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Foto del escritorJavier Cruz

INVESTIGACIÓN: en medio de escándalo por corrupción, llega multinacional suiza a BC

El consorcio multinacional suizo Sonova puso en marcha en Mexicali, Baja California, su fábrica de instrumentos auditivos e implantes cocleares para el mercado de todo el continente americano, inversión de 50 millones de dólares que desahoga en parte el descrédito público que desde hace dos meses acompaña a un sector del conglomerado empresarial médico y de salud bajacaliforniano.


Javier Cruz / 4 Vientos





Fundado en 1947, el grupo europeo maneja cuatro negocios: audífonos, atención audiológica, audición para el consumidor e implantes cocleares. Entre muchas otras, es dueño de las marcas Phonak, Unitron, AudioNova, Shennheiser y Advanced Bionics, y su presencia mundial se extiende a más de 100 países.


Su matriz está en Stäfa, Suiza, y da empleo a más de 17 mil personas. Asimismo, su objetivo de "crear un mundo en donde todos disfruten el placer de escuchar" le permitió generar ventas internacionales por casi 4,229 millones de dólares estadounidenses en 2023, con un beneficio neto de 752 millones de la divisa americana.


En México, su primera inversión es la que inauguró el pasado 6 de febrero en la capital de Baja California (Mexicali). Se trata de una instalación que alberga dos centros de operaciones separados para sus negocios de instrumentos auditivos e implantes cocleares que le permitirán "servir mejor" a los clientes en toda la región de los Estados Unidos de América, "estratégicamente importante" para el consorcio multinacional.


Ahí, la compañía que dirige Arnd Kaldowski promete aplica su filosofía LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) la cual incluye una mayor y mejor seguridad en la cadena de suministro de sus productos a un mercado potencial de 1,500 millones de personas con problemas auditivos de diversa índole, según datos de 2023 proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

 



 

"Vamos a crecer cautelosamente nuestra capacidad, lo que nos permitirá dar un mejor servicio a los profesionales de la salud en audiología y a personas con pérdida auditiva en la región de Aérica, a la vez que cumplimos nuestras metas globales de sustentabilidad", precisó el vicepresidente de Operaciones de Sonova, Ludger Althoff, en la ceremonia de inauguración de la planta.

El optimismo de los empresarios europeos contrasta con la situación hasta hoy mediáticamente difícil que enfrentan los integrantes del clúster Medical Health de Baja California, asociación civil que representa a más de 850 profesionales en salud asociados y colegiados en la entidad, así como a más de 80 empresas manufactureras de dispositivos médicos.


A finales de noviembre del año pasado, la Unión de Organizaciones Civiles y Sociales de Baja California presentó en la Fiscalía Estatal Anticorrupción una demanda por peculado (desvío de 37.5 millones de pesos) y uso ilícito de atribuciones hechos presuntamente por la presidente municipal de Tijuana (Monserrat Caballero Ramírez) y tres servidores públicos del mismo municipio: el panista Miguel Ángel Bujanda, secretario de gobierno; el bonillista Rafael Leyva Pérez, síndico; la hankista Claudia Casas Valdéz, regidora comisionada en Hacienda y Patrimonio del cabildo; y el Tesorero Raymundo Vega.


Ellos entregaron los recursos públicos del Fondo Tijuana, fideicomiso de la Secretaría municipal de Bienestar Social, a 11 asociaciones civiles -entre ellas clúster Medical Health- violando la norma de entrega de apoyos mediante un mecanismo ilícito que incluyó beneficios a organizaciones "fantasmas" (Humanitaria Cruz Verde de Baja California), "factureras" (Baja California Avanza) y asociadas con exfuncionarios y políticos panistas (Centro de Estudios Superiores del Noroeste -Cesun- y HM Clúster).


A esta última agrupación, el modelo de corrupción supuestamente entregó 6.5 millones de pesos para ejecutar cuatro proyectos que se mantuvieron ocultos hasta que estalló el escándalo, el cual, hasta enero pasado se mantenía en investigación e integración de testimonios ante la fiscalía anticorrupción, y amenazas de presentar denuncias penales en contra de los integrantes de la Unión denunciante.

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