Los ataques al patrimonio cultural no cesan. El 10 de abril de 2024, la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) publicó un informe en el que se verificaban daños en al menos 351 sitios del patrimonio cultural ucraniano y en 43 en la franja de Gaza desde el inicio de ambos conflictos bélicos.
Pilar Montero Vilar* / Edición 4 Vientos
Con más de 1.500 años de historia, las dos monumentales estatuas, situadas en el valle de Bamiyan al norte de la ciudad de Kabul, Afganistán, fueron destruidas en 2001 al ser consideradas por el Gobierno como un icono contrario al Corán. Sus vestigios están hoy considerados dentro del Patrimonio de la Humanidad en peligro por la UNESCO (Imagen: Embajada de Afganistán en México).
Ante tal situación debemos reflexionar sobre el papel que representa el patrimonio en periodo de guerra. Y para eso tenemos que echar la vista atrás. Hasta el 14 de mayo de 1954.
Nueve años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, convocada por la recién creada Unesco, se aprobaron en La Haya (Países Bajos) la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, su Reglamento de Ejecución y su Primer Protocolo.
La Convención de La Haya constituye el primer tratado internacional dedicado exclusivamente a la protección del patrimonio en caso de conflicto armado.
Aunque inspirada en convenciones, pactos y estudios precedentes, supone un cambio de paradigma: mientras que los anteriores instrumentos basaban la protección en el “uso civil” de estos bienes de naturaleza “no militar”, la Convención de 1954 apela a su valor cultural intrínseco para toda la Humanidad.
La Convención instaura una protección general y una protección especial para los bienes culturales de excepcional importancia. Además, establece dos conceptos clave: el de salvaguarda y el de respeto.
La salvaguarda configura una serie de medidas de preparación y prevención en tiempos de paz. Así, el Estado Parte se compromete a adoptar cuantas medidas resulten necesarias, ya sean legislativas o técnicas, de naturaleza preventiva.
El respeto, en cambio, impone la obligación de no realizar actos de hostilidad contra los bienes culturales y se extiende de modo expreso a la prohibición de represalias contra ellos. Este “respeto” no es, sin embargo, una medida absoluta, sino que está condicionada por la denominada “necesidad militar”.
A finales del siglo XX, como consecuencia del fracaso de la aplicación de la Convención en los conflictos en Oriente Medio y en los Balcanes –“urbicidio” fue uno de los términos empleados para describir los bombardeos de Mostar y Sarajevo–, se procedió a la revisión de la Convención.
La ciudad vieja de Saná en Yemen, se encuentra en peligro. Su historia se remonta a años antes de Cristo, en la época del Reino de Saba, y forma parte de la lista de ciudades habitadas más antiguas de la tierra, pero desde 2015, la capital de Yemen ha sufrido los bombardeos aéreos provocados por la guerra en el país y este histórico declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad está severamente castigado (Imagen: iStock).
El 26 de marzo de 1999, la Conferencia de La Haya adoptó el Segundo Protocolo que no implica la modificación del texto de 1954, pero mejora sustancialmente la protección de los bienes culturales en el caso de conflictos armados no internacionales o procedentes de grupos terroristas o paramilitares.
También incorpora la limitación de los ataques exclusivamente a los objetivos militares, siguiendo la Convención de Ginebra de 1977, y concreta las medidas de prevención y preparación que deben de ser tomadas por los estados parte en tiempos de paz.
Igualmente, establece una nueva categoría de protección, la protección reforzada, que prevalece por encima de la protección especial. Además, profundiza en las responsabilidades penales que sancionan las infracciones perpetradas contra bienes culturales.
A pesar de estos avances, quedan en la memoria la destrucción de los Budas de Bamiyán en Afganistán (2001) y los ataques contra el patrimonio en Irak (2003), Libia (2011 y 2012), Mali(2012), Palmira (2015), y un largo etcétera.
Actualmente, hay 135 países que han firmado la Convención de La Haya, aunque solo 112 el Primer Protocolo, y únicamente 88 el Segundo. Esto nos hace plantearnos la capacidad de la Convención para garantizar su cometido.
¿Cómo es posible que el patrimonio sea tan intensamente vulnerado actualmente, si Rusia, Ucrania, Israel o Palestina se encuentran entre los países firmantes de la Convención y su Primer Protocolo y, por lo tanto, están obligados al respeto de los bienes culturales en caso de conflicto armado?
Según los informes y resoluciones de Naciones Unidas, la destrucción del patrimonio cultural y su relación con la seguridad humana, la violación de los derechos humanos y el genocidio son más que evidentes.
Es innegable que en estos conflictos el patrimonio está jugando un papel político de primer orden.
Vladimir Putin ha dejado muy claro el valor instrumental y estratégico que tiene el patrimonio y su empleo como herramienta política e ideológica para rusificar Ucrania.
Vista aérea del norte de Gaza el 20 de marzo de 2024 (Imagen: Shutterstock).
En el caso de Israel y Palestina, la destrucción de monumentos religiosos que puedan borrar la conexión con un “derecho a la tierra” constituye un punto central de este conflicto territorial.
Por otra parte, los Estados que conforman la Convención de La Haya para implementar y cumplir las obligaciones que se derivan de los compromisos adquiridos, deben promulgar e introducir medidas internas eficaces en el nivel legislativo y operacional.
Sin embargo, la falta de independencia de la Unesco con respecto a los Estados Parte implica que su no implementación carece de cualquier repercusión sancionadora.
Por otra parte, la denominada “necesidad militar”, aunque restringida por el Segundo Protocolo, sigue constituyendo una “laguna infame” a la que los países en contienda pueden recurrir. Además, en este caso ni Rusia ni Israel forman parte del Segundo Protocolo.
En el nivel penal, aunque ya ha habido un condenado por crimen de guerra (2016) por dirigir intencionalmente ataques contra monumentos históricos o edificios religiosos –en Mali en 2012–, lo cierto es que los cuatro países inmersos en estos conflictos no han firmado el Estatuto de Roma para poder ser juzgados por dicho tribunal.
Como las evidencias son concluyentes sobre la importancia política del patrimonio, su conservación y protección estaría más que justificada. No es necesario elegir entre salvar vidas o proteger el patrimonio: “los dos son inseparables”.
Tampoco se puede ignorar su potencial como elemento de reconciliación y cohesión entre las comunidades después de los conflictos. Por tanto, imaginar distintas alternativas para la protección del patrimonio en los conflictos armados debe constituir para los políticos y la sociedad civil una tarea irrenunciable.
En otro mes de mayo, pero esta vez de 1937, Pablo Picasso se hizo eco de la destrucción de Guernica en una obra aceptada unánimemente como símbolo de la paz.
Es una visión que deberíamos tener siempre presente para entender inequívocamente que la guerra, como continuación de la política por otros medios, no debería representar una opción imaginable.
* Pilar Montero Vilar es profesora titular e investigadora principal del Observatorio de Emergencias en Patrimonio Cultural de la Universidad Complutense de Madrid.
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