Dueños de INVERCO lavan dinero robado a sus clientes y uno se hace español para evitar la ley
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- 16 may
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Dos de los principales implicados en el mega fraude inmobiliario de INVERCO cometido en Yucatán, Miguel Ángel Aguayo de Pau y Rolando Bello Mejía, primo del exgobernador y actual senador priista Rolando Zapata Bello, han desviado millones de pesos robados a sus clientes hacia bancos de Canadá, Gran Bretaña y España.
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Por esta acción criminal enfrentan acusaciones penales no solo de fraude, sino también por un grave delito de crimen organizado: Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI); esto es, lavado de dinero.
La Mesa de Seguridad Nacional, integrada por el Gabinete Federal de Seguridad que coordina Omar García Harfuch, debe atender el caso Inverco porque se trata de una red criminal constituida en el mayor cártel inmobiliario del sureste de la república.
Así lo solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su gira por Mérida de este fin de semana, más de 200 clientes defraudados por la inmobiliaria yucateca.
Desde julio de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha desarrollado la investigación del lavado de dinero, denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Los 206 clientes afectados por Aguayo y Bello Mejía han solicitado, reiteradamente, que la FGR los considere víctimas indirectas del delito de ORPI cometido por Inverco, para ser coadyuvantes de la investigación.
Dicen tener pruebas contundentes de que la empresa cometió el delito de lavado de dinero con los cuantiosos recursos que ellos pagaron para adquirir casas y terrenos en lo que sería el fraccionamiento Pedregales de Misnébalam, al norte de Mérida.
A la fecha, no reciben respuesta de la FGR, ahora encabezada por la fiscal Ernestina Godoy.
¿Y EL EXPEDIENTE?
Esta situación genera preocupación entre las víctimas del fraude inmobiliario de Inverco, mismo que afecta al menos a 500 clientes nacionales e internacionales que, en conjunto, invirtieron cerca de 700 millones de pesos.
Existe temor de que el expediente de la denuncia por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), presentada por la UIF el 15 de julio de 2025, fue extraviado en la fiscalía.
Los 206 clientes defraudados que se agrupan en “Familias Unidas contra el Fraude de INVERCO” presentaron, a través de sus compañeros y compañeras que radican en Mérida, una denuncia mediante una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que entregaron hoy durante su segundo día de trabajo en la península yucateca.
Las víctimas del fraude solicitaron, mediante el escrito, que la FGR solicite a la UIF un Pronunciamiento de ORPI en el caso Inverco, a fin de romper con la inacción de la fiscalía.
Los clientes defraudados por la empresa Inversión Colectiva Inmobiliaria, S.A.P.I. de C.V. (INVERCO), son gente de trabajo, personas vulnerables de la tercera edad y migrantes, quienes denuncian:
“El notario público Rolando Bello Mejía, sigue operando en la Notaría 113 de Puerto Progreso (Yucatán) con total impunidad, y ha adquirido la ciudadanía española con dinero lavado, para tratar de evitar la extradición en caso de que logre huir del país”.
Ese dinero lavado, reiteran, proviene del fraude inmobiliario que cometieron a por lo menos 500 clientes.
HARFUCH DEBE INTERVENIR
Por ello, solicitan a la mandataria la urgente intervención del Gabinete de Seguridad y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para evitar que los acusados huyan del país.
En su carta a la presidenta Sheinbaum, narran:
“En agosto de 2024, nuestro representante legal, el licenciado Jesús Othón Baca Cacho, presentó denuncias por todas las vías legales: Queja grupal en Profeco, juicios mercantiles, denuncia por fraude en la Fiscalía del Estado de Yucatán y denuncia por lavado de dinero en la FGR. Esta última fue rechazada por la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero con el argumento de que no era de su competencia investigar este presunto delito”.
Los defraudados subrayan que no esperaban nada de Alejandro Gertz, ahora embajador de México en Reino Unido, pero confiaban en que la llegada de Ernestina Godoy a la fiscalía les proporcionaría justicia, dada su honradez y compromiso con las víctimas.
“Sin embargo, hemos solicitado repetidamente, sin éxito, que nos conceda una audiencia, nos reconozca como víctimas indirectas del delito de ORPI cometido por INVERCO y nos considere coadyuvantes en la investigación”, que fue realizada con profesionalismo por el ex titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez.
CANADÁ, REINO UNIDO Y ESPAÑA
La UIF encontró que Aguayo de Pau y Bello Mejía desviaron recursos a Canadá, Reino Unido y España, de donde retornaron millones de dólares “lavados” y los depositaron en sus cuentas empresariales ya identificadas.
Recuerdan a la presidenta que el caso INVERCO ha sido expuesto en dos conferencias mañaneras, primero al presidente Andrés Manuel López Obrador en julio de 2024, y luego a la presidenta Claudia Sheinbaum, el 6 de marzo de 2025.
Por ello, solicitan encarecidamente su ayuda ya que ellos no pueden enfrentar solos a esta mafia inmobiliaria que cuenta con la complicidad de políticos como los exgobernadores Zapata Bello y Mauricio Vila Dosal, así como una red de notarios, funcionarios judiciales y jueces que han obstruido los procesos judiciales.
“Familias Unidas” reitera información conocida por el gobierno federal:
INVERCO, desarrolladora del Fraccionamiento Pedregales de Misnébalam y el proyecto Nova Vita Country Club, actúa como una organización criminal vinculada a gobernantes corruptos y una mafia de notarios con conexiones en el poder judicial.
SIN BRAZOS CRUZADOS
El monto del robo cometido por esta empresa inmobiliaria se aproxima a los 700 millones de pesos.
“INVERCO nos ha robado años de trabajo honrado, ahorros logrados con sacrificios, incluso nuestras Afores. Perdimos, en promedio, 1.2 millones de pesos. A los pudientes les puede parecer poco, pero para nosotros es imposible recuperar ese patrimonio”, destaca el escrito.
Y comunican a la presidenta: “No estamos cruzados de brazos”.
A pesar de las limitaciones económicas y de edad, los defraudados están luchando contra este cártel inmobiliario, y consideran indispensable que Sheinbaum envíe un “fuerte mensaje” a todo el país:
“Se acabó la impunidad de los cárteles inmobiliarios que proliferan en México”.
Finalmente, recuerdan que, en Yucatán, donde el presidente López Obrador ha invertido sumas multimillonarias para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la calidad de vida de la población, “los fraudes inmobiliarios están proliferando de manera alarmante, causando gran daño a sus víctimas”.
Estos delitos, hasta ahora impunes, “corrompen a los gobiernos y desprestigian a nuestro país en el extranjero”.
NOTA DE CONTEXTO:
Muestra de la impunidad que aún imperative en México