Contrario a la política del expresidente Andrés Manuel López Obrador de no realizar obra pública que signifique “deuda para el pueblo” mediante Contratos en Asociación Pública Privada (APP), el gobierno de Baja California reactivó en sigilo, bajo ese formato de financiamiento, el proyecto de la planta desalinizadora Kenton, en San Quintín.
Javier Cruz / 4 Vientos
La desalinización, un modelo de abasto de agua que no estaba incluido en el plan estatal de gobierno de Francisco Vega, despegó en Baja California por la ambición de un puñado de políticos y empresarios judíos y mexicanos, con el respaldo de Enrique Peña Nieto, quienes buscan obtener enormes utilidades a costa del erario (Imagen: Facebook).
El proyecto retoma la obra original que el gobierno panista de Francisco Vega de Lamadrid concesionó y contrató en 2015 a una trasnacional y asociados políticos, con un cargo de inversión pública de hasta el 25% de su costo, es decir 215.4 millones de pesos de un total de 875 millones 350 mil (48.2 millones de dólares), según cotización de 18.16 pesos por dólar en octubre de 2017.
Es decir, producirá 250 litros por segundo de agua potable para una población de poco más de 90 mil personas en el valle de San Quintín, pero ahora busca un permiso ambiental por 56 años del gobierno federal que preside Claudia Sheinbaum Pardo, contra los 30 que obtuvo de Enrique Peña Nieto en 2018.
Y costará 1,604 millones de pesos, cantidad que representa poco más del doble de la destinada al programa inicial hace nueve años.
Esto podría significar que, por tratarse del mismo Contrato de Asociación Pública Privada que Francisco Vega obsequió al consorcio empresarial Kenton que mayoritariamente encabeza la transnacional estadounidense RWL Water Group, de la familia judía Lauder, el pueblo pagará, a través del erario que administra la pro panista Marina del Pilar Ávila Olmeda, 400 millones de pesos para sufragar la obra.
La cifra es especulativa ya que, hasta hoy el gobierno de Baja California, supuestamente representativo de la filosofía humanista, transparente y austera que impulsó como estilo de gobernar el expresidente López Obrador, mantiene en máximo secreto los términos en que aprobó reactivar el proyecto de Vega, aunque éste afirma que la orden de construir la desaladora en San Quintín se la dio, en 2014, la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Lo cierto es que, en octubre de 2015, el exgobernador “Kiko” Vega contrató la obra en APP con la estadounidense RWL Desal Holding, subsidiaria de la transnacional RWL Water Group que preside Ronald S. Lauder.
El beneficiado es un republicano ultraconservador que trabajó en la OTAN y en el Pentágono durante el gobierno de Ronald Reagan, además de ser presidente del Congreso Judío Mundial (WJC por sus siglas en inglés) desde 2007 y un abierto simpatizante y promotor del partido Likud, enlazado fuertemente con el discutible primer ministro Benjamín Netanyahu a quien Lauder ha hecho constante trabajo diplomático en Medio Oriente.
La narrativa del caso indica que, en julio de 2020, el gobierno estatal pro priista de Jaime Bonilla Valdez informó que había revocado la obra por “incumplimiento de contrato”, lo que presuntamente canceló el permiso ambiental que el consorcio Kenton obtuvo del gobierno de Enrique Peña Nieto en 2018 para realizar y operar la desalinizadora por espacio de 30 años.
Dos años después, el 13 de abril, Ávila Olmeda anunció la “posible reactivación” del proyecto que su esposo, Carlos Torres Torres, apoyó incondicionalmente durante su gestión como diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) en el periodo 2016-2019, el cual representó la segunda fase del gobierno de “Kiko” Vega.
Torres es hoy un expanista presuntamente afiliado al partido Morena, pero miembro destacado del grupo político afín al expresidente Felipe Calderón Hinojosa de quien fue secretario particular en la campaña electoral de 2006 a la Presidencia, así como mano derecha del exgobernador Vega de Lamadrid para que el congreso privatizara el agua en Baja California mediante una ley que la población echó abajo en la revuelta popular del invierno 2016-2017.
El 13 de abril de 2022, en San Quintín, ya establecido como el sexto municipio del estado, el entonces secretario de Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Francisco Alberto Bernal Rodríguez, recordó que el gobierno estatal contaba con el contrato vigente en APP para retomar la obra.
También que solo era necesario actualizar su viabilidad técnica y financiera, y aprovechar la infraestructura que los socios de Kenton realizaron en 2018 para “exploran” esa vía de suministro de agua potable a la población.
Reveló:
“Estamos en diálogo con productores agrícolas para trabajar conjuntamente. Incluso contamos con la posibilidad de rescatar, de recuperar los avances del proyecto en asociación con otros empresarios de Baja California porque creemos que ofrece algunas alternativas, dado que ya tiene permisos, incluyendo el manifiesto de impacto ambiental”.
Siguió una etapa de 29 meses de silencio gubernamental en torno a la reactivación del proyecto, hasta que el pasado 25 de septiembre los maestros en Ciencias Jorge Rubalcaba Castillo y Mónica Rodríguez Macedo, junto con el nuevo apoderado legal del consorcio, Juan Carlos Loaiza Hernández, presentaron un nuevo Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) en la Secretaría del Medio Ambiente federal (Semarnat).
En pleno populismo gubernamental, Francisco Vega hizo la inauguración simbólica de los trabajos de construcción de la planta Kenton. Ahora, lo que dejó el primer intento de imponer el proyecto en San Quintín, es la plataforma que el segundo gobierno híbrido de Baja California utiliza para revivir la obra (Imagen: Cortesía gobierno de BC).
NUEVO LENGUAJE AL CONTUBERNIO: GOBIERNO “DEMOCRÁTICO” Y “HUMANO”
De acuerdo con la red social LinkedIn, Loaiza Hernández es actualmente administrador único de dos empresas españolas que se dedican a la compra-venta multinacional de frutas, verduras, legumbres, productos cárnicos y lácteos, así como maquinaria para el sector agrícola internacional: Grupo Invefloma y Cañarte de Oriente.
Las dos compañías están mercantilmente registradas en Madrid como Sociedades Limitadas (S.L.).
Esta representación legal puede personificar el contacto de los políticos involucrados en el negocio de la desalinización con los productores transnacionales y nacionales agrícolas que operan con gran éxito comercial en el norte del municipio de San Quintín.
La obra se identifica ahora con el nombre “Instalación, operación y mantenimiento de una planta desaladora de agua de 250 lps (litros por segundo) de capacidad en el municipio de San Quintín, Baja California”, y quedó bajo clave 02BC2024H0038 en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de la Semarnat.
En la página 9 del manifiesto, relativo a la justificación del proyecto, los promoventes destacan:
“Siendo uno de los objetivos esenciales el ejercicio de un gobierno democrático y con sentido humano, que garantice el respeto al marco jurídico y que se impulse decididamente la participación social y permita ofrecer infraestructura y servicios de calidad para elevar las condiciones de vida, es que por medio de un esquema de Asociación Pública-Privada, como una alternativa para la contratación de la captación, desalinización de agua de mar, su potabilización y conducción hasta un punto de entrega, se celebró entre el Promovente y la Comisión Estatal del Agua del Estado de Baja California (CEA) un contrato de Asociación Pública-Privada (APP) para el diseño, elaboración del proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento electromecánico y pruebas de funcionamiento de la Planta Desaladora, así como su operación, conservación, mantenimiento incluida la potabilización, conducción y entrega de agua desalada, la disposición del agua desalada y su entrega a la CEA”.
Hoy, a diferencia del documento regulatorio aprobado en 2018, se piden 20 años más de permiso de operación para una planta que si bien se compromete a dotar 250 litros de agua por segundo, su capacidad real será de 300 con opción a crear en el futuro diversas ampliaciones.
En total, Kenton busca explotar la planta por espacio de 50 años, más seis de preparación de terrenos y construcción de la planta, pero sin fijar el periodo final de abandono del sitio.
Por la opacidad oficial con la que se maneja el proyecto en renovación, se desconoce si el crédito por 664 millones 770 mil pesos que el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) otorgó, el 30 de octubre de 2017 al consorcio Desaladora Kenton, S.A. de C.V., está vigente.
No se conoce tampoco si el conglomerado empresarial sigue siendo el mismo –tres compañías: la transnacional más dos empresas mexicanas radicadas en Tijuana-, y si el BDAN continúa dispuesto a financiar hasta el 75 por ciento de la obra.
En general, los componentes del nuevo proyecto, muy similares a los de 2018, son, entre otros:
A.- Siete pozos de extracción de agua de mar de 650 litros por segundo, en la zona conocida como La Chorera. B.- Tuberías subterráneas de agua de mar de las obras de captación (pozos).
También una tubería de descarga al océano de hasta 10 millones 950 mil metros cúbicos anuales -30 mil diarios- de agua contaminada (sanguaza), ducto que tendrá una extensión de 1.3 kilómetros mar adentro y una zona de depósito final a 10 metros de profundidad en el océano Pacífico.
Asimismo, la planta desaladora operaría con dos tratamientos: sistemas de ultrafiltración y ósmosis inversa, así como dos subestaciones eléctricas, un tanque maestro, y caminos de acceso, operación, y rehabilitación de los ya existentes.
Se instalaría en un terreno de 1.8 hectáreas propiedad del consorcio, pero muy cercano al Humedal de Importancia Internacional Ramsar -número 1775- que en febrero de 2008 la Convención Mundial Ramsar lo protegió bajo jurisdicción de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; manejo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); y vigilancia, manejo y monitoreo de la organización ambiental Terra Peninsular.
El sitio protegido, de 5,438 hectáreas, está formado por una planicie costera, zona de dunas y una laguna costera ligeramente hipersalina que se ubica al norte de Bahía Falsa (San Quintín), colindante con el océano Pacífico y sede de una internacionalmente importante zona de cultivo nacional de ostión japonés.
En proyecto ahora prevé beneficiar a poco más de 90 mil habitantes del valle de San Quintín que se reparten en las comunidades de Camalú, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Vicente Guerrero, San Quintín, Lomas de San Ramón, Ejido el Papalote y Nueva Era, entre otras.
El paradisiaco Humedal de la bahía de San Quintín, una zona bajo protección ambiental internacional. Justo ahí le gustó a los empresarios, políticos y magnates del consorcio "Desaladora Kenton" para poner su planta industrial (Imagen: Terra Peninsular).
LAS CUENTAS NEGRAS DE LA NEGLIGENCIA Y LA OMISIÓN
Hasta septiembre de 2023, la compra de pipas de agua es una práctica común en San Quintín debido a la falta de acceso a agua potable para muchos de sus habitantes, según reveló un estudio de la Comisión Nacional del Agua.
La fuente gubernamental federal informó en su reporte que aproximadamente el 30% de la población del valle agrícola (casi 28 mil personas, mayoritariamente familias de jornaleros agrícolas residentes y migrantes) no tiene acceso a agua potable.
Esas personas dependen de pipas para abastecerse a un costo promedio de 60 pesos por metro cúbico. Esto es ocho veces por encima del valor del líquido que provee el insuficiente e ineficiente servicio de distribución por tubería que opera la Comisión Estatal de Servicios Públicos.
Otro estudio, elaborado en 2018 por el Programa de Préstamo del North American Development Bank (NADB), al referirse al suministro del líquido para los habitantes del valle de San Quintín, destacó que la disponibilidad del agua potable “es significativamente limitada” por el clima seco de la región y las escasas fuentes locales de abastecimiento adecuado para el consumo humano.
“Los acuíferos existentes están sobreexplotados debido a la actividad agrícola y tienen una calidad pobre, en parte por la intrusión de agua de mar causada por tal sobreexplotación”, destaca el documento respecto a la devastación hídrica que, por su ambición desmedida de utilidades, provocaron diversas empresas agroindustriales transnacionales y nacionales que operan en el valle desde la década de los 70 del siglo pasado.
Considera que la necesidad de encontrar fuentes de agua asequibles y construir infraestructura confiable en el Valle de San Quintín se ha convertido en una prioridad, ya que la demanda sigue en aumento y sólo se atiende con los acuíferos abatidos de San Simón, de San Quintín, Camalú y Vicente Guerrero.
“En 2015, la Comisión Nacional del Agua actualizó tres estudios de estos acuíferos para determinar la disponibilidad dl recurso. Según los estudios, hay un promedio de sobreexplotación por 41.9 millones de metros cúbicos por año, por lo que no se otorgan nuevas concesiones para la extracción de agua”.
Además, reveló la investigación, los niveles de salinidad en los acuíferos van desde 3,000 hasta 15,000 partes por millón (ppm), lo cual está entre 3 y 15 veces por encima del límite de 1,000 ppm de la norma internacional y nacional de calidad del agua para el consumo humano.
“No existen cuerpos de agua dulce en la región. La única fuente de agua superficial fresca disponible es el río Colorado, ubicado aproximadamente a 270 kilómetros al noreste de la región de San Quintín”, reveló la Conagua, quien aclaró:
“Pero el agua de esa fuente requeriría un bombeo intensivo, así como concesiones adicionales para su uso”.
A su vez, la institución bancaria destacó que el suministro no es suficiente para satisfacer la demanda de agua para uso doméstico en la región, que es aproximadamente de 208 litros por segundo (lps).
“Actualmente, precisa el NADB en un documento del consejo de administración que tituló “2018-1 Propuesta de certificación y financiamiento, San Quintín, Baja California”, 62 lps son suministrados a través de la Comisión Estatal de Servicios Públicos sin más tratamiento previo que cloración”.
Y confirmó que, en ese año (2018), un promedio de 37 litros por segundo de agua potable era aprovisionados a la población a través de pipas.
“Existe una alta dependencia de agua suministrada por pipas. Los operadores privados la proporcionan a un costo de 60 pesos por metro cúbico. El agua surtida a través del sistema de distribución es de 6.47 pesos por metro cúbico”.
El escrito asegura que este problema representa una carga económica a la población, así como un conflicto grave de salud pública.
“Con base en el estudio costo-beneficio desarrollado por el Promotor (RWL Desal Holding), se estima que aproximadamente 24,309 habitantes por año son afectados por enfermedades gastrointestinales que podrían estar relacionados con la escasez o la contaminación del agua.”
Y destaca que el costo público total estimado para tratar las enfermedades gastrointestinales de la población, principalmente la indígena migrante y residente del valle, es de 11.9 millones de pesos al año.
Por su parte, la Conagua reveló en su informe que, si se considera la baja calidad de estas fuentes de agua, “es muy probable que la población recurra a agua embotellada para (satisfacer) sus necesidades de consumo, lo cual es aún más costoso y agrega gastos a la economía de los hogares”.
Por su parte, la Comisión Estatal de Servicios Púbicos de Ensenada (Cespe), administrador del sistema hídrico oficial en San Quintín, reconoció que su red de distribución solo cubre aproximadamente el 61% de la población, pero el servicio es intermitente debido a la escasez del recurso y la población recibe agua 13 horas al día, en promedio.
“Unas pocas comunidades reciben el servicio de agua 24 horas/día, por lo que los residentes almacenan el agua en contenedores de plástico, o depósitos subterráneos, lo que también puede comprometer la calidad del líquido que usan para sus actividades cotidianas.”
Los residentes del valle de San Quintín más marginados, se las ingenias para afrontar el fruto de tantos años de abusos, negligencia, omisión e irresponsabilidad social de los gobiernos prianistas y sus híbridos morenistas (Imagen: Roberto Armocida).
SÍ, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, PERO POQUITA
A esta demoledora situación de carencia de servicios públicos hídricos elementales, desigualdad social, de riesgo sanitario y de salud que generó entre la empobrecida población del valle agrícola la indolente conducta gubernamental de los gobiernos emanados en las últimas cinco décadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional y Morena, se suma el tema de la contaminación del ambiente.
En el proyecto de 2018, por inconformidad y presión de organizaciones civiles de protección al ambiente como Terra Peninsular, ProEsteros, ProNatura Noroeste y la estadounidense The Nature Conservancy, así como científicos, activistas ecológicos y pobladores de San Quintín, el consorcio Kenton tuvo que modificar su idea original de afectar la zona de dunas contenida en el Humedal Ramsar.
Igualmente, los empresarios fueron forzados a cambiar el lugar de construcción de la desalinizadora pues buscando el máximo ahorro y utilidad de su proyecto, también habían planeado instalar la planta dentro del humedal bajo el amparo ambiental internacional.
Pero no todo fueron cambios obligados por la presión social, académica y ambiental.
Kenton requería el permiso de la Conagua para perforar los siete pozos de extracción de agua de mar dentro del sitio Ramsar por lo que pidió y obtuvo la gestión de la Comisión Estatal del Agua ante el gobierno de Peña Nieto, para lograr su objetivo.
El resultado fue inmediato y excelso: la compañía no solo logró salirse con la suya en esa petición; también obtuvo el permiso de la Semarnat y la Conagua priistas para instalar, dentro del área internacionalmente protegida, la subestación eléctrica para la extracción del agua marina y la línea de conducción del agua a la planta desaladora.
“Los demás componentes de infraestructura se construirán fuera del área protegida”, cacaraqueó entonces la patronal.
Y ya triunfante, prometió que la evacuación de salmuera al océano sería de 65 partes por millar cuando se descargara de la planta, y que la salinidad promedio a una distancia de 200 metros del punto de descarga, y más allá de esa distancia, se estimaba sería de entre 34 a 36 partes por millar, lo que permitiría “minimizar los posibles impactos ecológicos” marinos.
A se vez, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en noviembre de 2016, obligó al consorcio patronal a firmar un convenio para llevar a cabo las obras de rescate para salvaguardar diversos yacimientos arqueológicos y paleontológicos identificados en el terreno propiedad del promotor.
Las obras de salvamento comenzaron el 10 de abril de 2017 y concluyeron tres meses después, por lo que el INAH emitió la autorización para la construcción del proyecto el 2 de agosto de ese año.
Con ello, la Semarnat de Peña Nieto determinó que la obra era “compatible con las condiciones del sitio Ramsar”, siempre y cuando se implementen las medidas de mitigación propuestas para minimizar los impactos negativos en el entorno ambiental.
Al respecto, el NADB informó en su documento administrativo que la transnacional y sus socios “también están preparando varios programas” de mitigación del impacto ecológico provocado por su propuesta, entre ellos de monitoreo de descargas de salmuera al océano y sus efectos en la vida marina; de restauración de dunas; de prevención, mitigación y manejo de contingencias ambientales; de reforestación; de manejo ambiental; y de rescate de flora y fauna.
El banco y los promotores del proyecto resumieron el tema con la afirmación de que sólo esperaban “impactos menores en materia ambiental” como “alteraciones de algunos elementos paisajísticos, así como al sistema de dunas y a la vida marina debido a la descarga de salmuera”.
Y de la Consulta Pública del proyecto que la Semarnat realizó del 25 de octubre al 23 de noviembre de 2016, Kendal y NADB se limitaron a indicar que los nueve solicitantes del recurso se limitaron a solicitar la creación de un estudio para evaluar los impactos del proyecto en la vida marina, “ya presentados en los requerimientos de la MIA”.
Finiquitaron la trama diciendo que algunas de las principales inquietudes en materia ambiental que se plantearon durante la consulta, tienen que ver “con cuestiones relacionadas con la ubicación de la planta y las obras de captación de agua, la gestión y eliminación de concentrados, la generación de residuos sólidos por actividades de mantenimiento, y posibles impactos durante la realización de las obras de construcción.”
El 16 de octubre de este año, 4 Vientos constató que el nuevo manifiesto ambiental que ingresó a la Dgira el pasado 25 de septiembre, está en etapa de evaluación desde el 4 de octubre y que no había una resolución en torno a la apertura de una Consulta Pública del nuevo documento, recurso que, por ley, cualquier persona, grupo social o institución puede solicitar para tener acceso a la información del proyecto.
Desde 2017 están listos para entregar un millonario crédito al consorcio empresarial "Desaladora Kenton", el cual pagará, claro, el erario mexicano (Imagen: Internet).
AL RESCATE DE LAS GANANCIAS LEONINAS DEL MAGNATE
En abril de 2016, el medio publicó una investigación que identificó a los accionistas de las tres empresas que formaron el consorcio “Desaladora Kenton”.
Un año después reveló parte de un estudio hecho por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mexicali para calcular las ganancias que la obra generaría a los inversionistas privados no solo en San Quintín, sino también a los accionistas de la mega planta desalinizadora de Playas de Rosarito.
La segunda obra citada es otro contrato APP que Vega de Lamadrid y Jaime Bonilla Valdez impulsaron y que igualmente hoy está en vía de “rescate” por el gobierno de Ávila Olmeda y Carlos Torres, éste último también promotor de la inconstitucional “Ley Bonilla” que buscaba ampliar el mandato de gobernador al ahijado político del priista Xicoténcatl Leyva Mortera.
En conjunto, reveló el documento, ambos proyectos tendrían ingresos superiores a los 57 mil millones de pesos durante sus años de operación, repartidos de la siguiente forma: 53 mil millones en el caso de Aguas de Rosarito y 4 mil millones para Kenton.
Estas ganancias de los socios mercantiles, afirmó el organismo patronal, “incrementará 30 por ciento el costo del agua en Baja California”.
Para cristalizar semejantes utilidades, informó la investigación, “Kiko” Vega firmó el contrato APP con Kenton y el North American Development Bank en donde quedaron establecidas cláusulas realmente leoninas que comprometían las finanzas del gobierno estatal, de la CESPE y, por lo tanto, la calidad de vida de los bajacalifornianos.
Por ejemplo, pagar el financiamiento bancario a la empresa “a tasa de mercado”, así como el servicio de la deuda crediticia del proyecto.
El reembolso al consorcio empresarial se haría a través de cuatro fuentes oficiales de financiamiento de la deuda:
1.- La recaudación casi total de los organismos operadores del agua de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada; 2.- el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISRT) y su sobretasa; 3.- un porcentaje de las participaciones federales en caso de ser requerido; y 4.- un fideicomiso por 392 millones de pesos para asegurar su pago puntual a las empresas contratadas.
Esta parte de la negociación el NADB la describió así en su informe administrativo:
“La fuente de pago del crédito del BDAN -664.77 millones de pesos que complementarían al capital requerido para financiar los 20 meses de construcción del proyecto- provendrá de los ingresos mensuales de CEA (Comisión Estatal del Agua) derivados del Contrato de Entrega de Agua en Bloque (CEAB) firmado con CESPE”.
Asimismo, el Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago No. 18325, que fue formalizado por Desaladora Kenton (DK) con el Banco del Bajío (Fideicomiso), serviría como mecanismo de pago para el crédito del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) de acuerdo con lo que estableció el Contrato APP.
Reveló también que la obligación de la CEA derivada del contrato APP sería garantizada por una Línea de Crédito Contingente y Revolvente (LCCR) contratada por la CESPE con un banco comercial o de desarrollo.
“Los derechos de ejecución de la LCCR, que están garantizados por el Gobierno del Estado de Baja California a través de una afectación irrevocable de un porcentaje del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal o ISRTP (el “Mecanismo de Garantía”), serán transferidos al Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago”, ordena el convenio.
Y establece que en el caso de que los fondos de la CESPE sean insuficientes o no estén disponibles, el Fideicomiso pagará el crédito del proyecto automáticamente al ejecutar la línea de crédito contingente para asegurar que los pagos “sean realizados de manera completa y puntual”.
De la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada el banco manifiesta que, si bien la proyección de flujos de efectivo indica que el organismo puede asumir la obligación financiera del CEAB, “necesita mejorar sus márgenes operativos incrementando sus ingresos por servicios y manteniendo el crecimiento de sus costos de operación significativamente menor al crecimiento de sus ingresos”.
Además, el NADB determinó, y el gobierno panista aceptó, que “de no ser así, la línea de crédito contingente podría ser ejecutada por el Fiduciario (Kenton) para cubrir las obligaciones mensuales del contrato con la Comisión Estatal del Agua”.
Cabe destacar que los montos afectados por el consorcio al fideicomiso cubrirían el servicio de la deuda del proyecto y el retorno de la inversión de la empresa, sus costos fijos de operación y mantenimiento, así como los costos variables del consorcio.
Los pagos serían mensuales a lo largo de la duración del contrato, sin importar que la planta no entregara el suministro total o parcial de agua contratado.
Este inmoral sistema de financiamiento y pago de servicios opera actualmente de manera desastrosa en el caso de la desalinizadora de Ensenada (Aguas de Ensenada) que el gobierno de Francisco Vega impulsó y puso en marcha, en julio de 2018, mediante otro contrato APP con la transnacional surcoreana GS Inima, antes subsidiaria del polémico grupo transnacional español OHL a quien inicialmente se le otorgó la concesión en Baja California en 2011.
Esa planta, que en teoría debía entregar a 90 mil ensenadenses 250 litros por segundo de agua, ha tenido interminables problemas de abasto y funcionamiento técnico de sus instalaciones, como el taponeo de su ducto de extracción de agua de mar en la bahía Todos Santos (Ensenada), pese a lo cual recibe puntualmente el pago de sus “servicios”.
Por cierto, el gobierno de Marina del Pilar Ávila y Carlos Torres ya promueve una segunda etapa de construcción y operación de este vergonzoso proyecto.
El magnate Ronald Lauder en su casa, en 2022 (Imagen: Shahar Azran/Artnet).
¿QUIÉNES ERAN? ¿QUIÉNES SON?
Por la opacidad con la que el gobierno estatal maneja la reactivación del proyecto Desaladora Kenton, a 4 Vientos no le fue posible de momento conocer si el contrato APP con el consorcio tiene las mismas cláusulas de 2016, o si éstas cambiaron.
Tampoco fue posible identificar si las empresas y los accionistas que hace ocho años integraban el consorcio, siguen siendo las y los mismos.
Sin embargo, aquí resumimos lo que este medio publicó al respecto en febrero de 2016.
Desaladora Kenton se formó en diciembre de 2015 con un capital social de 100 mil pesos, el cual estaba integrado por tres compañías fusionadas:
1.- Libra Ingenieros, poseedora del 36.75% de las acciones del consorcio, se creó en noviembre de 1995 por Héctor Isidro Peterson Villalobos y Marco Antonio Tapia Grijalva.
El primero de ellos es primo y socio de Carlos Loyola Peterson, quien fue director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) como premio de consolación a su fracaso electoral en 2016: buscaba la presidencia municipal de Ensenada luego de ser empleado de la transnacional energética Sempra Enery en Baja California.
En 2018, Loyola Peterson contrató con BANOBRAS la Línea de Crédito Contingente y Revolvente (LCCR) con cargo a la cuenta corriente de la CESPE, con la cual se pagaría mensualmente a Kenton cualquier faltante de liquidez del gobierno estatal.
En aquellos años, él y su hermano Héctor eran socios en la empresa Hydro Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V., proveedora constante del gobierno de Baja California, y en marzo de 2017 el hijo del accionista de Libra Ingenieros, Erick Alfonso Peterson Chinolla, logró empleo en el gobierno de Francisco Vega -director de Acuacultura en la Secretaría estatal de Pesca- luego de ocupar el cargo de asesor en la compañía de su padre.
2.- La empresa R.J. Ingeniería, que posee el 12.25% de las acciones en Desaladora Kenton, no tenía ninguna experiencia en la construcción y operación de plantas desalinizadoras, pero su socio principal, Jesús Octavio Rincón Vargas, es hermano de la expresidente municipal panista de Playas de Rosarito, Mirna Cecilia Rincón Vargas.
Esta mujer, al momento de la licitación a favor de Kenton, era directora de Enlace y Seguimiento en la Secretaría estatal General de Gobierno, obvio, con “Kiko” Vega.
En 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fincó responsabilidad administrativa a la edil por transferir, de manera ilegal, 10 millones de pesos del Seguro Popular al Hospital de Salud Mental de Tijuana, en donde su hermano fungía como tesorero.
3.- RWL Desal Holding, subsidiaria de RWL Water Group, transnacional que tiene su oficina matriz en Nueva York, es el actor mayoritario de la sociedad con el 49% de las acciones.
Es un integrador mundial de sistemas de agua, aguas residuales y conversión de residuos en energía que en 2010 fundó Ronald S. Lauder, un magnate conservador judío estadounidense, coleccionista de arte, filántropo, activista político republicano e integrante fundador de las empresas Estée Lauder, líderes globales en belleza de lujo y ventas netas anuales hasta septiembre de 2024 por 15 mil 500 millones de dólares.
RWL Water ha diseñado 7 grandes plantas desalinizadoras para clientes en los siete continentes y posee más de 4.000 sitios instalados en más de 70 países de todo el mundo, aunque sus operaciones principales están ubicadas estratégicamente en América del Norte, Medio Oriente y Europa.
De seguir siendo el principal accionista del consorcio Kenton, y el gobierno de Claudia Sheimbaum acepta otorgar el permiso ambiental al proyecto, la de San Quintín será su primera planta en el país y la cuarta en América Latina: ya opera desaladoras en Brasil, Argentina y Perú.
Finalmente, en esta trama de trampas, simulaciones y tráfico de influencias, en el primer proyecto de Kenton destacaron otros dos personajes:
A.- Milton Adán Rubio Díaz, un priista que ocupó el cargo de director del consorcio Aguas de Rosarito que construiría y operaría la mega desalinizadora que conjuntamente impulsaron Vega de Lamadrid y Jaime Bonilla, este último su principal promotor cuando fue director del Distrito de Agua de Otay, San Diego, California, hacia donde inicialmente se enviaría el líquido desalinizado en Rosarito.
Rubio Díaz es un destacado integrante del grupo político que en Baja California encabeza Jorge Hank Rhon, quien siendo aspirante a la gubernatura del estado en 2021 por el Partido Encuentro Solidario (PES) prometió rehabilitar el proyecto Kenton y municipalizar San Quintín, temas que finalmente sacó adelante Marina del Pilar Ávila.
B.- Quien encabezó el proceso de licitación y contrato en APP del proyecto Kenton por parte del gobierno de Francisco Vega fue Miguel Ávila Niebla, un panista que ingresó a ese partido en 1990 y que en 2012 ocupó el cargo de director de la Comisión Estatal del Agua en la gubernatura del también panista José Guadalupe Osuna Millán, operador principal de la APP que entregó a OHL –hoy OHLA- la desalinizadora de Ensenada. Esto entre agosto y diciembre de 2011.
Marina y Carlos, la pareja socorrista de Kiko, José Guadalupe, Elorduy, Ruffo, Calderón, Peña... (Imagen: Gobierno de BC).
NI ESPANTO NI ASOMBRO. ASÍ SON
Así que, si las cosas se retoman en San Quintín tal y como las dejó “Kiko” Vega, y el nuevo gobierno federal acepta las condiciones que se fijaron en las cláusulas del primer contrato APP del proyecto, ya sabemos de qué tamaño son los intereses que se mueven detrás de la obra que retomaron Carlos Torres y su esposa Marina del Pila Ávila.
Pero esto no debe espantar ni asombrar.
La pareja prácticamente ya tiene en la bolsa un triunfo ante la federación transformadora en eso de velar por el bien de los intereses de impresentables panistas en Baja California.
Su misión de revivir el mega puerto comercial multimodal en Colonet, la que fue la “obra bandera en materia de infraestructura” del expresidente Felipe Calderón y del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, va viento en popa y es ya un proyecto que nombra positivamente la presidenta Claudia Sheinbaum en sus conferencias mañaneras.
Sólo falta conocer si será una obra en la modalidad Asociación Pública-Privada, o inversión totalmente privada.
Comentários