La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) los acusó, en 2011, de cometer delitos lesivos a la humanidad cuando, en labores de seguridad pública, torturaron, desaparecieron y/o abusaron de civiles y policías municipales a quienes acusaron falsamente de cometer delitos asociados al narcotráfico.
Javier Cruz / 4 Vientos
Cada vez más presentes en la vida política electoral del país (Imagen: Pinterest).
Hoy, Julián Leyzaola Pérez y Alfonso Duarte Múgica, militares en retiro, buscan ocupar cargos político-administrativos en Baja California por los partidos Morena y Acción Nacional (PAN).
El teniente Leyzaola, ahijado político del general Duarte, de los panistas José Guadalupe Osuna Millán (gobernador de Baja California de 2007 a 2013) y Héctor Ramos Hernández (presidente municipal de Tijuana de 2007 a 2010, actual candidato a la diputación federal del Distrito 7 den Tijuana por el PVEM, partido aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador), sería el secretario municipal de Seguridad Pública en Tijuana.
Esto sería posible en un gobierno morenista para el periodo 2024-2027 que presidiría Ismael Burgueño Ruiz, un político que se autodefine “de izquierda” y a quien una juez civil local -Ana Carolina Valencia Márquez- sentenció el 13 de noviembre de 2017 como moroso en el cumplimiento de pago de pensión alimenticia para sus dos hijos menores, según consta en el expediente 2251/2015 del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del Poder Judicial de Baja California, resolución que fue confirmada en su totalidad, el 11 de octubre de 2018, por los tres magistrados de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado: Olimpia Ángeles Chacón, Alejandro Issac Fragozo y Columba Imelda Amador.
Y respecto a Duarte Múgica, se trata de un general de división que siendo comandante de la II Región Militar (Baja California, Sonora y Baja California Sur) afirmó que en su mandato la demarcación castrense bajó de 80 a 3 por ciento el índice delictivo, y que expulsó en su totalidad a los cárteles de las drogas.
En 2013, ya sin su protector en la presidencia que inesperadamente lo subió a categoría de general de división (tres estrellas) para competir por el cargo de secretario de la Defensa Nacional (SEDENA) en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, se le reubicó en Sinaloa, Durango y Oaxaca para finalmente retirarse del servicio militar en 2019.
Diez años después de salir de Baja California, de mayo a septiembre de 2023 buscó inútilmente ser candidato de la oposición a la gubernatura del estado de Morelos: primero por la tripleta PAN/PRI/PRD, luego por Movimiento Ciudadano y finalmente por la vía independiente.
Sin profundizar en su residencia legal en Baja California para ser aspirante a un cargo de elección popular, ya aue medios de comunicación de Morelos, como La Unión, afirmaban en junio del año pasado que Duarte vivía en un rancho de Puente de Ixtla, Morelos, el militar es hoy candidato panista a la diputación federal por el Distrito 05, con sede en Tijuana.
Previamente, el 22 de mayo de2023, el general dijo al periódico Excélsior, en relación al derecho que tienen los militares a participar en política, que ya contaba con "el visto bueno" del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval para postularse a la gubernatura de Morelos en 2024, y que:
“Hasta el momento solamente he pensado en mi estado (en referencia a Morelos), al que quiero mucho y precisamente para tener la gubernatura. En lo referente a la aspiración a la Presidencia no lo he considerado; sin embargo, se abre la posibilidad para que todos los militares, como ciudadanos, puedan participar si es que el pueblo los elige.”
Video en bajanews.mx
¿EL TORTURADOR?
En total, Julián Leyzaola coleccionó 19 recomendaciones por violación a derechos humanos y 20 indagatorias abiertas en el fuero común de Baja California y Chihuahua, en donde realizó funciones de secretario de Seguridad Pública en los municipios de Tijuana y Juárez, así como en la procuración de justicia federal.
En los expedientes que se abrieron en su contra se incluyeron al menos dos órdenes de aprehensión por violación a derechos humanos (tortura) en Tijuana y 15 por homicidio en Juárez, Chihuahua, en donde también fue titular de Seguridad Pública municipal hasta que fue herido de gravedad en un atentado.
La CNDH emitió dos recomendaciones en su contra (números 87/2011 y 12/2015, parcialmente cumplidas) y el 3 de junio de 2017 pidió a Remberto Estrada Barba, presidente municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, que no lo contratara como asesor operativo de Seguridad Pública porque “enfrenta responsabilidades por violación a derechos humanos como servidor público”.
De acuerdo con Luis Raúl González Pérez, entonces presidente de la comisión, Leyzaola enfrentaba cuatro denuncias de carácter penal y administrativo, siendo éstas:
1.- Una averiguación previa y su acumulada ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública del Municipio de Tijuana; 2.- una averiguación previa ante la Procuraduría General de la República; 3.- una Carpeta de Investigación ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y 4.- otra de índole administrativo ante la Dirección de Asuntos Internos del Ayuntamiento de ciudad Juárez, Chihuahua.
También acopió denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en la Corte Penal Internacional (CPI); ambas por crímenes de lesa humanidad.
Igualmente, sumó otra condena del entonces Relator Especial sobre Tortura de las Naciones Unidas, Juan E. Méndez, quien denunció “graves crímenes” cometidos por Leyzaola. Lo hizo después de su visita oficial a México en 2014, durante la cual se reunió con decenas de presuntas víctimas del militar.
Asimismo, en 2013, fue inhabilitado ocho años para ocupar cargos públicos, luego de que el Ayuntamiento de Tijuana confirmó que violó los derechos humanos del policía municipal Luis Hernández Gálvez, quien lo acusó de tortura en 2009, delito que Leyzaola presuntamente aplicó a otros 23 agentes detenidos ilegalmente cuando el teniente estaba al frente de la corporación de seguridad.
En mayo y junio del año pasado, la Fiscalía General del Estado de Baja California se desistió de las dos causas penales por tortura que existían en contra Leyzaola, en tanto que un tribunal administrativo del estado canceló la inhabilitación municipal que pesaba en su contra.
Luego, en septiembre de 2023, el militar apareció en un video en alegre convivencia con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien dijo admirar el trabajo del militar y no descartó la posibilidad de agregarlo en algún área de seguridad pública de su gobierno.
Leyzaola agradeció a la morenista con estas palabras:
“Yo a la gobernadora le tengo un alto agradecimiento porque después de lo que pasó con el anterior (Jaime Bonilla), que me persiguió por todos lados; y por poderme abrir las puertas de mi casa otra vez, porque me tuve que ir y no pude volver a mi casa. Estoy muy agradecido principalmente porque veo que la señora gobernadora es incluyente”.
Y precisó acerca del diálogo que sostuvo con Ávila previo al video que se difundió en redes sociales de la mandataria morenista:
“Hablamos más que nada de la situación que vive el estado, de la posibilidad de que yo pueda participar en alguna de las áreas desde afuera, en asesoría de ese tipo, con el conocimiento que tengo. No hablamos de política ni nada de eso; hay tiempo para eso y pudiera suceder, pero de eso no hablamos”.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila calificó a Leyzaola como "un hombre valiente" (Video en la página oficial de la mandataria bajacaliforniana).
Aquí es importante destacar que el esposo de Ávila Olmeda, Carlos Torres Torres, tiene vínculos políticos y de amistad muy cercanos con Felipe Calderón, Julián Leyzaola y Alfonso Duarte.
Primero, el expresidente lo apoyó para que ocupara la secretaría estatal y nacional de Acción Juvenil del PAN, así como y la presidencia de la Juventud Demócrata Cristiana de América Latina que pertenece a la ultraconservadora Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).
Luego, Calderón y su esposa Margarita Zavala fueron padrinos de Torres en su primera boda y el expresidente lo hizo diputado federal (2006 a 2009) en agradecimiento a que el mexicalense apoyó su campaña presidencial como secretario particular justo en la primavera de 2006.
Posteriormente, en 2010, el mandatario quiso imponerlo como presidente municipal de Tijuana, pero Torres perdió la postulación panista frente al empresario Carlos Bustamante Achondo.
En consolación, cuatro meses después de aquella derrota, Calderón lo nombró delegado de la SEDESOL en Baja California y en 2016 lo impuso como diputado estatal en el gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid.
Enamorado de su curul, la cual refrendó en 2019, Torres no dudó en ponerse a disposición del morenista Jaime Bonilla Valdez para que éste intentara defraudar a la Constitución federal con la ley que buscaba ampliar su gubernatura de 2 a 5 años.
Derrotado una vez más, en medio de versiones de haber recibido dinero para impulsar y votar a favor de la “Ley Bonilla”, descrédito que le valió su expulsión formal del PAN, se resignó a enamorar a Marina del Pilar Ávila y desde ahí asaltar los cuadros de poder del partido Morena en Baja California.
Durante todo el periodo presidencial calderonista, y en el gobierno mestizo de su esposa, Carlos Torres fortaleció su relación con el teniente Leyzaola y el general Duarte, a quienes ahora saluda efusivamente y les da la bienvenida con las dos banderas que cínicamente esgrime: la guinda de su esposa morenista y la azul ultraconservadora de su padrino Felipe Calderón.
Y vivirán felices, ¿por siempre? (Imagen tomada de facebook)
Lo cierto es que el pasado 22 de abril, Ismael Burgueño Ruiz, candidato de Morena a la presidencia municipal de Tijuana, al presentar a los comerciantes su “proyecto de seguridad con enfoque humanista y bienestar” que “aplicaré con firmeza”, anunció que, de ganar la elección, Leyzaola será su secretario de Seguridad Pública.
El militar agradeció la invitación y la confianza puesta en él por el morenista, y se comprometió a poner “todo mi esfuerzo, conocimientos y experiencia” para lograr que Tijuana “recupere su tranquilidad”, tal y como lo hizo años atrás en que, afirmó, logró una reducción del 70 por ciento en el índice delictivo del municipio.
En su prolífera y chapulinezca carrera política, Leyzaola participó en 2016 como candidato del Partido Encuentro Social (PES) a la presidencia municipal de Tijuana. Casi gana. Quedó a un punto porcentual del vencedor, el panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
Dos años después, en la elección federal, buscó en Baja California la candidatura a una diputación federal por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), pero sus antecedentes lo obligaron a declinar a favor de Héctor Cruz.
En 2019 se postuló a la presidencia municipal de Tijuana por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Obtuvo el segundo lugar, ahora con ocho puntos porcentuales de diferencia en relación al ganador morenista Arturo González Cruz.
En 2021 hizo lo mismo, pero como candidato del Partido Encuentro Solidario (PES). Se desplazó hasta el tercer lugar con una caída más que evidente de respaldo popular: quedó a 34 puntos porcentuales de la morenista Monserrat Caballero.
Y a finales de octubre del año pasado, con sus enemigos políticos al frente de los partidos del Trabajo (Jaime Bonilla Valdez) y Encuentro Solidario (Jorge Hank Rhon), institutos que antes fueron sus francos aliados electorales, y un PRD sin registro en Baja California, Leyzaola anunció que buscaría ser candidato a munícipe en Tijuana por el Partido Fuerza por México (FxM), en donde Yuliana Leyzaola, su hija, es secretaria general en el estado.
El nuevo proyecto político del militar no avanzó. Ahora sabemos por qué.
¡Si eso le dice a representantes populares...! (Video propiedad del Partido del Trabajo en Baja California).
“¡AQUÍ NO HAY FUEROS!”
Hombre de todas las confianzas de Felipe Calderón Hinojosa, Alfonso Duarte, con tan solo dos estrellas como general, asumió la comandancia de la II Región Militar el 1 de diciembre de 2008.
Ello con el visto bueno de otros dos incondicionales del belicoso expresidente panista: el entonces gobernador José Guadalupe Osuna Millán, quien fracasó en enero como aspirante al senado por el PAN en Baja California, y el delincuente Genaro García Luna, encargado de Seguridad Pública en el sexenio calderonista.
Él a su vez respaldó en nombramiento de Julián Leyzaola en Tijuana.
Juntos, se adjudicaron el presunto triunfo militar sobre un sector de la delincuencia, más evidente con la asociada al cártel de Sinaloa, (hoy del Pacífico), mientras otras organizaciones delincuenciales florecían.
También protagonizaron páginas negras en materia de abusos extremos a la población civil mientras realizaban su trabajo “de pacificación” en Baja California.
Por ejemplo, en mayo de 2011, en las inmediaciones del poblado El Testerazo, Tecate, Duarte retuvo ilegalmente 116 mil pesos en efectivo. El dinero lo portaban la diputada local petista Claudia Agatón Muñiz, hoy candidata de Morena a la presidencia municipal de Ensenada, y el dirigente estatal de ese partido y regidor Armando Reyes Ledesma.
El efectivo lo iban a usar que para organizar un festival del Día de las Madre en la ciudad porteña de Ensenada.
Luego de discriminar a la legisladora por su apariencia física, de quien incluso el militar puso en duda su calidad de diputada, los petistas le dijeron al general que tenían fuero, que no los podía afectar, a lo que Duarte contestó autoritario y burlón, de acuerdo con la versión pública y audiovisual que posteriormente presentaron los afectados: “¡Aquí no hay fueros!”
Agatón denunció al mando militar por “despojo económico”, a lo que la Segunda Región Militar contestó que todos los retenes instalados en Baja California eran legales, sin hacer referencia al incidente con los petistas.
Posteriormente, en septiembre de ese año, durante la conmemoración del Grito de Independencia en Mexicali, un mandón Duarte Múgica acusó a gritos, frente a Osuna Millán y varios de los funcionarios del gobernador, al secretario de gobierno de Baja California, Cuauhtémoc Cardona, de ser “grosero, borracho, irrespetuoso y conflictivo” por lo que “no lo quiero ver en ningún operativo ni instalación militar”.
El mandatario panista ni pío dijo.
Asimismo, durante su gestión al frente de la Región Militar, las comisiones ciudadanas Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), y Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN), documentaron y denunciaron casos de bajacalifornianos torturados por militares en zonas urbanas, rurales e instalaciones castrenses.
Entre 2009 y 2011, las dos organizaciones presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 53 casos de tortura, violación sexual tumultuaria y otros cometidos por elementos del ejército y la policía bajo responsabilidad de Duarte y Leyzaola.
Destaca que, como consecuencia de las investigaciones, Silvia Vázquez, abogada de ambas comisiones civiles, y Blanca Mesina Nevarez, litigante de 25 policías de Tijuana torturados por soldados y agentes preventivos municipales, fueron amenazadas de muerte por lo que tuvieron que huir de Tijuana.
También se amenazó de muerte a Raúl Ramírez Baena, director de la CCDHN y actual representante de la CNDH en Baja California. Ello por investigar y exhibir decenas de casos de abusos militares y policiales cometidos en menoscabo de residentes de Tecate, Mexicali, San Felipe, Tijuana, San Quintín y Ensenada.
La CNDH, la organización civil Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos conocieron de la amenaza y pidieron al Estado mexicano brindar medidas cautelares al activista.
El regaño público del general Duarte al secretario de Gobierno de Osuna Millán (Video del canal oficial del gobierno de Baja California).
Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 87/2011 que confirmó la utilización de instalaciones militares –el campo castrense El Aguaje de la Tuna, en la ciudad de Tijuana- para que policías y soldados torturaran a los agentes municipales detenidos y torturados por órdenes de Julián Leyzaola.
En la recomendación, la CNDH mencionó que Alfonso Duarte, como jefe militar, recibió notificación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de solo detener a los sospechosos y mantenerlos arraigados, pero no hizo caso.
Por eso, la comisión nacional y las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos llevaron el asunto a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos, en donde aún esperan sentencia condenatoria.
Asimismo, durante el liderazgo del general en los tres estados del noroeste mexicano, operaron diversos grupos de inteligencia militar creados en el marco de la llamada “Guerra al narcotráfico” de Felipe Calderón.
En 2012, miembros de esa élite castrense cometieron actos delictivos en perjuicio de la población. Incluyeron extorsión, allanamiento de morada, detención ilegal, robo, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición y asesinato doloso de particulares.
Por ejemplo, en la zona residencial del estero Punta Banda y el poblado de Maneadero, a 5 y 10 kilómetros al sur de la ciudad de Ensenada, uno de los comandos que llegó del interior de la república realizó diversos operativos en colonias, campo turísticos y rancherías de la zona en donde sus elementos cometieron al menos una docena de actos violatorios a derechos humanos, bajo pretexto de que las víctimas trabajaban para bandas criminales.
La denuncia que algunos de los afectados hicieron de los hechos en medios de comunicación, la PGR y el campo militar El Ciprés (Ensenada) no tuvieron eco en el militar quien defendió a los agresores diciendo que éstos, gracias a su trabajo, "aseguraron al chapito” y a otros “peligrosos miembros de grupos criminales” que operaban en la región.
Más tarde, en una reunión de civiles con jefes militares en Mexicali, Alfonso Duarte aseguró a 4 Vientos que la delincuencia prácticamente estaba erradica de Baja California, en donde “ya no existen cárteles de narcotraficantes”.
Silvia Vázquez, antes de huir de Baja California, reveló que la red de protección a Duarte y Leyzaola incluía a la Procuraduría (hoy Fiscalía) General del Estado, a la Procuraduría (hoy Fiscalía) General de la República, y a la Procuraduría de Justicia Militar.
La primera, dijo la abogada, nunca citó a declarar a los dos militares acusados de cometer diversos delitos penales. La segunda se limitó a depositar en un solo expediente las acusaciones hechas por las víctimas. Y la tercera, tras recibir el caso de manos de la PGR, de inmediato lo archivó.
Finalmente, destacan otras dos historias que se conocieron públicamente, a nivel nacional, durante la comandancia regional de Duarte Múgica.
1.- El 4 de junio de 2011, días antes de la elección a gobernador del estado de México y producto de una “denuncia anónima”, militares ingresaron a la casa de Jorge Hank Rhon en Tijuana, Dijeron que buscaban un arsenal de armas ilegales.
Detenido junto con 10 personas, Hank logró su libertad a los pocos días de su aprehensión porque la juez noveno de Distrito, Blanca Parra Meza, no encontró elementos para procesar a los inculpados.
Se comprobó, dijo la juzgadora, que la irrupción del ejército fue ilegal -sin orden de cateo ni flagrancia-, que decenas de las armas decomisadas en el operativo contaban con permiso de posesión y la mayoría eran de colección, y que el parte militar no coincidía con los hechos observados en el video de circuito cerrado del domicilio ni con los testimonios de siete personas presentes en la detención.
El mega plantío de marihuana en El Mármol. 120 hectáreas de alta tecnología que nadie veía (Archivo).
Sin inmutarse por el fracaso, Duarte dijo a los medios de comunicación que controlaba (y aún lo hace) en Baja California:
“Nosotros continuaremos trabajando ante la flagrancia del delito (…) Lo continuaremos haciendo en beneficio de la ciudadanía".
2.- Esas palabras fueron presagio de lo que días después ocurriría en El Mármol, localidad rural que se ubica 325 kilómetros al sur de la ciudad de Ensenada.
Ahí, en medio de un gran despliegue mediático, elementos del 67 Batallón de Infantería destruyeron 120 hectáreas sembradas con mariguana, y detuvieron a 85 personas que “trabajaban” en un rancho que su ubicaba en medio de retenes y tenía al menos dos años operando sin ser detectado, pese a su cercanía -menos de 130 kilómetros- al campo militar de San Quintín.
Una vez más, medios de comunicación fanáticos del militar, al grado de asignarle el título de “Personaje del año”, destacaron la declaración del general respecto al origen del evento:
"Se tuvo información por parte de las personas que fueron detenidas –todas ellas liberadas días después porque se comprobó que eran jornaleros indígenas capturados fuera del rancho motero- que ahí en el mega plantío estuvo esta persona (Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo)”.
Esa no fue la única vez que Duarte, según sus apologistas, estuvo a punto de detener al icónico mafioso.
El 18 de febrero de 2012 la entonces secretaria de Estado de la Unión Americana, Hillary Clinton, se reunió en Los Cabos, Baja California Sur, con los cancilleres del Grupo de los 20 (G-20).
Hoteleros, restauranteros y otros prestadores de servicios del importante destino turístico mexicano dijeron a 4 Vientos que “El Chapo” estuvo ese día, y varios otros antes y después, en la zona de Los Cabos y ninguna autoridad civil o militar del país lo molestaron a él o a sus múltiples acompañantes, quienes comúnmente se reunían ahí sin ser detenidos o molestados.
El escándalo llegó a ser tal que José Cuitláhuac Salinas Martínez, el hombre más cercano a la entonces procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, y titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido, antes Siedo), tuvo que aceptar públicamente lo que todo el sur de Baja California Sur conocía: la destacada presencia del jefe narco en medio de la visita oficial de Hillary Clinton.
Meses después (noviembre de 2012), Salinas Martínez fue destituido del cargo acusado por la PGR de tener “vínculos con grupos de la delincuencia organizada”.
El encargado de la II Región Militar fue destituido el 2 de enero de 2023. Calderón Hinojosa ya lo había ascendido a General de División para que buscara ocupar el cargo de secretario de la Defensa Nacional, misión en la que fracasó.
El 17 de enero de 2015 asumió la comandancia de la III Región Militar (Sinaloa y Durango) y el 2 de diciembre de 2016 hizo lo mismo en la VIII Región Militar (Oaxaca).
En ambos casos el general Alfonso Duarte Múgica dijo que, para hacer su trabajo, “hay voluntad y compromiso por trabajar en estricto apego a la ley y con total respeto de los derechos humanos”.
Algo que ya prometió hacer si el voto de los tijuanenses lo llevan al Congreso de la Unión y desde ahí ser oposición al gobierno que dice ser la “Cuarta Transformación” del país.
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