1.- Empezaré por el final. El Estado Mexicano no puede someter su máxima expresión de la soberanía nacional a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Explicaré brevemente para iniciar un diálogo.
Daniel Solorio Ramírez* / Edición: 4 Vientos
2.- La queja abierta por múltiples mexicanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo audiencia en Washington el pasado martes 12 de noviembre del año pasado, será convertida en demanda por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (parte actora) en contra de México, Esto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con residencia en San José de Costa Rica.
Es el Estado Mexicano quien será el demandado, no el gobierno federal ni la presidenta de la república, sino la nación entera.
3.- Este caso pondrá a prueba todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y servirá para sentar un importante precedente en cuanto a la soberanía de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
4.- Tanto la Comisión como la Corte son órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos creado por el tratado internacional denominado Convención Americana de Derecho Humanos, del que México es parte, que se firmó en nuestro país en 1969 cuando era presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien por cierto se reservó la potestad de aceptar o no la jurisdicción de la Corte Interamericana.
5.- En ese origen México únicamente admitió la intervención meramente conciliatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no firmó el Protocolo Facultativo relativo a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Díaz Ordaz fue prudente. Tenía desconfianza del imperio vecino.
6.- La jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue aceptada hasta 1998 por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, un neoliberal dispuesto a entregar al país a los intereses imperialistas. No tenía empacho en hacerlo. Su ideología derechista le decía que eso era lo mejor.
Imagen: OEA.
7.- A partir de Zedillo el Estado Mexicano ha sido condenado varias veces por violaciones graves a Derechos Humanos.
Destaca el caso Rosendo Radilla Pacheco porque dio lugar a una sentencia condenatoria contra México que se tradujo en modificaciones al Código de Justicia Militar en otras múltiples conductas de cumplimiento, pero México ha incumplido lo mero principal: encontrar a Rosendo Radilla Pacheco o, en su defecto, pruebas científicas de que murió y en qué circunstancias.
También queda pendiente el cumplimiento de otras condenas por terribles casos como el de las muertas de Juárez y otras gravísimas violaciones a derechos humanos.
8.- Pero ahora la cuestión es distinta porque tocará el corazón del sistema: la capacidad o no, de obligar a los Estados miembros de la Convención a modificar sus leyes supremas, es decir, sus constituciones soberanas.
En todo momento México debe rechazar cualquier sentencia internacional que le obligue a reformar la máxima expresión de su soberanía que es la Constitución. Debe negarlo desde el primer momento.
9.- Digámoslo de un tirón y sin tapujos: todo el sistema interamericano ha estado subordinado a los intereses del gobierno de los Estados Unidos de América.
Video en YouTube, canal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No es casual que la sede de la Comisión sea la ciudad de Washington, lugar al que viajaron múltiples jueces y magistrados federales mexicanos para estar presentes en la audiencia donde se analizó el caso de la Refirma Judicial de nuestra nación.
Los encabezó el ministro de nuestra Suprema Corte, Javier Laynez Potisek, quien no tiene inconveniente en ser miembro del más alto tribunal de la nación mexicana y ser simultáneamente acusador contra México allá en la capital del imperio.
Su conducta es impúdica, apátrida.
10.- Insisto: la Corte Interamericana de Derechos Humanos carece de toda facultad para condenar a México a cambiar su Constitución.
Ninguno de los Estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos puede permitir que su máxima expresión de soberanía, que es su propia Constitución, quede expuesta al ánimo de siete jueces de diversas nacionalidades que operan desde San José de Costa Rica.
11.- Actualmente México no tiene un juez miembro de esa Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que recientemente terminó el periodo del juez mexicano Eduardo Ferrer Mc Gregor y, que yo sepa, México no ha nombrado a un sustituto.
Este punto no lo tengo tan claro.
* Daniel Solorio Ramírez es maestro en Derecho Público y activista social en Baja California. Defensor del agua y por la democratización de la vida interna de la UABC. Tras años de lucha por sus derechos laborales como académico universitario, fue reinstalado en aulas.
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