Mientras el mundo se prepara para celebrar el Día Mundial de la Salud el 7 de abril, el hecho de que los gobiernos no inviertan los recursos adecuados, o no proporcionan el apoyo presupuestario adecuado en los sistemas de salud pública, socava el derecho a la salud de cientos de millones de personas en todo el mundo.
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En México, más de 52 millones de personas, es decir el 40% de su población, no tiene seguro médico público (Shutterstock).
Un análisis de la organización Human Rights Watch (HRW) a los datos más recientes disponibles en la Base de Datos de Gasto Sanitario Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), muestra que la mayoría de los gobiernos gastaron menos del 5 % de su producto interno bruto (PIB), o el 15 % de su presupuesto nacional, en atención de salud en 2021.
Estos dos puntos de referencia, indicó hoy el observatorio internacional derecho humanista, son objetivos de gasto ampliamente aceptados en la atención de la salud pública.
Incluso en medio del aumento masivo del gasto sanitario mundial en 2020-2021, en el punto álgido de la pandemia de Covid-19, el 80% de la población mundial vivía en países que no cumplían con ninguno de los dos puntos de referencia de gasto.
Esto representa que, aun cuando al menos 140 países reconocen la salud como un derecho humano en su constitución, sus gobiernos no aprueban ni ponen en práctica leyes que garanticen que sus poblaciones tengan derecho a acceder a los servicios de salud.
“Esto respalda el hecho de que al menos 4.500 millones de personas (más de la mitad de la población mundial) no estaban completamente cubiertas por servicios de salud esenciales en 2021”, denunció este día el Consejo de la OMS sobre Economía de la Salud para Todos, con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La humanidad, aún muy lejos de tener acceso a la salud universal, progresiva, de calidad y oportuna (Diario Médico).
MÉXICO, ¿HACIA UNA VERDADERA TRANSFORMACIÓN SANITARIA?
En México, el pasado 15 de febrero, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, reconoció que más de 52 millones de personas de los casi 130 millones que hoy habitan en el país, viven sin derechohabiencia a una institución médica.
Por eso, aceptó, la nación aún está lejos de hacer realidad el derecho humano a la protección de la salud inscrita en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ese día, el funcionario federal señaló que desde mediados del siglo XIX “sabemos que las condiciones en que nacen, crecen, viven y trabajan las personas influyen en gran medida en su estado de salud y enfermedad”.
En la actualidad, admitió, en México permanecen arraigadas esas condiciones sociales generadoras de enfermedad.
Al mismo tiempo, “enfrentamos retos que tienen que ver con el calentamiento global, la resistencia a los antibióticos, el riesgo potencial de nuevas pandemias, la carcinogénesis laboral y ambiental y el agotamiento de las reservas de agua, entre muchos otros” problemas que influyen en el estado de salud de los connacionales.
Por ello, afirmó, uno de los objetivos más ambiciosos en la transformación del sistema sanitario es brindar servicios de salud con calidad a todos los mexicanos, visión a la cual se sumó el secretario del Consejo de Salubridad General (CSG), Marcos Cantero Cortés.
El especialista resaltó que con la reforma a la Ley General de Salud en 2019 se creó el Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS), que hasta el 15 de febrero tenía registradas 15 mil 528 claves de medicamentos e insumos.
También recordó que, al inicio de esta administración, sólo se reconocían 20 enfermedades raras.
“En la actualidad, se registran más de cinco mil 500 padecimientos de este tipo, incorporados en la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que hoy en México no tapamos el sol con un dedo ni hacemos como que no existen las enfermedades raras”.
Por su parte, Alejandro Calderón Alipi, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Bienestar, institución a la que se designó responsable de prestar servicios de salud a personas sin seguridad social en las entidades que decidieron adherirse al sistema, mencionó que el gobierno invierte en la contratación de personal médico, abasto de medicamentos, infraestructura y equipamiento.
Aseguró también que se registra 43 por ciento de avance en el proceso de basificación, al menos en la primera etapa, que se ha completado en los 11 estados que forman parte del IMSS-Bienestar.
Y en cuanto al proceso de credencialización, señaló que se han inscrito 27 mil 119 personas y resaltó que este trámite no es condicionante para recibir atención médica.
Finalmente, reveló el modelo MAS-Bienestar, el cual será supervisado y evaluado para garantizar “un sistema de salud universal, progresivo, de calidad, accesible y oportuno que asegure la prestación de servicios a toda población sin servicios médicos”.
Hasta ahí la visión del gobierno federal mexicano en materia de salud pública.
El sistema al que le apuesta el gobierno federal mexicano en materia de salud (Cortesía).
MI SALUD, MI DERECHO
Otra cosa es la que encontró HRW en su análisis previo al Día Mundial de la Salud, que este año tiene como eslogan “Mi salud, mi derecho", como un recordatorio de la obligación de los gobiernos de garantizar el más alto nivel posible de salud para todos.
Al profundizar en el gasto sanitario mundial –menor al 5% del PIB en 2021-, el observatorio descubrió que cuando esta cifra se ajusta a la inflación, 41 países experimentaron disminuciones en términos reales en su gasto público per cápita en salud entre 2019 y 2021, a pesar de que la mayoría de ellos experimentaron un aumento del PIB per cápita en el mismo período.
“Esto va en contra del compromiso de dar acceso a servicios públicos de calidad, incluida la atención de la salud, que es esencial para la realización de los derechos humanos… Los gobiernos tienen la obligación de garantizar que los bienes y servicios de salud estén disponibles, sean accesibles, aceptables y de buena calidad”.
Human Right Watch consideró que la financiación adecuada es una parte vital de la capacidad de los Estados para cumplir con estas obligaciones, y tienen el deber de utilizar el máximo de sus recursos disponibles para hacer realidad los derechos, incluido el derecho a la salud.
“Si bien la financiación está lejos de ser el único criterio para determinar la disponibilidad, la accesibilidad o la calidad, estos datos de la OMS dejan claro que un mayor gasto público en atención de la salud generalmente se correlaciona con una mayor parte de la población que disfruta del acceso a bienes y servicios de atención médica esenciales”.
De igual forma, el organismo civil estimó que los gobiernos que se están quedando atrás deben adoptar medidas concretas para alcanzar estos puntos de referencia de gasto, lo que incluye, cuando sea necesario, la aplicación de formas de aumentar los ingresos, por ejemplo, mediante la “reducción de los abusos fiscales o mediante un impuesto progresivo”.
En los próximos meses, concluyó el observatorio, los gobiernos tendrán varias oportunidades de adoptar estas medidas; entre ellas, en particular, en la 77ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo, en la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas en septiembre, y en la cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en 2025.
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