En México, por cada empresa de seguridad privada legal que existe, hay dos ilegítimas

Más de 10 mil empresas privadas de seguridad operan sin permisos ni fiscalización del gobierno federal. Se trata de compañías que contratan personal sin ningún tipo de capacitación en la materia y se permite que sus empleados porten armas, a veces de uso militar exclusivo, sin los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Fabiola Quinto / Q Comunicaciones / Edición: 4 Vientos

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Para identificar oportunamente una empresa irregular o “patito” en seguridad privada se recomienda: 1.- Consultar y verificar credenciales de la compañía ante la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien regula y supervisa las actividades de este tipo de negocios. 2.- Revisar su documentación legal (autorización y permisos de funcionamiento emitidos por la DGSP). 3.- Checar que su personal esté capacitado, registrado y certificado. 4.- Obtener sus antecedentes y referencias. 5.- Evaluar la calidad de los servicios que ofrece (Imagen: Taz).

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Lo anterior lo destacó Raúl Sapién Santos, presidente Jurídico y de Relaciones Políticas del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), al destacar que en México existe un vacío legal con más empresas de seguridad “patito” que formales, de las que solo existen cinco mil.

“La incidencia de delitos seguirá aumentando y el peligro para los ciudadanos será latente, hasta que exista una ley general de seguridad privada que regule, fiscalice y supervise a los más de 500 mil guardias privados legales e ilegales que operan en México”.

En un comunicado, el empresario alertó que las empresas que trabajan en la informalidad pueden asimismo contratar elementos del crimen organizado sin ninguna consecuencia legal.

“Necesitamos una nueva ley para dotar a México de los instrumentos que supervisen la proliferación de estas empresas patito y se determinen sus obligaciones.”

Esas compañías, afirmó deben informar a quiénes prestan servicio de escoltas y traslado de valores, a quién le están vendiendo vehículos blindados, y si eso contribuye a prevenir el delito.

Además, destacó que en México no existe un Registro Nacional Único de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada y, obviamente, al carecer de esa información y de una simetría jurídica entre lo que mandata una ley federal y las de carácter estatal, “esto se convierte en oportunismo donde las empresas regulares son más sancionadas que aquellas que trabajan en la oscuridad e ilegalidad”.

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El crecimiento de este negocio en México ha sido constante desde 2012 y en 2024 aumentó hasta un 20% anual. Asimismo, su valor creció en un 180%, a un ritmo de 4% anual (Imagen: Facebook).

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Consideró que esta competencia desleal representa un menoscabo patrimonial para el empresario formal.

“Todo esto podría evitarse si existiera una nueva ley en la materia. Desafortunadamente, es más sancionada la compañía que tiene un permiso que una que trabaja en la oscuridad. Es el mundo al revés".

Sapién Santos añadió que quien trabaja en un mercado ilegal vulnera derechos laborales, no tiene un permiso y no paga impuestos, además de omitir derechos de seguridad social.

“Y como no es fiscalizable, como no es auditable ni está visible, pues sigue trabajando a lo largo de los años sin ninguna consecuencia de carácter administrativa, fiscal y penal”.

Destacó que "cuando el de enfrente no tiene un permiso ni paga impuestos ni otras obligaciones, y sigue trabajando sin ningún problema”, la consecuencia puede ser “catastrófica” para quien sí cumple con las leyes, sus responsabilidades y obligaciones, como el cierre de su empresa.

Propuso finalmente que, para otorgar certeza jurídica a la industria de seguridad privada, el Consejo Nacional que él preside propone la creación de una autorización y permiso únicos estipulados en una nueva ley que debe ser aprobada a la brevedad en la cámara de diputados.