Este reportaje se publicó el 19 de julio de 2019
Baja California se convulsiona en una escandalosa y severa crisis política generada a partir de la aprobación de la "Ley Bonilla" en el congreso local de mayoría panista, la cual, junto con otros siete partidos, reformaron en treinta minutos la constitución política del estado para ampliar de dos a cinco años la administración del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, el morenista que toma posesión el próximo primero de noviembre.
Olga Aragón Castillo / 4 Vientos
En contra de los 21 diputados que aprobaron la reforma 35 días después de los comicios locales, el viernes 19 fueron presentadas dos denuncias penales por presuntos delitos de cohecho.
Ricardo Peralta Saucedo, actual subsecretario de Gobernación y Alejandro Armenta Miramontes, director de Aduanas en Mexicali, son señalados en ambas denuncias penales como los funcionarios federales que deben ser investigados como presuntos responsables de actos de extorsión y sobornos a legisladores para que aprobaran la reforma que permitiera a Jaime Bonilla aumentar de dos a cinco años su periodo de gobierno.
La denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Mexicali, por los hechos posiblemente constitutivo del delito de cohecho, fue interpuesta por seis ciudadanos integrantes de diversos movimientos de resistencia social, representados en común por la profesora Alma Araceli Piña y el activista Filiberto Sánchez Gurrola.
"Si los diputados fueron convencidos, o impulsados, o amagados, o inducidos a emitir su voto mediante un pago de dinero o de cualquier otra prestación que implique para ellos un beneficio indebido, por razones de salud pública se deben aplicar las consecuencias jurídicas de ese hecho", exigen los activistas.
Jaime Martínez Veloz, excandidato a gobernador por el Partido de la Revolución Democrática, presentó en conjunto con la directiva nacional del PRD, la denuncia de hechos o querella en la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México "para que se investiguen posibles sobornos a los diputados que avalaron la Ley Bonilla".
Es necesario que también se investigue el nombramiento de Carlos Montejo Oceguera como titular de la Auditoría Superior del Estado, efectuado en la misma sesión extraordinaria en la que se aprobó de manera inusitada la "reforma bonillista", dijeron los ciudadanos denunciantes.
Después de votar en secreto y sin debate la reforma constitucional propuesta por el morenista Víctor Manuel Morán Hernández como "de urgente y obvia resolución", los 22 legisladores presentes, de 25 que integran la actual legislatura con la representación de ocho partidos políticos, con insólita unanimidad designaron como titular de la Auditoría al panista Carlos Montejo, colaborador y amigo cercano del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, Estará en el cargo hasta el 2026 y será quien audite los tres últimos años del gobierno "kikista".
Martínez Veloz dijo que la denuncia se sustenta en múltiples evidencias, como la acusación que hizo pública el diputado priista Edgar Benjamín Gómez Macías, quien en su carácter de presidente del congreso de Baja California. en conferencia de prensa, denunció el 31 de mayo que ambos funcionarios federales, Ricardo Peralta y Alejandro Miramontes, estuvieron presionándolo durante una semana, con intentos de soborno y extorsión, para que convocara a sesión extraordinaria y, a cambio de un millón de dólares, convenciera a un grupo de diputados de que eliminaran el artículo octavo transitorio de la Constitución Política del estado que establecía el periodo de dos años, de 2019 a 2021, para la gubernatura electa en los comicios de este año.
La declaración de Benjamín Gómez (Foto arriba), quien responsabilizó al gobierno federal y ambos funcionarios de cualquier circunstancia que pudiera que pudiera sufrir él y su familia, trascendió en la Secretaría de Gobernación, dijo Martínez Veloz.
"En la SEGOB de Olga Sánchez Cordero se preocuparon por esta denuncia pública y me enteré de que tuvieron una reunión para analizar medidas de control de daños", dijo el excandidato a gobernador al reiterar que la FGR debe interrogar al diputado Gómez Macías y a los dos funcionarios federales.
Daniel Solorio Ramírez, maestro en Derecho Constitucional y uno de los asesores del equipo jurídico de los seis ciudadanos que presentaron denuncia ante la PGJE, en entrevista dijo que el diputado Benjamín Macías también declaró suspendido ese día, 31 de mayo, la sesión del congreso local porque "había fuertes rumores de sobornos muy cuantiosos (habló de millones de dólares) a cada diputado, a cambio de su voto para aprobar un decreto de reformas para ampliar el periodo del próximo gobernador".
El abogado ubicó los hechos denunciados por el presidente del congreso local en el momento en que "existía mayor preocupación" en el equipo de asesores y amigos de Bonilla porque el 29 de mayo, tres días antes de los comicios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la resolución ilegal que dos de tres magistrados del Tribunal Electoral del Estado habían emitido a favor del candidato de Morena, ampliando a seis años la gubernatura.
El TEPJF determinó que ese día "el gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de diciembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021. La reforma al artículo 44, mediante el cual se adelanta la toma de posesión del Gobernador del estado al mes de septiembre posterior a la elección, será aplicable al que sea electo a dicho cargo en el proceso electoral de 2027".
Otro personaje político fue mencionado en la denuncia penal de los seis ciudadanos: Amador Rodríguez Lozano, quien será secretario de Gobierno en el gabinete de Jaime Bonilla, y es reconocido en la clase política del estado como autor intelectual y operador político de la estrategia jurídica y legislativa para que el gobernador electo ejerza cinco años su gubernatura.
Daniel Solorio dijo que el 3 de junio, Amador Rodríguez declaró que seguirían insistiendo en la ampliación del periodo del gobernador, pero que habían decidido ya no hacerlo con los actuales diputados porque "estos ya están muy partidizados", por lo que esperarían a que tomaran posesión el primero de agosto los diputados electos el pasado 2 de junio con amplísima mayoría de 17 legisladores electos por el mismo partido del gobernador Jaime Bonilla.
Sin embargo, de manera sorpresiva, el 8 de julio por la noche y sin previa convocatoria pública, el congreso del estado sesionó y el diputado Víctor Morán presentó su iniciativa de ampliación del periodo a los 22 legisladores presentes. Sólo el diputado Miguel Osuna Millán habló en contra. Los otros 21 votaron silenciosos y en secreto.
Sujetos a investigación también deben de estar los alcaldes, regidores y demás ediles de los cabildos de Ensenada y Tecate (ambos priistas) y Playas de Rosarito, de gobierno panista, que
uno tras otro aprobó, en solo 24 horas, el decreto 112 de reforma constitucional, igual que lo hicieron los legisladores: sin debate y sin conocer realmente el contenido de la reforma, agregaron los ciudadanos denunciantes.
Mensaje subliminal
En el concepto "Asunto", los denunciantes escribieron: "Denuncia para cumplir con la Cuarta Transformación: No Robar, No mentir. No traicionar al pueblo".
Solicitaron que la PGJE pida el auxilio de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Investigación de Recursos Financieros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ambas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, "para lograr el soporte científico de la investigación y el esclarecimiento pleno de los hechos".
Araceli Piña, Filiberto Sánchez, Maribel Guillén Ceseña, Rigoberto Campos González, Margarita Quiroz Miranda y Policarpo Bejarano Ochoa firmaron la denuncia dirigida al titular se la PGJE y al agente del Ministerio Público investigador de Delitos contra el patrimonio, la sociedad, el Estado y la Justicia.
El Comité Pro-Defensa del Agua, Comunidad BC Resiste, Diálogo entre Jóvenes y Trabajadores, y Resistencia Civil de BC, son algunos de los movimientos de resistencia civil a los que pertenecen los denunciantes.
Al Ministerio Público exigen: "Que se practique la investigación científicamente soportada, indispensable para determinar sin margen a duda, si fueron sobornados o no, los 21 diputados al congreso de Baja California, constituyendo bajo estos hechos la posible comisión del delito de cohecho y/o lo que resulte, que la noche del 08 de julio actual, votaron la reforma al transitorio octavo del decreto de reformas a la constitución estatal publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 17 de octubre de 2014, para establecer que el gobernador del estado electo en 2019 duraría en ejercicio cinco años en lugar de los dos que estableció el referido transitorio".
En el primer punto de la denuncia de hechos, los acusadores establecen sus motivos:
"Nos mueve el interés de que el pueblo de Baja California conozca la verdad de los hechos materia de la investigación. Creemos firme y republicanamente, en que por razones de salud pública todos, gobernantes y gobernados, debemos impulsar la Cuarta Transformación promovida por el presidente López Obrador, concretada en la ya popularísima expresión: ´No mentir, no robar, no traicionar´ al pueblo".
Señalan que en Baja California predomina en los mentideros públicos y políticos la idea de que los 21 diputados que aprobaron la reforma ampliadora a cinco años del periodo del electo gobernador Jaime Bonilla Valdez, "fueron sobornados con varios millones de pesos" para votar a favor de la iniciativa que a nombre propio y del grupo parlamentario de Morena presentó Víctor Morán.
Este caso, enfatizan, se ha vuelto un gran escándalo nacional que deshonra al estado de Baja California, por lo que consideran de muy alto interés jurídico y político esclarecer "si los diputados, o el gobernador electo, o cualquier otra persona incurrieron en una conducta delictiva al inducir, mediante una dádiva, el voto de los diputados".
Legisladores de vacaciones
En Baja California, los diputados desaparecieron desde la noche del 8 de julio luego de que aprobaron la "Ley Bonilla".
Abandonaron el congreso cerca de medianoche entre gritos de "¡traidores!", "¡corruptos!" que algunos ciudadanos lanzaron contra ellos cuando salían por la puerta trasera del recinto legislativo. Ya no se les volvió a ver. Se fueron de vacaciones un par de semanas.
Ellos son: Carlos Torres Torres, Claudia Agatón Muñiz, Luis Moreno Hernández, Víctor Morán, Catalino Zavala, Rocío López Gorosave, Félix Arango, Andrea González, María Vázquez, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak, Sergio Tolento, Alfa Peñalosa, Mónica Hernández Álvarez, Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona, Benjamín Gómez, Bernardo Padilla, Blanca Patricia Ríos, Job Montoya Gaxiola y Victoria Bentley.
Y de vacaciones continuaban cuando la Comisión Permanente de Congreso de la Unión rechazó la reforma bonillista y exhortó al gobernador a publicar el decreto 112 en el Periódico Oficial.
Francisco Vega de Lamadrid estuvo de acuerdo. De hecho, ya había anunciado su decisión de interponer una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la reforma bonillista.
El problema del gobernador dijo Víctor Alejandro Espinoza, sociólogo investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), es que ya no tiene ninguna credibilidad. Podrá presentar la controversia en la SCJN "para lavarse la cara", pero en el fondo de su acción está "el alud de críticas" contra la reforma de Bonilla.
¿Y la reforma?
El congreso de Baja California no ha sesionado para declarar la validez de la reforma constitucional aprobada por las dos terceras partes de los legisladores y tres de los cinco ayuntamientos.
El lunes 15 de julio, el edificio legislativo fue tomado en Mexicali por ciudadanos de diversos movimientos de resistencia civil en protesta por la ampliación a cinco años de la gubernatura de Bonilla.
"Permaneceremos aquí hasta el 1 de agosto, fecha en que se instala la nueva legislatura", dijo Filiberto Sánchez, del grupo Resistencia Civil de Baja California, quien considera que debe aprobarse la propuesta del diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente del Congreso de la Unión y de la cámara federal de diputados, de declarar la desaparición de poderes en Baja California.
"¡¿Cuáles poderes?!" exclamó la profesora Alma Araceli Piña. Primero que aparezcan. Aquí no existen, dijo.
"El poder judicial es un desastre; aquí no hay justicia. Los diputados solo sesionan para tomar acuerdos que perjudican al estado y a la gente. Y el gobierno de Kiko Vega agoniza hace años en medio del total repudio y descrédito popular"
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