La empresa yucateca Inversión Colectiva Inmobiliaria (Inverco), acusada de cometer en Mérida un fraude por más 160 millones de pesos que afectó al menos a 200 familias mexicanas y del extranjero, delito que hoy se investiga en la vía penal, fiscal y conciliatoria, acumuló acciones administrativas que acrecientan su posible relación directa con el exgobernador y actual senador Rolando Rodrigo Zapata Bello.
Javier Cruz / Edición: 4 Vientos
Con información objetiva y verificable, se consolida la afirmación de que Inverco es una de las muchas cabezas que tiene un poderoso grupo político-empresarial que, a través de la sociedad mercantil, suma al actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, así como a ex funcionarios de la Fiscalía de Justicia y el poder ejecutivo de Yucatán, notarios y connotados empresarios peninsulares.
En este conjunto de personajes se acumulan decenas de casos de presuntos fraudes, despojo de tierras, tráfico de influencia, abuso de poder, peculado, desvío de recursos públicos y otros delitos aun impunes por la fuerza política y económica de sus integrantes.
Sin embargo, la impunidad no será eterna.
De hecho, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que dirige el economista Pablo Gómez Álvarez, ya investiga el conjunto de operaciones financieras de Inverco y sus socios para presentar la denuncia que debe ser judicializada por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a fin de robustecer la investigación financiera con pruebas ministeriales del presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En el caso de las denuncias por lavado de dinero interpuestas por más de 200 clientes estafados por Inverco, la FGR se declaró incompetente para investigar este grave ilícito. El licenciado Othón Baca Cacho, apoderado legal de las víctimas, ya interpuso amparos en este caso.
De momento, en este sindicato con poder económico, político y criminal, adquiere cada vez mayor relevancia el primo hermano del exgobernador Rolando Rodrigo Zapata Bello.
Se trata del notario público Rolando Alberto Bello Mejía, accionista cofundador de Inverco y titular de la notaría 113 con sede en Progreso, Yucatán, municipio en donde se proyectó -en tierras bajo litigio agrario vigente-, el simulado fraccionamiento Pedregales de Misnébalam que desde diciembre de 2018 impulsa la inmobiliaria Inverco.
Bello Mejía obtuvo su patente como aspirante a notario ocho años antes, el 2 de diciembre de 2010, de manos de la entonces gobernadora priista Ivonne Aracely Ortega Pacheco, hoy diputada federal plurinominal del Partido Movimiento Ciudadano (MC).
En esa fecha, su primo Rolando Zapata Bello era diputado federal, luego de haber ocupado durante tres años el cargo de secretario general de Gobierno (2007-2009) en la administración de Ivonne Ortega.
Paradójicamente sería el gobernador panista Mauricio Vila Dosal, quien hizo realidad el sueño de Bello Mejía, obsequiándole en el 2022 la notaría pública 113.
Para entonces, el primo del exgobernador priista ya había iniciado, a partir de 2017, la fundación de al menos ocho sociedades mercantiles que están inscritas en el Registro Público de Comercio (RPC) bajo supervisión de la Secretaría de Economía (SE).
Cinco de ellas se crearon y fortalecieron financieramente en los años en que cientos de clientes fueron despojados de más de 500 millones de pesos en los desarrollos inmobiliarios de Inverco que a continuación enumeramos:
1.- Pedregales de Misnébalam, municipio de Progreso; 2.- Nova Vita Country Club, en los devastados puerto y marisma de Sisal; y 3.- el Rancho Kaáxnah Country Club, que en la publicidad de Inverco es un desarrollo paradisiaco, pero en la realidad sólo existe maleza y selva en ese terreno del municipio de Maxcanú.
En el caso de Kaáxna destaca el espíritu inescrupuloso y altamente especulativo de Miguel Ángel Aguayo y los accionistas de Inverco, quienes compraron el rancho, de 354 hectáreas y valor notarial de seis millones 791 pesos, a Jorge Armando Noh Vera y María Teresa de Jesús Albornoz Heredia, personas de la tercera edad, septuagenarios y jubilados, entre diciembre de 2022 a marzo de 2023.
Quince meses después, en una memorable video conferencia de Aguyo con los clientes defraudados, en donde se le presentó como "asesor inmobiliario" de Inverco porque ya había vendido sus acciones de la compañía, el ingeniero afirmó que Kaáxnah valía comercialmente mil 250 millones de pesos; es decir 181 veces más del precio que pagaron por el predio.
Así, cuando estaba en su apogeo la mayor defraudación de clientes, Miguel Ángel Aguayo de Pau, también cofundador de Inverco, Rolado Bello Mejía constituyó otra empresa: Na Ha Gestor de Proyectos, S.A. de C.V., en el municipio de Hunucmá.
Y luego fundó la compañía Agube (¿AguBe? ¿Aguayo/Bello?), también denunciada por los clientes defraudados en todas las vías legales y conciliatorias.
Estas trampas inmobiliarias fueron auspiciadas comercialmente por Bello Mejía y Aguayo de Pau quienes, a través de terceros, siguen promocionándolas impunemente en redes sociales y páginas personales o rentadas en la red cibernética.
A continuación presentamos las sociedades mercantiles del pariente pudiente, Rolando Alberto Bello Mejía. Se trata de operaciones de las que da fe el notario de todas sus confianzas, Patricio Solís Millet.
EL NOTARIO IMPRESCINDIBLE
1.- Inversiones del Tesoro, S.A. de C.V., del ramo de alimentos, operó en Ciudad del Carmen, Campeche. Sus accionistas fueron Bello Mejía, Gaspar Colli Molina y Alessandro Borghetto.
La sociedad se oficializó ante el notario 62 de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, Heyden José Cebada Rivas, un personaje que posteriormente lograría gran notoriedad judicial y política en Quintana Roo.
Tres años después de constituida, Borghetto certificó la liquidación de Inversiones del Tesoro, ante el titular de la Notaría 11 con sede en Mérida, Patricio Solís Millet, personaje clave en el historial de negocios del poderoso grupo inmobiliario bajo investigación.
2.- Inverco, inmobiliaria que Bello Mejía y Aguayo de Pau registraron el 4 de diciembre de 2018. Solís Millet también dio fe del acto mercantil.
En esta asociación, de dirección colegiada en donde Aguayo ocupó la presidencia, Bello Mejía desempeñó el cargo de secretario del Consejo de Administración hasta agosto de 2022, luego de ser obsequiado con la titularidad de la Notaría 113 del municipio de Progreso que fue creada exprofeso para él por el entonces gobernador y hoy senador Mauricio Vila.
Este mandatario, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), logró que el Congreso local -con la mayoría del PAN y los votos del PRI y de MC; sólo Morena votó en contra-, aprobara una reforma fast track a la Ley del Notariado que le permitió aumentar de 100 a 154 las notarías públicas en el estado y repartirlas entre funcionarios, exfuncionario e hijos de connotados priistas y panistas yucatecos.
La 113, de Progreso, ya estaba apartada para el primo de Zapata Bello, ¿pero el nuevo notario su retiró de Inverco una vez que recibió el regalo?
¡Claro que no!, pero Rolando Bello Mejía tuvo que vender sus acciones y renunciar formalmente al Consejo de Administración de la empresa en agosto de 2022, porque la ley no permite que los notarios sean a la vez accionistas de empresa alguna.
Sin embargo, de acuerdo con testimonios de clientes defraudados, el pudiente pariente del exgobernador siguió presente en la inmobiliaria hasta mayo de 2024; ahí lo veían, afirman los clientes y vendedores del fraccionamiento, en la oficina del negocio.
Incluso, aseguran que cuando iban a reclamar el cumplimiento de sus contratos o la devolución de su dinero, lo veían salir del edificio, ubicado en la calle México de la ciudad de Mérida, por la puerta del estacionamiento, después de despachar asuntos notariales de la inmobiliaria.
El 14 de febrero de 2024, también Miguel Ángel Aguayo renunció a sus acciones y a la presidencia de Inverco. Dejó en su lugar a William Armando Morales Heredia, otro personaje clave en el organigrama administrativo de este grupo que opera como cártel inmobiliario.
El mismo día renunció el comisario del Consejo de Administración, Jorge Antonio Mejía Méndez, familiar de Bello Mejía, quien aparece en casi todos los negocios del notario 113.
En pleno conflicto de los clientes defraudados contra la empresa fraudulenta, cobraría relevancia Gabriel Moisés Ancona Kantún, el director jurídico de Inverco a quien los clientes describen como “inescrutable”, “frío”. “evasivo” y “calculador”.
Junto con este licenciado en Derecho forman el área legal de la inmobiliaria los también abogados Rommel Josué Gómez Mayor y Cecilia Villanueva.
La mujer, sin jamás mostrar una identificación a los clientes y también descrita como “grosera y novata, con ínfulas de dueña del imperio”, en realidad tiene como nombre completo el de Andriana Cecilia Zapata Villanueva, quien se jacta de ser hija y sobrina de abogados pudientes que operan en el poder judicial y el gobierno del estado.
Cuentan los engañados que cuando acudían a las oficinas de Inverco en Mérida para tratar de llegar a un arreglo, Rommel y Cecilia decían que sus jefes, los directivos del Consejo de Administración de la inmobiliaria, "nos dieron indicaciones" (señalaba Gómez) de no mostrar su carnet de filiación, o "teníamos prohibido" (según Zapata Villanueva) exhibir identificación a los clientes.
AMOR AL DINERO Y A LA FAMILIA POLÍTICA
Justo en el apogeo del mega fraude de Inverco, cuando están robando dinero a puños porque ya tienen una cartera de víctimas de 500 a 700 clientes pagando puntualmente por la adquisición de sus casas en contratos de prepago a dos años, aunque la empresa no construiría ni una más de las 143 viviendas dejadas en obra gris, en medio de la selva y la maleza de un fraccionamiento inexistente-, Aguayo de Pau decidió crear otra compañía, constituida el 28 de febrero de 2023: Na Ha Gestor de Proyectos, Sociedad Anónima de Capital Variable.
La sociedad la preside su nueva esposa, María Pilar Sánchez González, como administradora única con 17,000 acciones. Las 3,000 acciones restantes son de un exasesor inmobiliario incondicional de Aguayo, Juan Carlos Guadarrama Fernández, quien figura como apoderado de Na Ha.
Originalmente, Margarita Sánchez González, hermana de María del Pilar, detentó el cargo de Comisaria de Vigilancia; y estas dos mujeres aceptaron que su medio hermana por la vía materna, Claudia Cisneros González, ocupara la gerencia de Ventas en Inverco.
Esta última era la cara amable y mente sagaz en la estrategia de ganar tiempo, engañado a los clientes de Pedregales de Misnébalam con falsas promesas mientras Inversión Colectiva Inmobiliaria cambiaba sus cuentas bancarias y modificaba la integración de los consejos de administración de las empresas vinculadas con la estafa.
Claudia Cisneros fue la primera en impulsar la propuesta más conveniente para la sociedad mercantil: que los clientes acepten, a cambio de sus casas, la entrega de terrenos (sobrevaluados y sin certeza jurídica) en el fracasado fraccionamiento Pedregales de Misnébalam.
Margarita renunció al cargo de Comisaria en asamblea notificada al RPC el 20 de diciembre de 2023; fue sustituida por David Eduardo Ancona Ortiz, otro asesor inmobiliario subordinado de Aguayo.
DUDOSO FNANCIAMIENTO
3.- Después de la creación de Inverco, Bello Mejía y Aguayo de Pau constituyen, en agosto de 2020, una nueva asociación: Edificaciones Chuumuk, Sociedad Anónima de Capital Variable; razón social que cinco meses después cambiaron a Desarrollos Inmobiliarios en Acción supuestamente porque ya existía, en Cancún, una empresa con ese nombre.
Los dos actos quedaron notariados por Solís Millet, quien también protocolizó los nombramientos de los hermanos William Armado Morales Heredia como accionista tesorero, y a Jorge Antonio Mejía Méndez como comisario de Vigilancia.
Entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2022, Desarrollos Inmobiliarios en Acción ejecutaría una extraña acción financiera en la que entrega un crédito a Inverco, operación que así reseñamos:
Aparece como representante de los "obligatorios", es decir de los socios de ambas empresas en las que Aguayo de Pau y Bello Mejía fueron cofundadores, el exgerente de ventas de Inverco, Juan Miguel Montalvo Pech.
Miguel Ángel Aguayo fue designado para suscribir la emisión de obligaciones aprobadas.
El capital pagado de la sociedad emisora y de su activo y de su pasivo es de 23 millones 330 mil 093 pesos y de 8 millones 910 mil 920 pesos, respectivamente. En total: 32 millones 241 mil 013 pesos.
El importe de la emisión fue por cinco millones de pesos, en 50 mil obligaciones de la serie “A20” al portador y no convertible en acciones, cada una por un valor nominal de 100 pesos, con un interés de 10% cuyo plazo inició el 1 de noviembre de 2022 y debería ser pagado el 31 de dic de 2022 mediante una sola exhibición a su fecha de vencimiento.
Los cinco millones, de acuerdo con acta notariada, se utilizaron para realizar desarrollos inmobiliarios habitacionales. ¿Cuáles?, no se sabe.
Lo que las actas de administración de la sociedad sí revelan, y así está inscrito en el Registro Público de Comercio el 21 de diciembre de 2021, es que Rolando Bello Mejía, ya con la notaría pública 113 en la bolsa, y Miguel Ángel Aguayo de Pau renunciaron a sus acciones: las vendieron a sus prestanombres Rubén Rodrigo Morales Heredia y Melchor Benjamín Sales Jiménez.
El primero es hermano de William Armando Morales Heredia, quien fue funcionario y presidente accionista del consejo de administración de Inverco -esto entre diciembre de 2018 al 17 de julio de 2024-, además de figurar como accionista o empleado en casi todas las sociedades mercantiles creadas por el primo de exgobernador Zapata Bello.
El mismo Rubén Rodrigo Morales ha trabajado en Inverco como empleado, accionista y secretario del Consejo de Administración, pero en Desarrollos Inmobiliarios en Acción tomó la función de presidente del consejo administrativo de la compañía.
Por su parte, Melchor Benjamín Sales Jiménez, ex perito del Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso en el gobierno de Zapata Bello (2017-2022), se hizo cargo de la secretaría del consejo de administración
Otra simulación accionaria y su resultado legal evasivo estaba cerrada, y abrió las puertas para la realización de la sombría actividad crediticia de fin de año en 2022.
4.- Agube Ingeniería y Construcción nació en mayo de 2021.
Otra vez hizo equipo la quinteta integrada por Bello Mejía, Aguayo de Pau, Patricio Solís, William Morales y Antonio Mejía Méndez.
Se trata de una empresa que aún hoy sigue en activo y se dedica a vender y construir bienes inmuebles en los municipios aledaños a la ciudad de Mérida, entre ellos el Fraccionamiento Pedregales de Misnébalam y otros auspiciados por Inverco y demás empresas que pertenecen al influyente y abusivo grupo desarrollador.
ENTRE TRANSPORTISTAS Y ABOGADOS TE VEAS
5.- Transportes Gran Sureste se registró el 11 de noviembre de 2021. Antes se formalizó en la notaría de Solís Millet quien dio fe de que los socios son Jorge Carlos Romero Mangas, Bello Mejía y Mario Alberto Uc Montalvo, en tanto que el comisariado es William Morales Herrera y el gerente Jorge Antonio Mejía Méndez.
Se trata de una mega compañía de autotransporte de carga federal, local, regional y servicios logísticos que opera en el sureste mexicano y con “alcance nacional”.
Con un capital social de 50 mil pesos, de los cuales el primo del exgobernador Zapata Bello aportó 25 mil, la compañía se dedicada a la movilización de carga en general, contenerizada, en viajes spot (pago de fletes al contado), almacenaje, última milla y outsourcing logístico.
Entre los clientes de la empresa, se cita en la página en internet -gransureste.com- a las corporaciones Picking Express, Vassa, Onnera Group, DNV, Black Hund Logistics, Bepesa y B Logostics; además, dice hacer gestión legal para recuperar unidades consignadas por cualquier dependencia de gobierno y tramitar todo tipo de placas y tarjetas de circulación.
Igualmente presume poseer una gran cantidad de camiones, camionetas, cajas secas, plataformas y portacontenedor de entre 20 a 53 pies.
Se trata de unidades que significan una inversión multimillonaria que, por el tiempo de nacimiento y crecimiento que tiene la empresa, contrasta dramáticamente con la desaparición de varias decenas de millones de pesos defraudados por Inverco a cientos de clientes que soñaban con tener una casa en Pedregales de Misnébalam.
William Armando Morales Heredia y Jorge Antonio Mejía Méndez no podían quedar fuera del jugoso negocio transportista. Uno como comisario y el otro como gerente general de la empresa.
6.- El 3 de diciembre de 2021, una vez más Patricio Solís Millet apoyó a Bello Mejía en la creación de Unión es Logro, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable.
Esta sociedad tiene, entre otros muchos objetivos, comercializar, publicitar, comunicar, hacer mercadotecnia y mercadeo diverso; así como diseñar asesoría, coordinar administración, y realizar y ejecutar proyectos inmobiliarios en general.
Alberto Bello Mejía tiene como accionistas y socios en Unión es logro, a Juan Carlos Flores Díaz y al abogado laborista Gerardo Pinto Dager, hermano del actual presidente del Colegio de Abogados de Yucatán, Ernesto Iván Pinto Dager, maestro en Derecho.
Iván Pinto formó parte este año del Comité de Evaluación de aspirantes a cargos de elección popular en el Poder Judicial de Yucatán y se desempeñó como jefe del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Delegación Yucatán de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), donde hoy se ventila un reclamo grupal de 65 clientes en contra de la inmobiliaria.
También fue jefe de la Unidad Jurídica de la Coordinación para el Desarrollo de la Zona Costera de Yucatán, jefe de Sala del Aeropuerto Internacional de Mérida, y administrador general de Aduanas, en el municipio de Progreso, del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El socio de Bello Mejía, el maestro en Derecho Gerardo Pinto Dager, es director de Firma Corporativo y asesor jurídico del Grupo San Francisco, organización presuntamente ligada con los oligarcas yucatecos Antonio Abraham Xacur y Ricardo Abraham Mafud.
A estos multimillonarios, habitantes del poblado Chablekal los identifican como parte de un grupo de especuladores y despojadores de miles de hectáreas en el ejido del mismo nombre, donde se asentaron proyectos inmobiliarios como Pedregales de Misnébalam y el lujoso, pero también controvertido Yucatán Country Club.
De acuerdo con una nota del periódico Sol Yucatán fechada el pasado 25 de febrero, Gerardo Pinto recibió, durante la administración gubernamental del hoy senador Mauricio Vila, decenas de contratos por asistencia jurídica al gobierno estatal por montos individuales de 250 mil pesos, los cuales –afirma el medio- ya tramita renovar ante la administración del expanista y hoy morenista Joaquín Jesús Díaz Mena.
Y sí, Armando Morales Heredia y Jorge Antonio Mejía repiten cargos de comisario y gerente general en la empresa.
EL HOMBRE GOMA
7.- Flexipagos, S.A. de C.V., está forjada como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple No Regulada (Sofom Enr), figura mercantil que no forma parte del Sistema Financiero Formal, pero puede captar recursos del público ahorrador si está previamente autorizada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Esto incluye apegarse a las reglas en materia de Lavado de Dinero impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Se fundó con Armando Benny Báez Pedrajo como accionista principal, y Edgar Navarro Gutiérrez, director ejecutivo de ContaDigital y contador en las oficinas de GMN Consultores y Auren México, en Cancún.
Rolando Alberto Bello Mejía es socio de esta empresa, al igual que Gabriela Baez Pedrajo Hernández, a quien se designó comisaria del Consejo de Vigilancia.
Los cuatro se unieron para realizar toda clase de operaciones de crédito, asesoría financiera, arrendamiento y factoraje financiero (facturera), así como diversas actividades de los sectores inmobiliario y mercantil.
En el grupo original de accionistas destaca Armando Báez por un antecedente que probablemente lo involucra en un hecho delictivo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció en el Diario Oficial del 14 de marzo de 2024.
La ASF presenta como presuntos responsables de dos delitos administrativos “graves” –uso indebido y desvío millonarios de recursos Públicos- a la empresa BELTSITE, S.A. de C.V.; y a “Armando Benny Báez Pedrajo”, ambos no localizables para la Dirección General de Investigación "A" de la Auditoría federal.
A la primera la acusó en su carácter de particular que prestó servicios a la Universidad Tecnológica de Campeche, con motivo del "Convenio General de Colaboración número UTCAM-AE-022/2014UTCAM/BELSITE, S.A. de C.V."
Y al segundo en su triple carácter de funcionario público: 1.- director de la Unidad de Gestión Interinstitucional; 2.- coordinador del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) Yucatán durante el ejercicio fiscal 2017; y 3.- enlace ante la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Para el año en que Armando Benny Báez presuntamente cometió el ilícito (2017), Rolando Rodrigo Zapata Bello era gobernador de Yucatán y tenía encima uno de varios escándalos de corrupción en su gobierno: el desvío multimillonario de recursos en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGEY), cuando fue director jurídico de esta institución Rolando Bello Paredes, tío del entonces gobernador y padre del cofundador de Inverco Rolando Alberto Bello Mejía.
Antes, Bello Paredes fue secretario particular del hoy fallecido gobernador Francisco Luna Kan (PRI, 1978 -1982).
De acuerdo con una nota del Sol Yucatán, de fecha 23 de julio de 2024, el secretario de Educación de Zapata Bello, Víctor Caballero Durán, realizó la venta ilegal de plazas sindicales en el magisterio, duplicó nómina, permitió “aviadores” y solapó el robo de cuotas a maestros que tienen créditos hipotecarios y personales.
Ese método criminal lo replicaría después el titular de Educación en el gobierno de Mauricio Vila Dosal, Liborio Vidal Aguilar, lo que provocó una denuncia de los profesores ante la Vice Fiscalía Anticorrupción que aún tiene inconclusa la investigación.
En marzo de 2022, la asamblea de accionistas de Flexipagos removió a Gabriela Báez Pedrajo Hernández de la comisaria de Vigilancia y se designó en el cargo a Melchor Benjamín Sales Jiménez, sí, aquel ex perito del Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso en el gobierno, claro está, de Zapata Bello y que todavía es secretario del consejo de administración de la sociedad simulada Desarrollos Inmobiliarios en Acción.
La misma asamblea aceptó como accionista y administrador único de la sociedad a Jorge Antonio Mejía Méndez, preparando así la salida de éste omnipresente personaje de la comisaría de vigilancia en Inverco en abril de 2024, tras casi cinco años de “vigilar” los movimientos de esa compañía.
Lo cierto es que Rolando Alberto Bello Mejía nunca perdió poder de decisión en la inmobiliaria ladrona, aunque formalmente renunció al convertirse en notario público.
Su presencia la ejerció a través de familiares.
En abril del año pasado, cuando Mejía Méndez renunció al cargo de comisario en Inverco, lo sustituyó con otro pariente: Guillermo Alberto López Méndez.
¡VAYA PEZ GORDO!
8.- Parece broma pesada, y con el paso del tiempo un exceso de ironía, pero así se llama: La Barracuda Colmilluda, S.A. de C.V.
Se trata de la sociedad mercantil en donde oficialmente, y ante el Registro Público de Comercio de la Secretaría federal de Economía, Rolando Alberto Bello igualmente participa como accionista.
Pero es una asociación de privados que resalta no solo por su nombre coloquial.
La Barracuda Colmilluda se constituyó el 7 de enero de 2016 con la fe del notario 86 de Cancún, Mario José Canto Espejo. La sociedad mercantil quedó integrada con dos accionistas: Bello Mejía y Heyden José Cebada Rivas, entonces notario 62 de la misma ciudad turística de Quintana Roo.
Cebada Rivas cuenta con una precaria pero meteórica carrera política en ascenso que incluye una regiduría, la secretaría general y la dirección de Obras Públicas; todos en la administración municipal de Cancún que presidió María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, hoy gobernadora de Quinta Roo.
Su culminación en el tope del servicio público, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, la obtuvo el 1 de septiembre de 2022; catorce días después de la toma de protesta de Lezama Espinosa como titular del ejecutivo estatal y a unos cuantos meses de haber sido electo magistrado por influencia directa del exgobernador Carlos Manuel Joaquín González.
Este personaje, con origen y formación política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque llegó a la gubernatura postulado por la coalición PAN-PRD, obtuvo el cargo de embajador de México en Canadá el 5 de enero de 2023, al terminar su alto cargo en Quintana Roo, por orden directa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Medios de comunicación del estado peninsular como MCV Noticias, vinculan a Joaquín González con un grupo de notarios públicos del estado y funcionarios de su gobierno que operan un grupo delincuencial que despoja de tierras, mediante falsificación de firmas y documentos de propiedad, a decenas de extranjeros y mexicanos radicados fuera del país, para luego entregarlas a compañías inmobiliarias corruptas.
Destaca el caso de la empresa Akela Development Group S.A. de C.V. que fundaron, el 11 de julio de 2018, ante la fe del notario 49 del estado -Jesús Medina González-, los accionistas Jesús Roberto Garza García, Rubén Darío Aguilera Negrón y Sergio Roberto López Guzmán.
Entre finales de 2021 y principios del 2022, en la ciudad turística de Tulúm y con el apoyo de la mafia inmobiliaria, la compañía robó, entre otros predios, la propiedad de la rusa mexicana Liubov Prudkovskaya, traductora de Vladimir Putin cuando éste ascendía en el mundo político soviético y esposa de un nieto del histórico sindicalista y fundador en México del Partido Popular Socialista (PPS), Vicente Lombardo Toledano.
En el predio robado, los accionistas emprendieron la construcción de decenas de condominios en un complejo turístico-habitacional que denominaron Solemn Skyview, y en una operación de mercadotecnia casi idéntica a la que se ejecutó en Inverco-Pedregales de Misnébalam, en Mérida, defraudaron a decenas de compradores extranjeros y mexicanos a quienes despojaron cientos de millones de pesos (ver información aquí).
Presionados por los abogados de Prudkovskaya y de las víctimas del mega fraude, la compañía criminal devolvió el terreno, no así el dinero robado, pero dos de sus socios, Jesús Roberto Garza García y Rubén Darío Aguilera Negrón están muertos, presuntamente asesinados en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, donde radicaban.
El tercero, Sergio Roberto López Guzmán, huyó del país en tanto la Fiscalía del Estado de Quintana Roo es negligente en el avance y resolución de la carpeta de investigación ministerial que abrió en los primeros meses de 2022, cuando Carlos Manuel Joaquín González todavía era gobernador y uno de los padrinos políticos de Heyden José Cebada, socio a su vez de Rolando Alberto Bello Mejía en La Barracuda Colmilluda.
El periodo de Cebada Rivas en la presidencia del poder judicial estatal originalmente se fijó en cinco años (concluiría el 31 de agosto de 2027), pero el pasado 2 de diciembre anunció que, obligado por la Reforma al Poder Judicial, renunciará en 2025 a su encargo.
En lo que lleva al frente del Tribunal Superior se ha visto envuelto en diversos escándalos difundidos en medios locales.
En su designación como ministro supuestamente se violentó el Artículo 101 de la Constitución Política de Quintana Roo, incluido el principio de paridad de género en el nombramiento de personas titulares de las magistraturas.
Igualmente, se le acusa de ser cómplice en un despojo de tierras y daños medioambientales cuando, siendo aún notario, protocolizó, sin investigación alguna, la sociedad mercantil que construyó el Hotel Riu Riviera Cancún, en Punta Nizuc.
En noviembre de 2024, cuando recibió un aguinaldo de 400 mil pesos, evidenció que viola la Constitución en lo concerniente al precepto que establece que ningún servidor público puede tener un salario superior al del presidente o presidenta de la República.
A la fecha de recibir aguinaldo su sueldo mensual rebasaba los 180 mil pesos, cuando el de Claudia Sheinbaum era de 166 mil.
Cebada Rivas también es acusado de pagar por adelantado el 50% de dos contratos del poder judicial con la empresa Novo Pro, S.A. de C.V., por un monto conjunto de 2.8 millones de pesos. Ello para obtener servicios de facturación y licenciamiento de módulos de almacén y convenios dentro del sistema integral de gestión gubernamental.
Otro contrato ilegal que se le acredita en investigación periodística de medios locales, es con la empresa de comunicación Corpulenta Operadora, S.A. de C.V., que en 2018 recibió concesiones para operar dos estaciones de radio en municipios de Quintana Roo: XHPJMM-FM en José María Morelos y XHPMAH-FM en Mahahual.
El periódico digital El despertador, informa que esa compañía, constituida con los servicios notariales de Cebada Rivas, tiene como accionistas a la exmagistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lizbeth Loy Song Encalada y a su hija Lizbeth Loy Gamboa Song, exdiputada local y federal, por lo que existe un conflicto de intereses en el convenio comercial.
Asimismo, el Sol Quintana Roo reportó que el ministro presidente amplió una demanda de juicio de nulidad administrativa que aplazó el “pago millonario” de impuesto sobre la renta (ISR), por un crédito fiscal que obtuvo de la Secretaría de Hacienda.
De este caso, el pasado 9 de enero la Sala Regional del Caribe, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), admitió la ampliación de la demanda del expediente 383/24-20-01-8 contra el Servicio de Administración Tributaria que requirió a Cebada el pago de impuestos.
Todas estas acusaciones, dice Cebada Rivas, “son ataques políticos sin fundamento”.
Y sostiene que no pertenece “a ninguna mafia inmobiliaria o política” de Quintana Roo, o de cualquier otro lugar del país.
Su socio en La Barracuda Colmilluda, Rolando Alberto Bello Mejía, no dice nada al respecto porque, aparentemente, sólo busca mantener a flote los objetivos de la asociación mercantil que fundaron juntos, a saber:
I.- Compraventa, importación y exportación, así como el mantenimiento de todo tipo de embarcaciones marítimas, motores marinos, refacciones e insumos relativos a los fines de la sociedad que tiene el objetivo de constituirse en fletante.
II.- Construcción de muelles, así como adquisición, operación y administración de restaurantes, bares y centros nocturnos.
III.- Compraventa de productos alimenticios y bebidas en general, así como la importación y exportación de toda clase de bienes sujetos al comercio, además de la compraventa de bienes muebles e inmuebles.
NUEVOS ACCIONISTAS, VIEJAS PRÁCTICAS
Mientras todo esto sucedía con el primo hermano del exgobernador Zapata Bello, en la inmobiliaria Inverco nuevamente cambiaron la presidencia de su Consejo de Administración
El 17 de julio de 2024, la empresa notificó ante el Registro Público de Comercio, el acuerdo de su asamblea extraordinaria: la renuncia y salida de la sociedad de William Armando Morales Heredia, y la designación del abogado Carlos Rey Sánchez Solís como presidente del Consejo de Administración.
Este nuevo actor en la trama Inverco fue, a partir de noviembre de 2011, integrante del Instituto de Defensa Pública de la Consejería Jurídica de Yucatán en el municipio de Valladolid, durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco.
Después ocupó la jefatura del Departamento de Procedimientos Jurídicos y Administrativos en la Secretaría de Economía y Trabajo (SEFOE). Sí, en la administración de Rolando Zapata Bello.
Clientes de Inverco identifican a Sánchez Solís como pariente de Rafael Acosta Solís, abogado y ex subprocurador de Justicia de Yucatán con la gobernadora Ortega Pacheco, y luego asesor jurídico del gobernador Zapata Bello.
Acosta Solís está vinculado en diversas denuncias públicas y penales, hasta hoy sin aclarar, con un cúmulo de hechos delictivos: despojo de tierras, invasión y acumulación de predios ejidales y privados, tráfico de influencias, robo de dinero y documentos inmobiliarios de integrantes del Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida, compra criminal de autoridades ejidales y agrarias.
También está presuntamente ligado con fraudes inmobiliarios en al menos 10 municipios de Yucatán, entre ellos Hunucmá, Maxcanú y Chablekal, justo donde opera el sindicato de poder del que forman parte Inverco y accionistas de otras sociedades mercantiles afines.
Margarita Plácido Rivero, integrante del Frente Campesino en Defensa de la Tierra y la Vida que ha enfrentado judicialmente al poder que representa Rafael Acosta Solís, denunció en conferencia de prensa que ese abogado “benefició, a través de múltiples operaciones fraudulentas que hizo en terrenos ejidales en Chablekal y Hunucmá, a compradores privados de apellidos Briceño, Millet (sí, apellido del notario público Patricio Solís Millet) y Abraham”, entre otros.
En Chablekal destacó la adquisición ilegal de terrenos ejidales en donde se asentaron los desarrollos inmobiliarios Pedregales de Misnébalam y Yucatán Country Club.
En el segundo proyecto residencial, Plácido Rivero enfatizó el encarcelamiento del ex director de la Comisión Ordenadora del Uso del Suelo del Estado de Yucatán (COUSEY), José Carlos Guzmán Alcocer, acusado de actuar en la venta ilícita de un terreno propiedad de la institución (peculado), para favorecer a tres inversionistas particulares del lujoso Country Club.
Se trata de Emilio Díaz Castellanos, Oswaldo Millet Palomeque y Roberto Kelleher Vales, quienes a decir de Guzmán Alcocer fueron favorecidos del acto criminal por orden directa del exgobernador panista Patricio Patrón Laviada, hoy próspero empresario gracias a las cinco compañías mercantiles que fundó en los últimos años.
El escandaloso caso concluyó cuando el juez de la causa penal, Jesús Rivero Patrón, de quien se desconoce parentesco con el exmandatario, aceptó como buenas la declaratoria en descargo de Patricio Patrón y la negativa a declarar de los tres empresarios involucrados “por encontrarse fuera de la ciudad”.
El juez eliminó el delito de peculado y redujo a tan solo una las cuatro acusaciones que la fiscalía yucateca presentó en contra de Guzmán Alcocer, lo que permitió a éste enfrentar el juicio en libertad.
“ABUZADOS” Y ABUSONES
En tanto, otros dos socios de Inverco: Eyder Efrén Martín Chan y Eduardo Ignacio Manzanilla Masqueff - éste último descrito por clientes de Inverco como “un patán altanero y grosero”- disfrutan la consolidación de su empresa: P.M. Dive Company, S.A. de C.V., asociación mercantil protocolizada por el titular de la notaría 14 de Cancún, Quintana Roo, Marco Antonio Traconiz Varguez, el 15 de noviembre de 2007.
Eyder y Eduardo, junto con William Alonso Martín Ávila, tercer accionista cofundador de P.M. Dive Company, fijaron las metas de su empresa:
Prestar todo tipo de servicios relacionados con actividades acuático-deportivas: pesca, natación, práctica de snorkel, buceo en el mar, buceo en cavernas y cuevas; búsqueda y rescate acuáticos. También la filmación e investigación submarina, además de la construcción, instalación, establecimiento, dirección, supervisión, administración, promoción y operación de centros de buceo y de todo tipo de deportes acuáticos.
Obviamente, con esta oferta en un mega sitio turístico como Cancún, de alta atracción internacional, el negocio de los socios es un éxito.
En la época en que creaban su empresa en Cancún, Eduardo Manzanilla y Eyder Martín ya tenían al menos tres años trabajando en el grupo inmobiliario CM Capital, S.A. de C.V., empresa para la que cometieron una atrocidad: en el municipio yucateco de Umán, ubicado al suroeste de la ciudad de Mérida con quien colinda, recurriendo a engaños viles para despojar de su propiedad, de 214 hectáreas, a don Jesús Aldana Martínez.
Eyder Martín y Manzanilla Masqueff siguen protegidos por el manto de la impunidad luego de la acción criminal que hicieron para favorecer a CM Capital, empresa creada simuladamente por el delincuente exgobernador de Tabasco Andrés Granier Melo y quien fue su secretario de Finanzas, José Manuel Sáiz Pineda, ambos encontrados culpables de cometer peculado por cientos de millones de pesos en el erario tabasqueño.
De acuerdo con versiones periodísticas de los hechos ocurridos en Umán, Juan Aldana, hombre de 83 años al momento en que se dieron los acontecimientos, identificó a Eyder Martín y a Eduardo Manzanilla como el “par de pillos” que, junto con Víctor Alejandro Paredes Aguilar, le tendieron una trampa para despojarlo de su propiedad a cambio de un supuesto pago de 21 millones de pesos.
“Con engaños me convencieron de que les entregara mis escrituras para que regularizaran 8 claves catastrales del predio”, declaró Jesús Aldana.
Alejandro Paredes, afirmó el señor Aldana, se ofreció y se hizo pasar como su apoderado para vender las 214 hectáreas en 21 millones 433 mil de pesos a CM Capital.
“Yo me di cuenta de esto un año y medio después, cuando fui a pagar el predial en junio de 2012 y me dijeron que no aparecía como propietario de mi tierra”, narró el anciano.
“A esos tres nunca los volví a ver. Se hicieron ojo de hormiga; y claro que yo nunca recibí los millones (de pesos) que dicen me entregaron a cambio de mi propiedad”.
Desafortunadamente, el caso de Jesús Aldana no fue el único.
En el municipio de Kanasín, el segundo más grande de Yucatán y barrio popular conurbano que se localiza al este de la ciudad de Mérida, CM Capital y otras empresas inmobiliarias privadas ejecutaron uno de los fraudes y despojos inmobiliarios más escandalosos del estado que afectó -según datos de hemeroteca virtual consultada por 4 Vientos-, a más de ocho mil personas y costó más de mil 200 millones de pesos a los afectados y al gobierno federal que presidió Enrique Peña Nieto.
Ahí nadaban ya los hoy famosos tiburones de Inverco.
AUNQUE SE VISTA DE SEDA, CHANGA…
La fraudulenta empresa yucateca conocida como Inverco, para posesionar su firma en materia de credibilidad, profesionalismo, honestidad y seguridad pública, no tuvo escrúpulos en piratear el nombre e imagen del consorcio Fundación y Grupo Inverco, asociación española de instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensión a nivel global, con décadas de trabajo social comprobable en educación financiera.
Ahora, ante el escándalo por el fraude mayúsculo que cometió a cientos de clientes del país y migrantes mexicanos que radican en el extranjero, la inmobiliaria restringió para usuarios y contraseña previamente registrados, el acceso a su página en internet: www.asesores.invercomexico.com/login
Jamás contesta mensajes o llamadas telefónicas de aquellos clientes que, aun hoy, tienen la esperanza de que la compañía les devuelva su dinero o proponga una solución aceptable que les permita recuperar su patrimonio.
Al contrario, Inverco ha recurrido a otras estratagemas para seguir atrapando incautos.
Contrató a la empresa Inmovive, de la Ciudad de México, para alojar su nuevo portal digital de contacto, promoción, ventas y servicios inmobiliarios.
Para ello renovó su arquitectura de diseño con el fin de seguir engañando a potenciales compradores a nivel nacional e internacional. En principio, la nueva página digital arrendada –¿o prestada por Inmovive?- eliminó toda la mercadotecnia, nombre y logotipo de la empresa.
Afectados por la fama de defraudadores que alcanzaron a nivel mundial y México, los accionistas de Inverco también rediseñaron y lanzaron un nuevo portal para el desarrollo Nova Vita Country Club.
Ahí no se informa a los posibles clientes que, hasta hace todavía cuatro meses, Nova Vita formaba parte de la campaña de promoción institucional de Inverco relativa a los proyectos inmobiliarios que, a decir de la empresa, representaban “ventas potenciales por más de mil millones de pesos”.
Lo cierto es que esa campaña intensa de mercadotecnia hoy desapareció junto con la página oficial de la inmobiliaria yucateca.
Producto de su reiterada conducta criminal y a la lentitud de las instituciones para detener sus actividades comerciales engañosas, Inverso abrió un nuevo portal en internet -rentado o prestado a InmoVive-, cerró al público en general su antiguo sitio virtual y lo hizo accesible solo para personas con registro y contraseña personalizada. Además, desligó institucional de Inverso al proyecto Nova Vita y creo una nueva arquitectura de diseño al sitio de la compañía (Imágenes: captura de pantalla en internet).
Y ÉL, TAN CAMPANTE…
El que no desaparece y se le ve públicamente muy despreocupado es al senador y exgobernador yucateco Rolando Rodrigo Zapata Bello.
Confía en la impenetrable coraza de protección que le brinda la inmunidad jurídica, conocida como “fuero legislativo”, manto de impunidad que de vez en cuando se desempolva en el Senado y la Cámara de Diputados para espantar con “el petate del muerto” a personajes que se ubican en el sector más deleznable de la clase política mexicana.
Los recientes y patéticos casos del priista Alejandro Moreno Cárdenas, del exgobernador panista de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y del también exmandatario de Morelos y hoy diputado federal plurinominal, el variopinto Cuauhtémoc Blanco Bravo, son claros ejemplos del problema.
En el presunto fraude inmobiliario de Inverco, tal y como se describe en esta investigación periodística con datos verificables, sobran evidencias de que varios de sus familiares, amigos, exfuncionarios en gobierno y/o cercanos a su carrera política y profesional, están inmiscuidos directa o indirectamente en la trama del engaño a cientos de clientes nacionales y extranjeros.
Además, existe un cúmulo de información en la prensa nacional y yucateca que lo señala como sospechoso, lo menos, de haber incurrido en actos ilícitos que van desde desfalcos al erario hasta abusos de autoridad, tráfico de influencias, enriquecimiento desmedido y beneficio económico a familiares y amigos.
El Sol Yucatán afirma en una nota fechada el 22 de mayo de 2024, que Zapata Bello, siendo gobernador, protegió política y económicamente, con recursos del estado, a su hermano Gabriel Rolando a quien el medio identifica como “el verdadero cerebro detrás del poder” –ver historia completa en solyucatan.mx/hermanos-de-la-corrupcion-3/
Otra acusación sustentada se ubica en oficinas de diversas dependencias del gobierno "zapatista", como las secretarías de Administración y Finanzas, Educación, Salud, y Desarrollo Rural, así como la Dirección General de Tecnologías de la Información y el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.
Ahí se trata de pagos a sobreprecio y/o peculado en servicios contratados con la empresa “O Mool Poin”. Esto entre diciembre de 2014 a septiembre de 2017.
El daño patrimonial en esos contratos ascendió a poco más de 100 millones de pesos.
Las pruebas –diversa documentación consistente en contratos, facturas y oficios internos tanto de la empresa como del gobierno priista- se entregaron a finales de 2018 y principios de 2019 a la administración pública que encabezó Mauricio Vila.
A la fecha no existe un dictamen que determine la culpabilidad o inocencia del exgobernador priista.
Asimismo, al día de hoy siguen sin definición jurídica las demandas administrativas y denuncias penales que en contra de Zapata Bello y su gobierno presentaron:
1.- La Auditoría Superior de la Federación por un supuesto desvió de 30 millones 17 mil 800 pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados.
2. El abogado Juan Ongay Lara quien lo acusó, ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por traspasar ilegalmente tres mil hectáreas de tierras del municipio Ucú -15 kilómetros a noroeste de Mérida- al Fideicomiso del Instituto de Seguridad al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey).
Aparte, la prensa de Yucatán ha señalado de manera reiterada que tanto Rolando Zapata como Mauricio Vila utilizaron una red de empresas “fantasmas” que trasladaron, y aún trasponen “a paraísos fiscales” de Europa no identificados, miles de millones de pesos durante su gestión como gobernadores.
Hoy que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga de manera oficial el caso de la inmobiliaria Inverco y su red de colaboradores, esa dependencia de la Secretaría de Hacienda podría profundizar la investigación y determinar si las versiones de corrupción tienen sustento legal o son acusaciones mediáticas sin soporte judicial.
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