INVERCO hace notar su mala influencia en el poder judicial de Yucatán
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Actualizado: hace 10 horas
* Juliana Hortensia Soberanis Santana, titular del Juzgado Tercero de lo Mercantil, actuó a favor de presuntos defraudadores, con “notorio descuido e ineptitud judicial”, para ayudarlos a evadir la acción de la justicia a favor de 200 familias a las que despojaron más de 150 mdp en el fraccionamiento Pedregales de Misnebalám.
* De manera “arbitraria e ilegal” violentó disposiciones técnicas emitidas por la Procuraduría Federal del Consumidor a favor de los malversados. Todo con el presumible objetivo de apoyar incondicionalmente a los integrantes del llamado “Cartel Inmobiliario de Mérida”.
Familias Unidas contra Inverco / Javier Cruz / Edición: 4 Vientos
Integrantes del grupo Familias Unidas contra Inverco solicitarán a la recién electa presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, Erika Beatriz Torres López, rectifique y sancione actos de presunta corrupción y negligencia cometidos por la titular del Juzgado Tercero de lo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, Juliana Hortensia Soberanis Santana.
La jueza desechó la solicitud de juicio mercantil planteado por las víctimas en su sala el pasado 4 de septiembre, “en un notorio descuido e ineptitud judicial” que benefició a los socios de la compañía, informaron voceros del grupo Familias Unidas contra Inverco que aglutina a 200 defraudados por la empresa yucateca Inversión Colectiva Inmobiliaria, S.A.P.I. de C.V.
La resolución también violó disposiciones periciales de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a favor de un primer grupo de 60 afectados por la compañía.
Por ello, el grupo anunció que el jueves 30 de octubre, a las 8:30 horas, realizarán actos de protesta, primero, frente a las oficinas de la magistrada Torres López en la sede del Tribunal Superior local (avenida Jacinto Canek # 90, zona Centro, Mérida), y posteriormente en el domicilio del Juzgado Tercero de lo Mercantil (Calle 35 # 62 y 62ª, zona Centro de Mérida).
Esto para repudiar el veredicto de Soberanis, una fallida aspirante a ocupar este año el cargo de Magistrada Décima del Tribunal estatal Superior de Justicia y en contra de quien se presentó, en abril de 2022, un recurso de inconformidad ante el Consejo de la Judicatura por la presunta comisión de irregularidades en el ejercicio de su cargo en el Juzgado V de Oralidad Familiar.
El 30 de octubre los manifestantes, en su inmensa mayoría mexicanos de la tercera edad que viven en varias ciudades del país y migrantes en el extranjero, a quienes INVERCO les estafó más de 150 millones de pesos, pedirán públicamente a Erika Torres:
Un juicio mercantil justo, que se cumpla la ley, se respeten disposiciones de la Profeco, y ponga fin a la protección que algunas juezas y jueces locales brindan a los integrantes del llamado “Cártel Inmobiliario de Mérida”, el cual involucra a oligarcas, políticos y funcionarios estatales, así como a notarios públicos, extorsionadores y despojadores de tierras ejidales; a empresarios y asesores inmobiliarios; y ahora, está comprobado, miembros del poder judicial.
DEL DISCURSO A LOS HECHOS
Así lo afirmaron las víctimas de Inverco:
“Este cártel inmobiliario es protegido por exgobernadores y jueces locales que pasan por alto un hecho: la PROFECO ya dictaminó conforme a derecho la devolución de nuestro dinero, pero de manera ilegal la jueza Soberanis determinó que nuestra demanda de juicio mercantil no procede”.
Agregaron que el día de su movilización buscarán dialogar con la presidenta del Tribunal Superior para exigir:
1.- Que reciba en audiencia a su representante legal, Jesús Othón Baca Cacho, y ordene revisar las actuaciones realizadas hasta hoy en el Juzgado Tercero Mercantil.
2.- Se vigile el deber de observancia de los principios y valores de imparcialidad, prevención de la corrupción, compromiso social, ejercicio adecuado del cargo, honradez, humanismo, objetividad, legalidad y demás previstos en el Código de Ética Jurídica de Yucatán.
3.- Se realice una investigación al personal del juzgado a fin de que se determine si existe alguna causal de impedimento, recusación y excusa para conocer del asunto por parte de la juez y sus empleados.
El abogado Baca Cacho ya planteó estas estas demandas a la presidenta del Tribunal Superior, con petición de audiencia, pero hasta hoy no recibe respuesta.
Cabe recordar que el pasado 1 de septiembre, al tomar protesta como presidenta del máximo tribunal judicial del estado, Erika Beatriz Torres, quien antes fue directora del área jurídica de la oficina de Cultura en el gobierno de Joaquín Díaz Mena, dijo:
“Comparezco con profunda emoción y con la responsabilidad de encabezar un tribunal que será garante de la democratización de la justicia, que ya no será patrimonio de unos cuantos, sino mandato de la sociedad”.
La magistrada también asumió un compromiso:
“La voluntad popular me recuerda que no estoy aquí para servir a un interés propio, sino para honrar un mandato colectivo; que la justicia sea cercana, humana y accesible. Hoy inicia una época de progreso centrada en la dignidad de la persona”.
La protesta de Familias Unidas contra Inverco, colectivo que desde hace más de un año denuncia el fraude inmobiliario quizá más grande cometido en México y de alcance internacional, permitirá a la nueva presidenta del Tribunal Superior yucateco pasar del discurso a los hechos.
HUMANISTA INHUMANA
Othón Baca comentó que la juez Soberanis, doctora en Derechos Humanos, usó una falsedad como excusa para desechar el juicio mercantil: “que los dictámenes de la PROFECO a favor de los primeros 60 demandantes del grupo no contenían fecha de vencimiento y por ello no se cubría el principio de su exigibilidad”.
Dijo el abogado:
“Es un notorio descuido e ineptitud judicial el no haber leído que en la hoja técnica de cada uno de los 60 dictámenes (la última hoja de cada dictamen), PROFECO dispuso de forma expresa, literal e idéntica que ¡la ejecución de cada documento prescribe al año de su emisión!"
Por esto, consideró, la acción de la jueza fue “arbitraria e ilegal”.
Pero, además, Soberanis "actuó con exceso en el tiempo de trámite” -12 días después de la fecha de asignación a su juzgado del juicio mercantil, el 4 de septiembre- para resolver si aceptaba o rechazaba el caso judicial planteado por sus representados.
Esta actitud presumiblemente indolente de la juzgadora contrasta con los resultados que arrojó una investigación periodística publicada por Sol Yucatán el pasado 12 de mayo.
En ella, el medio ubicó a la jueza en un grupo de cinco juzgadores mercantiles de Mérida que, aliados con dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Yucatán, aceptan y determinan en vía rápida -"fast track"- decenas de embargos precautorios y retención de salarios a profesores víctimas de acciones agiotistas patrocinadas por sus representantes sindicales.
La revelación periodística también discrepa de la propaganda que la jueza utilizó durante su campaña para ser electa magistrada del máximo tribunal yucateco, al certificar que estaba “preparada para asumir esta responsabilidad con compromiso, conocimiento y sensibilidad”.
En su diatriba publicitaria, también prometió trabajar en ese cargo para “dignificar la justicia para que (esta) llegue a la gente”; y construir “un poder judicial más justo, cercano e independiente”.
Los electores yucatecos no se tragaron una sola de sus palabras y desecharon en las urnas su candidatura.
De momento, y por todos estos antecedentes, las familias despojadas de sus ahorros por los accionistas de Inverco, encabezados por el ingeniero Miguel Ángel Aguayo de Pau y el notario público Rolando Bello Mejía, primo hermano del exgobernador y senador Rolando Zapata Bello, apelaron la resolución de la juez.
El recurso legal aún está pendiente de acuerdo y remisión al tribunal de alzada para su revisión y resolución.
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