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Foto del escritorJavier Cruz

INVESTIGACIÓN: México exportará energía limpia, vía Sempra Energy, para beneficiar a consorcios digitales

Es un hecho. La transnacional estadounidense Sempra Energy, con el apoyo incondicional del gobierno federal mexicano, generará en Baja California energía eólica que se exportará en su totalidad a Santa Clara, California, en donde beneficiará a colosos de la tecnología digital como Microsoft, Google, Dell e Intel.

 

Javier Cruz / 4 Vientos



En Silicon Valley usarán energía limpia que Sempra Energy producirá en Baja California (Facebok).



Sempra Infraestructura, subsidiaria de Sempra con matriz en Houston, Texas, confirmó el pasado 14 de marzo que llegó a una “decisión final de inversión positiva” para el desarrollo, construcción y operación del proyecto “Cimarrón Wind”, la tercera fase del complejo eólico Energía Sierra Juárez (ESJ) que maneja en casi 300 mil hectáreas que tiene bajo concesión en los municipios bajacalifornianos de Tecate y Ensenada.


La validación del plan, de 550 millones de dólares de inversión para generar hasta 330 megavatios (MW) de electricidad eólica –mil 25.8 gigawatts (GWh) anuales-, y que podrá iniciar operaciones a finales de 2025, se dio un año y medio después de que la transnacional contrató a personal científico y administrativo del Instituto Nacional de Ecología (Inecol), y del Consejo Nacional de Humanidades,  Ciencia y Tecnología (Conahcyt), para elaborar el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto.


Gracias a esa alianza con el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador, un supuesto opositor al proyecto eólico de Sempra en la sierra La Rumorosa, Baja California, Cimarron Wind es considerada por la actual administración federal como “una obra estratégica para México”.


Ello porque lo incluyó en el Programa Especial contra el Cambio Climático y el de Aprovechamiento de Energías Renovables que elaboró el gobierno neoliberal que presidió Enrique Peña Nieto.


En un comunicado, Justin Bird, director ejecutivo (CEO) de Sempra Infraestructura, declaró:


"Estamos entusiasmados de expandir de manera rentable el complejo eólico ESJ para respaldar las necesidades de energía renovable limpia de Silicon Valley Power," la empresa de servicios públicos municipales de Santa Clara, California, a quien la trasnacional venderá por 20 años la energía limpia que producirá en La Rumorosa.


"Se espera que Cimarron Wind proporcione sólidos rendimientos financieros y representa otro paso importante hacia nuestra misión de convertirnos en la empresa líder en infraestructura energética de América del Norte", agregó el ejecutivo.

El proyecto cuenta con un acuerdo de suministro de turbinas a precio fijo con la multinacional Vestas Wind Systems A/S, compañía danesa dedicada a la fabricación, venta, instalación y mantenimiento de aerogeneradores, y con plantas situadas en Dinamarca, Alemania, India, Italia, Rumanía, Estados Unidos, Reino Unido, España, Suecia, Noruega, Australia y China, en donde da empleo a más de 20 mil personas.


El consorcio europeo suministrará e instalará en Sierra de Juárez 64 aerogeneradores que utilizarán la línea de transmisión transfronteriza de alto voltaje de Sempra Infraestructura para interconectar directamente a Baja California con el sistema del Operador del Sistema Independiente de California.


Para la construcción del resto de la planta, la subsidiaria firmó un acuerdo similar a precio fijo con Grupo Elecnor, una corporación española presente en más de 50 países cuyo propósito es “ser generadora de cambio y progreso llevando infraestructuras, energía y servicios a territorios de todo el mundo para que puedan desarrollar su potencial.”


Los gastos de capital totales para el proyecto se estiman en 550 millones de dólares, y se espera que el proyecto comience a generar energía a fines de 2025.



El parque eólico de Sempra Energy en La Rumorosa (Foto: captura de pantalla).



Cimarrón producirá energía equivalente al consumo anual de energía de más de 84.000 hogares y se espera que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero en alrededor de 210.000 toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) por año.


“Se espera que la construcción de la nueva instalación genere más de 2,000 empleos directos e indirectos con una inversión adicional en la comunidad local (Baja California) bajo el marco de Sempra Infrastructure para donaciones corporativas como parte del compromiso de la compañía con las comunidades donde opera”, destaca la transnacional.


Justin Bird recordó que las dos primeras fases del complejo eólico ESJ, con un total de 263 MW, están bajo acuerdos de compra de energía a largo plazo con San Diego Gas & Electric, otra subsidiaria de Sempra Energy.


Una vez que el proyecto Cimarrón esté en operación, el complejo eólico ESJ tendrá una capacidad instalada total de más de 580 MW y representará uno de los proyectos eólicos comerciales más grandes de todo México.


“Sempra Infraestructura ha presentado una solicitud de interconexión para 300 MW adicionales de capacidad en el sitio, que tiene una oportunidad potencial de expansión de más de 650 MW, que de desarrollarse podría resultar en que Sempra Infrastructure posea más de 1,200 MW de capacidad eólica instalada en la región de Baja California”, destacó asimismo el ejecutivo.

La cartera existente de recursos renovables de Sempra incluye más de 1.000 MW de infraestructura de energía limpia, así como la producción de combustible de hidrógeno y las tecnologías avanzadas de captura, uso y almacenamiento de carbono “que están en desarrollo”.


Cabe precisar que el comunicado de prensa de la subsidiaria contiene “declaraciones prospectivas” dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995.


“Las declaraciones prospectivas –explica la compañía- se basan en suposiciones sobre el futuro, implican riesgos e incertidumbres y no son garantías.”


Por ello, los resultados futuros pueden diferir materialmente de los expresados en el texto.


“Estas declaraciones prospectivas representan nuestras estimaciones y suposiciones solo a la fecha de este comunicado de prensa (14 de marzo de 2024). No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo”, precisa Sempra Infraestructura.



El portal de Sempra Infraestructura remite a la filosofía de la subsidiaria (Captura de pantalla)



SEMPRA Y SU ALIANZA CON EL GOBIERO DE MÉXICO


El 22 de octubre 2022, Cuatro Vientos publicó una investigación que demostró cómo el actual gobierno federal, a través del Conahcyt y el Inecol, acordó con Sempra Energy hacer para la transnacional el manifiesto de impacto ambiental de corte neoliberal para el proyecto “Cimarron Wind”.


El proyecto, entonces en evaluación de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) desde el 14 de octubre de ese año, el Inecol lo presentó casi en calidad de estratégico para México al incluirlo en apego a los programas especiales contra el Cambio Climático y el de Aprovechamiento de Energías Renovables elaborados en el gobierno federal que presidió Enrique Peña Nieto.


Se construirá –afirmaron los científicos mexicanos al servicio de Sempra- en una porción del terreno de 294 mil hectáreas que en la Sierra de Juárez (Tecate y Ensenada) concesionó a la transnacional otro de sus benefactores y aliados políticos en México: el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.


Se trata de un predio arrendado a particulares de casi 17 mil hectáreas de extensión, de las cuáles mil 35 servirán para instalar 68 aerogeneradores del tipo que Sempra, a través de su subsidiaria Energía Sierra Juárez S. de R.L. de C.V., opera en un parque eólico que instaló en la sierra La Rumorosa, colindante con los municipios de Tecate y Mexicali.


Esa infraestructura provocó, en marzo de 2020, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, de gira por Baja California, repudiara en un video ese tipo de proyectos porque “afectan el medio ambiente” y “generan contaminación visual”.


Entre las afirmaciones que el mandatario hizo destacan:


1.- Nunca más permisos para afectar el medio ambiente, para la contaminación visual. Hay que respetar la naturaleza. Esto (La Rumorosa) es patrimonio de la humanidad.”


2.- “Pueden decir que se genera energía eléctrica. Muy poco. Además, son negocios privados- ¿Por qué se tiene que subsidiar a estas empresas?”


3.- “Esta es una de las zonas más bellas de México, esto que es producto de la naturaleza, pero también aquí se expresa la falta de sensibilidad de los gobernantes. Autorizaron (en el gobierno de Felipe Calderón) esos ventiladores para producir energía eólica. Miren cómo afecta el paisaje, la imagen natural. ¿Cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores?”


Meses después, quizás sin conocimiento del presidente, 18 investigadores y administrativos de alto nivel en el Inecol, entre ellos el doctor Rafael Villegas Patraca y el maestro en ciencias Oscar Muñoz Jiménez -excoordinador general de la Unidad de Servicios Profesionales Altamente Especializados del Instituto, y técnico titular B del mismo departamento, respectivamente-, se encargaron de elaborar el manifiesto ambiental que Sempra entregó a revisión el 14 de octubre.


En aquel documento la transnacional ocultó la inversión que aplicaría en la creación de la nueva central energética en Baja California, la cual, además de los aerogeneradores, incluye una subestación eléctrica y un sistema aéreo de recolección de energía.





Sin embargo, los burócratas y científicos mexicanos que reciben un sueldo del erario, y a la vez hicieron el manifiesto a la transnacional a un costo desconocido por efecto de las cláusulas de confidencialidad del contrato, sí revelaron lo siguiente:


“De las 1,034.81 ha (hectáreas) que requerirá el proyecto, solamente 1,018.00 ha (es decir, el 98.5% de la superficie que se usará en el parque eólico) corresponden a vegetación forestal correspondiente a la superficie de bosque de pino, bosque de táscate y chaparral, consideradas como terrenos que requerirán obtener autorización para cambio de uso de suelo en terrenos forestales (CUSTF), de conformidad a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; y las 16.81 Ha restantes requeridas para el desarrollo del proyecto se encuentran desprovistas de cubierta forestal.”


Al respecto, es importante destacar que en su página virtual el Instituto de Ecología del Conahcyt acentúa sobre sus objetivos:


“Producimos conocimiento científico, desarrollamos tecnologías, creamos opinión pública y preparamos profesionales en Ecología, Biodiversidad y Manejo de recursos naturales para la conservación del patrimonio natural y el desarrollo social y económico del país.”


En ese sentido, al justificar su manifiesto, los biólogos geógrafos, cartógrafos, maestros en ciencias, licenciados en negocios internacionales, doctores en ciencias y otros especialistas del Inecol que trabajaron para Sempra, utilizaron los compromisos internacionales firmados por México en materia de “uso de energía limpia” para combatir el cambio climático –el Acuerdo de París del 2015, por ejemplo-, aun cuando nada de la producción de electricidad del nuevo parque eólico de la transnacional se quedará en nuestro país.


Y no sólo eso. Sustentaron parte de sus argumentos para justificar el proyecto de la transnacional que sobre vendió a México gas natural durante el gobierno de otro amigo de Sempra: Enrique Peña Nieto, en criterios que diversas compañías energéticas extranjeras usaron para oponerse a la malograda Reforma Eléctrica del presidente López Obrador.


“Los proyectos eólicos ofrecen una reducción en el costo de la electricidad no solo frente a las tarifas actuales (de la electricidad en México), sino también frente a otras posibles ofertas de tecnología fósil, además de atender los objetivos de sustentabilidad.”

Igualmente, esgrimieron datos y opiniones de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), abiertamente enemiga de la Reforma Eléctrica del presidente mexicano tal y como lo dejó en claro su presidente -Leopoldo Rodríguez Olivé- el 12 de enero de 2022, cuando declaró que la propuesta de López Obrador “podría frenar la instalación de 7,000 megawatts eólicos en el país, volumen equivalente al 87.5% de la capacidad eólica actual, y que es el potencial ya estudiado y listo para que se diseñen proyectos para desarrollarlo.”


Los encargados de elaborar el documento ambiental de Sempra dicen al citar a la AMDEE:


“La energía eólica es una opción necesaria para la articulación de una política energética sustentable y diversificada, que permitirá cumplir con los objetivos establecidos en la Ley en materia de energías limpias y sustentabilidad, la regulación en México establece como meta una participación de las energías limpias del 35% en la generación de energía eléctrica para el año 2024, del 40% en el 2035 y del 50% en el 2050.”


Olvidando una vez más que México no recibirá ni un solo watt de la electricidad que producirá el mega consorcio empresarial californiano, el Instituto de Ecología afirmó al mentir:



El proyecto transnacional que avaló el gobierno "progresista" de México (Infográfico en Lindy Energy).



“El Proyecto, alineado con dichos objetivos, promoverá el uso de fuentes alternativas para la generación de energías limpias, tanto en el país (México) como en Estados Unidos, lugar al que será exportada.”


De esta forma, estiman que los beneficios que Cimarron Wind dejará en México son:

En materia económica: “Se generarán empleos directos e indirectos por la compra de insumos, materiales, servicios, mano de obra, entre otras, esto dentro de una región que predomina la marginación.”


Y en materia social: “El proyecto será ubicado en terrenos particulares los cuales serán beneficiados por el arrendamiento de los predios. Con el proyecto se fomentará el uso y cultura de energías renovables. Evitar afectar los núcleos de población, considerando su probable radio de crecimiento.”


Después, al mencionar las bondades del proyecto en materia normativa, los proyectistas del Conahcyt coordinados por el doctor Rafael Villegas Patraca, afirman que se apegará a la legislación ambiental y forestal vigente y aplicable, que ha expedido la SEMARNAT, así como de los demás organismos públicos federales, estatales y/o municipales; y a todos los ordenamientos ecológicos o urbanos existentes en la región.


“Hay que hacer notar que el proyecto contribuirá con las metas y objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, así como el del estado. Y otros programas como el Programa de Aprovechamiento de Energías Renovables y el Especial contra el Cambio Climático”.

Considera el último programa como “un instrumento de planeación de la Ley General de Cambio Climático alineado al Plan Nacional de Desarrollo, los programas transversales del gobierno (de Peña Nieto) y los programas sectoriales de las secretarias de Estado (que conformaron) la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático” que se generó durante el periodo neoliberal 2014-2018.


Es necesario recordar que, en noviembre de 2020, luego de dos años de negociación, el gobierno de López Obrador aceptó entregar a Sempra un permiso de exportación de gas natural licuado que permitió a la transnacional arrancar la reconversión de su planta de gas natural en Costa Azul, Ensenada.


Para ello se utilizó una engañosa y manipulada “consulta pública” que Jaime Bonilla Valdez ejecutó a través de Armando Ayala Robles, su exempleado, presidente municipal de Ensenada y actual candidato de Morena al Senado.


A cambio, Sempra Infraestructura Lng, a través de su Grupo de Energías Limpias e Infraestructura Energética, se comprometió y ejecuta obras en Topolobampo, Sinaloa, para exportar al mercado asiático el excedente de gas natural que la transnacional vendió a México.


Correspondió a Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), renegociar el sobre precio al que Sempra vendió el gas a nuestro país.


Ello a la par de seguir con la negociación de los contratos cancelados al inicio de la administración de López Obrador por la construcción y operación irregular de ductos de los consorcios transnacional en México.


Ese fue el inicio mediático del pleito con la mega compañía energética californiana que ahora, con la contratación del Instituto Nacional de Ecología y del Conahcyt, así como el inminente inicio de la construcción del proyecto Cimarron Wind, evidentemente quedó en el pasado.


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