INVESTIGACIÓN: El magnate yucateco Abraham Mafud, ¿base del engaño inmobiliario de INVERCO en Misnébalam?

El fraccionamiento Pedregales de Misnébalam que, en Progreso, Yucatán, impulsa la empresa Inversión Colectiva Inmobiliaria (INVERCO), se asentó en un territorio que desde hace 10 años se encuentra en litigio agrario entre pobladores de la comunidad maya Chablekal, ejidatarios y empresarios como el magnate Carlos Enrique Abraham Mafud, de ascendencia libanesa y adherente, desde octubre del año pasado, al proyecto de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

Javier Cruz Aguirre / 4 Vientos

Imagen en adamantine.com.mx

Esta circunstancia, que incluye una resolución a favor de los habitantes de Chablekal por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34 en Yucatán y vigente desde 2016 gracias al amparo de un Juzgado de Distrito en Mérida, impide la renta, enajenación, usufructo, comodatos y/o contratos de venta en el terreno ejidal, preferencialmente en el polígono Misnébalam, de 120 hectáreas de extensión, 44 de ellas reclamadas irregularmente como suyas por los socios de Inverco.

Esto en tanto no exista una sentencia definitiva en el juicio que determine a quién corresponde la razón jurídica, algo que hasta el sábado 7 de septiembre de este año no sucede.

La resolución provisional del tribunal agrario asimismo ordena el respeto a la posesión del polígono (“monte”) que desde hace diez años tiene bajo protección la organización que inició la incansable lucha agraria en Misnébalam: la Unión de 300 pobladores y vecinos por el Derecho a la Tenencia de la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales de Chableck.

Igualmente, la orden del juzgado agrario cancela cualquier operación mercantil que se haya celebrado entre autoridades ejidales y empresarios en Misnébalam, antes o después de la medida cautelar que dictó para conservar el polígono libre de cualquier especulación o delito inmobiliario.

Pero aun así, a mediados de 2018, la directiva ejidal que entonces encabezaba Pedro Santana Trujeque, entregó en usufructo a Carlos Enrique Abraham, “y otras personas desconocidas”, 390 hectáreas comunales que incluyen las 120 que específicamente corresponden a Misnébalam.

Con las tierras en su poder, el empresario, accionista fundador en 19 sociedades mercantiles con inscripción en el Registro Público de Comercio (RPC) de la Secretaría federal de Economía (SE), y que validan empresas yucatecas dedicadas a la industria energética, gastronómica, inmobiliaria, turística, de infraestructura, medios de comunicación (TV Azteca) y juegos de salón (“casinos” en Juárez, Chihuahua), repartió al menos 15 parcelas y “las inscribió ilegalmente como suyas” -afirma la Unión- en el Registro Agrario.

Una de las sociedades del magnate, Kinich Energy S.A. de C.V. que se registró en el RPC el 14 de noviembre de 2016 –Número Único de Documento 2016000749480048- e incluye como socios a dos integrantes de la familia Castaldi Fitzmaurice (mexicanos) y a Christian Rico Mouriño (de nacionalidad española), forma parte del consorcio “Energía Mayakan”.

Se trata de un conglomerado que la transnacional energética francesa ENGIE creó como filial en México para construir y operar, a partir de 2017, un ducto de gas natural en la costa tabasqueña que hoy, al amparo del actual gobierno federal mexicano, vio crecer su fortuna en nuestro país.

Esto porque el pasado 12 de junio, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Barlett Díaz, y la vicepresidenta ejecutiva Global de ENGIE, Cécile Previeu, pusieron en marcha el proyecto “Ampliación del Gasoducto Mayakan”.

La obra de infraestructura energética abastecerá a la península de Yucatán, por 25 años, 567 millones de pies cúbicos de gas natural diarios a través de la construcción de casi 800 kilómetros de tubería desde Ciudad Pemex, Tabasco, hasta Valladolid, Yucatán, cubriendo de paso las necesidades de Campeche.

Como colofón a esta reveladora historia de poder y oportunismo, cabe destacar otro hecho:

El 13 de octubre de 2023, en la ciudad de Mérida, el magnate Abraham Mafud, en su faceta de benefactor social al presidir el Consejo Consultivo de la Junta de Asistencia Privada en Yucatán, fue uno de los más de 40 personajes yucatecos variopintos que ese día se unieron a la entonces coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum.

En un acto público al que se sumaron el polémico clavadista Rommel Pacheco, así como diversos políticos y exfuncionarios públicos de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional (PRIAN), Carlos Enrique Abraham y su hermano Roberto, también empresario, “compositor musical y promotor cultural”, firmaron el “Acuerdo de Unidad para la Transformación en Yucatán”.

Lo que siguió a ese compromiso político fue la ampliación del jugoso contrato al gasoducto Mayakan: dos mil millones de dólares provenientes del erario.

Carlos Abraham Mafud (primero a la derecha), uno de los representantes del consorcio energético transnacional Energía Mayakam, en la ceremonia de arranque del proyecto de ampliación de la obra que tendrá como inversión pública dos mil millones de dólares (Imagen: CFE).

PEDREGALES, EN CONFLICTO AGRARIO

Mientras todo eso sucedía, la Unión de pobladores y la asociación civil “Grupo Indignación” denunciaron que el empresario yucateco entregó seis millones de pesos al comisariado ejidal de Chablekal para quedarse con Misnébalam.

Indignación, la organización defensora del ambiente y los derechos humanos más relevante de Yucatán, que entre sus causas más importantes están la visibilización de la tortura, la protección a campesinos mayas del despojo de sus tierras y la exitosa resistencia a la entrada de soya transgénica al estado peninsular, acompaña a los pobladores en rebeldía desde que éstos iniciaron su lucha contra el ejido y los empresarios inmobiliarios en 2007.

En el predio que hoy todavía está n disputa, afirman los denunciantes en diversos comunicados en poder de 4 Vientos, se incluyen las 44 hectáreas que INVERCO compró en Misnébalam a los patrones yucatecos que dijeron ser sus dueños.

Señalan que, encabezados por Abraham Mafud, los “terratenientes inmobiliarios” Antonino Almazán Arteaga, Emilio Alberto Gamboa García, Vicente de Jesús y Erik Ramiro Matos Castañeda, entre otros, se empoderaron del sitio al adquirir la calidad de “ejidatarios” por medio de la corrupción.

Así, y por años, los denunciantes afirman que el grupo empresarial despojó miles de hectáreas comunales en la demarcación de Chablekal.

A la trama de presunta putrefacción, afirman Indignación y los pobladores, se sumaron funcionarios de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional y del mismo Tribunal Unitario Agrario de distrito adscritos a Yucatán en los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Los comunicados narran que “la venta ilegal de Misnébalan” por parte del comisariado ejidal se concretó a finales de 2018, fecha que coincide con el nacimiento de la empresa “Inversión Colectiva Inmobiliaria, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable” (Inverco, S.A.P.I. de C.V.) que el 4 de diciembre de ese año quedó inscrita en el Registro Público de Comercio en Yucatán -acta N-2018101607- por los accionistas fundadores Miguel Ángel Aguayo de Pau y Rolando Alberto Bello Mejía.

Narran así lo que sucedió en ese momento:

“En abril de 2018, un grupo de compañeros de la Unión encontró a dos personas realizando lo que parecían ser trabajos de mensura (medición, o topográficos), quienes respondieron que trabajaban para Carlos Abraham Mafud, a lo que respondimos invitándolos a retirarse y recordándoles que existía una medida precautoria del Tribunal Agrario”.

Posteriormente, indican los denunciantes, conocieron que Abraham Mafud hizo el reparto de 15 parcelas en Misnébalam y las inscribió como suyas en el Registro Agrario Nacional, “vulnerando una vez más la medida precautoria” impuesta por la justicia agraria.

“Nuevamente, el 6 de enero de 2019, integrantes del comisariado ejidal de Chablekal volvieron a ingresar al monte de Misnebalam diciendo que se encontraban midiendo, pues no conocían la cantidad de hectáreas de ese monte”.

Al día siguiente, los integrantes de la Unión de Pobladores solicitaron una reunión con el comisario ejidal para saber cuál era la intención de sus acciones.

La respuesta del entonces nuevo presidente del ejido, Manuel Aban, fue que él, como representante del ejido, ya tenía planes para Misnebalam y que uno de ellos era “sembrar 20 hectáreas de calabaza gigante”, proyecto que solicitó al gobierno del estado y que implicaba desmontar con maquinaria pesada esa superficie de selva baja.

La Unión contestó que no aceptaba el proyecto porque el polígono, por mandato judicial agrario, “no se puede tocar”.

Agregaron: “Pese a esto, el comisario dejó en claro ante los pobladores que su intención se realizaría siempre y cuando su asamblea general (ejidal) lo aprobara, ya que esa es la máxima autoridad y que no habría otros argumentos que lo impidiera”.

Aban dijo también que los pobladores se tenían que conformar con recibir “la cantidad de un mecate cuadrado de tierra”, como regalo del ejido.

Los afectados, a quienes los directivos campesinos han negado reiteradamente su petición de ser integrados al ejido, destacaron que al inicio de la administración de Manuel Aban sostuvieron dos reuniones con él, estando presentes, como testigos, dos funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA).

De acuerdo con esa versión, en la primera conversación los empleados públicos agrarios subrayaron al comisario la importancia de que los pobladores fueran reconocidos como avecindados.

“Hasta hoy Aban no ha dado respuesta, pero sabemos que sus intenciones son claras: vender los pocos montes que quedan, mismos que los pobladores hemos defendido desde hace 10 años, cuando demandamos al ejido”.

Y en la segunda reunión, los funcionarios de la PA informaron al comisariado que la venta de terrenos en Misnébalam “es totalmente fraudulenta” y que se podría impugnar ante juzgados, acción que ya emprendieron los integrantes de la Unión.

“El comisario y su equipo están mintiendo. En Misnébalam no se puede parcelar ni dividir, mucho menos se puede vender o escriturar. El tribunal ha ordenado que el ejido respete la parte que se tiene en posesión por parte de los pobladores. El ejido no debería ni siquiera entrar al sitio”.

Por eso, los integrantes de la Unión e Indignación dicen que aun cuando el ejido afirma que ya ganó las 120 hectáreas de Misnébalam, “hasta el día de hoy” los pobladores de Chablekal siguen en posesión del polígono.

“Le recordamos al ejido y a los empresarios que sobre esos montes hay una suspensión del tribunal agrario y no han ganado nada. Además, somos los pobladores quienes tenemos la posesión de Misnébalam y lo seguiremos defendiendo de las ventas ilegales que han hecho”.

4 Vientos confirmó que, hasta el pasado viernes 6 de septiembre, es decir 10 años después de que estalló el conflicto, el juicio agrario por Misnébalam se mantiene “vigente”, en espera de que el gobierno federal lo resuelva de manera definitiva.

Quizás por eso Inverco paralizó, en 2023, la construcción de casas y el desmonte de terrenos en el fraccionamiento, y retrasó por tiempo indefinido la entrega de escrituras públicas a los pocos compradores de Pedregales de Misnébalam a quienes ya entregó, o está por entregar vivienda y/o terrenos.

Asimismo, su actual política de “arreglo” del conflicto inmoral y penal que los accionistas, actuales y fundadores, crearon en el fraccionamiento, la basa en la marrullera entrega de terrenos a cambio de los compromisos no cumplidos en los contratos de compraventa que firmó con al menos 700 clientes mexicanos y extranjeros, por cierto, a precios que en menos de un año la empresa duplicó en su valor de venta: de 320 mil a 620 mil pesos.

Esto según contaron a 4 Vientos decenas de clientes que en los últimos 30 días platicaron con la abogada Cecilia Villanueva, “una empleada arrogante” de la inmobiliaria –según la describen quienes han tratado con ella-, en busca de una posible “solución al problema”.

Asimismo, la compañía no cumplió con los tiempos de construcción y operación de los servicios públicos en la unidad habitacional, así como tampoco logró el cambio de uso de suelo, el deslinde y desmonte de tierras en el predio, ni la creación de un régimen de condominios para el fraccionamiento que dijo levantaría en medio de un terreno que los accionistas de antemano conocían estaba en conflicto agrario.

La lucha legal de los pobladores de Chablekal cuenta con la simpatía y la solidaridad de diversos grupos, personas e instituciones federales y estatales que los respaldan en su lucha de 10 años contra la devastación inmobiliarias que impulsan autoridades ejidales y empresarios (Imagen: Indignación, A.C.).

LA PROTECCIÓN DE PROGRESO A INVERCO SIGUE

Tampoco existe, o se reserva con argumentos legaloides, información de al menos nueve trámites municipales que Inverco debió hacer y obtener antes de iniciar la comercialización y promoción nacional e internacional del fraccionamiento.

Esta afirmación se sustenta en la respuesta que Iresine Solís Hernández, titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, dio a 4 Vientos referente al Recurso de Revisión 468/2024 interpuesto por el medio el pasado 8 de agosto, a través del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) del gobierno federal.

En la queja se cuestionó el sustento legal de la declaratoria de “Negativa Ficta”, también conocida como “Silencio Administrativo”, a la solicitud de información pública - folio 311218724000053- turnada a la Dirección municipal de Desarrollo Urbano y Obras Públicas encabezada por Luis Alberto Castro Naal, un incondicional del hoy expresidente de Progreso, el “indígena maya” y panista Julián Zacarías Curi.

En su contestación a este medio y a la PNT, fechada el 28 de agosto y notificada a 4 Vientos ese mismo día por correo electrónico, Solís Hernández anexó copia de dos notificaciones que su oficina hizo llegar al presidente municipal interino de Progreso –Roger Antonio Gómez Ortegón-, denunciando el “incumplimiento de transparencia” en que incurrió Castro Naal, sus empleados y dos jefes de oficina más, respecto a la solicitud de información relativa al Fraccionamiento Pedregales de Misnébalam.

La última de las notificaciones está fechada el pasado 16 de agosto y, al igual que las dos anteriores, Gómez Ortegón simplemente las ignoró, no les dio respuesta, por lo que se volvió cómplice de las acciones abusivas de autoridad y censoras del gobierno de Progreso.

También quedó en evidencia la acción protectora del ayuntamiento a las actividades inmorales y presuntamente ilegales de Inverco en Misnébalam.

En sus escritos al edil interino, de los cuales envió copia al director de Contraloría -Juan J. Fuentes Aguilar- para su conocimiento, Iresine Solís destaca que la negativa de colaboración con la unidad para transparentar la información que 4 Vientos pidió desde el pasado 20 de junio, aparte de afectar “nuestro índice de cumplimiento del 3% de impugnación”, viola el contenido del artículo 46 y otras disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

De acuerdo con la servidora pública, son tres las dependencias municipales a quienes la Unidad de Transparencia de Progreso solicitó infructuosamente, en tres ocasiones también, respuestas a la solicitud de 4 Vientos.

Ellas son la Subdirección de Recursos Humanos, la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y la Secretaría Municipal del Ayuntamiento.

Las tres tienen como superior jerárquico al presidente municipal interino, el cual fue notificado de que sus titulares no estaban colaborando con la Unidad y por lo tanto Antonio Gómez debía ordenarles “realizar sin demora las acciones conducentes” de transparencia.

Hasta el sábado 7 de septiembre, el edil desobedeció lo que la ley federal de transparencia le ordena hacer en casos como el de Inverco / Pedregales de Misnébalam, lo que 4 Vientos hará del conocimiento de las autoridades competentes en materia de acceso a la información pública.

Paradójicamente, no todo es progreso en el municipio de Progreso, Yucatán (Imagen: Captura de pantalla en Youtube).

CHABLEKAL, UN PUEBLO EJEMPLO DE TENACIDAD

La historia de irregularidades en el territorio que ocupa la comunidad maya de Chablekal se remonta a principios del siglo pasado, en que las tierras colectivas del sitio fueron explotadas por una empresa extranjera henequenalera que destruyó, por primera vez, su selva baja y vestigios arqueológicos de la cultura maya.

De acuerdo con José Angel Koyoc Kú, estudiante de posgrado e investigador independiente del Departamento de Historia del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), la historia de Misnébalam y su relación con los mayas de Chablekal, clarifica la dimensión de la lucha que la Unió emprende en la jurisdicción con admirable tesón.

“Una lucha que cuestiona de fondo la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno y en cómo miramos las selvas”.

En un artículo de divulgación que tituló “Misnebalam: historia de un monte maya”, desmenuza el legado histórico del lugar desde el tiempo en que fue ocupado por las diferentes repúblicas de indios del norte de Mérida, hasta su enajenación conjunta con otras poblaciones de la zona, como Conkal o Chicxulub, por parte de “hombres blancos y mestizos” que la devastan desde el siglo XVIII a la fecha.

Detalla en su ensayo:

“En las últimas décadas del siglo XIX, cuando Arcadio Mendoza figuraba como el propietario, en torno al casco de Misnebalam comenzaron a expandirse los henequenales necesarios para el cultivo del agave, la nueva ‘riqueza’ del estado de Yucatán. Los milperos, que comenzaban a transformarse en peones agroindustriales, fueron los encargados, hacha en mano, de tumbar el monte bajo, sembrarlo por última vez con maíz y posteriormente sembrar las líneas de agave de los planteles”.

Narra también que si bien tras el reparto agrario cardenista, en 1937, Misnébalam pasó a manos de los milperos mayas de Chablekal, la superficie continuó siendo sembrada con el agave durante varias décadas.

“Sin embargo, el declive del mercado del henequén provocó que el agave dejara de sembrarse en Misnebalam”, lo que permitió que la vegetación cubriera de nuevo los henequenales.

“Pero ha sido la gestión de los pobladores de Chablekal la que ha permitido que hoy pueda hablarse de k’áax (selva baja) en un espacio que había sido devastado previamente por un proyecto agroexportador impuesto”.

Igualmente destaca que el trabajo de conservación que realizan los pobladores de Chablekal ha hecho posible que ese espacio de árboles, arbustos y animales “no corra la suerte de la enorme mayoría de los montes ejidales del norte de Mérida que hoy sólo existen en el recuerdo de algunos pobladores y mapas antiguos, ya que en su lugar se erigen hoy centros comerciales de lujo, privadas exclusivas y ‘desarrollos’ inmobiliarios.”

Recalca que lejos de reproducir la idea de los montes como un espacio virgen y prístino, la lucha de los pobladores simboliza la exigencia de los mayas de Chablekal de decidir qué sucede en su territorio como pueblo maya, un ejercicio que también interpela a siglos de explotación en donde esos mismos montes fueron transformados y devastados a costa de la “compulsión laboral” de los mayas desde proyectos y visiones ajenas.

“El acto de defender y conservar Misnebalam como k’áax, en suma, reivindica la presencia centenaria de los mayas de Chablekal invisibilizada y su capacidad para construir otras relaciones que vayan más allá de la devastación o el cercamiento de los montes ejidales”, concluye el historiador.

Los pobladores de Chablekal, firmes e inagotables defensores de las tradiciones y costumbres del territorio maya de Misnébalam (Imagen: desinformemonos.org).

LA NUEVA HISTORIA, TÓXICA, IRRITANTE

El análisis del especialista contrasta brutalmente con hechos vergonzosos que los integrantes de Indignación y la Unión de pobladores denuncian en sus escritos. Aquí algunos ejemplos:

1.- El 18 de febrero de 2007, los empresarios pagaron al comisariado ejidal de Chablekal siete millones 452 mil 658 pesos como contraprestación por sus aportes para ser reconocidos con la calidad agraria de ejidatarios.

2.- El 28 de marzo de 2007, once ejidatarios reconocieron como “avecinado” al empresario Manuel Adonay Vargas Cuevas, acción que obra en un acta certificada de “asamblea” ejidal de esa fecha.

3.- El 28 de abril de 2011, la asamblea general de ejidatarios, con la complicidad de las autoridades agrarias de Yucatán, reconoce derechos de posesión de la Parcela Escolar y de la Unidad Agrícola de la Mujer al empresario Helio Alejandro Monforte Jaimes, quien de inmediato vende los terrenos a “especuladores inmobiliarios”.

4.- El 1 de abril de 2015, el Registro Agrario Nacional en Mérida certifica -oficio 1873/2015- que existe una superficie de mil 223 hectáreas de tierras de uso común en el ejido de Chablekal, lo que echó por tierra la versión del comisariado de que, a esa fecha, “ya no existen excedentes” de esos predios cuando en realidad su plan era venderlos en secreto a los empresarios.

5.- En los primeros días de enero de 2016, en una asamblea informal del ejido, Carlos Abraham Mafud ofreció entregar a cada uno de los ejidatarios, a más tardar el 28 de enero de ese año, cinco mil pesos como anticipo de compraventa por una superficie no determinada de tierras ejidales del polígono MisnéBalam.

6.- En otra asamblea informal a la que asistieron únicamente 100 de 340 ejidatarios, el mismo empresario pagó a los asistentes una cantidad no especificada por la compra de 800 hectáreas.

“Sin embargo, éste se adjudicó la cantidad de mil 400 hectáreas con el argumento de que de esas tierras sacaría los caminos para el fraccionamiento (no identificaron el nombre comercial de ese negocio inmobiliario) y la lotificación de esos terrenos”.

Ante el hecho, indican la Unión e Indignación, un grupo de ejidatarios inconformes demandó a sus compañeros ante la Procuraduría y el Tribunal Agrario “sin que hasta el momento se tenga una resolución favorable para los quejosos”.

Por su parte, el portal periodístico regeneraciónradio.org, el 18 de enero de 2017, denunció hechos presuntamente ilegales cometidos por empresarios liderados por el magnate Carlos Enrique Abraham Mafud.

En su publicación, el medio acusa a los patrones de colocar en cargos de dirección ejidal a “gente ambiciosa” para traficar y acaparar terrenos de Chablekal.

Fue así como el grupo compró, a razón de cinco pesos el metro cuadrado, una superficie de 400 hectáreas que luego se transformaron, milagrosamente en 600. Ahí construyeron el Yucatán Country Club que hoy es casi colindante con el fraccionamiento Pedregales de Misnébalam.

Sin embargo, destaca el medio yucateco, fue en el periodo de 2013 a 2016 cuando el ejido estuvo representado por Leoncio Coot Kantun, Pedro Can Martin y Rogelio Chale Euan -presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal, respectivamente-, que seis empresarios se beneficiaron con la asignación de 418 hectáreas.

Los “ganones” fueron Carlos Enrique Abraham Mafud, Juan Pastor Almazán Arteaga, Vicente de Jesús Matos Castañeda, Carlos Alberto Génova Gamboa, Fernando Sahagún Pérez y María de Lourdes Zentella González.

Con la presencia de Roger Armando Cetz Utrera, visitador de la Procuraduría Agraria, en la asamblea ejidal del 14 de enero de 2014 se firmó aquel acuerdo, pero el acta de la reunión hasta el día de hoy está extraviada.

De acuerdo con regeneraciónradio.org, el documento no se inscribió en el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria dice no tenerla porque “el ejido no nos proporcionó una copia”.

La aparente actitud criminal en ambas dependencias federales y el comisariado ejidal provocó que al menos ocho ejidatarios se inconformaran ante el Tribunal Unitario Agrario en Mérida.

Pero los empresarios y sus aliados ejidales hicieron una nueva acta de asamblea, de fecha 31 de marzo de 2014, en donde informan a las autoridades agrarias que en realidad son 881 hectáreas comunales las que se asignaron a 30 personas ajenas al ejido, pero directamente enlazadas con Abraham Mafud y su grupo.

Ellas son Antonino Almazán Arteaga, Santa Bartolo Acuña, Rubisel Zurita Cabrales, Rodrigo Zahoul Espinoza, Marco Antonio Arriola Valenzuela, Paola Casanova Pérez del Toro, Patricia Guadalupe Gálvez Lozano, María Lourdes Vanessa Terroba Arechavala, Salomón Toiver Geller, Felipe Salvador Cerón Aguilar, María de los Ángeles Solís Cámara Jiménez Canet, Erik Ramiro Matos Castañeda, José Jalil Xacur Zentella, Jorge Carlos Montalvo Cobo, Jorge Carlos Lujan Gamboa, José Fernando Ferraez Martínez, Sergio Asís Abraham Mafud, Eduardo José Abraham Xacur, Alberto José Abraham Xacur, José Antonio Abraham Xacur, Joaquín Rodríguez Borges, Jorge Eduardo Kuri Chapur, Omar Kuri Chapur, Daniel Sauri Contreras, Amín Antonio Saiden Caram, Luis Ignacio Solórzano Aizpuru, Guillermo Jaime Porter Matta, Cecilia Margarita Aguilar Carrillo, José Gabriel Medina Espinoza y Luis Alfonso Rivero Molina.

Los ejidatarios inconformes ampliaron su demanda en el tribunal agrario y revelaron que al hacer una medición de las tierras entregadas a los empresarios, el total superó por mucho la cifra contenida en la segunda acta.

¿De cuánto es el error en el deslinde? De poco más de 420 hectáreas, al llegar a mil 200 hectáreas la cantidad realmente usufructuada a los empresarios.

Hasta el 7 de septiembre de 2024, el juzgado agrario federal no ha resuelto nada respecto a estas supuestas anomalías.

Para el medio yucateco, esta actitud de las autoridades agrarias en Chablekal no es extraña.

Afirma que personajes como Gloria Magaña, ex registradora del Registro Agrario Nacional en Yucatán, Juan Carlos Briceño, ex delegado de la Procuraduría Agraria en Quintana Roo, “y otros ex funcionarios de las diversas dependencias agrarias”, han servido a los intereses de empresarios yucatecos que, aplicando corrupción, desde 2008 se han incorporado al padrón estatal de ejidatarios.

Se trata, sin duda, de un tema espinoso que el gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que investigar y sancionar, de encontrar elementos penales para hacerlo, sin que importe el hecho de que el magnate Carlos Enrique Abraham Mafud se vista hoy con la piel de “Defensor de la Cuarta Transformación en Yucatán”.