Ahora fue la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo quien ofreció este día el apoyo de su gobierno, a través de la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez, a las 700 familias defraudadas por el consorcio Inversión Colectiva Inmobiliaria (INVERCO), de Mérida, Yucatán, con 500 millones de pesos.
Javier Cruz / 4 Vientos
La promesa de ayuda de la mandataria se dio luego de que la periodista Mireya Cuellar, del diario La Jornada Baja California, tocó el tema del mega fraude yucateco que involucra a empresarios inmobiliarios, exgobernadores, notarios públicos y diversos funcionarios de los tres niveles de gobierno que ya se investigan en instancias fiscales, penales, civiles y conciliares de la federación y el estado.
La denuncia periodística ante la presidenta en la conferencia "La Mañanera", coincidió con una segunda reunión de los abogados que representan las denuncias colectivas de 200 familias defraudadas con más de 160 millones de pesos, con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIA) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), maestro Pablo Gómez Álvarez.
En la reunión, que se realizó el pasado martes 4 de marzo en las oficinas del funcionario federal, éste confirmó que personal de la Unidad a su cargo sigue avanzando en la investigación.
NUEVAS PROTESTAS
Por otra parte, clientes defraudados por INVERCO en la Ciudad de México, realizarán dos actividades de movilización y protesta en la capital de la república.
La primera se realizará el viernes 7 de marzo en la oficina central de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) de la colonia Condesa, CDMX.
Ahí pedirán al titular de la dependencia, César Iván Escalante Ruiz, que La institución emita, a la brevedad, los dictámenes de la totalidad de clientes que presentaron la primera demanda colectiva del Grupo Familias Unidas contra INVERCO, que incluye a 88 clientes.
La manifestación dará inicio a las 8:30 horas.
“Sólo estamos esperando que para la fecha de la tercera y última audiencia de conciliación (INVERCO no se ha presentado a las anteriores), esta Institución, que tiene como misión la defensa de los derechos de los consumidores, ya nos entregue los dictámenes -uno por uno a cada cliente- para irnos de inmediato recurrir al Juicio Mercantil Ejecutivo contra la empresa inmobiliaria”, declararon en un comunicado.
Después del acto en PROFECO, los clientes se trasladarán a la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir a su titular, Alejandro Gertz Manero, que investigue a INVERCO por lavado de dinero.
Esto porque corresponde a su oficina, por mandato constitucional, abrir carpetas de indagación judicial por delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
Esperan estar en la fiscalía a 11 de la mañana, que será la misma hora en que el representante legal del grupo de estafados –licenciado Othón Baca Cacho- tendrá una audiencia en un tribunal de Justicia Federal de Yucatán, en Mérida.
“Ahí el abogado argumentará ante un juez federal que el fiscal Gertz Manero debe asumir su obligación, ya que los clientes nos vimos obligados a recurrir a un amparo para que la justicia federal determine la competencia o incompetencia de la FGR en esta materia".
Lo manifestaron así porque un juez de control en Mérida dictaminó incompetencia de la FGR en Yucatán para emprender la investigación de blanqueo de capitales, o procedimientos y mecanismos encargados de adquirir y ocultar activos de origen delictivo, en este caso fraude inmobiliario, para introducirlos en el mercado dándoles apariencia de legalidad.
LA PROTESTA, TAMBIÉN EN EL ZOCALO
La segunda actividad de inconformidad pública la realizarán los defraudados el domingo 9 de marzo, en la Plaza de la Constitución (Zócalo) de la Ciudad de México.
Aprovecharán así la asamblea informativa que la presidenta Claudia Sheinbaum convocó con motivo de atender la crisis arancelaria con el gobierno estadounidense que preside Donald Trump.
Ahí entregarán volantes informativos de su movimiento, expresarán consignas y portarán pancartas en contra de los dueños de INVERCO –Miguel Ángel Aguayo de Pau y Rolando Bello Mejía, entre otros- y de una red criminal que los protege.
Esa pandilla presuntamente incluye a los exgobernadores Rolando Zapata Mejía (PRI) y Mario Vila Dozal (PAN), hoy senadores por su estado; a oligarcas yucatecos como Carlos Enrique Abraham Mafud; a Julián Zacarías Curi, expresidente panista de Progreso, y a decenas de funcionarios agrarios, de desarrollo urbano y vivienda municipales, estatales y federales.
Así como comisariados ejidales en Chablekal, lugar donde se asienta el fraccionamiento Pedregales de Misnébalam, epicentro del mega fraude que inició en diciembre de 2018.
Son tres los gobernadores que conocieron y/o conocen el caso del fraude de INVERCO y nada o casi nada han hecho para sancionar a los culpables. De hecho, algunos son sospechosos de complicidad y encubrimiento en su realización. Ellos son Rolando Zapata (PRI), Mauricio Vila (PAN) y Joaquín Díaz Mena (MORENA).
QUÉ PIDEN A LA PROFECO
De hecho, este 6 de marzo el abogado Jesús Othón Baca Cacho, representante legal de 200 familias afectadas por el proyecto inmobiliario, presentó en la Dirección General de Quejas y Conciliación de la PROFECO en CDMX, un escrito de demandas de sus clientes para que la dependencia:
1.- Se atienda la demanda de los defraudados mediante un “procedimiento conciliatorio expedito”; y, 2.- se agilice la elaboración de todos y cada uno de los dictámenes de las dos quejas grupales, toda vez que la compañía no compareció a juntas conciliatorias previas.
Esto a fin de que se revisen las operaciones de compraventa en el fraccionamiento, “se establezcan las bonificaciones a favor de los consumidores y se impongan las sanciones administrativas a los proveedores (INVERCO)”.
Aparte, en otro comunicado, Baca Cacho reveló que “una vez tengamos el análisis de la UIF, lo vamos a presentar como prueba en esta investigación y continuaremos con las demás pruebas faltantes para lograr una investigación sólida, veraz y contundente para iniciarles Proceso Penal a todas las personas morales y físicas involucradas en los Fraudes”.
Igualmente, informo que su despacho jurídico –BA/CA Abogados Law Firm- realiza un trabajo “intenso y de coadyuvancia cercana con la fiscalía general de Yucatán para avanzar en el proceso penal, que se entrelaza con las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la UIF".
“El proceso penal es el mecanismo legal principal, y es el que más ha avanzado en esta etapa de investigación inicial que comprende desde la presentación de la denuncia hasta que los responsables son puestos a disposición de un Juez Penal (...) Al día de hoy, ya ratificamos a casi la totalidad de los clientes.”
(Othón Baca Cacho).
MIGRANTES EN PROBLEMAS
Mientras tanto, en “La Mañanera” de este jueves 6 de marzo, la periodista de La Jornada, Mireya Cuellar, dijo a la presidenta Claudia Sheinbaum que, sobre el tema de los problemas que afrontan los mexicanos que radican fuera del país, el diario que representa recientemente recibió una denuncia de varios migrantes que compraron casas y terrenos en el estado de Yucatán.
“La empresa inmobiliaria se llama Inverco, que les vendió en el estado de Yucatán (Mérida). Esta empresa fue fundada por el señor Miguel Aguayo de Pau y Rolando Mejía Bello, un sobrino del exgobernador priista de esa entidad que, además, recibió una Notaría antes de que se fuera el gobernador Mauricio Vila”.
A continuación, narró que la mayoría de la gente afectada “ya se va a jubilar y quieren venir a pasar los últimos años de su vida en México”.
Agregó: “Todo el grupo son como de 700 defraudados y van a venir mañana, algunos de ellos, a movilizarse o a tratar de hablar con la Procuraduría del Consumidor. A tratar de hablar, incluso, con el maestro Pablo Gómez, porque se ha hablado que sí hay ahí lavado de dinero”.
Explicó que INVERCO no cumple con lo que ofreció a sus clientes y ahora “les quieren dar unos terrenos en otro lugar sin ningún servicio, sin nada de lo que ellos pagaron (…) Son muchos, muchos paisanos”.
A ello, la presidenta respondió:
“Si gustan, los puede recibir la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez Velázquez), Si nos das los datos nos comunicamos con ellos para poderles ayudar en lo que necesiten”.
Ya por la noche del 6 de marzo, integrantes del grupo Familias Unidas contra INVERCO indicaron que después de la conferencia mañanera, Gabriela Romo, directora de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, estableció contacto con ellos para gestionar la audiencia con la secretaria de Gobernación.
Asimismo, informaron que de la PROFECO se comunicaron con ellos y este viernes 7 de marzo, a las 9 horas, serán recibidos por Rocío Rubio Hermosillo, directora general de Oficinas de Defensa del Consumidor, quien junto con funcionarios de las áreas de Quejas Grupales y de Dictaminación de la procuraduría, atenderán su pliego petitorio.
LOS "NEGRITOS” DEL ARROZ
Cabe recordar que el 24 de julio del año pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la entonces secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, hoy presidenta nacional del partido MORENA, que abriera una investigación al consorcio INVERCO.
Asimismo, que se iniciara un diálogo directo con los cientos de defraudados mexicanos y extranjeros por la empresa inmobiliaria yucateca, y se diera asesoría legal a los damnificados para que presentaran a la brevedad una denuncia penal por fraude ante la Fiscalía General de la República.
Hasta hoy, nada de eso se cumplió.
Al contrario, la oficina de la FGR en Yucatán se declaró “incompetente” para abrir una carpeta de investigación contra los acusados, negándose a estudiar la información legal del caso, por lo que los defraudados, a través de su representante jurídico particular, presentaron una solicitud de amparo que revierta la decisión de la oficina que encabeza Alejando Gertz Manero.
Hasta hoy, la solicitud de amparo de las víctimas no se dictamina en el Juzgado de Distrito donde se radicó la petición.
Igualmente debe señalarse que, semanas atrás, integrantes del grupo de defraudados se entrevistaron con funcionarios muy cercanos a la asesora jurídica de la Oficina de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, a quienes entregaron información precisa sobre el mega fraude y una petición de que la dependencia les apoyara.
Hasta este día también siguen en espera de una respuesta oficial de la asesoría jurídica de la oficina presidencial.
Finalmente, 4 Vientos destaca testimonios de clientes de INVERCO que demandaron colectivamente a la empresa y no reciben apoyo del servicio consular mexicano en los Estados Unidos.
Particularmente señalan al personal de los consulados de Orlando, Florida, y de Denver, Colorado, de ser “groseros” en su trato y no dar citas ni apoyo para obtener un poder notarial que les permita continuar con sus denuncias y demandas penales, fiscales, conciliatorias y mercantiles en contra de INVERCO.
“Nos proporcionan un teléfono –el 520 623 7874, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México- para concertar una cita de atención, pero marcas y marcas y nunca contestan; o, si lo hacen, te dan la cita hasta para dentro de dos o tres meses. ¡Ya para qué!”.
Lo anterior lo manifestó por escrito en redes sociales un residente de Los Ángeles, California, mientras que una mujer de la tercera edad, radicada en Miami, Florida, dijo padecer una profunda depresión luego de conocer, un julio pasado, que fue víctima de la empresa INVERCO.
A continuación, su doloroso testimonio:
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