo requerido por la Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes de Baja California.
Por ello, expidió la constancia que acredita a Aviña Guzmán como Candidato Independiente a la presidencia municipal de San Quintín, con 2,380 firmas de apoyo ciudadano que son 266 más de las que oficialmente requería presentar al instituto electoral y que recabó desde el 19 de enero, antes de caer enfermo de un mal que ya superó.
Ahora, por disposición de género del IEEBC, enfrentará a las mujeres designadas por los partidos oficiales que en el caso de la coalición PRI-PAN puede ser la priista Edelmira Félix; del Partido Encuentro Solidario (Clelia Gutiérrez); del Partido del Trabajo (Elizabeth Muñoz), y de la alianza Morena, PVEM y Partido Fuerza por México (Miriam Cano).
Miriam Cano, una usurpadora de identidad indígena en el proceso electoral local de 2021, ya había hecho un intento por incorporarse al consejo fundacional de San Quintín como una de dos nuevos concejales.
Con el apoyo de Jaime Bonilla se auto incluyó en una de las propuestas que el entonces gobernador envió al congreso para su nombramiento, pero fracasó gracias a la oposición de grupos ciudadanos que hoy han vuelto a rechazar su candidatura por Morena.
Por ejemplo, en un comunicado, el Observatorio Ciudadano de San Quintín repudió su designación así:
“Queda la indígena que no es indígena y que tampoco habla dialecto. La mujer más repudiada por los indígenas en San Quintín es la candidata a presidenta municipal por Morena. Ahora le toca al pueblo decidir si quiere que Miriam Cano lo represente”.
Y uno de los múltiples liderazgos indígenas del sexto municipio, Florentino Solano, mixteco ñuu savi de Guerrero, tras decir al diario La Jornada BC que Cano “fue nombrada por dedazo, al estilo priista porque no hubo encuesta ni consulta, y se le nominó a pesar del repudio que ha recibido de las comunidades indígenas”, anunció que diversos grupos sociales de San Quintín ya trabajan en la creación de una campaña “independiente” a favor de “quien sí nos represente”.
Tal es el ambiente previo a la fecha en que 85 mil 686 sanquintinenses con registro en el padrón y listado nominal del instituto electoral local, acudirán por primera vez a las urnas para elegir a su ayuntamiento e iniciar la recomposición de un municipio que los gobiernos de Morena crearon con groseras imposiciones políticas a sus 120 mil habitantes.
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