Revocación de Terreno Cultural en BC Genera Indignación en Ensenada

En un acto que refleja su persistente desdén hacia las actividades artísticas y culturales, el gobierno de Baja California decidió, el 18 de septiembre, revocar la asignación de un terreno de 22,623 metros cuadrados al Instituto de Servicios Culturales de Baja California, sin consulta previa y con total opacidad. De este terreno, ubicado en la ciudad de Ensenada, se cedieron 4,588 metros cuadrados al Poder Judicial del estado.
Javier Cruz / 4 Vientos

Escucha el podcast con el resumen de la información:
La decisión unilateral del gobierno, bajo la administración de la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda y ejecutada por el oficial mayor David Ramsés Cervantes Aguilar, generó indignación en la comunidad artística y civil de Ensenada.
Esta comunidad anunció una movilización de protesta para el miércoles 23 de septiembre, a partir de las 17:30 horas, en defensa del Centro Estatal de las Artes (CEART), el único proyecto cultural significativo del municipio.
Esto en la explanada del propio CEART Ensenada.
No es la primera ocasión en que el gobierno de Baja California trata de reducir, mediante un acuerdo, el terreno otorgado a Ensenada en 2007 y 2014 para "preservar y promover el patrimonio cultural" del municipio, "facilitar el acceso de los ensenadenses a los bienes culturales" y fomentar un desarrollo cultural y artístico sostenido "que permita a los ciudadanos expresarse y afirmar su identidad".
Hace 10 años, el gobernador panista Francisco Vega Lamadrid ordenó entregar parte del terreno a la empresa estadounidense Score International para construir un museo de carreras fuera de camino, conocidas como "Baja", lo que provocó la oposición de un amplio sector de la población de Ensenada, quienes realizaron actos masivos de protesta que finalmente impidieron la cesión.
A pesar de que los gobiernos del PAN y MORENA destacan en sus portales de propaganda cultural que "el CEART Ensenada se concibe como un espacio de convergencia destinado a elevar la calidad del ejercicio profesional de las artes", la realidad es que estas afirmaciones son infundadas.
Cuando el proyecto comenzó el 31 de julio de 2007, el gobierno del panista Eugenio Elorduy Walther comunicó que su objetivo era "ser un espacio que no solo albergara obras de arte, sino que también fomentara la creación y el intercambio cultural entre artistas y el público".
El plan original contemplaba tres etapas, pero solo la primera ha sido completada hasta la fecha, con prolongadas restricciones presupuestales.
La segunda etapa incluía la construcción de un edificio de aulas y talleres, y la tercera se centraba en la creación de una gran sala para representaciones artísticas masivas, pero nunca se dispuso del presupuesto necesario para su desarrollo, a pesar de las constantes solicitudes de recursos por parte de su primera coordinadora, Natalia Badán.
Eso sí, en sus 19 años de existencia el CEART Ensenada ha sido utilizado por políticos de todos los partidos, funcionarios gubernamentales y empresarios para actividades ajenas a sus objetivos culturales y artísticos.
A la izquierda, el Centro Estatal de las Artes de Ensenada (imagen de Chasin Baseball). A la derecha, El plan del gobierno estatal de Morena para reducir los de por sí raquíticos espacios destinados a la cultura y las artes en Ensenada, Baja California (Imagen creada con inteligencia artificial de Bing).
En este contexto de abusos y omisiones, el 18 de septiembre se publicaron en el Periódico Oficial del Estado tres acuerdos administrativos firmados por el oficial Cervantes Aguilar el 7 de septiembre.
El primero revoca un acuerdo de asignación del 18 de junio de 2014, por el cual la gobernadora Ávila Olmeda entregaba al CEART el terreno de 22,623 metros cuadrados.
El oficial mayor llevó a cabo esta acción a través de la Dirección de Bienes, Administración y Comercialización Patrimonial de la Oficialía Mayor de Gobierno, "por así requerirlo la Administración Pública Centralizada", propietaria del terreno.
En la misma fecha Ramsés Cervantes, un tecnócrata administrativo cuya mayor virtud curricular es haber trabajado siempre al servicio de la iniciativa privada, publicó otros dos acuerdos:
El segundo asignó 18,034 metros cuadrados del terreno revocado al CEART Ensenada, y el tercero dio 4,588 metros cuadrados al poder judicial estatal "para la operación y funcionamiento de los Juzgados del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares", en cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.
El poder judicial recibió el terreno para cumplir con su meta de "contribuir a la seguridad y el establecimiento de estrategias interinstitucionales que promuevan la prevención, reacción y disminución de la violencia y los delitos", aunque esta meta está lejos de la realidad actual de Baja California.
Las instituciones públicas que recibieron las asignaciones -el Instituto de Servicios Culturales de Baja California y el poder judicia del estadol- tienen dos años para hacer válidas las concesiones y quedó bajo su responsabilidad el cuidado, vigilancia, conservación y mantenimiento de los terrenos e inmuebles, el pago de mejoras, derechos y servicios públicos y privados; y enviar cada 6 meses un informe por escrito a la Oficialía Mayor de Gobierno, detallando el uso y condiciones del inmueble en cuestión



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