Jornaleros de SQ: Víctimas de la Esclavitud Moderna y Enganchadores Mexicanos en EEUU
- Javier Cruz
- 17 jun
- 8 min de lectura
Dos organizaciones de jornaleros agrícolas que operan en Baja California denunciaron a una empresa mexicana que, bajo el amparo del Programa de Empleo Temporal en Estados Unidos conocido como Visa H-2A y en complicidad con diversas compañías de Florida y el sureste de Estados Unidos, somete a condiciones de esclavitud a cientos de trabajadores indígenas contratados en el valle de San Quintín.
Javier Cruz / 4 Vientos
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El caso involucra a la empresa Los Velasco Harvesting, acusada por activistas de las organizaciones Jornaleros Unidos de San Quintín y Viva la Clase Trabajadora del Campo y de la Ciudad, de cobrar sumas exorbitantes —tres mil dólares más 10 mil pesos— a trabajadores agrícolas contratados por temporada.
Se trata de jornaleros indígenas contratados bajo el permiso temporal por granjeros estadounidenses que explotan la mano de obra mexicana.
Miembros de ambas organizaciones sociales han revelado en redes sociales que "Los Velasco", aprovechando la necesidad laboral de cientos de jornaleros, maltratan y humillan a los campesinos y retienen parte del pago que los empleadores estadounidenses otorgan a los mexicanos.
Los abusos incluyen jornadas laborales extenuantes con salarios muy por debajo del mínimo legal, sin derecho a descansos para consumir alimentos y bebidas, así como un hospedaje hacinado e incomunicado en barracas insalubres.
Y lo más grave: amenazas de agresión a los familiares que los jornaleros dejan en el valle de San Quintín si denuncian pública o legalmente los excesos y las injusticias a las que se les somete.
Por ello, adelantaron que recurrirán al servicio consular del país para denunciar a la empresa no solo por explotar a los jornaleros indígenas, sino también para solicitar investigaciones sobre otras posibles actividades criminales de la empresa.
Mencionaron sospechas de narcotráfico, lavado de dinero, extorsión y trata de personas en Baja California.
Presuntos integrantes de la empresa enganchadora que opera en San Quintín, Baja California (Imágenes tomadas de Facebook).
FLUJO DE JORNALEROS TEMPORALES NO PARA
Según la oficina de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS), que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Programa H-2A, establecido en 1986 por el presidente Ronald Reagan para suplir la escasez de personal en trabajos agrícolas de temporada, principalmente en primavera, estipula que ningún beneficiario del programa debe pagar cualquier tipo de tarifa por el visado especial.
Específicamente, se establece:
“Como condición para la aprobación de una petición H-2A, no se puede cobrar en ningún momento a un beneficiario H-2A, ni a ninguna persona que actúe en nombre de un beneficiario de una visa H-2A, ninguna tarifa de colocación laboral, tarifa o multa por incumplimiento de contrato u otra tarifa, multa o compensación (ya sea directa o indirecta) relacionadas con el empleo H-2A (conocidas colectivamente como 'tarifas prohibidas').”
Desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump en enero de 2025, las políticas migratorias de Estados Unidos se han endurecido, con un fuerte énfasis en el control fronterizo y la deportación de personas en situación irregular.
Esta política ha tenido un efecto inmediato en las comunidades agrícolas, donde el temor a redadas ha provocado ausencias temporales y preocupaciones sobre la continuidad de la producción, pero a pesar de las medidas antiinmigratorias, la demanda estructural de jornaleros no ha disminuido en el país vecino.
Al respecto, el antropólogo mexicano Víctor Clark Alfaro, profesor de la San Diego State University, manifestó en abril que el esquema H-2A responde a una necesidad estructural de mano de obra en la agricultura estadounidense, y que anualmente más de 200 mil jornaleros mexicanos participan en el programa, con un crecimiento sostenido.
“Solo en el consulado de Estados Unidos en Tijuana se atienden alrededor de 200 personas al día interesadas en integrarse”, reveló en una entrevista en el portal Digital Plural.
Según la misma fuente, este año, tan solo en el consulado norteamericano en Tijuana, Baja California, se atienden a diario un promedio de 200 personas provenientes de estados como Oaxaca, Puebla, Guerrero y Guanajuato, interesadas en integrarse al programa en California, Washington y Florida, donde recolectarán fresa, melocotón, lechuga, espárragos y tomate, principalmente, durante los tres meses de primavera.
“Aunque evitan hablar abiertamente por temor a repercusiones”, expresó el especialista, “comentan que los programas temporales les permiten trabajar sin problemas legales y regresar a México al finalizar el periodo".
Y este flujo humano continúa pese al endurecimiento de las políticas en la frontera desde enero del año pasado.
DOS GOTAS DE AGUA
El caso de Los Velasco Harvesting, que además paga entre 40 mil a 90 mil pesos a personas que en el valle trabajan con ellos en el "enganchamiento" de los jornaleros, es una réplica de otro similar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y un gran jurado federal del Distrito Medio de Florida sancionaron en marzo de este año.
Se trata de la empresa Los Villatoros Harvesting (LVH), dirigida por el mexicano Alexander Villatoro Moreno, quien el 10 de marzo se declaró culpable en el tribunal federal de Tampa, Florida, de conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Criminal (RICO, por sus siglas en inglés).
Previamente, el jurado federal del Distrito Medio de Florida había emitido una acusación de seis cargos contra varios acusados por su participación en la conspiración, que victimó a trabajadores mexicanos de H-2A que, entre 2015 y 2017, habían trabajado en Estados Unidos cosechando productos agrícolas.
Según documentos judiciales, Villatoro Moreno y sus coacusados operaban LVH como una empresa criminal, obligando a las víctimas a trabajar en Florida, Kentucky, Indiana, Georgia y Carolina del Norte.
Villatoro Moreno y sus coacusados reclutaron fraudulentamente a ciudadanos mexicanos para entrar en Estados Unidos con visados agrícolas H-2A a corto plazo y engañaron a Estados Unidos para conseguir visados para las víctimas.
Esta relatoría del Departamento de Justicia, que cuenta con el apoyo del secretario de Estado Marco Rubio, elude cualquier responsabilidad de las empresas agrícolas estadounidenses en el delito de trata de personas.
De hecho, el Informe 2025 sobre Trata de Personas en el Mundo, elaborado anualmente por la oficina que dirige Rubio, exime a Estados Unidos del delito, a pesar de que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado graves violaciones en Estados Unidos en materia de trata de personas mediante fuerza, fraude o coerción, con fines de trabajo forzado o explotación sexual.
"RICO" LOS VOLVIÓ POBRES
En otra parte del comunicado sobre el caso LVH, el Departamento de Justicia informó que Villatoro y sus coacusados cobraron a los trabajadores tarifas de reclutamiento enormes por trabajar en la empresa y mintieron a las víctimas sobre las condiciones laborales.
Los jornaleros se veían obligados a realizar largas horas de trabajo agrícola físicamente exigente, de seis a siete días a la semana, por un salario mucho menor al que tenían derecho según la ley.
Además de las condiciones laborales, Villatoro Moreno y sus coacusados emplearon medios coercitivos para obligarlos a trabajar, como la imposición de deudas abusivas, confiscación de pasaportes y someterlos a condiciones de vida insalubres.
También abusaban verbalmente de los trabajadores, los amenazaban con arrestos, cárcel, deportación y los aislaban para evitar que interactuaran con personas ajenas a la empresa.
Cuando las autoridades comenzaron la investigación, Alexander Villatoro obstaculizó la investigación federal ayudando a preparar información falsa sobre nóminas para ocultar pagos insuficientes a los trabajadores.
Asimismo, distribuyó recibos de reembolso falsos para aparentar que LVH cumplía con la ley.
La investigación no precisa si los delincuentes contaron con el apoyo de autoridades mexicanas para seguir operando ilegalmente y evadir responsabilidad penal en el caso.
Los cuatro coacusados de Villatoro se habían declarado culpables previamente en relación con sus papeles en el plan.
Bladimir Moreno, hermano de Alexander, propietario de LVH, se declaró culpable en 2022 de conspiración para violar la Ley RICO y conspiración para cometer trabajos forzados.
La Ley RICO, creada en 1970 para enjuiciar a la mafia y otros grupos del crimen organizado, enlista 35 delitos, entre ellos fraude, extorsión, lavado de dinero, soborno, tráfico de drogas, terrorismo y esclavitud.
Usa el término “empresa” para referirse a cualquier persona, entidad comercial, asociación, sindicato o grupo de individuos, y establece sanciones como la incautación temporal de bienes y la pérdida de ganancias ilícitas.
¡MILAGRO EN LA FGR!
En el caso LVH, Efraín Cabrera Rodas y Christina Gámez, supervisoras de la empresa, se declararon culpables de conspiración para violar la Ley RICO, mientras que Guadalupe "Mendes" Mendoza, otra integrante de la compañía delictiva, se declaró culpable de conspiración para obstruir una investigación federal.
En 2022, Bladimir Moreno fue condenado a 118 meses de prisión y se le ordenó pagar más de 175 mil dólares en indemnización a las víctimas, mientras que Rodas y Gámez fueron condenados a 41 meses y 37 meses de prisión, respectivamente.
Mendoza también fue condenada en 2022 a cumplir ocho meses de detención domiciliaria y una multa de cinco mil 500 dólares a pagar por 24 meses de libertad supervisada.
El Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del Condado de Palm Beach, que incluye al FBI y otras agencias, investigó el caso.
El Gobierno de México, incluida la Fiscalía General de la República (FGR), proporcionó asistencia significativa en la extradición de Villatoro Moreno a Estados Unidos, reveló el Departamento de Justicia.
El abogado litigante Matthew Thiman y la fiscal adjunta Ilyssa Spergel están procesando el caso.
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