Conflictos armados, genocidio, cárteles de la droga y Trump: desafíos para el sector salud global
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A nivel mundial, el sector salud ha enfrentado más de 10,000 ataques en los últimos ocho años, lo que equivale a uno cada seis horas, en medio de conflictos armados o campañas de salud contra epidemias, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado el 15 de agosto.
4 Vientos / Agencias de noticias IPS y AP
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En México, la violencia generada por el crimen organizado está afectando gravemente a hospitales y centros de salud, comprometiendo la protección que debería garantizarse a los trabajadores del sector, de acuerdo con un informe de Insecurity Insight del 14 de agosto.
Esta organización civil sin fines de lucro informa que entre 2016 y mayo de este año, en México se reportaron 229 incidentes que afectaron al personal médico y su infraestructura.
“De esos ataques, 164 ocurrieron en contextos de violencia”, señaló la organización, que monitorea situaciones de conflicto, agregando:
“Las cifras incluyen 64 muertes de profesionales de la salud y 28 casos de secuestro, además de situaciones en las que los trabajadores fueron arrestados mientras cumplían con sus responsabilidades”.
Y en los Estados Unidos, la crisis del sector médico y hospitalario no se debe a la violencia criminal o militar, sino a la administración del presidente Donald Trump.
Esto es así porque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han visto sus programas de atención médica prioritaria convertidos en entidades “zombis”.
Es decir, están financiados por el Congreso, pero carecen de personal especializado debido a despidos gubernamentales o a que el personal se encuentra en “licencia”, recibiendo salarios sin poder realizar su trabajo.
Así, una y otra vez, el presidente Trump está demostrando que pondrá la política por encima de la salud de los estadounidenses y, lamentablemente, legisladores y funcionarios republicanos siguen mirando hacia otro lado en perjuicio de millones de sus conciudadanos.
LA IMPUNIDAD DE LOS ASESINOS
A nivel global, la OMS informó que desde 2018 se han reportado más de 10,400 ataques en 29 países y territorios, resultando en aproximadamente 5,700 muertos y más de 8,000 heridos, sin que hasta la fecha “nadie haya rendido cuentas por los atentados”.
Entre enero y agosto de este año, la OMS registró más de 900 ataques que causaron al menos 900 muertes y más de 1,400 heridos, lo que representa más de cuatro ataques diarios.
La mayoría de los incidentes ocurrieron en Ucrania, Líbano y el territorio palestino ocupado, pero también en lugares como Myanmar, Irán, Sudán, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Rusia, Siria y Nigeria.
Altaf Musani, director del organismo para la Gestión Humanitaria y de Desastres, destacó que “lo que estamos presenciando son múltiples formas de violencia” que la institución ha documentado mediante un sistema de vigilancia que detecta ataques contra la atención médica, incluyendo hospitales, personal, pacientes, ambulancias y suministros.
Las armas pesadas fueron el medio de ataque más frecuentemente denunciado en 2026, seguidas de la destrucción de la atención sanitaria y la violencia psicosocial.
Además, se registraron 44 incidentes relacionados con el secuestro, arresto o detención de personal sanitario y pacientes.
La detención de personal sanitario representó la mayoría de los casos, afectando a 94 personas.
Musani recalcó que, aunque estas cifras son significativas, no cuentan toda la historia.
“Cuando un hospital es atacado, el impacto no solo afecta a las personas dentro del hospital ese día. Es el paciente quien no puede recibir atención médica mañana. Es la ambulancia que no puede realizar la siguiente derivación. Es el trabajador de la salud quien no puede regresar al trabajo, o el suministro de medicamentos que ya no puede llegar a los centros de salud”.
El hecho de que los ataques tengan consecuencias de gran alcance y a largo plazo está respaldado por pruebas contundentes.
“Un estudio de 69 ataques en el noroeste de Siria reveló que las consultas ambulatorias disminuyeron un 51% al día siguiente de cada ataque, y esa reducción se prolongó hasta 37 días”.
También citó el caso de Sudán, donde dos ejércitos rivales luchan desde abril de 2023.
“El 37% de las instalaciones no funcionaban según los informes de 2026, mientras que solo el 3% de las instalaciones evaluadas ofrecían atención hospitalaria”.
Imágenes creadas con inteligencia artificial de Gemini, agencia Reuters y Bing.
Mientras tanto, los 36 hospitales de la Franja de Gaza resultaron dañados durante dos años de conflicto entre Israel y la milicia Hamas, y solo la mitad permanece parcialmente operativa.
La atención primaria de salud se ha visto afectada de manera similar.
En otro reporte anterior de la OMS sobre la situación que guarda el sistema sanitario palestino, la organización reveló que en el trascurso de la actual guerra de Gaza más de mil 151 trabajadores sanitarios habían muerto debido a ataques israelíes contra instalaciones y transportes médicos.
Aparte de cinco sanitarios israelíes que murieron durante el ataque del 7 de octubre de 2023, la totalidad de estos ataques fueron llevados a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra palestinos.
Asimismo, confirmó que, desde el inicio de los combates, se han producido cerca de 600 ataques israelíes contra hospitales y otras infraestructuras médicas en los territorios palestinos.
En concreto los israelíes han llevado a cabo en la Franja de Gaza 304 ataques, que han afectado a 94 centros de atención sanitaria —incluidos 26 de 36 hospitales dañados— y 79 ambulancias.
Y en Cisjordania se han notificado 286 ataques, que han afectado a 24 centros de salud y 212 ambulancias. Como consecuencia de estos ataques israelíes, 613 personas —606 en Gaza y siete en Cisjordania— han muerto en instalaciones sanitarias y más de 770 han resultado heridas.
"La intensificación en las operaciones militares de Israel sigue amenazando un sistema de salud ya debilitado, todo ello en un entorno cada vez más preocupante por los desplazamientos masivos de población y por la grave escasez de alimentos, agua, suministros médicos, combustible y refugio", manifestó impotente en junio de 2025 la Organización Mundial de la Salud.
Por otra parte, desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, la OMS verificó más de 3,000 ataques que afectaron a centros sanitarios, ambulancias, almacenes y cadenas de suministro.
Ya se han verificado 12 ataques contra el sistema sanitario en el este de la República Democrática del Congo desde que ese país declaró el actual brote de ébola en mayo, interrumpiendo la respuesta a la epidemia en el oriente congoleño.
“No se trata simplemente de estadísticas”, dijo Musani. “Detrás de cada porcentaje hay un paciente. Detrás de cada instalación dañada hay un servicio perdido. Detrás de cada servicio interrumpido alguien se quedará sin atención médica”.
Además, los ataques también pueden sembrar el miedo, impidiendo que las personas busquen atención médica y que los profesionales de la salud acudan a trabajar, al tiempo que disminuyen la confianza de la comunidad.
Finalmente, pidió a nombre de la OMS que se visibilicen las consecuencias humanas, que se utilicen pruebas para proteger la atención sanitaria y a las personas que dependen de ella, y que se exijan responsabilidades a las partes en conflicto.
“Es decepcionante que, de los más de 10,000 incidentes verificados mencionados, ni uno solo haya sido sometido a la justicia”.
CRIMEN ORGANIZADO LLEGA A HOSPITALES MEXICANOS
Por su parte, Insecurity Insight reveló que, de los 229 incidentes reportados en su informe especial para México, varios involucran a hospitales y clínicas.
“Por ejemplo, en Guanajuato, un hombre fue asesinado cerca de un centro médico, lo que llevó a las autoridades a implementar medidas de seguridad. En Culiacán, un asalto en un centro de rehabilitación dejó nueve muertos, incluyendo al director de la clínica, destacando la gravedad de la situación”.
Del total de incidentes, la mayoría están relacionados con actores no estatales, y un notable número de ellos ha involucrado armas de fuego, aumentando así el riesgo para quienes buscan ofrecer asistencia médica, así como también pone en peligro la salud pública en general del país.
En 2025, a partir de los datos recopilados por Insecurity Insight, la Coalición para la Protección de la Salud en Situaciones de Conflicto (SHCC) identificó 27 incidentes de violencia contra la atención sanitaria o de obstrucción de la misma en México, frente a los 28 registrados en 2024 y los 12 de 2023.
Entre los incidentes denunciados en 2025, los centros de salud fueron atacados al menos 17 veces, mientras que siete trabajadores sanitarios fueron asesinados y dos secuestrados.
“Es probable que el número real de incidentes y la gravedad del problema sean mayores, pero la ausencia de denuncias de ataques contra la atención sanitaria en algunas localidades puede reflejar el cierre de servicios o limitaciones a la hora de informar, más que una mejora de la seguridad”, destaca el informe.
También afirma que los recortes en la financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) redujeron aún más la presencia de proveedores de atención sanitaria y el funcionamiento de los centros de salud en el país.
“La reducción de la financiación de USAID obligó a suspender los programas sanitarios, especialmente a lo largo de las rutas migratorias que atraviesan las ciudades de Tapachula y Ciudad de México, así como los servicios de acogida y la asistencia jurídica para los desplazados internos y los solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México”.
Igualmente, un recorte del 11% en el presupuesto nacional de salud en 2025 y la persistente escasez de medicamentos obligaron a algunos pacientes a recurrir a los servicios de salud privados.
Insecurity Insight igualmente reporta que, a pesar de las nuevas iniciativas gubernamentales en el sector salud, incluidas las mejoras en la cobertura, la calidad y el acceso a los servicios de salud prestados por el gobierno introducidas a finales de 2024, los proveedores de salud continuaron viéndose afectados por la violencia perpetrada por miembros de grupos del crimen organizado.
“En 2025, persistió la violencia por parte de grupos armados y cárteles de drogas, incluidos el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, impulsada por alianzas cambiantes y disputas territoriales en numerosos estados, entre ellos Baja California, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Puebla, Sinaloa y Veracruz”.
Desafortunadamente, el colectivo civil no incluyó en su análisis el importante papel que jugó el secuestro del líder histórico del Cártel de Sinaloa --Ismael Zambada García--, en julio de 2024, plan que diseñó la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos y ejecutó Joaquín Guzmán López, lo que desató un violento enfrentamiento entre las distintas facciones del grupo criminal que incluyó asesinatos, secuestros, decenas de heridos y otros actos criminales incluso en las instalaciones hospitalarias de Sinaloa y el resto del país.
Finalmente, para la organización no lucrativa, la violencia armada, las políticas fronterizas restrictivas de Estados Unidos y los brotes de gripe aviar y sarampión sometieron a una presión aún mayor a los servicios de salud, lo que afectó de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables porque se limitó el acceso a servicios de salud en las comunidades aisladas, fundamentalmente ubicadas en las zonas del sureste del país.
TRUMP VS SERVICIOS MÉDICOS
En abril de 2025, según un reporte de Mike Stobbe para la Agencia de noticias AP, el gobierno republicano de Trump envió avisos de despido a miles de empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y de otras agencias federales de salud.
Formaba parte de un amplio esfuerzo por rehacer el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y consolidar algunos de sus programas bajo una nueva subagencia llamada Administración para un Estados Unidos Saludable.
Hasta el 19 de agosto de este año, esa reorganización no se ha concretado ante el rechazo del Congreso.
Pero los despidos sí ocurrieron.
Encabezados por el entonces asesor Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental, los recortes afectaron a investigadores, científicos, médicos, personal de apoyo y altos directivos, dejando al gobierno sin muchos de los expertos clave que durante mucho tiempo guiaron las decisiones de Estados Unidos sobre investigación médica, autorizaciones de medicamentos y otros asuntos.
Los recortes fueron impugnados en demandas y mediante súplicas a los legisladores.
Algunos se revirtieron. Por ejemplo, se anularon los drásticos recortes al Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de los CDC. Otras reincorporaciones incluyeron personal en laboratorios que realizan pruebas de enfermedades de transmisión sexual y apoyo al control del envenenamiento por plomo.
Pero muchos de los recortes se mantuvieron.
Como resultado del litigio, empleados que inicialmente fueron despedidos quedaron bajo licencia administrativa mientras la disputa avanza por el sistema legal, cobrando para no hacer su trabajo.
No todos los esfuerzos de salud pública asociados con cada programa afectado se detuvieron. La mayor parte del presupuesto de los CDC se transfiere a programas estatales y locales, y gran parte del procesamiento de subvenciones ha continuado.
El director ejecutivo de la Coalición para el Financiamiento de la Salud, Eric Gascho, señaló que el personal de los CDC y de otras agencias federales de salud “merece mucho crédito por lograr que el dinero salga”.
Pero ya no están los expertos con experiencia que investigaban las amenazas a la salud, evaluaban qué programas financiados con subvenciones funcionan y cuáles no, y establecían un marco nacional sobre las mejores maneras de salvar y prolongar vidas.
“Sin los expertos, no existe coordinación en todo el país” para abordar los problemas de salud pública, señaló Erika Sward, directora de incidencia de UsAgainstAlzheimer’s.
“A menudo estás volando a ciegas, y sin paracaídas, cuando no tienes al personal de los CDC en su lugar”.
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