De la esperanza a la desilusión: Morena también falló en Veracruz
- Javier Cruz
- hace 2 días
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El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en su primer gobierno en el estado de Veracruz, falló en el compromiso de ser diferente y apegarse a unas de las tres máximas de su filosofía: No robar.
Javier Cruz / 4 Vientos
Esto porque en la cuenta pública de 2023 que correspondió al gobierno que encabezó Cuitláhuac García Jiménez, el Órgano Superior de Fiscalización (ORFIS) encontró la existencia de un presunto daño patrimonial por 280 millones de pesos cometido en 36 dependencias del ejecutivo estatal.
Esto exclusivamente en la obra que el gobierno morenista realizó con recursos públicos ese año.
Y no sólo eso.
Rompió con el principio de No traicionar cuando, de acuerdo con la ORFIS, también en 2023 obstaculizó la integración técnica y contable que demandaban decenas de carpetas de investigación abiertas en las fiscalías General de la República (FGR) y de Justicia del estado, para sancionar diversos actos de presunta corrupción cometidos en los gobiernos veracruzanos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
Y eso es decir mucho porque, a lo largo de 14 años, tres exgobernadores del PRI (Fidel Herrera Beltrán, hoy y muerto, Javier Duarte de Ochoa y Flavino Ríos Álvarado) y uno del PAN (Miguel Ángel Yunez Linares) convirtieron a Veracruz, el tercer estado más poblado del país, en el más inseguro y corrupto de México.
En ese periodo (2004 a 2018) el erario veracruzano perdió en desfalcos, lavado de dinero, peculado y abusos de autoridad decenas de miles de millones de pesos; el periodismo lloró el asesinato de 25 de sus miembros, cuatro de ellos vinculados directamente con políticos locales; y poco más de seis mil 800 personas desaparecieron, entre ellas al menos 685 menores de edad.
Se trataba, dijo el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador el 15 de diciembre de 2019, en el municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, de gobernadores “impresentables y muy corruptos”.
Contrastaba y ensalzaba así, “con todo respeto” y resaltando con humor que al viajar a Veracruz la gente “debe tener cuidado con la cartera”, el trabajo de Cuitláhuac García en apenas un año como gobernador del estado.
Pero esta visión gloriosa del exmandatario nacional respecto a su correligionario está cambiando rápidamente.
Y más cuando el pasado 7 de mayo el gobierno que encabeza la morenista Rocío Nahle García presentó un recurso judicial en contra del exgobernador y su secretario de Salud -Roberto Ramos Alor, actual coordinador estatal del programa IMSS-Bienestar-, por un presunto daño patrimonial al erario por más de mil 600 millones de pesos que el ORFIS estatal detectó en en la cuenta pública de 2023.
Por otra parte, el reporte “Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024” que elabora Word Justice Projet (WJP), colocó en el último lugar de la clasificación nacional al gobierno que dirigió García Jiménez.
Esto en las categorías “Derechos Fundamentales” (Factor 4 del estudio), con 0.40; y en “Límites al Poder Gubernamental” (Factor 1), con 0.35, de un total a lograr de 1 punto en ambos casos.
Con base con su escrupulosa metodología, la organización internacional de la sociedad civil que declara tener la misión de “trabajar para extender el imperio de la ley en el mundo”, ubicó a Veracruz, en lo que corresponde al periodo 2018 a 2024, y en materia de “Respeto al Estado de Derecho”, en la posición 23 de los 32 estados de la república.
Ello con una puntuación promedio de 0.39 en una escala que va de 0 a 1, donde 1 representa la calificación idónea.
Y en materia de “Corrupción” (Factor 2 del catálogo), el organismo internacional reportó una ligera mejoría, de tan solo .03 décimas, en el gobierno del morenista, pero el resultado apenas alcanzó para instalar a Veracruz en el lugar 24 a nivel nacional en el concepto “Ausencia de Corrupción”.
CORRUPCIÓN DESTRUYE CALIDAD DE GOBIERNO
En el mismo sector de la descomposición crónica en la gestión pública, el Observatorio de las Finanzas Públicas (OFP) de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana (UV), puso al sexenio de García Jiménez en el lugar 12 entre los estados con mayor incidencia de corrupción en el país.
En un comunicado de 2023 –hoy este organismo de vigilancia pública está cerrado debido a los continuos recortes presupuestales a los que se sometió la universidad desde el gobierno de Javier Duarte-, la institución educativa señaló que, de acuerdo con su medición de 2022, el 88 por ciento de los veracruzanos consideró que los actos de corrupción en instituciones gubernamentales del estado “son un fenómeno que se da de manera muy frecuente”.
Eso posicionó a la entidad por arriba de la media nacional, que entonces era del 87 por ciento.
El primer lugar de la lista lo encabezó Tabasco, también con gobiernos morenistas -Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos, entre enero de 2019 a octubre de 2024-, con el 92 por ciento.
Ese número representó apenas cuatro puntos más que Veracruz.
El informe precisa que la entidad jarocha era una en donde existía el mayor número de víctimas de corrupción al realizar trámites en alguna institución pública del estado.
Tan solo en 2019, año en que López Obrador presumía a su amigo gobernador diciendo que “está trabajando con total honestidad y transparencia”, 207 mil 181 personas reportaron haber sido víctimas de extorsión burocrática, por lo que ocupó el séptimo lugar nacional donde un mayor número de personas experimentaron algún tipo corrupción.
Tanta era la desconfianza de los veracruzanos en sus autoridades fiscales y judiciales que 164 mil 387 de ellos, es decir el 79.3 por ciento de las personas consultadas en el informe, no presentaron denuncia por la corrupción sufrida.
El observatorio igualmente identificó, tan sólo en 2023, un total de 288 mil 588 trámites en los cuales se cometió un acto de podredumbre administrativa, lo que posicionó a Veracruz en el lugar 10 entre los estados en los que hubo un mayor número de hechos violatorios de la ley que enriquecieron ilícitamente a un funcionario público.
“La corrupción en la entidad es un problema preocupante, altamente visible y recurrente, el cual alcanza a muchas personas, destruye la calidad del gobierno, erosiona la confianza de la sociedad en las instituciones y disminuye el patrimonio de la población”, mencionó la institución educativa en el comunicado.
Por último, reportó que para el 48.5 por ciento de la población, uno de los principales problemas del Estado seguía siendo la descomposición de su gobierno.
INEGI CONFIRMA MALA PERCEPCIÓN POPULAR
Esta visión de la Universidad Veracruzana la compartió la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que cerró el periodo de gobierno de Cuitláhuac García con resultados alarmantes.
Por ejemplo, el 73.2 por ciento de los veracruzanos encuestados por el instituto en 2023, consideró que existe corrupción en los agentes de tránsito, el 58.2 por ciento creyó que la policía municipal es corrupta, y un 56.8 por ciento de los ciudadanos definió a la Secretaría estatal de Seguridad Pública como una institución corrupta.
Asimismo, respecto al Ministerio Público (MP), un 47.7 por ciento de las personas estudiadas juzgó que existe corrupción en la dependencia, y un 44.8 por ciento expresó igual opinión de la Fiscalía estatal de Justicia.
A nivel general, la encuesta resumió que los veracruzanos, al concluir 2024, opinaron que sus autoridades estatales y municipales deberían mejorar el alumbrado público e incrementar el patrullaje con el fin de mejorar las condiciones de seguridad en el estado.
De hecho, la encuesta reveló que la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes en Veracruz creció de 13.59 en 2023, a 15.48 en 2024; es decir un aumento del 13.9 por ciento en tan solo un año, aunque con tendencia al alza en todos los años de gobierno de Cuitláhuac García.
“Los ciudadanos consideraron que el combate en contra el narcotráfico es la acción que menos realizan las autoridades en el estado”, concluyó la investigación del INEGI.
LA DESILUCIÓN
A este panorama general que describe un gobierno evidentemente incapaz de cumplir con las altas expectativas que se tenían de él en materia anticorrupción, honestidad, democracia, seguridad, transparencia y justicia, se sumó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Este organismo técnico especializado de la Cámara de Diputados presentó en marzo pasado los resultados de las auditorías forenses que practicó al gobierno de Veracruz y sus 212 municipios correspondientes al ejercicio fiscal 2023.
En la revisión, los auditores determinaron 39 observaciones de carácter financiero, deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, así como 20 recomendaciones en las mismas áreas del poder ejecutivo estatal.
Por ejemplo, entre ellas encontró 42 cuentas bancarias sin conciliación ni solvencia legal por un monto de 225.4 millones de pesos, así como ingresos por cobrar al corto plazo por caso 1,679 millones.
Además, destaca que hasta el 31 de diciembre de 2023, el gobierno de García Jiménez no entregaba a los peritos de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y la Subdirección de Registro y Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación, información contable y financiera indispensable para consolidar la Carpeta de Investigación FGE/FESP/625/2018/VII.
La Fiscalía del estado abrió la investigación penal para esclarecer los hechos de un presunto acto de corrupción que se cometió en el gobierno del panista de Miguel Ángel Yúnez Linares (2017-2018) por un monto de tres mil 642 millones de pesos.
Es de mencionar que hoy la familia Yúnez pasó a ser aliada del gobierno federal que preside la doctora Claudia Sheimbaun Pardo, luego de que el voto de uno de sus miembros, Miguel Ángel Yúnez Márquez, hijo del exgobernador y enemigo declarado de la actual gobernadora Norma Rocío Nahle García, de Morena, sacó adelante la Reforma constitucional del Poder Judicial.
No hay información de si existe un acuerdo político de impunidad y colaboración entre los Yúnez y el gobierno federal, el cual selló el inesperado acto de redención de los políticos veracruzanos que incluyó el patriarca Yúnez Linares quien hasta hace 13 meses era un “odiador” público de López Obrador.
OBSTACULIZACIÓN DE LA JUSTICIA Y DAÑO PATRIMONIAL
De lo que sí hay evidencia oficial que aporta la Auditoría Superior a través de su Órgano de Fiscalización (ORFE) en Veracruz, es que en el ejercicio fiscal 2023 el primer gobierno morenista en el estado obstaculizó, mediante actos de omisión, negligencia y posible complicidad, la integración de 42 denuncias interpuestas ante la Fiscalía estatal de Investigaciones Ministeriales por presuntos actos de corrupción.
Se trata de dar con el paradero de 62 mil 662 millones de pesos que la Tesorería de la Federación dotó “a diversos deudores sujetos a resolución judicial por cuenta bancaria” en las administraciones de Yúnez, Javier Duarte y Fidel Herrera, gobiernos marcados por su alto grado de corrupción.
En 2023, la administración de Cuitláhuac García tampoco recuperó o depuró tres mil millones de pesos adeudados en “créditos fiscales firmes del Impuesto sobre la Renta” por anticipos hechos en el presupuesto de los gobiernos del PRI y el PAN.
A la par se negó a proporcionar completo y de manera oportuna el soporte administrativo de un gasto irregular hecho en medios de comunicación veracruzanos por cinco mil 580 millones de pesos, actitud que obstruyó la integración técnica de la carpeta de investigación FIM/103/2018 abierta por la Fiscalía General del Estado.
El gastó se originó en el ejercicio fiscal 2016 que correspondió al gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa, condenado en septiembre de 2018 a nueve años de prisión por cometer delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero cuando fue titular del ejecutivo.
Este personaje obtendrá su libertad en 2026 si es que antes no existen otras imputaciones judiciales en su contra.
El saldo del cuestionado consumo en medios de comunicación “permaneció sin movimientos durante los ejercicios 2017 al 2022, y continuó en el mismo estatus al cierre del ejercicio 2023”, reportó el informe del ORFIS.
Finalizamos este resumen de lo mucho que encontró el Órgano de Fiscalización veracruzano en irregularidades cometidas durante 2023 por el gobierno de García Jiménez, citando el resultado derivado de las auditorías Financiera y/o Técnicas a la Obra Pública del estado.
“Se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial en cuatro dependencias del ejecutivo por 67 millones 603 mil 971 pesos; en 30 Organismos Públicos Descentralizados por 207 millones 729 mil 488 pesos; y un Fideicomiso por 15 mil 891 pesos, haciendo un total de 275 millones 349 mil 350 millones de pesos”.
A esa cantidad el ORFIS sumó otra suma que, agregada a las irregularidades encontradas en otra entidad fiscalizada del ejecutivo estatal, el total del perjuicio al erario llegó a 280 millones de pesos.
Nada mal para un gobierno que prometió combatir las “impresentables triquiñuelas de los muy corruptos” gobiernos veracruzanos del PRI y del PAN.
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