Pese a inconformidades verbales y escritas, protestas mediáticas, acusaciones de autoritarismo gubernamental y amenazas de judicialización expresadas por agencias navieras, propietarios de predios de hospedaje y empresarios del transporte de carga, los nuevos impuestos municipales al manejo de contenedores en Ensenada, Baja California, son una realidad.
Javier Cruz / 4 Vientos
La originalmente explosiva protesta de los contribuyentes de los nuevos gravámenes terminó en resignada aceptación a partir del 1 de enero de este año (Foto en blogspot.com)
Luego de dos meses de polémica en medios de comunicación y oficinas del gobierno federal, la licencia ambiental y los dos gravámenes -a contenedores y almacén de tractos, y a camiones de carga pesada- se aplican desde el 1 de enero en la Ley de Ingresos del Ayuntamiento de Ensenada que los incluyó para el presupuesto 2024,
la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac), la Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (Canacar) y empresarios de diversos sectores que en diciembre dijeron que interpondrían recursos jurídicos por el "ilegal cobro de piso" que imponía el edil morenista Armando Ayala Robles, hasta ahora no ejecutan acción alguna contra las normas hacendarias.
A finales de enero, Ayala, quien es candidato del partido Morena al Senado de la república en la segunda de sus fórmulas por Baja California y esperó hasta el último minuto del 29 de febrero para dejar el cargo de presidente municipal, expresó de los opositores a los gravámenes:
"Empezaron a hacer grilla ya que estaba aprobada (la Ley de Ingresos 2024), pero antes no. Ha sido la misma tónica de siempre. Hay muchos empresarios que manejan patios de contenedores sin permiso; están amparados, son leguleyos y nada más piensan en sus intereses. Ya fueron a (Ciudad de México) a hacerme grilla y llorar allá, pero esto fue una petición del pueblo".
Pero destaca que por más de una década los habitantes de El Sauzal, comunidad pesquera conurbada al norte de Ensenada. solicitaron al gobierno municipal -dos veces presidido por Ayala y una por el también priista Marco Antonio Novelo Osuna- que frenara la ocupación territorial de su comunidad hecha por particulares en decenas de predios de hospedaje para contenedores.
Ello porque lo hacían violando disposiciones oficiales de desarrollo urbano y protección ambiental.
Los sauzalenses nunca han sido escuchados y Ayala menos se atendió su reiterada petición de que las empresas ilegales fueran sancionadas y reubicadas por el gobierno local.
El crecimiento del movimiento marítimo del puerto hace insuficiente su área de almacenamiento y patio de manejo de carga en el puerto (Foto: Alamy).
El edil ensenadense, quien fue empleado y ahijado político del exgobernador Jaime Bonilla Valdez, igualmente exhibido el 26 de febrero en un video como benefactor del grupo criminal "La Rana", del Cartel del Pacífico (Sinaloa), llegó a ejercer presión a los inconformes cuando ordenó clausurar -el 5 de enero, "Día de Reyes"- a tres empresas que operan patios de contenedores en El Sauzal.
Los acusó de no tener permisos municipales de carácter predial, uso de suelo y ambiental, por lo que una semana después los afectados negociaron con él la reanudación de sus labores.
Para imponer los dos nuevos impuestos y la licencia ambiental, el morenista llegó incluso a mentir cuando dijo que los gravámenes estaban incluidos en el Convenio General de Colaboración y Vinculación Puerto Ciudad que signaron el ayuntamiento con la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) local.
El sistema, que a nivel nacional opera la Secretaría de Marina, desmintió la versión del munícipe y se deslindó del gravamen local de 5% por cada uno de los poco más de 231 mil contenedores que anualmente llegan a Ensenada, cifra oficial que llega hasta poco más de 462 mil si se suman los que se movieron en exportación durante 2023.
De acuerdo con la ASIPONA, el acuerdo sólo implica acciones de tipo educativo, ambiental, cultural, turístico y cívico que fomenten la participación e integración ciudadana en el perímetro del recinto portuario, pero no en aplicación de impuestos o derechos.
La aclaración obligó al edil a ya no mediatizar sobre el tema, pero en enero siguió con bravatas:
"Asipona no estaba muy de acuerdo (con los gravámenes). Voy a hacer una reunión con el (nuevo) capitán (de Puerto, contraalmirante Rodolfo Álvarez Zárate) para ver qué tanta disposición hay de apoyarnos con esta aprobación del congreso (local) y que tengamos recursos suficientes (25 millones de pesos este año), porque esto se quiere destinar principalmente para El Sauzal".
Escena del supuesto delincuente que, ante presuntos sicarios del CJNG que lo asesinaron después de grabar un video, denuncia al edil Armando Ayala (Captura de pantalla en Youtube).
VIDEO ESCÁNDALO Y OTRAS LINDESAS SIN ACLARAR
En el video donde se le acusa de tener lazos con el Cartel de Sinaloa, audiovisual presuntamente hecho por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se ve y escucha decir a un supuesto integrante del Cartel La Rana -Alejandro Osuna- que Ayala Robles, a través de jefes locales del grupo delictivo, recibió dinero ilícito "ya que pretende tomar puestos públicos y nos dice que ocupa el apoyo económico¨".
De inmediato, el aspirante al Senado por Baja California y hoy presuntamente alejado de su ex padrino político Jaime Bonilla, dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), dijo que presentó denuncia penal para dar con el paradero de los autores del video, al cual identificó como parte de "un golpeteo político" en su contra, así como venganza "por las acciones emprendidas (por su gobierno) en materia de inseguridad que han trastocado los intereses de grupos delictivos".
El 23 de mayo de 2023 un grupo armado asesinó a 10 personas y dejó heridas a 9 más en el poblado de San Vicente Ferrer, Ensenada.
Una de las víctimas mortales fue José Eduardo Orozco Gil, delegado en San Antonio de las Minas, del valle vinícola de Guadalupe, y quien era copiloto en un automóvil todo terreno conducido por Alonso Arámbula Piña ("El Trébol"), supuesto integrante del Cartel de Tijuana (Arellano Félix) también acribillado ese día.
De acuerdo con la versión de Alejandro Osuna, el grupo La Rana, entre otras actividades ilícitas, se encarga de "cobrar piso" a los dueños de empresas vinícolas del valle de Guadalupe y San Antonio de las Minas, repartiendo parte de ese dinero "a un mediador" que identificó como "El Pollo" Ayala, "primo hermano del actual presidente municipal de Ensenada" (Armando Ayala).
El hoy candidato a senador primero dijo desconocer que Orozco Gil, miembro del Partido del Trabajo que en Baja California dirigieron hasta el año pasado el diputado federal Armando Reyes Ledesma y la exdiputada local Claudia Agatón Núñez, hoy precandidata morenista a la presidencia municipal de Ensenada, estuviera entre las víctimas de los sicarios.
Luego, se desligó del funcionario municipal y hasta ahora espera que la Fiscalía General del Estado aclare los aspectos ministeriales de la masacre.
¡Ah! También arrancó hoy sin dificultad ni cuestionamiento ciudadano o judicial alguno, su campaña electoral en el partido Morena por una de las tres senadurías de Baja California.
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