Ernesto Ruffo el Represor. Enterró al Movimiento Urbano Popular en BC
- Javier Cruz
- 18 jul
- 3 min de lectura
Actualizado: 22 jul
Cuando Ernesto Ruffo Appel asumió el gobierno de Baja California en 1989, como resultado de un acuerdo entre Carlos Salinas de Gortari, el gobierno estadounidense y el Partido Acción Nacional (PAN), quien traicionó así un acuerdo previo con el ingeniero Cuauthémoc Cárdenas Solórzano y el entonces naciente Partido de la Revolución Democrática (PRD), se comprometió a eliminar los “movimientos de invasión de terrenos” en la entidad.
José Mena* / Edición: 4 Vientos
Escucha el podcast con el resumen de este artículo:
Como es característico de un gobierno de derecha, la administración de Ruffo se destacó por institucionalizar los principios de orden y legalidad en relación a la propiedad privada.
Una de sus primeras acciones fue proponer al poder legislativo sanciones severas para quienes fomentaran el despojo de bienes inmuebles o participaran en invasión de terrenos, acciones alternativas urgentes que la gente realizó ante la carencia de vivienda accesible para los pobres.
Esto se realizó, dijo Ruffo, con el objetivo de garantizar “el respeto a la propiedad privada”, sin considerar los problemas de vivienda y suelo que Baja California enfrentaba en ese momento.
De esta manera, promovió y desarrolló la persecución de los líderes sociales del movimiento urbano popular de la época.
Posteriormente, con el fin de abordar el grave problema de vivienda en el estado y bajo la presión social, el gobierno panista de Ruffo implementó un programa urgente de suelo y vivienda que no difería en nada de los programas establecidos por las administraciones priistas anteriores.
Reestructuró la Inmobiliaria del Estado creando más organismos de este tipo en Tijuana, Ensenada y Tecate.
Para evitar negociaciones directas con líderes sociales, estableció una instancia oficial intermedia denominada Gabinete Social, compuesta por diversas instituciones del estado.
En 1990, designó a Francisco Vega de Lamadrid, luego gobernador del estado de triste memoria, como director de la institución habitacional con la responsabilidad de conciliar con los colonos demandantes de tierras.
Fue en ese año que el panista Vega comenzó a incrementar su fortuna económica.
Para implementar sus medidas de control, Ruffo nombró como Procurador de Justicia al priista Eduardo Kraus Coronel, conocido por sus métodos represivos.
Su participación en desalojos y detenciones de líderes fue tan severa que los propios diputados del Partido Acción Nacional, junto con la Procuraduría de los Derechos Humanos --fundada por Ruffo-- y la presión social, lo obligaron a renunciar.
La represión contra los líderes del movimiento urbano popular (MUP) comenzó con el encarcelamiento en 1990 de Javier Salivie Astengo (“El Pitufo”), líder de la Unión de Colonias Primero de Septiembre en Mexicali, a quien había prometido encarcelar por presuntamente haberlo ofendido durante una manifestación en la capital del estado.
El siguiente encarcelado fue Federico Alarcón, líder de la Unión de Colonos Emiliano Zapata, de Mexicali y San Felipe.
Le siguieron Ricardo Montoya Obeso, líder de la Colonia 3 de octubre de Tijuana, y Abraham Correa Acevedo, entonces dirigente de la Unión de Colonos Solicitantes e Inquilinos (UCOSI) de Ensenada.
Ricardo Montoya Obeso, Javier Salivie Astengo (“El Pitufo”) y Abraham Correa Acevedo, tres dirigentes sociales que vivieron en carne propia la represión ruffista entre 1989 a 1995 (Imágenes, cortesía del articulista).
Posteriormente, se produjeron otros encarcelamientos y represiones contra líderes sociales; sin embargo, los mencionados fueron los más emblemáticos en la acción represiva de gobierno tenían como fin intimidar a los movimientos sociales.
Para defenderse de la represión gubernamental, en 1991 las organizaciones del movimiento popular formaron el Frente de Organizaciones Sociales (FOS).
Sus integrantes desarrollaron una serie de nuevas manifestaciones, pero su existencia fue breve debido al constante acoso del gobierno de Ruffo contra los líderes del MUP.
En la práctica, las organizaciones de los movimientos populares urbanos fueron desapareciendo, y con ello el autocontrol social en las colonias populares, lo que agudizó los problemas de delincuencia, violencia y carencias urbanas durante el gobierno de Ruffo.
De alguna manera, las organizaciones sociales mantenían cierta civilidad donde tenían presencia; organizaban a las comunidades para resolver sus carencias, impedían la proliferación de adicciones, resolvían los conflictos vecinales y familiares, y mantenían cierto orden.
Todo esto se perdió con la desaparición de las organizaciones del MUP.
Con ello, Baja California experimentó un aumento en la delincuencia y violencia extrema asociada al narcotráfico.
*José Moreno Mena es doctor en Ciencias Sociales. Fue investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC y del Colef, Mexicali. Maestro en Desarrollo Rural y licenciado en Sociología. Es especialista en el estudio de los movimientos migratorios transfronterizos y fundador y presidente de la Coalición Pro-Defensa del Migrante.
Comentarios