La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) separó de sus cargos a 12 funcionarios de mediano y alto perfil curricular por incurrir en prácticas que podrían inscribirse como tráfico y explotación ilegal de especies en riesgo y peligro de extinción.
Javier Cruz / 4 Vientos
Grupo de cimarrones en la sierra Juárez, Baja California
Los involucrados aceptaron retirarse de sus cargos al conocer la apertura de diversos expedientes administrativos y penales en su contra, pero un directivo más permanece en su puesto a pesar de las indagatorias que se realizan en su contra.
La mayoría de los sospechosos pertenecieron a la Dirección General de Fauna y Vida Silvestre. Se les acusa de realizar actos ilícitos de manera organizada y sistemática. Entre ellos:
Usurpación de funciones; alteración de documentos; y emisión de instrumentos falsos para legalizar extracciones, ingresos al país, donaciones, explotación, custodias y venta al extranjero de especies amenazadas, en riesgo o en peligro de extinción como pepino de mar, borrego cimarrón, rana pinta, tampicirán (madera) y aves acuáticas.
Entre las personas denunciadas ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la SEMARNAT está la exdirectora general de Vida Silvestre, María de los Ángeles Palma Irizarry, quien dejó el cargo el 5 de enero de 2022.
Destaca que pocos días después de su renuncia se contrató como directora de Bienestar Animal de la empresa Ostok Sanctuary, propiedad del actual presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), José Ernesto Zazueta.
Palma Irizarry también es vicepresidenta de la empresa Bio Animal Wild International, a quien el gobierno federal mexicano también investiga por sus nexos con la exfuncionaria del Medio Ambiente.
Asimismo, destaca la denuncia penal que el 28 de julio de 2022 interpuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de tres funcionarios del Medio Ambiente:
Descubierta la red de corrupción en 2021, hasta hoy no se sanciona ejemplarmente a los malos funcionarios de la Semarnat, lo que va en contra de lo que a diario pregona el presidente López Obrador: "¡No somos iguales!" (Imagen en Facebook).
Florentino Chillopa Morales, ex subdirector de Gestión para el Aprovechamiento en Vida Libre; Mauro Iván Reyna Medrano, ex jefe del Departamento de Análisis para el Aprovechamiento en Vida Libre; y Viridiana Contreras Castillo, quien fue enlace técnico adscrita a la misma área de Reyna Medrano.
Entre otras causas, se les acusa de emitir de manera ilegal diversas autorizaciones para la captura, explotación y comercialización de pepino de mar (Isostichopus fuscus), borrego cimarrón (Ovis canadensis mexicana), rana pinta (Lithobates forreri), tampicirán (Dalbergia granadillo) y diversas aves acuáticas.
Asimismo, de fabricar y otorgar documentos presuntamente legales, así como permisos falsos, alterados o copiados ilícitamente para beneficiar, entre 2019 a 2022, a cuatro empresas y a 31 personas físicas, entre ellas Laura Elena Gómez Montes, pareja sentimental de Chillopa Morales, a cambio de sobornos.
En los casos específicos de pesca de pepino de mar y caza de borrego cimarrón, especies que abundaban en la península de Baja California e incluso el carnero es imagen institucional de la Universidad Autónoma estatal (UABC), lo hicieron “sin sustento científico, técnico ni legal” con lo cual pusieron en alto riesgo la conservación de ambos animales y su hábitat.
Por ejemplo, en la investigación contra Florentino Chillopa y Mauro Reyna se encontró que obsequiaron a sus benefactores el aprovechamiento comercial anual del pepino cuando la cuota máxima que establece la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), para ese animal, es de no más de 180 días.
Al quedar al descubierto los ilícitos, detalla la indagación oficial, uno de los funcionarios que realizó la pesquisa para la SEMARNAT recibió un correo electrónico amenazante.
“Plata o plomo”, se puso como “asunto” del mensaje, con un texto que dice: “Bajale 2 rayitas cabron”.
El pepino de mar enfrenta la voracidad y la codicia humana (Foto: WordPress).
EL CASO PEPINO DE MAR
El interés de la pesquería del pepino de mar, una especie marina que desde 1980 se explota en los litorales de Yucatán, Jalisco, Sinaloa, Sonora y la península de Baja California, radica en su alto valor comercial internacional.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA), en aquellos estados del país, entre 2013 a 2019 se comercializaron en promedio 591 mil piezas de pepino al año; es decir, cuatro millones 137 mil unidades.
En junio del año pasado, en entrevista con el medio digital Wired, el biólogo marino Miguel Ángel Olvera, responsable del Laboratorio de Nutrición Acuícola y coordinador científico de la Estación Marina del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) en Telchac Puerto, Yucatán, consideró que el origen de la captura “desmedida” de pepino de mar en México fue su elevado valor en el mercado asiático, en donde tiene una alta demanda en medicina, cosmética y dieta tradicional.
“En algún punto, la producción en las costas de China fue insuficiente para satisfacer la demanda y los comerciantes buscaron el producto en otras regiones. Llegaron entonces a México. Primero a las costas de Baja California, después al Golfo de México, en particular a la Península de Yucatán. Ahí encontraron una especie que es prima de la especie comercial que más se explota en China”.
Así, desde el año 2000 se otorgaron algunos permisos de fomento y se autorizó una pesca de 154 toneladas, límite que nunca se respetó.
La disminución del equinodermo fue notoria en los años siguientes, al grado de que, de 2007 a 2009, no se autorizaron capturas y en 2012 el Instituto Nacional de la Pesca estableció cuotas de captura y temporadas de pesca que constaban de una o dos semanas en abril o mayo, lo que oficializó el inicio de la pesquería en Yucatán.
Y aunque se publicó un plan de manejo para la especie, muchos pescadores evadieron las reglas y siguieron abasteciendo ilegalmente la demanda internacional porque el precio estaba por las nubes.
“Los ejemplares de mayor tamaño y mejor procesado se cotizaban a precios elevados en el mercado asiático, llegando a costar entre 600 y 3,500 dólares por kilogramo en Hong Kong y otras ciudades de China”, reconoció la secretaría ambiental en un comunicado.
Esta caótica situación generó una etapa de intervención binacional México-Estados Unidos en contra de la piratería en la pesca del animal marino.
Entre 2011 y 2021, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) dijo que tan solo en Yucatán, en 97 operativos, decomisó piezas de pepino de mar con un peso de 100,6 toneladas valuadas internacionalmente en 29 millones 546 mil 953 dólares.
En el Pacífico también se dieron decomisos importantes en el periodo 2015 a 2018. Por ejemplo, en San Felipe (parte alta del Golfo de California) la PROFEPA confiscó un cargamento de 137 kilogramos de pepino y detuvo a ocho pescadores bajo acusación de extracción ilegal del equinodermo.
En 2017, elementos de la Marina (SEMAR) incautaron 229 ejemplares y capturaron a tres personas en la costa de San Quintín, Baja California,
Y un año después, dentro del Área Natural Protegida (ANP) Reserva de la Biosfera Zona Marina Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y de Salsipuedes, la protectora ambiental recuperó 172 piezas de pepino de mar capturado ilegalmente por tres personas, las cuales quedaron temporalmente detenidas.
Estos esfuerzos por contener la captura y exportación ilegal de los pepinos tuvieron un nuevo episodio en octubre del 2022, fecha en la que un grupo de permisionarios se reunió con Alma Rosa García Juárez, representante de la SAGARHPA en Baja California.
En la junta, la funcionaria federal informó que a esa fecha existían 65 permisos de explotación de pepino de mar en todo el litoral del Pacífico mexicano, de los cuales 27 documentos (el 42%) operaban en la entidad.
Por su parte, los permisionarios de Bahía de Los Ángeles, Puertecitos e Isla Guadalupe (Baja California); así como La Paz (Baja California Sur); y Hermosillo, Guaymas y Bahía Kino (Sonora), pidieron apoyo para “crear un plan de manejo sustentable y consensuado” del equinodermo y la almeja pismo, especies capturadas por ellos pero sobreexplotadas por pescadores “piratas” que pasaban por encima de las regulaciones impuestas por la SEMARNAT, o sobornaban a funcionarios de esa y otras oficinas de gobierno.
Para finales de 2022, en la matriz de la Secretaría del Medio Ambiente estalló el escándalo de los 12 funcionarios expulsados por cometer actos delictivos en contra de especies vulnerables o en peligro de extinción (el caso del pepino de mar), incluidas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
El gran carnero, campado en la impresionante sierra La Rumorosa, Baja California.
EL CASO BORREGO CIMARRÓN
El tema del carnero de grandes cuernos lo abordó la investigación de la SEMARNAT en un expediente que ligó a otro ilícito: el tráfico internacional de aves acuáticas, ambas especies con fuerte presencia mediática, científica y política en la península de Baja California.
El Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría del Medio Ambiente, entregó al ministerio federal de la Función Pública (SFP) el archivo que abrió en contra de Florentino Chillopa Morales, Mauro Reyna Medrano y Viridiana Contreras Castillo.
En el documento, que desde hace dos años se analiza en la Fiscalía General de la República, se informa que en 2021 los tres funcionarios se coludieron para entregar un permiso ilegal de caza de borrego, así como anuencias irregulares para capturar y vender aves acuáticas bajo riego de conservación y con protección especial.
Las dos peticiones las hizo Laura Elena Gómez Montes a quien los investigadores del Medio Ambiente identifican como “pareja sentimental” de Chillopa Morales, en esa época subdirector de Gestión para el Aprovechamiento en Vida Libre y firmante de los permisos.
Aparentemente, Gómez Montes, maestra en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue directora de Aprovechamiento de Vida Silvestre de la SEMARNAT en el periodo septiembre de 2013 a febrero de 2017; y durante un año cumplió la función de directora técnica y de investigación en zoológicos de la Ciudad de México, luego de lo cual no hay indicios de dónde y para quién trabajó.
Lo cierto es que Elena Gómez obtuvo de su influyente pareja los dos permisos en un tiempo récord de tan sólo 8 o 9 días, cuando lo normal es una demora de al menos 30 días.
En ambos casos la solicitante no presentó documentos que acreditaran científica y legamente su petición, y en los expedientes tampoco se incluyó la justificación técnica y jurídica que Morales, Medrano y Contreras esgrimieron para conceder los beneficios.
Tampoco se identifica el nombre y ubicación de la Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMAS) que apoyó la solicitud del permiso de caza del borrego hecha por Gómez Montes, ya que estos organismos son los únicos autorizados a realizar actividades cinegéticas del carnero exclusivamente en ciertas regiones de Baja California Sur y Sonora.
Y es que, para obtener la autorización de caza por parte de la SEMARNAT, los ejidos que operan las UMAS deben demostrar la disponibilidad del recurso y cumplir con los requisitos establecidos.
De acuerdo con datos de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la población de borrego cimarrón en México es “estable”.
Pero en Baja California, el tercer y último estado donde habita el ovino -hasta 115 de ellos contra los mil 360 que la SEMARNAT calcula hay en Sonora, o los 500 que aproximadamente viven en Baja California Sur-, la Secretaría estatal de Economía Sustentable y Turismo se opone a la cacería del ovino.
En contraste, los promotores cinegéticos del estado sureño en la península bajacaliforniana reciben anualmente, desde 2021, entre 15 a 18 permisos de caza por temporada –noviembre a marzo-.
Estos permisos federales se subastan individualmente en Las Vegas, Nevada (Estados Unidos), a una media de 69 mil dólares, según reveló Víctor López Arce, dirigente del comisariado ejidal Alfredo V. Bonfil que ocupa 500 mil hectáreas del municipio Mulegé (BCS).
“La cacería dura aproximadamente 10 días y en prácticamente todos los casos, los cazadores regresan con una presa. La mayoría son cazadores deportivos que traen sus propias armas de fuego, debidamente registradas y con el permiso correspondiente, aunque algunos utilizan el arco. La mayor parte son varones, pero también han llegado mujeres y casi todos cazan otras especies en diferentes partes de mundo; desde osos hasta leones y venados, entre otros animales”, explicó López Arce al diario El Sudcaliforniano.
Para la SAGARHPA, el programa que el gobierno federal puso en marcha en el año 2000 para recuperar la población de carneros y que incluye vedas totales y persecución de la caza furtiva en los tres estados donde habita el cimarrón, es un éxito.
En un comunicado, la dependencia destacó que, de acuerdo con el último monitoreo de la población silvestre en 2020, se dio un crecimiento del 123 por ciento en los tres estados donde habita el hato borreguero.
“Por ello se considera exitosa la estrategia de conservación, manejo y aprovechamiento de la especie, lo que se relaciona con el cuidado que han tenido los gobiernos federal, por medio de la SEMARNAT, y estatales, en coordinación con productores, organizaciones para la conservación de la especie y ganaderos cinegéticos, lo que potencializa su aprovechamiento para las siguientes tres temporadas de caza”.
En eso estaban precisamente Laura Elena Gómez Montes y su pareja Chillopa Morales, cuando fueron descubiertas sus actividades presuntamente ilícitas, relacionadas con tráfico de influencias y corrupción en diversas modalidades.