La Unión de Organizaciones, Civiles y Sociales de Tijuana denunció ante la Sindicatura del ayuntamiento la basificación sindical de al menos 14 funcionarios “de confianza”, entre ellos Jesús Bañuelos Chagoyan, ex coordinador de gabinete, una práctica común pero ilegal que se repite cada fin de gobierno municipal y estatal de Baja California.
Javier Cruz / 4 Vientos
Tijuana, zona Río (Imagen: México Ruta Mágica).
Correspondió al licenciado en Derecho Román Aboytes, presidente de la organización civil, dar cuenta del último escándalo que involucra a la presidente municipal de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, quien semanas atrás escenificó un intercambio de acusaciones de corrupción con un sector de los regidores del cabildo que la incriminan en el uso ilegal a 460 millones de pesos del presupuesto.
La disputa asimismo tiene orígenes políticos que se remontan al fin del primer gobierno de Morena en Baja California que encabezó el hoy dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Jaime Bonilla Valdez.
El conflicto afectó la dotación de un terreno para la construcción de oficinas generales de la Dirección de Bomberos en la ciudad fronteriza, así como la autorización de condonación de multas a los morosos en el pago del impuesto predial.
Luego de cinco sesiones de cabildo canceladas por falta de quorum, que llevó a Caballero amenazar con “llamar a cabildo” a los suplentes de los regidores “rebeldes”, entre ellos cinco morenistas que al principio del gobierno actuaban como “amigos” y “amigas” de la presidenta municipal, ambos temas quedarán estancados hasta que Ismael Burgueño Ruiz, también del partido oficial, tome protesta como titular del ayuntamiento.
También está en suspenso el avance administrativo y judicial del presunto peculado que cometió la morenista.
“La Alcaldesa (sic) pretende engañar a los tijuanenses porque mañosamente quiere aplicar unos criterios de manejo presupuestal ‘a modo’, para darle validez legal a 460 millones de pesos que ya se gastó sin haberlo pasado (antes) por Cabildo”.
Esa fue la postura que manifestaron, el pasado 16 de julio, los regidores Alejandro Cabrera (Morena), Marisol Hernández (Partido Verde Ecologista), Erwin Areizaga (Morena), Claudia Casas (Morena), Mónica Vázquez (PT), Miriam Echeverría (Independiente) y Edgar Montiel (Movimiento Ciudadano).
Además, consideraron que la “amenaza” de llamar a reunión de cabildo a sus suplentes fue una acción de Monserrat para negociar “los avisos presupuestales” y reponer “la falta grave a las leyes” que presuntamente cometió en materia de manejo presupuestal: los 460 millones de pesos supuestamente mal utilizados por Caballero.
Respecto al caso del terreno para los Bomberos, manifestaron que Monserrat quiso imponer un orden del día para que el cabildo aprobara su propuesta, pero la edil, afirmaron, no anexó la información administrativa, jurídica y presupuestal básica que justificara el proyecto.
“Nosotros como regidores no estamos actuando bajo ningún interés político más que velar por la transparencia en el manejo del presupuesto, y si es preciso se presentarán las denuncias correspondientes, ante las instancias sancionadoras, para que actúen en consecuencia”, mencionaron los 7 regidores en un comunicado conjunto.
Hasta el 23 de julio de este año, los regidores todavía no consideraban “preciso” presentar las demandas y denuncias administrativas y penales en contra de Monserrat Caballero.
De hecho, los críticos a este grupo de representantes populares afirman que éstos personifican una oposición que actúa políticamente.
Y de manera extraoficial los acusan de actuar para su bienestar personal, como es el supuesto caso de Claudia Casas Valdés, la presunta “líder” del grupo que “busca un cargo en el gobierno de Burgueño”.
A Edgar Montiel, Miriam Patricia Echeverría y Marisol Hernández los consideran “traidores” a Caballero porque al inicio de la administración trabajaron de la mano con la presidente municipal, pero cambiaron al surgir los conflictos desde los grupos políticos antagónicos que maniobran en el ayuntamiento.
Finalmente, enfatizan en el caso de Erwin Jorge Areizaga Uribe, a quien identifican como un panista “calderonista” que goza de una cercana amistad con el esposo de la gobernadora Ávila Olmeda, Carlos Torres Torres, exsecretario particular y hechura política del expresidente Felipe Calderón, y del morenista Ismael Burgueño Ruiz, de quien se especula ya lo designó secretario de Gobierno.
Un grupo de los regidores de oposición a la presidente municipal de Tijuana, Monserrat Caballero, en rueda de prensa (Imagen: Cortesía).
BONILLA, ¿EL MALO?
Monserrat Caballero, quien “por motivos de seguridad” vive en el campo militar El Aguaje de la Tuna -con sede en la ciudad de Tijuana- desde hace año y medio, ha insinuado que es su antiguo tutor político (Jaime Bonilla) es quien está detrás de los ataques más fuertes a su administración.
La versión revela el enorme distanciamiento que existe entre Bonilla y Caballero, quien siendo diputada estatal aprobó toda la agenda legislativa del empresario, incluida la aberrante aspiración inconstitucional de extender a cinco años el periodo como gobernador del ex priista y ahijado político del polémico Xicoténcatl Leyva Mortera.
Precisamente un sobrino de Leyva Montera, Rafael Leyva Pérez, ocupa la Sindicatura procuradora del gobierno que preside Caballero, lo que junto con el hecho de que Juan Carlos Hank Krauss, hijo de Jorge Hank Rhon, el controversial magnate priista y brazo fuerte del Partido Encuentro Solidario (PES) en Baja California, es regidor en el gobierno de Tijuana, complementan el explosivo cuadro político que reina en el ayuntamiento.
Las agresiones contra la edil iniciaron cuando ella, cercada por su antiguo protector político, se alió con la gobernadora panista-morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, y crecieron de tono cuando Bonilla renunció al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador para asaltar desde el Senado de la República la coordinación general del PT en Baja California.
Vinieron después las acusaciones del exmandatario de que el narcotráfico cogobernaba en Tijuana y el resto de Baja California, algo que en verdad inició durante la inconclusa gubernatura de Leyva Mortera (1983 a 1989).
También actuó en contra de la edil la segmentación del “bonillismo” y el llamado “morenismo”, división que repercutió en la conformación y actuación de los partidos políticos que operan en Baja California, así como en el poder legislativo y en los cabildos del estado, significativamente más cáustico en Tijuana.
Esta rama de la reyerta tuvo su colofón en el pasado proceso electoral cuando Ismael Burgueño, representante estatal de Morena en Baja California, fue impuesto desde la Ciudad de México como el aspirante a la presidencia municipal de Tijuana, pasando por encima de Monserrat quien buscaba la reelección en el cargo tras ganar, según ella, la encuesta de su partido para ocupar la candidatura.
Burgueño, envuelto ahora en dos escándalos mediáticos relacionados con un juicio sumario civil de alimentos para sus dos hijos -que perdió primero en el Juzgado Primero de lo Familiar de Tijuana (13 de noviembre de 2017), y después en apelación ante la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia de Baja California (11 de octubre de 2018)-; así como la designación del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, presunto torturador de policías y civiles en Tijuana y Juárez, Chihuahua, como secretario municipal de Seguridad Pública, prometió atender los problemas que Monserrat Caballero deje pendientes de resolver en el cabildo.
En pleno vodevil electoral, Monserrat Caballero escribió que solo su antiguo jefe Jaime Bonilla “expresó su sentir en cuanto el fallo hacia mis aspiraciones políticas… Solo el señor Bonilla se atrevió a decir lo que se sabe quieren hacer en Baja California, sobre todo en Tijuana”, lo que abrió la especulación que las rencillas entre ambos estaban superadas. Así la pobreza política en Baja California (Imagen: Códice en Línea).
PLAZAS EN CONFIANZA
Entre ellos estará sin duda el último capítulo de la tragicomedia política, el cual se manifestó públicamente cuando el pasado 17 de julio Román Aboytes informó que, con la anuencia de Monserrat Caballero Ramírez, el gobierno local otorgó de manera indebida 14 bases sindicales a otros tantos servidores públicos de confianza.
“Destaca el caso del coordinador de Gabinete del ayuntamiento –Jesús Bañuelos Chagoyan- como uno de los posibles beneficiarios, pero tenemos una lista de aproximadamente 12, 13 funcionarios más, todos servidores públicos del ayuntamiento de Tijuana que desempeñan cargos de confianza, que aun conociendo que no les corresponde una base sindical por el tipo de función que realizan, están en un listado para recibir este favor”.
Consideró que esto es una decisión que viola diversas disposiciones de la Ley estatal del Servicio Civil y afecta los derechos de decenas de trabajadores que están en lista de raya, en espera de una base sindical por escalafón y/o antigüedad laboral.
Se trata de empleados con años de expectativa a ser basificados por los dirigentes del sindicato de burócratas de los poderes del estado que no solo toleran, sino también admiten - ¿y trafican? - la entrega de plazas gremiales a quienes no las merecen ni legalmente están facultados a obtenerlas.
Una consulta elemental a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California respecto a los requisitos generales que se deben cumplir para recibir una base sindical en los municipios del estado, determina lo siguiente:
1.- Ser trabajador permanente o temporal; es decir, estar registrado en las listas de raya de los trabajadores permanentes o temporales.
2.- Cumplir con la duración de la relación laboral, lo que depende de la naturaleza del servicio prestado. Para ello se puede expedir un nombramiento definitivo, interino, provisional, por tiempo determinado o por obra determinada.
3.- “No ser trabajador de confianza” ya que éstos “no tienen derecho a las prestaciones de la ley”.
4.- Que la plaza esté autorizada en el presupuesto de egresos del ayuntamiento respectivo.
“Quién recibe una plaza sindical sin tener derecho a ella solo puede darse si existe una relación de contubernio de la dirigencia sindical con el titular de la Oficialía Mayor, y con conocimiento de la alcaldesa”, estimó Ramón Aboytes.
Al respecto, y bajo presión de la queja del abogado Aboytes ante la Sindicatura que encabeza el “hankista” Rafael Hank Pérez, el Oficial Mayor Marcelo de Jesús Machain Servín, un militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por más de 35 años y ahora en las filas de Morena, aceptó el 19 de julio que “hay trabajadores de confianza que sí recibieron base sindical".
Pero eso sucedió porque, dijo el funcionario, “así lo solicitó la dirigencia sindical”, sin tomar en cuenta que al aceptar la propuesta del sindicato de burócratas en lugar de hacer las denuncias administrativas y penales correspondiente por tratarse de una violación flagrante a lo que dispone la ley local de Servicio Civil y su reglamento, el funcionario municipal se convirtió en cómplice de un delito.
Eso sí, aclaró que a Jesús Bañuelos Chagoyan “solo se le restituyeron los derechos (laborales) que ya tenía”, y que “no recibió base” sindical.
Finalmente, informó que su oficina entregará a la Sindicatura la lista completa de trabajadores de confianza que el ayuntamiento basificó, y que cederá toda la documentación oficial donde el sindicato hace la solicitud de dar base a quien legalmente está impedido a recibirla.
La pregunta es: ¿se procederá penalmente contra los delincuentes?
Marcelo Machain, Oficial Mayor, y Montserrat Caballero. ¿rehenes del sindicato de burócratas en materia laboral, o cínicas sinvergüenzadas? (Imagen: Facebook Ayuntamiento de Tijuana).
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