Alentado por el aumento en la demanda y el precio internacional del cobre y el oro, que reportan utilidades netas de hasta el 17% anual en los dos últimos años para las empresas mineras que explotan esos recursos en el mundo, el Grupo México, propiedad del segundo hombre más rico de México -Germán Larrea Mota Velasco-, presentará en breve un nuevo Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para el inicio de obras en la mina a cielo abierto “El Arco”, localizada en la parte media de la península de Baja California.
Javier Cruz / 4 Vientos
"Olimpiada", la mina de oro a cielo abierto más grande de Rusia. En México, al igual que en Estados Unidos y Canadá, las actuales regulaciones federales y estatales no abordan de manera adecuada los impactos de la minería que utiliza la extracción por lixiviación con cianuro (Imagen: EnerNews).
El relanzamiento de la mina en terrenos colindantes de las dos áreas naturales en protección más grandes de México –La Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, con dos millones 493 mil hectáreas en el norte de Baja California Sur (BCS), y el Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios, con dos millones 522 mil hectáreas en el Sur de Baja California (BC)-, puso en alerta a los más de 40 mil residentes que habitan la zona de impacto de la industria extractiva.
Esto por el potencial peligro de contaminación ambiental y sobreexplotación de agua que presupone el proyecto.
También se espera que los poderes legislativos de ambas entidades peninsulares retomarán el tema que tiene para ellos un antecedente importante: en octubre de 2010, por unanimidad de votos, el congreso de BCS aprobó una iniciativa de acuerdo económico presentada por Felipe Prado Bautista, entonces diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde se pronunció estar en contra del proyecto minero.
Esto porque Minera México, subsidiaria del Grupo México, “pone en riesgo de envenenamiento y sobreexplotación al manto acuífero de El Vizcaíno”.
Los diputados sudcalifornianos también acordaron exigir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la Reserva de la Biosfera de El Vizcaíno, a la Reserva del Valle de los Cirios, a la Secretaría federal del Medio Ambiente (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (Profepa), que rechazaran el proyecto minero.
No fueron escuchados por el presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Los legisladores estaban preocupados porque la empresa afectaría la calidad y cantidad de los mantos acuíferos ubicados en la cuenca de la región fronteriza que en BCS abastece de agua al valle de Vizcaíno, la ciudad Guerrero Negro y la región Pacífico Norte; así como a los ejidos Jesús María y José María Morelos y Pavón, en BC.
La pugna llegó al extremo de que el senador sureño Francisco Obregón Espinoza, denunció que el entonces director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, dio permisos a Grupo México para perforar nuevos pozos en el acuífero El Vizcaíno cuando el recurso estaba en veda por sobreexplotación.
La versión la rechazó el hoy exgerente de la Conagua en La Paz, Baja California Sur, Celso Castro Sánchez, quien reviró informando que, por instrucciones de Luege, la dependencia canceló pozos irregulares y no autorizó nuevas concesiones en Vizcaíno.
Sin embargo, en una junta que sostuvieron los integrantes del Consejo del Valle de los Cirios, en donde están representados todos los ejidos de la zona, las autoridades en los tres niveles de gobierno y las empresas que operan en la región (Exportadora de Sal Guerrero Negro y Grupo México), los representes de la mina informaron que el proyecto necesitaba de al menos 720 litros por segundo de agua para ser viable.
Incluso Minera México, en su informe de avance del proyecto, notificó que ya tenía el permiso de la Conagua para abrir y operar ocho pozos de exploración con una capacidad de hasta 320 litros por segundo de agua.
El anuncio alarmó a todos los campesinos del sur de Baja California y Norte de Baja California Sur, pues ese tamaño de extracción pone en riesgo el abasto de agua a los residentes de la zona y diversos proyectos agropecuarios.
Imagen: Sin Embargo / Archivo.
EL REGRESO
Ahora, los trabajos de arranque de un proyecto que a partir de 2003 comenzó a obtener nueve concesiones mineras de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en el Valle de los Cirios, por 68 mil 688 hectáreas, iniciaron en el primer semestre de este año con tres actos:
1.- La reubicación del Panteón El Arco, que incluye la exhumación de todas las personas enterradas en ese lugar histórico a lo largo de más de 120 años, la cual comenzó el pasado 22 de junio la empresa Funerales Maudel, de la ciudad Guerrero Negro, Baja California Sur.
2.- El anuncio de que este año invertirá 815 millones de dólares para construir nuevas líneas eléctricas en la península de Baja California, con las cuales abastecer de energía los trabajos en El Arco.
Se trata de una obra que forma parte de un proyecto de inversión que además incluye la refinación de cobre en una fundidora del grupo en Sonora, por dos mil 300 millones de dólares.
3.- La presentación este año del MIA para el proyecto en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), acto que tiene como objetivo actualizar los trámites que le permitan acceder a los 10 millones de metros cúbicos de agua potable contenidos en el subsuelo de Llanos del Berrendo.
El sitio se ubica en la segunda parte de la cuenca hídrica de la Reserva de La Biósfera El Vizcaíno, que en 2009 el gobierno de Felipe Calderón dividió y concedió a la empresa Mexicana del Arco, S. A. de C.V. (Mexarco), la empresa que opera para Grupo México la explotación de la mina en la península.
Una parte importante de esa cantidad de agua Germán Larrea la utilizará para los trabajos de lixiviación con cianuro que permitan a la compañía, quinta a nivel mundial en producción de cobre, extraer anualmente 105 mil onzas de oro con un valor por hasta 262 millones 500 mil dólares.
La enorme utilidad se basa en un precio por onza de oro de dos mil 500 dólares previsto para 2025 por el Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), uno de los principales bancos en el Pacífico Sur y Asia.
En Llanos del Berrendo, Baja California Sur, el gobierno federal, Naciones Unidas para el Desarrollo, organizaciones ambientalistas, ejidatarios, la exportadora de Sal y ciudadanos conscientes lograron reintroducir con éxito, hace 25 años, al berrendo. Hoy, la ambición sin límites de Germán Larrea está por echar abajo ese proyecto al quedarse con el recurso hídrico de esa importante región del estado peninsular (Imagen: prensaanimal.com).
LO QUE VIENE: MÁS BONANZA… PARA EL MAGNATE
De acuerdo con Xavier García de Quevedo, vicepresidente ejecutivo de Grupo México, El Arco representará una inversión por dos mil 900 millones de dólares de un total de casi nueve mil millones que la corporación aplicará en el país a partir de este año y hasta 2027.
Forma parte de tres proyectos de minería de cobre que en conjunto se prevé produzcan 246 mil toneladas anuales al consorcio.
El directivo destacó que la mina bajacaliforniana tiene un yacimiento con reservas de mineral de más de mil 230 millones de toneladas con dos leyes: la primera con un promedio de 0.40% y 141 millones de toneladas de material lixiviable, y el segundo de 0.27 por ciento.
Incluye una mina a tajo abierto que combina una concentradora y una planta ESDE (Extracción por Solvente y Deposición Electrolítica, método conocido comúnmente como lixiviación) con una producción estimada de 190 mil toneladas de cobre y 105 mil onzas de oro anuales.
De acuerdo con Cochilco (Comisión Chilena del Cobre), un organismo técnico independiente altamente especializado en el metal cobrizo, el precio internacional del cobre en 2024 ha sido objeto de análisis y proyecciones por parte de expertos.
La comisión chilena espera que el metal promedie 4,3 dólares la libra durante el año, acercándose a un nuevo promedio proyectado de 4,8.
Además, ANZ también prevé horizontes positivos para los precios del cobre este 2024, manteniendo su objetivo a corto plazo en 9,000 dólares y esperando que se eleven por encima de los 10,000 dólares en los próximos 12 meses.
Esto representa que, en este momento, El Arco podría reportar ventas anuales a Germán Larrea de entre mil 710 millones a mil 900 millones de dólares.
Tan alentador futuro llevó al consorcio anunciar, en enero de este año, que tiene listo un nuevo estudio de impacto ambiental y que lo presentará al gobierno federal “en breve, este mismo año”.
Por la misma fecha, la Cámara Minera de México (Camimex) refirió que con la creciente demanda de vehículos eléctricos “gracias al boom del litio”, así como el uso más intensivo de energías renovables, la demanda del cobre aumentará previsiblemente alrededor de 30 millones de toneladas a nivel mundial para 2030.
“Por consiguiente, las empresas mineras en México continúan avanzado en el desarrollo y construcción de sus proyectos, los cuales podrían adicionar alrededor de 400,000 toneladas a partir de 2030”, indicó en febrero el organismo empresarial a través de un comunicado.
Mineral de cobre en roca (Imagen: Grupo México).
¿UN PUERTO? YA LO TIENEN
Años antes, Grupo México contrató a la transnacional española IDOM que preside Luis Rodríguez Llopis y se dedica a ofrecer servicios profesionales de consultoría, ingeniería y arquitectura, para realizar diversos estudios de desarrollo en El Arco.
Entre ellos está el análisis de logística de buques y localización óptima del puerto que Germán Larrea construirá en la parte media de la península de Baja California, para exportar su producción minera.
En agosto de 2011, 4 Vientos publicó declaraciones de Xavier García de Quevedo en el sentido de que la empresa necesitaba un puerto para movilizar el cobre y oro que exportaría de El Arco a los diferentes mercados del mundo, ya que el costo del transporte del metal es un elemento que determina su competitividad.
“Obviamente –reveló entonces– el mercado de Estados Unidos va a ser, si no el principal, uno de los más importantes, pero también esperamos vender en los países con fuerte expansión económica como China y la India. De hecho, ya toda Asia consume 57% del cobre mundial. Es allá a donde se van a ir muchos de los metales que produzca El Arco”.
A pregunta expresa de dónde se instalaría el puerto, contestó:
“En la región ya existe uno en Santa Rosalía (BCS), que está a poco más de 350 kilómetros al sur de la mina, el cual cumple perfectamente con lo que requerimos en materia portuaria. El movimiento del mineral en la península se hará por carreteras. No es necesario un ferrocarril”.
Sobre el tema, en diciembre de 2010, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas, reconoció que la dependencia federal no tenía contemplado un proyecto de desarrollo de infraestructura en comunicaciones y transportes para respaldar el proyecto de Germán Larrea.
“En ese tipo de proyectos –explicó–, obviamente son los desarrolladores quienes tienen que contribuir al desarrollo de la infraestructura que lleve a las personas y a las mercancías, a la carga, desde los puntos más cercanos de contacto hacia donde se ubican. Históricamente así ha sido y no puede ser de otra forma”.
El funcionario panista, hoy muerto, recordó que la ubicación de los yacimientos mineros siempre ha sido “caprichosa” desde el punto de vista de la logística, porque hay que ir a donde está el mineral y eso suele ser en lugares muy remotos.
“Entonces, habrá que trabajar muy de cerca con el proyecto conforme se vaya desahogando, pero ahorita no tengo nada”, reiteró en aquel tiempo.
El puerto de Santa Rosalía y las instalaciones abandonadas de la compañía francesa El Boleo, a quien Porfirio Díaz concesionó, en 1885, la extracción de mineral de cobre (Foto: México Desconocido).
¿ENERGÍA ELECTRICA Y AGUA? TAMBIÉN
Asimismo, la transnacional española IDOM hizo para Minera México los estudios de alternativas de suministro energético continúo de más de 1.000 megawatts (MW) de energía eléctrica, incluyendo una tubería de gas de 700 kilómetros de extensión, así como una línea de alta tensión y un sistema de gas natural comprimido.
En el trabajo previo de 4 Vientos (agosto de 2011), García de Quevedo aceptó que la inversión se retrasó debido a los bajos precios que registraba el cobre en los mercados internacionales, y reveló que además de cobre y oro la empresa obtendrá plata y molibdeno.
El empresario manifestó también que Minera México no utilizaría Laguna Manuela -80 kilómetros al noroeste de El Arco, en el Pacífico bajacaliforniano- como puerto o humedal abastecedor de agua al proyecto, y tampoco afectaría la reserva de protección Valle de los Cirios.
“Estamos fuera del valle. Vamos a tener una operación minera totalmente cerrada. No vamos a tener descargas de afluentes. Por eso lo que hacemos, con toda responsabilidad y que lleva tiempo, es el estudio de manifestación ambiental”, fue su respuesta.
Asimismo, aceptó que sin energía eléctrica el proyecto es inviable y que la mina por sí misma demandaría instantáneamente 180 MW.
Por esta razón, Grupo México buscaba generar electricidad dentro de la unidad minera o, en su defecto, traerla de otra región, en cuyo caso la opción era tender un cable submarino en el Mar de Cortés desde Guaymas, Sonora, en donde se construía una planta generadora de energía con capacidad de 450 megawatts.
De acuerdo con información que 4 Vientos obtuvo en la Secretaría de Energía federal (Sener), el costo de esa planta sería de 150 millones de dólares y se haría a través de constructores privados mediante un contrato que permitiría a Minera México ser la propietaria de la infraestructura eléctrica después de 30 años.
Otra opción era la construcción de una planta de electricidad en las inmediaciones del poblado Villa Jesús María, hoy perteneciente al municipio de San Quintín y distante apenas 50 minutos al noroeste de El Arco.
Actualmente, y por información proporcionada por la misma compañía, se sabe que Grupo México invertirá este año 815 millones de dólares para construir nuevas líneas eléctricas en la península de Baja California, para abastecer de energía los trabajos en El Arco.
En los humedales de la Laguna Ojo de Libre habitan miles de aves marinas migrantes que ahora enfrentaran la amenaza de los lixiviados con cianuro que producirá la mina El Arco, muy cercana a estos vitales cuerpos de agua (Imagen: ProNatura Noroeste).
LA POSESIÓN DE TIERRA EJIDAL
Es precisamente en el poblado y ejido Villa Jesús María donde 4 Vientos obtuvo información adicional sobre los planes energéticos de la compañía minera y cómo ésta se hizo del uso de suelo ejidal en la región limítrofe peninsular.
Everardo García, expresidente del Comisariado del Ejido Villa Jesús María, reveló que el núcleo social estuvo en pláticas con ejecutivos de Grupo México desde hace más de 12 años para negociar la venta de terrenos en aquella apartada región del municipio de San Quintín, BC.
“La empresa quería originalmente 200 hectáreas, una parte a la orilla del mar y otra parte de uso común en El Morro-Santo Domingo. No sabemos para qué deseaba la tierra, pero nos dijeron que querían construir una planta de energía eléctrica, así como desalar agua para mandarla por tubería a la zona de la mina”, reveló.
Para lograr una buena y justa negociación con Grupo México, los ejidatarios buscaron asesoría externa. La delegación de la Procuraduría Agraria en Ensenada fue una de ellas.
“Tuvimos varias reuniones con la gente de la minera y de la procuraduría agraria, la que nunca objetó la venta de las tierras ejidales ni el precio que la empresa daba a nuestras propiedades”, contó el ejidatario.
El último precio conocido que ofreció la empresa, o al menos la que Everardo García reveló, fue de tres dólares por metro cuadrado, es decir 30 mil dólares por hectárea o seis millones de dólares por las 200 hectáreas.
“Inicialmente andaban muy raquíticos con su propuesta. Querían pagarnos a 900 dólares la hectárea, luego subieron a mil dólares, luego 2 mil. Después cambiaron de estrategia y dijeron que querían nada más 50 hectáreas y nos pagaban 30 mil dólares por hectárea –un millón y medio de dólares–, cosa que no aceptamos porque era mucha la diferencia de tierra la que deseaban”.
La minera la puso en marcha en otros ejidos de la región esta exitosa estrategia de negociación.
Provocó la riqueza efímera de decenas de ejidatarios que se tradujo en la compra de ostentosos y temporales lujos: automóviles, mansiones, alimentos en exceso, ropa, viajes y joyas que a la fecha ya se agotaron.
LA NEGRA HISTORIA
Al mismo tiempo, la organización ambientalista Global Atlas of Environmental Justice (EjAtlas), que da seguimiento al proyecto desde 2007, detalló cuál es el camino agrario que el consorcio minero tomó en la región peninsular desde 2009 a 2023.
“Ha obtenido concesiones mineras en una dimensión que alcanza decenas de miles de hectáreas y miles de ellas dentro del Área Natural Protegida (ANP) Valle de los Cirios”, indica en un reporte digital.
Precisa que Grupo México concentró 68 mil 688 hectáreas en concesiones mineras para construir El Arco a cielo abierto, y que adquirió nueve lotes dentro del ANP en una zona cercana a complejos lagunares del Pacífico y el Golfo de California “donde cada año llegan cientos de ballenas gris a dar a luz”.
Asimismo, destaca que Mexarco, la subsidiaria de Minera México, ha causado daños ambientales y estrés hídrico desde que inició los trabajos de exploración y, posteriormente, de electrificación y construcción de caminos porque “ya extrajo agua de pozos presuntamente de manera ilegal”.
Recuerda que este operar no es nuevo en Germán Larrea Mota, quien lleva más de 35 años acumulando territorios en México, Perú y Estados Unidos a través de la obtención de concesiones mineras, procesos de despojo territorial e hídrico, y contaminación ambiental.
“Este consorcio minero ha concentrado más de 700 mil hectáreas a través de concesiones mineras en muchas regiones de México. En 1989, compró al gobierno federal mexicano, por una tercera parte de su valor real, el yacimiento de cobre más rico del país: la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora”.
Igualmente refiere que diversas comunidades campesinas, activistas, más de 40 mil residentes de las ciudades y pueblos de Guerrero Negro, Vizcaíno, San Ignacio, Santa Rosalía, Villa Jesús María, San Miguel y El Rosario, todas de la porción central de la península, así como diputados de diversos partidos y en diferentes legislaturas, han buscado cancelar las concesiones mineras dentro del área de protección Valle de los Cirios.
“La superposición de concesiones mineras dentro del Área Natural Protegida obedece a que la empresa entregó al gobierno manifestaciones de impacto ambiental (MIA) sesgada”.
Considera que, cuando inicie la explotación del mineral de cobre, la mina requerirá 800 litros de agua por segundo, lo que implicaría una presión aún mayor a la existente sobreexplotación de la cuenca hidrológica de El Vizcaíno por parte de grandes empresas agrícolas transnacionales, y la misma sequía que impera desde hace años en la zona.
Destaca que el acuífero tiene una particularidad importante: es un cuerpo de agua subterránea interestatal, y que para las familias y los agricultores del municipio de Mulegé (BCS), “el agua potable tiene un valor inconmensurable por su dependencia del líquido vital para la subsistencia cotidiana y para la producción agrícola.”
En cambio, para Mexarco el valor del agua “es económica y directamente proporcional a la rentabilidad” de la explotación minera.
“Es decir, para los habitantes de la zona norte de Baja California Sur esa agua representa la única fuente de agua para su subsistencia”.
Por lo que concluye:
“Baste citar que del acuífero El Vizcaíno se abastecen de agua potable todas las comunidades del valle del Vizcaíno, Guerrero Negro y las comunidades del Pacífico Norte”, por lo que un incidente ambiental en la mina "sería devastador”.
La paradisiaca Área de Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios, en el ambicioso ojo del Grupo México. ¿Será el inicio de su devastación? (Imagen: CONANP).
LOS RIESGOS DE CONTAMINACIÓN
Esta visión del proyecto minero la externan por igual diversas organizaciones nacionales e internacionales de protección al medio ambiente, quienes afirman que, con estudios científicos en la mano, la operación de un mineral a cielo abierto es altamente destructiva de la naturaleza y el entorno humano.
Ambientalistas de Baja California consultados manifestaron que, en la pasada década, la estadunidense National Wildlife Federation (NWF), en un estudio del daño ecológico que provocan las compañías mineras que extraen oro por lixiviación con cianuro, determinó que:
“A la vez que se extraen millones de toneladas de mineral en tiros a cielo abierto –en el caso de El Arco, una oquedad superficial de hasta 8 kilómetros de diámetro-, y se les trata con millones de galones de solución de cianuro, las operaciones que utilizan la extracción por lixiviación con cianuro trastornan los hábitats de la vida silvestre y las cuencas hidrográficas, generando una multitud de riesgos para la salud y el ambiente”.
Estos impactos pueden manifestarse durante varias fases de la operación.
Por ejemplo, “se ha registrado frecuentemente la muerte de animales silvestres, en especial aves, atraídos por el señuelo de los espejos de agua de los estanques de cianuro”.
El dato es importante porque a menos de 35 kilómetros del yacimiento minero, en las lagunas Ojo de Libre y Manuela, decenas de miles de aves migratorias hacen de ambos humedales sus estaciones de destino, alimentación, reproducción y descanso en los viajes migratorios que hacen al sur y norte del continente.
NWF destaca que la extensión generalizada de la mortalidad de animales silvestres en las instalaciones que utilizan el proceso de lixiviación con cianuro preocupó al Servicio de Vida Silvestre y Pesquerías (FWS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos
.
Esto porque después de la lixiviación, el cúmulo de mineral ya procesado todavía contiene vestigios de la altamente tóxica solución de cianuro, así como de metales pesados concentrados que han sido precipitados del mineral.
“Si no se enjuaga totalmente el mineral usado y la roca de desecho, o si se le deja sin tratar, el cianuro puede seguir filtrándose al medio”.
Es por eso que la FWS comentó para el estudio ambiental:
“Tanto el cianuro como los metales pesados liberados por él (arsénico, antimonio, cadmio, cromo, plomo, níquel, selenio y talio, entre otros), así como otras sustancias tóxicas que se encuentran en el cúmulo y los lixiviados (por ejemplo sulfuros), son una amenaza para las quebradas, ríos o lagos, para las fuentes subterráneas de agua y para los peces, la vida silvestre y las plantas”.
Por ello, concluye, los problemas a largo plazo derivados de la lixiviación de metales pesados de los cúmulos de desechos de las operaciones que utilizan la extracción por lixiviación con cianuro probablemente exceden el impacto directo del cianuro en sí, tal y como sucedió en una mina de Grupo México en Sonora.
En 2011, el doctor en Historia Juan Carlos Ruiz Guadalajara, integrante del Frente Amplio Opositor de San Luis Potosí, que logró el virtual retiro del país de una compañía minera canadiense –representada en México por el consorcio Minera San Xavier–, que explotaba oro (entre otros minerales) en el emblemático cerro de San Pedro, comentó:
“El problema en México, que lo es también en los Estados Unidos y Canadá, es que las actuales regulaciones federales y estatales no abordan de manera adecuada los impactos de la minería que utiliza la extracción por lixiviación con cianuro”.
Y concluyó:
“A pesar del gran aumento en el número de actividades mineras de extracción de oro y de los impactos conocidos de estas actividades, los organismos reguladores a nivel federal y estatal no se han apresurado a abordar estos problemas”.
SONORA, LAS BARBAS A REMOJAR
En agosto de 2014, Grupo México generó lo que la Semarnat considera “el peor desastre ambiental en la historia minera metálica en México”: el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado de la mina Buenavista del Cobre, en el río Bacanuchi (río Sonora), que afectó y sigue dañando a 22 mil pobladores de ocho municipios sonorenses.
En octubre de 2023, la Semarnat tuvo que denunciar penalmente a Grupo México por incumplir el compromiso de remediar los daños ambientales que provocó en el Río Sonora:
1.- Pagar dos mil millones de pesos a los afectados, de los cuales sólo cubrió el 49%.
2.- Seguir contaminando con metales pesados los afluentes hídricos y el manto freático de la región, en donde acapara el 60 por ciento de las aguas subterráneas.
3.- No limpiar ni corregir la contaminación que provocó en los ríos y acuíferos que menoscabó, tal y como lo comprobó un estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) que diagnosticó la situación ambiental, a octubre de 2023, de la zona afectada.
El estudio revela que “los metales rebasan los valores permitidos por las normas nacionales e internacionales… El incremento en las concentraciones de los diferentes metales se relacionó con la cercanía al punto donde ocurrió el derrame… Las observaciones en las poblaciones de insectos o artrópodos muestran que la actividad minera está relacionada con la afectación a los ecosistemas de la región”.
De igual forma encontró que, “en el aire, el incremento de mercurio excedió los valores recomendados y se encontraron altos niveles se acidez en el suelo que pueden permitir movilización de elementos como el aluminio”.
También indicó: “El factor de enriquecimiento encontrado muestra contaminación constante en la región para la mayoría de los poblados estudiados”.
Y determinó que el derrame se debió a “un mal diseño hidrológico del sistema Tinaja 1”, por lo que “no fue un accidente; fue una negligencia de construcción”.
El informe notifica que a lo largo del río Sonora hay concentraciones de metales pesados asociados a jales que comprueban la contaminación del agua, así como mercurio geológicamente inexistente en agua y en sedimentos.
“Los metales pesados en sedimentos indican contaminación por encima de valores asociados a la geología del sitio”.
Finalmente, constató que existe un acaparamiento de agua subterránea de hasta 59.7 por ciento y una sobreexplotación de los acuíferos de la zona.
Por increíble que parezca, hasta el cierre de la edición de este trabajo -25 de junio de 2024-, no existe información oficial o de la empresa que identifique en qué situación jurídica se encuentra la denuncia del gobierno federal.
Ese es el quehacer y el poder de la organización patronal que ahora enfrentarán los residentes de la porción media de la Península de Baja California.