La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Baja California solapó un fraude a la nación por más de 17.2 millones de pesos en la obra de modernización del tramo de 6.2 kilómetros de la carretera transpeninsular que va de la ciudad de Ensenada a Maneadero.
Javier Cruz / 4 Vientos
Un año de retraso en la entrega de la obra, 100% más de presupuesto y a un costo de 137.5 mdp por kilómetro. La huella de corrupción en la ampliación del tramo Chapultepec-Maneadero (SICT).
En la acción criminal participaron al menos nueve empresas contratista, el supervisor de pavimentación y autoridades locales que recibieron, no inspeccionaron y adjudicaron contratos de obra que elevaron excepcionalmente el valor final del proyecto, afectaron su calidad y retrasaron por más de un año su entrega al municipio.
Correspondió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del congreso de la unión detectar y denunciar, incluso ante la Fiscalía General de la República (FGR), una parte de la corrupción que abarcó:
1.- Irregularidades graves en la construcción de tres puentes viales. 2.- Pagos excesivos a las compañías privadas. 3.- Inconsistencias en el proceso de adjudicación de los contratos de obras y servicios; y, 4.- Opacidad en el contenido de cemento Portland que se usó en la obra de pavimentación.
Dos auditorías que practicó el fiscalizador en febrero de los años 2023 y 2024, determinaron, en tan solo una porción de revisión a la cuenta de inversión pública del proyecto de modernización vial, el daño patrimonial cometido al erario federal.
La investigación, dijo Humberto Valdés Romero, presidente de la Federación de Transporte y Experiencias en Rutas Vinícolas (Fetraex), revela apenas la “punta del iceberg” de la corrupción que prevalece en el Centro SICT de Baja California que dirige Rigoberto Villegas Montoya.
“Ahora, Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, está obligado a emprender una auditoría exhaustiva de lo que ha sucedido en término de mantenimiento y ejecución de las obras que realiza en Baja California, específicamente en la carretera escénica Tijuana – Ensenada, desde diciembre del 2013”.
Ello en virtud de que en esa vialidad son cientos de millones de pesos los que se generan por concepto de peajes en la carretera y ese recurso no se invierte en obras de mantenimiento de la carretera transpeninsular, o en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de otras vialidades en el estado.
El hundimiento de un segmento de la autopista Tijuana-Ensenada el 28 de diciembre de 2013 (Baja News).
“A lo largo de 10 años, desde el deslizamiento del 2013 en el tramo Salsipuedes de la autopista Tijuana-Ensenada, con el recurso captado en las casetas de peaje se podría haber estabilizado su trazado, hecho la ruta alterna de Jatay al Libramiento de Ensenada, y construir el bypass de Baja Mar a Chichihuas, dándole certidumbre a la movilidad en la zona costa del estado; sin embargo, los manejos opacos del Centro SICT siguen creando perplejidad y restando competitividad a la entidad”.
Por lo que respecta al tramo Ensenada-Maneadero, de apenas 6.2 kilómetros de largo y que duró el doble de lo programado, así como dilapidó 100% más del presupuesto original –de 450 millones de pesos a 853 millones-, la ASF encontró:
A.- Irregularidades sin solventar por el Centro SICT por más seis millones de pesos en el reporte de contenido de cemento Portland en la base estabilizada del tramo carretero, en las que tampoco se incluyó evidencia fotográfica documentada de ninguna etapa de preparaciones y/o el proceso de múltiples pruebas realizadas a la obra.
En las observaciones hechas por el interventor federal destaca que el informe que la SICT local envió en calidad de justificación a la Auditoría Superior, “es únicamente demostrativo”.
Ello porque los resultados “no son representativos respecto al contenido de cemento para muestras de la base estabilizada de la carretera, ya que únicamente comprueba la calidad de los materiales pétreos utilizados por el contratista en incumplimiento de los artículos 54, párrafo primero, de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, entre otros”.
Alfonso Damián Peralta, director general de seguimiento de la ASF, concluyó en este punto que “del análisis y revisión de la información remitida, se determina que esta es insuficiente para acreditar el resarcimiento del importe antes señalado –poco más de seis millones de pesos-, o comprobar el adecuado ejercicio del gasto público y, por ende, para solventar el citado pliego de observaciones”.
B.- La delegación federal de Infraestructura adjudicó a dos empresas en participación conjunta el contrato de obra 2022-02-CE-A-058-W-00-2022. Una de esas sociedades mercantiles “no cuenta con la especialidad ni experiencia requeridas para el tipo de trabajos por realizar”.
Así quedó el tramo carretero Chapultepec-Maneadero )Archivo).
En su resumen ejecutivo, la Auditoría Superior omitió la razón social de ambas compañías, pero 4 Vientos las identificó con las razones sociales Magnamaq, S.A. de C.V., y Constructora Makro, S.A. de C.V., quienes se repartieron un presupuesto de 347 mil 706 pesos para la segunda etapa de la modernización y ampliación de la carretera Chapultepec-Maneadero, del kilómetro 15+400 al 21+600.
C.- El contrato 2022-02-CE-A-032 y 00-2022 se adjudicó a una compañía que en su propuesta técnica usó una cédula profesional que correspondía al residente de la empresa de pavimentos de la empresa supervisora, “la cual no corresponde con la cédula que se tiene en la página de Registro Nacional de Profesiones”.
El acto de corrupción –“inconsistencias en el proceso de adjudicación de los contratos de obra pública- lo denunció penalmente la ASF en el Ministerio Público de la FGR, con la finalidad de que éste proceda legalmente contra del contratista, el residente de Pavimentos del Centro estatal de la SICT y/o quien resulte responsable del delito de falsificación de documentos y lo que resulte.
De igual forma, el auditor ocultó los nombres de las constructoras y personas involucradas en el ilícito; no obstante, 4 Vientos supo que la empresa es Viascán, Ramos, Franco y Asociados, S.A. de C.V., la cual debió supervisar los trabajos de construcción de los puentes “San Carlos” (kilómetro 17+790) y “Sin Nombre” (kilómetro 18+066).
D.- En el contrato de obra 2022-02-CE-A-025-W-00-2022 se realizaron seis pagos en exceso por un monto total de 10 millones 259 mil pesos a las constructoras encargadas de edificar los puentes San Carlos kilómetro (kilómetro 17+790) y puente Sin Nombre (kilómetro 18+066).
Igualmente, no se identificó a las compañías presuntamente abusivas; sin embargo, 4 Vientos confirmó que fueron Constructora Santos Chisum, S.A. de C.V., y Pavimentos del Pacifico, S.A. de C.V., quienes debían ejecutar un gasto público por 160.9 millones de pesos.
“Los trabajos sí se ejecutaron, pero se pagaron en exceso. Ellos fueron: base estabilizada, carpeta asfáltica, excavación, terraplén reforzado, fabricación de escamas, traslado y montaje de escamas”, indicó la auditoría.
La carátula de la auditoría hecha a la obra de ampliación del tramo carretero Chapultepec-Maneadero (Captura de pantalla).
Lo anterior se constató con la visita de verificación física que personal de la ASF y la residencia general de Carreteras Federales del centro SICT Baja California, realizó del 18 al 20 de abril del 2023.
“Todas las estimaciones (en demasía) fueron autorizadas por la residencia de obra y avaladas por la supervisión externa”, informó el fiscalizador quien consideró que la “Causa Raíz Probable” de la Irregularidad es la presencia de "deficiencias en los controles” de las dos oficinas del Centro SICT.
E.- Y en el contrato 2022-02-CE-A-027-W-00-2022 para realizar la construcción del puente Chapultepec, otra empresa no identificada por el auditor cobró cinco veces en exceso hasta llegar a un total de 886 mil pesos por las siguientes obras:
Concreto hidráulico en pilotes, columnas, losas y diafragmas, cabezales, pantallas, guarniciones y remates sobre muro mecánicamente estabilizado; así como ménsulas, bancos y topes sísmicos.
En una investigación digital, 4 Vientos encontró que la obra se asignó al consorcio Convenio de Participación Conjunta que involucró a las empresas Ingeniería Xtrema S.A. de C.V., y Bowera, S.A. de C.V.
La fecha de inicio de ejecución de la obra fue el 4 de mayo de 2022 y se esperaba completarla el 31 de diciembre de 2022. El monto inicial del contrato fue de 73 millones 234 mil 896.17 pesos.
En la auditoría no se involucró la construcción -también largamente demorada- del mal lamado mega puente urbano que se construyó en las avenidas Reforma y Esmeralda, de la ciudad de Ensenada, por tratarse por una obra pública diferente.
Finalmente, los servidores públicos que intervinieron en la auditoría – el ingeniero Mario Piña Sánchez, director de Área, y el arquitecto José María Nogueda Solís, director general-comentaron que las observaciones que hicieron al proyecto son definitivas en virtud de que la SICT en Baja California tuvo el tiempo legal suficiente para aclarar o complementar las observaciones previas que se hicieron durante el transcurso de la fiscalización.
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