Inmerso en la lucha de los cárteles que se autonombran “jefes de la plaza” y usaron asesinos que arrebataron la vida a por los menos el 80 por ciento de los 949 muertos con registro en la estadística oficial de homicidios dolosos en el lapso enero-abril de 2018, Baja California entregó a la federación 160 kilos de huesos que correspondían a 150 personas enterradas clandestinamente en los siete municipios del estado.
Javier Cruz / 4 Vientos
La ropa en jirones, una esperanza en el doloroso hallazgo (Adolfo Vladimir / Cuartoscuro).
A la fecha, no hay datos que corroboren la entrega oficial de los resultados del análisis ADN que se practicó tanto a familiares de los desaparecidos como a los cadáveres y huesos localizados en Baja California entre 2017 y 2018, así como de los 49 mil perfiles genéticos que existían en la Secretaría de Gobernación (SG) al concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Pero, en su momento, la entrega de los restos humanos a las oficinas centrales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO-PGR), y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS-Secretaría de Gobernación), permitió identificar el deplorable estado de cosas que el último gobierno oficialmente panista de Baja California fomentó al no hacer:
1.- Diversos estudios periciales especializados; 2.- comparar los resultados con cadenas de ADN obtenidas de familiares de personas desaparecidas; 3.- encontrar una liga genética que permita la identificación objetiva de quién era en vida el exhumado.
Todavía a finales de marzo de este año (2024), familiares de desaparecidos denunciaron ante Jorge Ochoa, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), diversos actos ilícitos cometidos por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California y las autoridades municipales.
La ombudsperson informó que, entre los principales puntos planteados en el diálogo, se encuentran temas relacionados con diversas instituciones, como mejorar los mecanismos de comunicación con las instituciones para tener conocimiento del seguimiento que se realiza para la integración de sus expedientes.
“Es necesaria una mayor colaboración entre los organismos públicos de derechos humanos y las instituciones de gobierno para fomentar una cultura basada en la dignidad humana, que priorice la reparación integral para las víctimas”, afirmó Jorge Ochoa en un comunicado.
Y es que a diferencia de otros restos humanos que la entidad envío en 2017 al sistema “Biobanco Mexicano” para sumarse a los 1.8 millones de marcadores genéticos pertenecientes a personas de 898 localidades rurales y urbanas en los 32 estados del país, los 160 kilos de huesos se obtuvieron gracias a la intervención directa que la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California hizo en 2018 ante las dos dependencias federales.
“Se trató del resultado de nuestra primera búsqueda de restos humanos en fosas clandestinas, acción que realizamos con el apoyo incondicional del equipo de especialistas de la SEIDO y la Comisión Nacional de Seguridad”, explicó Fernando Oceguera Flores, presidente de la organización civil.
Pero hasta el 7 de abril de este año no existe información oficial de que el gobierno federal ya entregó los resultados del análisis forense a los familiares de las víctimas que, en Baja California, cedieron su ADN a la Secretaría de Gobernación (SG) de Enrique Peña Nieto para la práctica de un análisis comparativo.
Se busca a los desaparecidos hasta en los panteones (Adolfo Vladimir / Cuartoscuro).
El 6 de septiembre de 2019, Alejandro Encinas Rodríguez, entonces subsecretario de Derechos Humanos, reveló a familiares de personas desaparecidas que una empresa que la Comisión Nacional de Seguridad peñista contrató para hacer análisis de ácido desoxirribonucleico en México, cedió a España, de manera ilegal, una parte de los 49 mil perfiles genéticos que tenía en su poder para investigación y resguardo.
Tres años después, un reportaje del periódico El Financiero reveló que Central ADN, S.A. de C.V. (ADN México), era la compañía defraudadora y que pese a tener en archivos 11 mil resultados genéticos “probables positivos” -es decir, uno de cada 5 expedientes contenidos en los 49 mil perfiles-, la información jamás se entregó a los deudos.
El escándalo, que incluyó una demanda penal del actual gobierno federal en contra de la empresa por el presunto delito de robo de información oficial, tuvo una segunda consecuencia: la opacidad informativa en torno a quiénes ya recibieron la confirmación de que los restos fueron identificados y entregados a los deudos para que éstos los entierren y pongan fin a la tristeza, el dolor y la desesperación.
4 Vientos platicó con Oceguera, el 16 y 17 de mayo de 2018, cuando éste cumplía tres días de trabajo de búsqueda en el Valle de La Trinidad, Ensenada, labor coordinada con un entonces nuevo equipo de investigación forense compuesto por 30 elementos.
El inusitado aparato de búsqueda lo formaron cuatro agentes del Ministerio Público Federal, así como geólogos, antropólogos forenses, técnicos en video, arqueólogos especializados, operadores de un geo radar molecular, un equipo de perros rastreadores y 10 integrantes de la Gendarmería Nacional.
Esta fuerza especial, segunda que en Baja California trabajaba en coordinación con la asociación civil y primera que operó en Ensenada, se integró a petición de familiares de personas desaparecidas en el valle agrícola que se localiza 120 kilómetros al este de la ciudad y puerto de Ensenada.
Se trató de un sitio donde, previamente, la indolente Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tardó 15 días en recuperar los cadáveres de cuatro personas en medio de sospechas de que había más osamentas que la institución simplemente se negó a buscar.
De acuerdo con Oceguera, la desconfianza de los buscadores en la fiscalía estatal era muy grande porque “ni siquiera abre carpetas de investigación” cuando se presentaba una denuncia por desaparición de persona en las agencias del Ministerio Público del Fuero Común.
Por eso, los investigadores federales retomaron el trabajo de localización precisamente en la zona donde a principios de2018 se recuperaron los cuatro cuerpos.
“El equipo llegó a Ensenada el martes 15 (de mayo) y en los dos días subsecuentes recorrimos el área donde la gente del valle nos informa que podrían existir fosas clandestinas. Esto es un grupo de cañadas, de aproximadamente 7 kilómetros de largo, y los sitios identificados como Las Minitas y Las Chichis”, lugar éste último en donde se extrajeron los restos de las cuatro personas que hasta hoy oficialmente no están identificadas.
Diana Loza en la búsqueda de su hijo, el año pasado (Foto: Adelina Dayebi Pazos / El Sol de Tijuana).
Gracias al apoyo de los perros adiestrados, las herramientas tecnológicas de última generación y el trabajo de los especialistas, se logró ubicar con precisión “varios lugares sospechosos” que comenzarán a ser analizados individualmente a partir del viernes 18 de mayo.
“Los familiares de personas desaparecidas en La Trinidad, Ojos Negros, la ciudad de Ensenada y el valle de San Quintín, nos pidieron apoyo. Hicimos gestiones en la Ciudad de México con el titular de la SEIDO -Alonso Israel Lira Salas- y el Comisionado Nacional de Seguridad -Renato Sales Heredia-, y de ambos obtuvimos una excelente e incondicional respuesta”, explicó Fernando Oceguera.
El resultado de la gestión inició en Ensenada y San Quintín: el 20 y 22 de abril de 2018, personal de la SEIDO recabó muestras de sangre de familiares de personas desaparecidas y las llevó al banco de ADN en la Ciudad de México.
Se trató de “un instrumento de investigación científica que no existía en Baja California”, en donde además no había una base estatal de datos genéticos que se conectara directamente con el Sistema Informático de Índice Combinado de ADN (CODIS) que, a nivel nacional, para esos días tenía más de 30 mil perfiles genéticos.
En aquella ocasión se presentaron a entregar sangre 52 familiares de desaparecidos.
“Si tomamos en consideración que se hacen las pruebas a dos familiares por cada víctima, estamos hablando de al menos 26 desaparecidos. Y esta cifra no es especulación”, destacó Oceguera.
Tampoco teorizó cuando recordó que en enero de ese año miembros de la asociación se presentaron en La Trinidad para verificar la recuperación de cadáveres en la fosa clandestina de “Las Chichis”.
Entonces, atendieron a 49 compareces que representaban 35 casos comprobados de personas desaparecidas en el valle agrícola, así como en Ojos Negros, Ensenada y el valle de San Quintín. Se trataba de una cifra muy alta para un problema del que se desconocía en su real dimensión.
“En semanas previas recibimos al menos 10 correos electrónicos de quienes decían ser madres, hermanas, primas y padres de personas desaparecidas en la ciudad de Ensenada, entre las que también teníamos casos de mujeres. Estoy hablando de casos que se remontaban desde 2014 a la 2018”.
Objetos localizados en 2020, durante una brigada de búsqueda en Ensenada (Foto: Gobierno de BC).
Agregó: “Me dicen: ´Yo sé dónde está el cuerpo de mi hijo, de mi primo´, pero les digo que no se arriesguen, que no quieran rescatar solos los cuerpos porque eso es muy peligroso. Primero debemos recabar información y ésta la ponemos a disposición de las autoridades para que hagan su trabajo.”
Igualmente destacó que “había mucho olvido” por parte de las autoridades de Ensenada y del resto de Baja California, pero en realidad existía mucho más que “olvido” de los gobernantes en el tema de los desaparecidos.
Adriana Jean Manuel, activista social de Ensenada que trabaja con familiares de siete personas desaparecidas en la metrópoli porteña y su zona conurbada, relató que en aquellos años las agencias del ministerio público de la PGJE minimizan las denuncias o de plano no las atendían profesionalmente.
Prueba de ello fue el caso del entonces presidente municipal Marco Antonio Novelo Osuna, quien ordenó retirar diversas mantas que se colocaron en lugares públicos para pedir apoyo comunitario en la búsqueda de las víctimas, acto inhumano que el funcionario justificó con el argumento de que “contaminaban visualmente” la ciudad y no se pagaron los derechos municipales por colocar “propaganda” en la vía pública.
Por otra parte, el poder legislativo del estado aportó desgano, negligencia, complicidad y omisión al tema.
Desde 2013 los congresistas se negaban a homologar los estatutos locales con la Ley General de Víctimas, de aplicación federal, lo que colocaba a Baja California como una de las dos entidades que a 2018 no hacían la sincronización legislativa y judicial en el caso de los desaparecidos.
Por ello, el congreso decía que no estaba facultado legalmente a entregar recursos públicos al trabajo profesional de localización de personas desaparecidas.
“Por ley, si esta norma se homologara con la federal, ese presupuesto debería ser de 80 millones de pesos al año. Ahora bien, en febrero de 2017 propusimos que solo fueran 20 millones, dinero que fácilmente se podía obtener de los decomisos de droga que, según cifras oficiales para el periodo enero a mayo de 2018, representan en Baja California 900 millones de pesos, pero ante la burocracia simplemente no avanzamos”, denunció Oceguera.
Hay más. En noviembre del 2017, con la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el gobierno estatal debió trabajar en la creación del Sistema local de Búsqueda de Personas, la Comisión estatal de Búsqueda y un Consejo Ciudadano independiente de las autoridades regionales.
Pero ni el congreso ni el gobierno que tutelaba el panista Francisco Vega de Lamadrid emprendieron acciones concretas para cumplir con lo que ordenaba la legislación federal.
Protesta de buscadores de personas desaparecidas en Tijuana, agosto de 2019 (Tijuana Press).
Igualmente, Oceguera Flores resaltó que los habitantes de La Trinidad solicitaron, de manera reiterada y urgente, una reunión informativa y de trabajo con Perla del Socorro Ibarra Leyva, entonces procuradora General de Justicia de Baja California, para denunciar las múltiples anomalías que se daban en la integración de las averiguaciones previas, cuando éstas finalmente se iniciaban.
“Para empezar, las pruebas, estudios e investigaciones que entonces hacían los integrantes del grupo de trabajo de la SEIDO y la Comisión Nacional de Seguridad, las debían realizar peritos de la procuraduría estatal de Justicia. Esto para comenzar a integrar, de manera correcta y profesional, las averiguaciones previas”.
Pero hay testimonio de múltiples casos de familiares que hicieron su denuncia ante el ministerio público, pero los agentes simplemente se negaron a iniciar las carpetas de investigación.
Asimismo, la procuraduría se negó a elaborar y poner en marcha un plan de investigación definido y estructurado para atender profesionalmente “el grave problema de los desaparecidos”.
¿Qué tan grave era y sigue siendo el inconveniente de inseguridad?
En Baja California, de acuerdo con cifras de la organización civil DDHH Elemental, de diciembre de 2006 hasta diciembre de 2022 existían 17 mil 306 carpetas de investigación abiertas por el delito de desaparición. A la fecha se desconoce cuántas de ellas están resueltas.
De ese total, la Fiscalía General del Estado no tenía registro del sexo y la edad de seis mil 427 personas desaparecidas (37.17% de los reportes, o 4 de cada 10).
Asimismo, reportó que de enero de 2010 a octubre del año pasado se ingresó a fosa común 11 mil 939 cuerpos sin identificar, y que de octubre de 2009 a mayo de 2023 se recuperaron 277 cadáveres y mil 197 restos en 274 fosas clandestinas.
Según la organización civil, en el estado el promedio de desaparición en el 2022 alcanzó 72.6 personas desaparecidas por cada 100,000 habitantes, una tasa mucho mayor a los picos que se registraron en 2011 y 2012.
Y a partir del 2018 los incrementos mostraban “una tendencia preocupante”.
En lo que respecta a la búsqueda de personas, el asunto hizo crisis cuando la SEIDO desapareció y los trabajos que esta dependencia hizo en el valle de La Trinidad y otras zonas de Baja California, que concluyeron con la recolección de los 160 kilos de huesos, terminaron al entrar en operación la Comisión Nacional de Búsqueda y ésta privatizara el análisis de ADN.
Canes adiestrados en búsqueda de personas se unen a las brigadas (Foto: Comisión Nacional de Búsqueda).
En este contexto de corrupción, omisión, negligencia y complicidad, Fernando Oceguera reveló:
“Ante la indiferencia de las autoridades al tema de la inseguridad, la gente ahora prefiere pagar a los secuestradores para evitar tener a sus familiares en la lista de desaparecidos”.
El activista dijo conocer que en 2018 al menos tres secuestros se resolvieron con la liberación de las víctimas porque los familiares aceptaron pagar a los secuestradores lo que éstos pedían como rescate los delincuentes.
“Pero las autoridades son las encargadas de investigar y evitar que esto suceda. Su responsabilidad es que, si hay un desaparecido, deben averiguar profesionalmente y resolver pronto los casos”.
La revelación de Oceguera tiene un respaldo oficial. En el periodo enero-abril del 2018, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado registró un total de nueve secuestros en todo el estado, con la mayor cantidad ocurridos en abril (cuatro casos).
Se repartieron así: uno en Mexicali, siete en Tijuana y otro en Ensenada.
Pero el inconveniente de los desaparecidos también se vincula, de manera directa, con el delito de homicidio doloso, el cual se origina en la confrontación de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Tijuana (Arellano Félix), Jalisco Neto Fonseca y Familia Michoacana, por el control del tráfico de drogas a Estados Unidos y el consumo de enervantes en Baja California.
Por ejemplo, la consolidación del grupo delincuencial “Cártel de La Rana”, que desde 2014 opera en la costa del Pacífico bajacaliforniano y su jefe visible -René Arzate García- suma una recompensa por información o detención de 20 mil dólares pagada por la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), estalló una batalla sin precedente cuando se identificó como “el jefe de la plaza”.
Esta ofensiva de las bandas criminales disparó la cifra de homicidios dolosos en Ensenada, municipio que en 2018 ocupó el segundo lugar estatal en la estadística criminal oficial con 80 homicidios intencionales en el periodo enero-abril, lo que incluyó la cifra récord para un mes (29 muertos en abril) y “con amplias posibilidades de crecer”, tal y como sucede hasta hoy.
También en 2023, la infatigable búsqueda de una madre en Baja California (Foto: Cuartoscuro).
Al desolador panorama, la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California contrapone valentía, fortaleza y esperanza.
“Quiero felicitar a las madres y padres del valle de La Trinidad porque, gracias a su valor civil, hicieron posible que este grupo de especialistas llegara a Ensenada. Para nosotros es muy triste, muy impactante ver sus caras de desesperación y dolor por sus desaparecidos, pero nosotros ya perdimos el miedo y por eso le decimos a las familias que pueden contar con nuestra organización”, afirmó Fernando Oceguera.
Desde febrero de 2007, el activista busca a su hijo Fernando Oceguera Ruelas. No se desalentó cuando un agente del Ministerio Público de Tijuana le dijo cínicamente que no se metiera en el caso porque “solo entorpecerá la investigación”.
Hoy, esta tenaz actitud que identifica a todos los buscadores de personas desaparecidas en Baja California, que contagia a los familiares y activistas que los apoyan, ayuda a mover lo que las autoridades en todos los niveles quieren detener, obstaculizar, ocultar o entorpecer: la localización de miles de desaparecidos en el estado…
Aunque la penosa búsqueda solo arroje algunos restos de huesos humanos.
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