A casi seis años de que el expresidente municipal de Ensenada, Baja California, retirara de las calles mantas y carteles con fotografías de personas desaparecidas porque "afean la ciudad", e incluso pidió dinero a familiares de los extraviados a cambio de permitir su colocación en la vía pública, el exedil priista sigue impune incluso por su participación en delitos de Encubrimiento y Abuso de Autoridad.
Javier Cruz / 4 Vientos
La activista Adriana Jean recordó que en mayo de 2018 un grupo de madres de desaparecidos -Rosario Villanueva, Rosa Camarena, Adriana Moreno y Rosa Hernández, denunciaron que Novelo Osuna, también exdiputado estatal por el PRI, ordenó el retiro de mantas y carteles que ellas colocaron frente a las instalaciones del Palacio Municipal de Ensenada en protesta por la falta de apoyo y resultados judiciales en los expedientes de los desaparecidos.
Entonces, justificó la orden con dos argumentos: 1.- el material gráfico "afea la ciudad"; 2.- ellas no pagaron los derechos municipales por colocar publicidad en la vía pública.
Las mujeres previamente solicitaron al arquitecto César Cuevas Ceseña, entonces secretario municipal de Administración Urbana, Ecología y Medio Amiente, el permiso para colocar sus mantas, pero nunca recibieron respuesta oral o escrita del funcionario.
"Estamos en una situación en la que las autoridades no solo no buscan a nuestros desaparecidos, sino que, al quitar las mantas, tirarlas a la basura y ocultarnos información impiden que nosotras los busquemos, sin hablar ya de nuestro derecho a la información y a la libre expresión, que también han sido coartados".
Hasta hoy, recordó Jean, el priista no emite una disculpa pública por su acción.
Asimismo, goza de impunidad en acusaciones penales que la fiscalía general de Baja California presentó en su contra en noviembre de 2019 (expediente NUC 0201-2020-16473) por abuso de autoridad y encubrimiento en perjuicio del instituto de seguridad y salud de la burocracia estatal (ISSSTECALI).
A esa institución, Novelo y su administración generó un daño patrimonial por al menos mil 796 millones de pesos por el pésimo manejo de las cuotas de los trabajadores del estado.
Hasta noviembre pasado, en Baja California se denunciaron dos mil 900 personas desaparecidas en 2023, un récord para un estado que acumuló más de 17 mil 300 extraviados en los últimos 17 años de acuerdo con cifras de la organización Elementa Ddhh.
La misma fuente reveló en diciembre pasado que en Baja California, hasta mayo de 2023, se ubicaron 276 fosas clandestinas y que "bajo la lógica de poblaciones desechables, suelen criminalizar a las familias ya sea por su origen o por su condición de habitantes de calle o usuarios de drogas, o sencillamente porque consideran que si la persona fue desaparecida es porque ´en algo andaba´".
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