A 4 años de que el congreso de BC ordenó a Ensenada ceder a Playas de Rosarito 16 mil 800 hectáreas de su territorio, incluido el poblado Santa Anita que tiene gran potencial hídrico, predial y turístico, la transmisión oficial del predio no concluye.
Javier Cruz / 4 Vientos
El río Guadalupe, que se origina en la Sierra de Juárez, B.C., genera un importante recurso hídrico en su desembocadura al océano Pacífico, la cual divide ahora a los municipios de Playas de Rosarito (al norte) y Ensenada (al sur). Fotos: Captura de pantalla en Youtube.
La ordenanza igualmente cuenta con una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de diciembre de 2022, la cual resolvió dos controversias constitucionales -números 15/2020 y 16/2020- a favor de la disposición legislativa de Baja California que dotó a Rosarito de una parte del territorio que perteneció por un siglo a Ensenada.
Pero aun así las dos últimas administraciones públicas que presidió Armado Ayala Robles, el hoy candidato al Senado por el partido Morena, cobraron ilegalmente impuestos y derechos municipales por una cantidad oficial desconocida, pero datos que el edil reveló antes de iniciar su campaña al Senado por Baja California, proyectan ingresos ilícitos en 12,5 millones de pesos al concluir este año.
Por ello, el gobierno de Playas de Rosarito pidió la intervención de los diputados para recuperar esos ingresos y obligar a Ensenada que termine la entrega del territorio que legalmente perdió en el congreso (enero de 2020) y en la Suprema Corte.
Ahora, el pasado 28 de febrero, con 19 votos a favor, los legisladores aprobaron exhortar a los dos ayuntamientos para que, a la brevedad, informen y concluyan la Entrega-Recepción que ordenó el Decreto 15 que se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 3 de enero de 2020.
La congresista Rocío Adame Muñoz presentó el Acuerdo de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, documento que surgió del Punto de Acuerdo Económico del IX Ayuntamiento de Playas de Rosarito, en el cual éste pidió la intervención del congreso para persuadir al XXIV Ayuntamiento de Ensenada que se abstenga de realizar nuevos actos recaudatorios en Santa Anita.
El humedal en la desembocadura del río Guadalupe en el océano Pacífico, divide a los municipios de Ensenada (al sur) y Playas de Rosarito (al norte). Foto en radanoticias.info.
Sin mencionar cuánto dinero recaudó Ensenada de manera ilícita, los congresistas demandaron también la transferencia de información y recursos económicos de los ejercicios fiscales que van de 2020 a 2024 relativos a las cuentas cobradas a los habitantes del poblado y comunidades aledañas.
Un mes antes, el 25 de enero, en sesión ordinaria del Pleno legislativo, los diputados aprobaron en comisiones el incito a los dos municipios que gobierna el partido Morena, para avanzar en la dotación territorial y en los trabajos conjuntos necesarios para ejecutar lo que ordenan los artículos transitorios 5 y 6 del decreto de Creación del Estatuto Territorial que impone los límites entre ambas jurisdicciones.
Ayala Robles, ahijado político y ex empleado del exgobernador morenista Jaime Bonilla, justifica su negativa a cumplir las órdenes de la Suprema Corte y el congreso porque "no se me notificó la resolución" judicial federal. Así, incluyó la recaudación en Santa Anita en todas las leyes de Ingresos de Ensenada, incluida la de 2024.
En conferencia de prensa que se realizó en diciembre de 2022, el edil calculó que ese año recaudó dos y medio millones de pesos en impuesto predial que se requirió a los tenedores de las mil 300 claves catastrales que existen en Santa Anita, la mayoría pertenecientes a extranjeros pensionados. Y que para 2023 y 2024 la cantidad aumentaría hasta cinco millones anuales.
Es decir, en apenas tres años de imponer los gravámenes municipales sobre la sentencia de la SCJN, el Ayuntamiento de Ensenada cobrará hasta 12,5 millones de pesos.
Pero hay otra visión sobre el tema. El Grupo Interdisciplinario para la Defensa del Territorio (GIT), que desde 1995 luchó por evitar que Ensenada perdiera 168 kilómetros cuadrados de su comarca, acusó a Ayala Robles de ser "omiso" en la conservación del predio en disputa, que incluye nueve kilómetros de costa en el Pacífico.
En un comunicado de enero pasado, los ingenieros, abogados, historiadores, notarios, geólogos, topógrafos y políticos que integran el GIT, acusaron al expresidente municipal de no insistir en la solución definitiva del conflicto "para no disgustar a los electores de ambos municipios", dado su interés político-electoral de ser senador por Baja California en la elección federal de 2024.
Se olvidan de que Ensenada pasó de tener en 2020 una superficie próxima a los 52 mil kilómetros cuadrados -el municipio más grande de México, el segundo en América Latina y poseedor del 74% de la superficie total de Baja California-, a tan sólo 19 mil 346 en 2021; es decir, una brutal reducción del 63% de su territorio.
Ello porque, en un breve lapso de tiempo, el congreso decretó la creación de tres nuevos municipios: Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe, lo que elevó a siete el número de municipios en Baja California.
Así, ya ni llorar por los centavos es bueno para los ensenadenses.
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