Si es posible reducir la informalidad laboral en México
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En México, 33 millones de personas trabajan de manera informal, lo que representa el 54.8% de la población ocupada (1). Es una cifra impactante y muestra la precariedad laboral que sostiene al modelo neoliberal actual.
Andrés Peñaloza Méndez* / Sistema Informativo Mexicano / Edición: 4 Vientos
Los defensores de la élite gobernante y empresarial tienden a minimizar este problema. En cambio, celebran que, junto con Japón, somos el país con menos personas desempleadas.
Semana tras semana, el gobierno presume comparaciones con 16 países para "documentar" este "éxito".
Con malas intenciones, omiten mencionar que, a diferencia de México, en los otros países de la gráfica que incluimos, existen seguros de desempleo obligatorios y sus salarios son más altos, con menos informalidad.
Son trabajadores que no necesitan buscar un trabajo inmediato para sobrevivir día a día, como ocurre en México (2).
Un estudio de la OCDE (3) destaca que “la informalidad laboral y la fragmentación de los sistemas de protección social son grandes desafíos para América Latina”.
Además, el 48% de los trabajadores en los países latinoamericanos miembros de la OCDE (Chile, Colombia, Costa Rica y México) están en empleos informales, al igual que en Argentina, Brasil y Perú, candidatos a unirse al organismo.
En 27 países de América Latina y el Caribe, esta cifra llega al 55%.
La informalidad mantiene a los trabajadores en empleos de baja productividad, con poca protección social y derechos laborales, y limita su acceso a la capacitación.
Por eso, impulsar políticas que fomenten la creación de empleos formales puede mejorar el crecimiento económico y la igualdad de oportunidades, mejorando la calidad de vida de las personas.
Es importante destacar las recomendaciones hechas en este estudio:
“Con la combinación adecuada de reformas en seguridad social, gasto público, impuestos e incentivos para la formalización empresarial, los países pueden reducir la informalidad laboral, mejorar las habilidades de los trabajadores, aumentar su productividad y mantener la sostenibilidad fiscal”.
Se estima que ampliar la protección social, como sugiere el documento, costaría entre el 1% y el 4% del PIB, dependiendo del país, pero garantizar la sostenibilidad fiscal requerirá optimizar el gasto público en un 4.2% en los siete países latinoamericanos analizados, que no son ejemplos de eficiencia administrativa.
Además, se necesitarán ingresos adicionales en un promedio del 24% del PIB, comparado con el 34% vigente en los países ricos de la OCDE.
Las recomendaciones de la organización mundial se alinean con las demandas de los trabajadores para reducir la informalidad, que se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo productivo sostenible y la creación de empleos formales y decentes.
Estas demandas han sido ignoradas por la élite política y económica gobernante.
Es por ello que hoy se exige una reforma fiscal progresista que cobre más a quienes poseen mayor riqueza e ingresos, reduzca los impuestos indirectos, evite la evasión fiscal y grave herencias y actividades especulativas.
Son acciones concretas para aumentar los ingresos y el gasto público, los cuales deben enfocarse en inversiones productivas y comunitarias, así como a fortalecer la seguridad social, revirtiendo su privatización y creando un sistema de salud y pensión único, público y nacional.
También es necesario un programa nacional de empleo formal, productivo, socialmente útil y sostenible, con apoyo financiero accesible, incentivos fiscales para el sector productivo y social, y que además promueva la innovación y el desarrollo tecnológico propio.
Estas medidas ayudarán a reducir la precariedad laboral de manera efectiva.
Y hablamos de las diferentes formas de informalidad que existen en México: trabajadores por cuenta propia, vendedores ambulantes, trabajadoras del hogar, jornaleros agrícolas y empleados en micro y pequeñas empresas.
La informalidad también existe en partes de la economía formal, donde hay personal sin contrato, ingresos estables o acceso a la protección social.
El INEGI cuantifica, sin duplicar, a quienes son vulnerables por la naturaleza de la unidad económica en la que se desenvuelven.
Se trata de personas cuyo vínculo laboral no es reconocido por su empleador, o que trabajan en micronegocios no registrados o en el sector informal.
Esto incluye a los trabajadores por cuenta propia en la agricultura de subsistencia y a quienes laboran sin seguridad social, cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas.
Finalmente, las organizaciones de trabajadores en México deben luchar por la creación y aplicación de un Plan Nacional de Empleo Decente; formalizar el empleo informal priorizando la economía social y solidaria; y crear un Seguro Nacional de Desempleo.
(1) Datos a febrero de 2026. La de ocupación en el sector informal es otra medición: 17.9 millones de personas y significó 29.7 % de la población ocupada; ésta sólo considera a las personas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias que operan sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar, o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa. La actividad en cuestión no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar o de la persona que la dirige y, suele concretarse en una escala de operación muy pequeña.
(2) Australia, si bien no tiene seguro obligatorio, ofrece pagos para aquellos que sufren desempleo. Además, la informalidad es relativamente baja pues se dispone de una figura de contrato casual (casual loading) para las personas trabajadoras que no disponen de horas garantizadas ni licencias pagadas, pero reciben un 25% más de salario por hora. El salario mínimo es de 24.95 dólares australianos por hora, equivalentes a $306.38 pesos mexicanos: es decir, en una hora de trabajo ganan prácticamente el salario mínimo en nuestro país ($315.04). La jornada laboral máxima en el país de los canguros es de 38 horas, diez horas menos que aquí.
* Andrés Peñaloza Méndez fue presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). Es doctor en Economía por la UNAM, así como profesor y ha publicado diversos textos vinculados con el Tratado de Libre Comercio; además, fue director de la Escuela de Contabilidad y Administración Pública, Leona Vicario.
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