Las diez provincias de Canadá se han comprometido a poner fin a sus "acuerdos" y "arreglos" de detención de inmigrantes con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, lo que se considera “una gran victoria para los migrantes y los refugiados”, indicaron hoy las organizaciones civiles Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) Canadá.
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Una gran victoria para los migrantes y refugiados en Canadá (Foto: gobierno de Canadá).
En un comunicado conjunto, informaron que Terranova y Labrador, la última provincia que permanecía sin asumir una decisión, confirmó que ya no permitirá que el gobierno federal detenga a migrantes y solicitantes de asilo en cárceles locales.
En octubre de 2021, las dos organizaciones crearon la campaña #WelcomeToCanada para instar a las provincias a poner fin a esa práctica.
“El uso de cárceles provinciales para la detención de inmigrantes es incompatible con las normas internacionales de derechos humanos y devastador para la salud mental de las personas”, indicaron en su escrito.
Ahora, agregaron, el gobierno federal debe seguir el ejemplo de las provincias y tomar medidas significativas para poner fin a la detención de inmigrantes en todo el país.
"La decisión de Terranova y Labrador es una victoria trascendental en materia de derechos humanos que defiende la dignidad y los derechos de las personas que llegan a Canadá en busca de seguridad o una vida mejor", dijo Samer Muscati, subdirector interino de derechos de las personas con discapacidad de Human Rights Watch.
"Ahora que las 10 provincias han cancelado sus acuerdos y arreglos de detención de inmigrantes, el gobierno federal debería garantizar finalmente, a través de una directiva de política o una enmienda legislativa, que la agencia fronteriza dejará de usar las cárceles para la detención de inmigrantes de una vez por todas".
En los últimos cinco años, la agencia fronteriza encarceló a miles de personas hispanas, afroamericanas y discapacitadas por motivos de inmigración en docenas de cárceles provinciales en todo el país, sobre la base de acuerdos y arreglos con las provincias.
“Las condiciones en las cárceles provinciales son abusivas, y estas instalaciones son inherentemente punitivas”.
Imagen de Brian Stauffer para Human Rights Watch
El 12 de marzo de 2024, el gobierno de Terranova y Labrador envió un aviso oficial a la agencia fronteriza de que, a partir del 31 de marzo de 2025, sus cárceles provinciales ya no retendrán a personas detenidas únicamente bajo la ley de inmigración.
Hasta ahora, los acuerdos en cinco provincias han expirado después de los períodos de notificación de terminación, y los acuerdos de las cinco provincias restantes expirarán en marzo de 2025.
La agencia fronteriza ha tratado de extender los acuerdos en algunas provincias. No ha tenido éxito.
En un informe de 2021, Human Rights Watch y Amnistía Internacional documentaron que las personas racializadas, y en particular los hombres negros, están confinadas en condiciones más restrictivas y durante períodos más largos en centros de detención de inmigrantes de Canadá que otras personas detenidas.
Las personas con discapacidades también experimentan discriminación a lo largo del proceso de detención de inmigrantes.
Las personas en centros de detención de inmigrantes son regularmente esposadas, encadenadas y retenidas con poco o ningún contacto con el mundo exterior.
De acuerdo con el informe, Canadá es uno de los pocos países del Norte Global que no tiene un límite legal en la duración de la detención de inmigrantes, lo que significa que las personas pueden ser detenidas durante meses o años, sin un final a la vista.
Sara María Gómez López experimentó de primera mano la detención de inmigrantes después de llegar a Canadá como solicitante de asilo en 2012. La agencia fronteriza la encarceló durante tres meses en Columbia Británica.
Un Centro de Detención Preventiva de migrantes en Canadá (Captura de pantalla en Youtube).
"Recuerdo ese profundo dolor que sentí en la cárcel", dijo. "Canadá puede y debe dejar de multiplicar ese dolor y, en cambio, dar paso a la acogida humana que ha ayudado a sanar a tantas personas que encontraron refugio en este país. Este desarrollo me da la esperanza de que otros se salvarán del dolor que yo experimenté".
Las dos organizaciones civiles humanistas afirman que su campaña #WelcomeToCanada, va de costa a costa.
“Desde que comenzó la campaña, cientos de defensores, abogados, proveedores de atención médica y líderes religiosos, junto con personas con experiencia vivida en la detención de inmigrantes, así como docenas de organizaciones líderes en justicia social, han pedido a las autoridades provinciales y federales que pongan fin al uso de las cárceles provinciales para la detención de inmigrantes”.
De acuerdo con las organizaciones activistas, más de 30.000 personas en todo Canadá también han participado en la campaña escribiendo directamente a las autoridades provinciales y federales.
En virtud de los acuerdos y arreglos, la agencia fronteriza pagaba a las provincias cientos de dólares diarios por cada detenido de inmigración encarcelado en una cárcel provincial.
“Por ejemplo, según la agencia fronteriza, en el año fiscal que finalizó en marzo de 2023, la agencia pagó 615.80 dólares canadienses al día por cada mujer detenida en una cárcel de New Brunswick”.
Ese mismo año fiscal, la agencia gastó 82.7 millones de dólares en detenciones, más que en cualquiera de los cuatro años anteriores.
Según la ley de inmigración, la agencia fronteriza tiene total discreción sobre dónde se mantiene a las personas detenidas por inmigración, sin que exista un estándar legal que guíe la decisión de la agencia de mantener a una persona en una cárcel provincial en lugar de un centro de detención de inmigrantes.
El rechazo a las detenciones arbitraria de indocumentados en las cárceles provinciales de Canadá ya es unánime (Google Maps / Vexels).
Una vez que expiren los acuerdos y arreglos con las provincias, la agencia ya no tendrá acceso a las cárceles provinciales para la detención de inmigrantes.
“También opera tres centros de detención de inmigrantes, que se asemejan y operan como prisiones de mediana seguridad, con restricciones significativas a la privacidad y la libertad, reglas rígidas y rutinas diarias, y medidas punitivas en respuesta al incumplimiento de las reglas y órdenes”.
Pero existen alternativas viables a la detención en todo el país.
“En lugar de financiar centros de detención o prácticas punitivas no privativas de la libertad, como los rastreadores electrónicos, el gobierno federal debería invertir en programas comunitarios que respeten los derechos y que sean operados por organizaciones locales sin fines de lucro independientemente de la agencia fronteriza”.
Ketty Nivyabandi, secretaria general de la sección anglófona de Amnistía Internacional Canadá, finalmente felicitó a las provincias por su decisión de dejar de encerrar a solicitantes de refugio y migrantes en cárceles únicamente por motivos de inmigración.
"Ahora hay una clara presión para que el gobierno federal detenga este sistema que viola los derechos en todo el país".
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