El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) reveló que, entre 2017 a 2022, se registró un crecimiento en el número de mujeres privadas de la libertad por delitos asociados al crimen organizado.
Daniela Valle / InSight Crime* / Edición 4 Vientos
"La justicia no es justicia porque criminaliza la necesidad, condena el hambre y sentencia la ignorancia", dijo en 2019 Beatriz Maldonado, una mujer que acudió el Senado mexicano a pedir que liberen a las mujeres acusadas de narcotráfico (Foto: RT).
De hecho, las cifras de mujeres sentenciadas y en prisión preventiva por estos delitos pasaron de nueve mil 754 en 2017 a 11 mil 295 en 2022, lo que equivale a un incremento en la tasa de 15 a 17 por cada 100.000 habitantes.
Este crecimiento se dio de forma paralela al de los hombres arrestados por delitos asociados al crimen organizado, quienes incluso registraron un mayor aumento, pasando de tener una tasa de 215 a 241 por cada 100.000 habitantes en el mismo periodo.
La concentración geográfica de las mujeres privadas de la libertad parece coincidir con las dinámicas criminales que predominan en cada estado de México y con las tendencias que han desarrollado los mercados ilícitos locales durante los últimos años.
Por ejemplo, en 2022, la entidad que concentró la mayor tasa de mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados al crimen organizado fue Baja California, con 29 mujeres por cada 100.000 habitantes.
Los delitos cometidos por mujeres con mayor incidencia en este estado fueron homicidio, narcotráfico y narcomenudeo.
La frontera que Baja California comparte con Estados Unidos es uno de los principales puntos para el trasiego de drogas ilícitas que provienen de toda América Latina, y no exclusivamente de México, al tiempo que alberga pasos cruciales donde convergen migrantes irregulares y víctimas de tráfico de personas.
Allí, diversos grupos criminales, entre ellos facciones asociadas al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cartel de Sinaloa, se disputan el acceso.
Además, la violencia también responde a los mercados locales de drogas. Según diversas instituciones de seguridad en Baja California entrevistadas a finales de 2022, la mayoría de los homicidios en el estado están vinculados a los intentos de diversas pandillas por controlar el narcomenudeo.
Esto ha llevado a que ciudades como Tijuana registren algunas de las tasas más altas de homicidios en el país.
"La solución a esta problemática no está en el encarcelamiento de las mujeres que consumen o comercializan estupefacientes: sino en programas estatales que les brinden un combo de oportunidades para proyectar sus vidas": Coletta Youngers, experta internacional en derechos humanos de las mujeres (Captura de pantalla en Youtube).
Por su parte, Chihuahua, el segundo estado con mayor concentración, aumentó más del triple su tasa de mujeres en prisión, pasando de 5 a 17 por cada 100.000 habitantes entre 2017 y 2022.
Los principales delitos que se registraron también fueron narcotráfico, narcomenudeo y homicidio.
Al igual que Baja California, Chihuahua es un corredor importante de drogas sintéticas y ha mantenido una ola de homicidios, particularmente en la fronteriza Juárez.
Angélica Ospina, investigadora de International Crisis Group, asegura que protegerse de esta prevalencia de violencia es una de las principales razones por las que un mayor número de mujeres decide ingresar a organizaciones criminales, lo que podría explicar por qué ambos estados concentran a la mayoría de las mujeres privadas de la libertad.
Sin embargo, Cecilia Farfán Mendez, académica asociada a la Universidad de California en San Diego y experta en crimen organizado, resalta que las cifras carcelarias son principalmente una indicación de las tendencias de aplicación de la ley.
Eso, comentó, puede explicar por qué se perciben incrementos en algunos estados por encima de otros.
“En Baja California, por ejemplo, ha habido varios operativos en los últimos años, precisamente para [controlar] la frontera”, expuso.
Los tipos de delitos por los que se detiene a las mujeres también se concentran de manera geográfica. Por ejemplo, las mujeres presas por desaparición forzada se encuentran predominantemente en Jalisco, donde ha habido un aumento sostenido entre el 2017 y el 2022.
Estos datos coinciden con la actual crisis de desaparecidos en la entidad, causada, en parte, por intentos del CJNG de establecer control territorial y social, al tiempo que mantiene bajos los índices de violencia en la vía pública.
Lujo, riqueza, poder, incentivos que también tienen algunas mujeres para participar cada vez más en actividades delictivas de alto rango en México (Imagen ShutterStock).
Jalisco, la base de operaciones del CJNG, es el estado con el mayor número de personas desaparecidas en el país, con un registro de más de 14.700 casos.
No obstante, solo una de las mujeres presas por este delito en Jalisco contaba con sentencia a finales de 2022, lo cual Farfán Méndez nuevamente relaciona con estrategias de mano dura.
“Es un indicio de que las autoridades están haciendo arrestos; no necesariamente que aquellas mujeres sean culpables”, enfatizó.
Por otro lado, las mujeres presas por extorsión y secuestro extorsivo se han concentrado en el estado de México, con 198 y 951 casos respectivamente en 2022.
Esta concentración se podría explicar por la densidad de población de esta entidad.
Sin embargo, la región del centro del país también ha registrado aumentos constantes en el número de víctimas que reportan ser extorsionadas durante los últimos seis años.
Las extorsiones suelen ser llevadas a cabo por grupos criminales, como la Familia Michoacana, remanentes de los Caballeros Templarios y el CJNG, y han afectado a diversas industrias como el transporte y el suministro de alimentos.
Según Ospina, el aparente incremento en la participación de las mujeres en la extorsión, y otros delitos violentos como homicidios y secuestros, también responde al deseo de ascender dentro de la estructura de grupos criminales, quienes han instrumentalizado la violencia para alcanzar sus objetivos.
“Si (las mujeres) quieren ascender tienen que aceptar ejercer y recibir violencia”, cerró la especialista.
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