El vasto sistema de corrupción que Enrique Alfaro acrecentó y consolidó en Jalisco
- Javier Cruz
- hace 6 días
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Actualizado: hace 4 días
En exhibición mayúscula por el escándalo del rancho Izaguirre, del municipio de Teuchitlán, el sistema de corrupción que impera en Jalisco desde hace 25 años reveló el nivel de crecimiento que tuvo durante el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, hoy retirado de la política y auto exiliado en Madrid, España, donde viven dos de los máximos exponentes de la descomposición gubernamental en México: Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Javier Cruz / 4 Vientos
Se trata de un método ilícito y corruptor en donde los tres poderes del estado se conjugan para dar impunidad, en el caso del camaleónico Alfaro Ramírez, de un presunto despojo inmobiliario y peculado a favor de la empresa Operadora Hotelera Salamanca/Hoteles Rivera de Lux, por casi 14 mil 800 millones de pesos.
Asimismo, tiene pendiente otro caso de putrefacción e impunidad jurídica del emecista en la operación del programa oficial “A Toda Máquina”, el cual arrendó de manera ilegal al magnate jalisciense José Guillermo Romo Romero, presidente del Grupo Mega, equipo agrícola con un sobreprecio de al menos tres mil 634 millones de pesos.
En el primer caso, el bien público afectado es el Parque Huentitán, del municipio de Guadalajara. Se dio en 2016 cuando Alfaro, ya en el partido Movimiento Ciudadano (MC), era presidente municipal y se preparaba para asaltar la gubernatura de Jalisco.
Desde entonces, la Fiscalía Estatal de Justicia se encargó de obstaculizar la carpeta de investigación del caso que denunció la organización civil Movimiento en Protección del Parque, que preside el ciudadano Javier Armenta, y que en enero de 2023 acompañó la diputada de Morena Cecilia Márquez Alkadef Cortes al denunciar el tema en el pleno del congreso local.
El mismo sistema deshonesto que incluye a jueces, abogados, agentes del Ministerio Público, funcionarios y servidores de los poderes judicial, ejecutivo y legislativo, así como a empresarios de élite y a ciudadanos comunes que han tenido contacto con éste régimen de corrupción, permitió otros abusos que Alfaro aparentemente cometió durante los años que vivió de la función pública.
Por ejemplo, en marzo de 2011, siendo presidente municipal de Tlajocomulco de Zúñiga –colindante con la zona metropolitana de Guadalajara- por los partidos de la Revolución Democrática (PRD, hoy extinto) y del Trabajo (PT), Enrique Alfaro, quien inició su carrera política en 1999 con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), viajó a Cuba en compañía de Tomás Figueroa Padilla y Víctor Hugo Bernal Hernández.
El primero era presidente del Instituto Electoral de Jalisco y el segundo participaba en el mismo organismo como consejero.
EL desplazamiento en avión a la isla caribeña generó dos problemas al entonces edil:
1.- Acusación de la bancada priista en el congreso de caer en conflicto de interés al viajar acompañado de dos altos exponentes de la autoridad electoral. Ello días después de que hiciera pública su intención de postularse como candidato a gobernador en 2012.
2.- Investigación del origen de los de recursos que financiaron el viaje a Cuba para presuntamente contratar al cantautor Silvio Rodríguez, así como de la Tesorería municipal de Guadalajara, ya que el dueño de la aeronave, Francisco Jaime Madrid Sánchez, fue sentenciado en 2002 por cometer delitos vinculados al narcotráfico.
Esa fue la primera ocasión pública que relacionó a Enrique Alfaro con grupos de la delincuencia organizada de Jalisco.
Asimismo, reveló que no solo los diputados locales del PRI pidieron indagar ministerialmente al presidente municipal. A ellos se sumó el pleno de la bancada del PRD, uno de los dos partidos que lo llevaron a la presidencia del Ayuntamiento de Atlacomulco.
“(Alfaro) pretendió ocultar la información” del patrocinador del viaje, dijo entonces el coordinador del grupo legislativo Raúl Vargas López, lo que completó el resto de la bancada cuando propuso “la inmediata intervención de la PGR (Procuraduría General de la República) para investigar los presuntos vínculos de Enrique Alfaro Ramírez con el crimen organizado”.
Sus colegas terminaron solicitando el abandono del edil a su cargo municipal “para enfrentar las acusaciones”, por lo que éste cuestionó a los acusadores:
“¿Quién, cuando se sube a un avión, pregunta el nombre del piloto? ¿Quién, cuando se sube a un avión, tiene el plan de vuelo? ¿Quién, cuando se sube a un avión, conoce la historia de quienes van manejando la aeronave?”
El pleito en el congreso no pasó a mayores. El último día de 2011 Alfaro pidió licencia indefinida a su cargo como presidente municipal para postularse como candidato a gobernador. Dos meses y una semana después renunció al PRD porque había una pugna entre las “tribus” Colectivo Sol Naciente, que lo apoyaba, y el Grupo Universidad, que se le oponía.
Posteriormente, el 15 de marzo de 2012 tomó protesta como candidato a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano (MC).
Quedó en segundo lugar al obtener un millón 100 mil votos y quedar solo cuatro puntos abajo del priista ganador Aristóteles Sandoval Díaz.
Tres años después, con MC, ganó la presidencia municipal de Guadalajara, en donde aparte del presunto acto de corrupción en el Parque Huentitán, sumó otra grave acusación: entregar a Operadora de Servicios Mega, del empresario Guillermo Romo Romero, un contrato de arrendamiento irregular del programa “Módulo de Maquinaria a Municipios”, mejor conocido como “A Toda Máquina”, que significó un daño al erario municipal por más de tres mil 634 millones de pesos.
En este asunto, la Contraloría del Estado encontró irregularidades en el manejo del programa –una presunta simulación en el proceso de licitación que benefició a Romero Romo- y los denunció penalmente ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco.
Pero en abril de 2021, siendo Alfaro gobernador, la presidente del organismo fiscalizador, Teresita Brito Serrano, reveló que pese a las “graves faltas” que encontró en el expediente, el tribunal absolvió a los funcionarios y empresarios involucrados, entre ellos el gobernador y Romero, al no encontrar pruebas de la acusación.
Tres meses después, el grupo parlamentario de Morena en Jalisco, encabezados por Erika Pérez García, presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía de la República (FGR), que dirige Alejandro Gertz Manero, así como en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una denuncia por “hechos posiblemente constitutivos de delito” relacionados con el contrato al Grupo Mega.
La carpeta de investigación hasta hoy no avanza en las instancias federales donde se abrió.
Pero en 2016 se difundió un audio de Hugo Luna Vázquez, jefe de gabinete en Guadalajara y luego hizo lo mismo en el gobierno estatal de su amigo Alfaro Ramírez, en donde afirma que el entonces edil tenía bajo control al tribunal administrativo de Jalisco.
“Enrique trae la capacidad de hacer un pinche manotazo al Tribunal Administrativo del Estado y tiembla quien sea. Ya los mismos magistrados nos están pidiendo esquina”, se escuchaba en la grabación que se difundió masivamente enredes sociales y la prensa jalisciense.
Ya como gobernador, Alfaro anexó nuevos cuestionamientos a su currículo.
La lista empezó cuando aun siendo candidato a la gubernatura, el 30 de junio de 2018, un día antes de la elección estatal, la periodista Anabel Hernández publicó un reportaje en donde afirmó que documentos de Inteligencia de la Secretaría de Marina y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, indicaban que Alfaro era investigado por tener presuntos lazos con el Cártel de Sinaloa.
Eso desde que ocupó la presidencia municipal de Atlacomulco.
La investigación no avanzó a instancias judiciales y el trabajo de la periodista tuvo que ser retirado de los medios en donde se publicó porque así lo dispuso el Instituto Nacional Electoral.
Luego siguieron escándalos por diversos motivos. Aquí algunos de ellos:
A.- Un aumento imprevisto en la tarifa del transporte público provocó protestas populares y actos de desobediencia civil que el gobernador reprimió con violencia y detención administrativa en contra de decenas de personas en julio de 2019.
Por ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió medidas cautelares para “garantizar el respeto a los derechos humanos, integridad y seguridad de las personas detenidas”.
B.- En junio de 2020, tras la muerte violenta de Giovanni López a manos de policías municipales por no usar cubre bocas en Ixtlahuacan, la policía estatal y personas no identificadas detuvieron con exceso de fuerza a decenas de manifestantes inconformes con la impunidad en el asesinato del civil.
Alfaro se defendió diciendo:
“La instrucción que yo di fue actuar con sensatez, con prudencia y hoy un grupo de personas de la Fiscalía del Estado de Jalisco desacató mis instrucciones y actuó de una manera irresponsable y brutal que no va a ser perdonada”.
Sus palabras no las respaldó con acciones concretas contra los agentes y desconocidos que violentaron los derechos humanos de los manifestantes tapatíos, por lo que el llamado "Halconazo Tapatío" persiste impune hasta hoy.
C.- La represión a la libertad de expresión y el derecho constitucional a la protesta en Jalisco continuó tres años después (5 de junio de 2023), cuando sobrevivientes del “Halconazo” colocaron un “antimonumento” en la Plaza de Armas de Guadalajara como una forma de exigir justicia por la desaparición de personas y los actos represivos de gobierno.
Ese día por la noche policías municipales y del estado retiraron la estatua, por lo que dos días después un juez federal concedió amparo provisional a los ciudadanos inconformes con el abuso de autoridad y ordenó al ayuntamiento que presidía Pablo Lemus Navarro, hoy gobernador de MC en Jalisco, la reinstalación inmediata de la obra conmemorativa.
A esa decisión se sumó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INHA) cuando no se opuso al mandato judicial. Esto mediante Oficio número 401.3S.1-2023/0602.
Un mes después, el juez de distrito concedió el amparo definitivo al Colectivo “Red AntiMonumento 5J”. pero Lemus Navarro, quien se comprometió a respetar la orden judicial, hasta hoy no cumple su palabra.
Al contrario. Objetó el fallo federal con recursos de revisión y dijo no tener personal humano ni equipo material para obedecer la sentencia.
El último gran escándalo de Alfaro se dio en marzo de este año con el redescubrimiento del Rancho Izaguirre y la negligente actitud del fiscal Salvador González de los Santos, nombrado en el cargo por Pablo Lemus en diciembre de 2024, para investigar los hechos criminales que ocurrieron en el sitio, así como en otra negra herencia del exgobernador emecista: la desaparición de personas en Jalisco.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a partir de 2019 Jalisco está en el primer lugar en el número de personas no localizadas: 14 mil 970 del total de 114 mil 878 reportados a nivel nacional; es decir el 13.03 por ciento, seguido de Tamaulipas con 13,099, el estado de México con 12,158, y Veracruz con 6,986.
Esa cantidad representó un aumento del 35.4% entre los gobiernos de Alfaro y su antecesor priista Aristóteles Salvador Díaz.
Igualmente, el Mapa Nacional de Fosas Clandestinas hecho por la Comisión Nacional de Búsqueda, reportó, en enero de 2023, que Jalisco se encontraba entre los cinco estados de la república con mayor número de sepulturas ilegales: 317 descubiertas entre 2007 al 2024.
Sin embargo destaca que, durante la gestión de Enrique Alfaro, la tasa de incidencia delictiva en Jalisco descendió, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), de 41 personas por cada 100 mil en 2018, a 33 en 2024, con una media del 23 por ciento.
Este panorama general del gobierno de Enrique Alfaro confirma lo que demuestran científicamente dos organizaciones, una internacional y otra nacional, que analizan y califican el Estado de Derecho y los Esquemas de Corrupción en México.
La primera institución, Word Justice Projet, reveló en su estudio 2023-2024 sobre Jalisco que éste se ubicó en la posición 26 del Índice de Estado de Derecho en México al alcanzar una puntuación de 0.38 en una escala que va de 0 a 1, donde 1 significa total respeto por el Estado de Derecho.
Esta calificación demostró una caída de tres posiciones con relación a la edición 2018, justo el inicio del mandato de Alfaro, en que ocupaba el lugar 23.
Jalisco, en la posición 26 de las 32 entidades mexicanas evaluadas en calidad de respeto al estado de derecho (Imagen: Captura de pantalla).
La investigación encontró también que Jalisco estaba en la posición 27, de los 32 estados evaluados, en el factor 2 (Ausencia de Corrupción) con una puntuación estancada en 0.31 desde 2018.
En el Factor 8 (Justicia Penal) bajó al lugar 25 con un puntaje promedio de 0.31, en donde destaca un antepenúltimo lugar en “Debido Proceso” y una posición similar en materia de “Imparcialidad, Independencia y Libre de Corrupción” en el sistema judicial.
Asimismo, quedó en último lugar en lo relativo a “Eficiencia de los Sistemas de Procuración e Impartición de Justicia” (sub-factor 8.2), con un puntaje de 0.21, el cual también mostró descensos desde el 0.33 logrado en 2018.
Por último el estudio determinó que Jalisco se colocó en el lugar 24 en el subtema “Ausencia de Corrupción en la Aplicación de Regulaciones”; 19 en “Ausencia de Discriminación”; 21 en “Libertad de Asociación”; y 22 en “Respeto a los Derechos Laborales” con una caída de 0,35 que contrasta con el 0.31 que obtuvo en la edición 2018.
Por su parte, la publicación “Estudio Cualitativo sobre Corrupción” que elaboraron la organización civil Jalisco cómo Vamos y el Observatorio Ciudadano de Calidad de Vida que integran la Cámara de Comercio, Iteso, Corporativa de Fundaciones, la Universidad Panamericana, CCIJ, Coparmex y Extra, buenas causas, buenos efectos, todos ellos de Jalisco, identificó un sistema generalizado de corrupción que se formó y arraigó en la entidad a lo largo de 24 años.
“No se trata de un acto individual sino de la conjunción de diversos elementos que trabajan en conjunto para alcanzar un fin ilícito”, con el cual “se alcanzan beneficios y costos para quienes participan en estas prácticas”, afirma el documento.
¿Cuáles son esa “prácticas”? La investigación las cuenta así:
1.- Dependencia financiera del sector privado con las instituciones públicas en sus tres niveles –ejecutivo, legislativo y judicial-. 2.- Valoración excesiva del Estado como cliente. 3.- Versatilidad y extensión de la corrupción en los procesos y condiciones de participación en la obra pública licitada.
La más importante es la existencia de esquemas y/o redes de corrupción que acompañan la creación de empresas propias o ligadas a funcionarios públicos para lograr la contratación, como proveedores de instituciones públicas, que les permita operar sin que haya una vinculación visible o que pueda ser reconocida legalmente.
Todo ello desemboca en un esquema de beneficios y costos que el informe inicia con un funcionario, persona o empresa que comete un acto de corrupción, lo que representa un alto beneficio para ellos y su grupo.
Esto desencadena aumentos de costos para el sector privado y malas condiciones de trabajo”, “debilitamiento del sector empresarial afectado”, “aumento en los costos para el erario”, “mala calidad de los servicios y obras de gobierno”, y “la afectación generalizada a la población en su conjunto”.
Un empresario de las decenas que la coordinación conjunta del estudio entrevisto a lo largo del proyecto dijo al respecto:
“Hay formas que tienes que ir aprendiendo. Si ya sabes que los gobiernos se tardan 30 días y te terminan pagando a 120 o 150 días, incluyes en tus precios de la cotización ese financiamiento, porque al final de cuentas sí (te pagan)”.
Otro afirmó: “De ese sobrecosto (se debe aumentar) mínimo el 10%. Y ya sabemos qué es el 10%. Entonces, de ahí a los coyotes, los intermediarios. Por ahí le aumenta cada quien su porcentaje”.
Y un tercero de plano aceptó: “(la corrupción del sistema) impacta en la distribución de la riqueza. Si hay más competidores hay más empleados que tienen más oportunidades de trabajo, y hay definitivamente más dinero circulando en el entorno que, sí, se queda siempre con la misma empresa.”
Por otra parte, los autores del informe incluyen la formulación de propuestas para reducir la corrupción.
Entre ellas destaca una sugerencia constante de los empresarios encuestados: facilitar y aumentar la participación de la sociedad civil como observadores en los procesos de licitación para lograr una “presión” que favorezca la transparencia de los contratos públicos.
“Sin embargo, se reconoce también cierto peligro en esta situación. Por un lado, se advierte que en muchas de las reuniones que pueden ser públicas los actores llegan con un acuerdo previo de manera que todo fluye en apariencia correcta, dejando así al observador como un validador de algo que en realidad fue irregular”.
El texto igualmente señala que, en ocasiones, la necesidad de tener cierto conocimiento técnico para realmente poseer conciencia de lo que sucede en una reunión, puede ser un obstáculo.
Asimismo, el estudio considera que otra posible medida para disminuir la corrupción es la exhibición pública detallada de los mecanismos que se utilizan para ejercer la corrupción, lo que a su vez genera dos consecuencias principales:
Aumentar la conciencia sobre los actos corruptos y estos puedan ser identificados y denunciados con mayor facilidad; y que aquellos quienes practican estos delitos se sientan expuestos y con ello disminuyan su participación en estas malas prácticas.
En la práctica, estas propuestas no bastan para desmotivar, corregir o sancionan los actos de corrupción que cometen o cometieron los últimos seis gobernadores de Jalisco. Tres del Partido Acción Nacional (PAN): Alberto Cárdenas Jiménez (1995-2001), Francisco Javier Ramírez Acuña (2001-2006) y Emilio González Márquez (2007-2013).
Igualmente, Aristóteles Sandoval (PRI, 2013 a 2018) y Enrique Alfaro (MC, 2018 a 2024).
Por lo que la pregunta obligada hoy es: ¿Pablo Lemus podrá romper la inercia ascendente e impune del sistema de corrupción que dio y da tanta mala fama a los gobiernos de Jalisco?
Veremos para creer.
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