Sunshine Antonio Rodríguez Peña, expresidente de la Federación de Pescadores Ribereños de San Felipe y dos veces acusado sin pruebas de traficar drogas y presidir el tráfico ilegal de vejigas (buches) de totoaba al mercado asiático, fue asesinado mientras vendía productos marinos en la ciudad de Mexicali, Baja California.
Javier Cruz / 4 Vientos
Los homicidas dejaron 70 heridas de bala en el cuerpo del pescador, quien se convirtió en el quinto ejecutado del sector durante los últimos nueve meses de la administración pública de la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Su asesinato aconteció el sábado 8 de marzo en la colonia Independencia de Mexicali, luego de que cuatro personas lo balearon para después huir sin que hasta hoy se conozca su identidad y paradero.
La fiscalía de Baja California externó el domingo 9 de marzo que no existe evidencia de que el pescador fue amenazado y, como siempre, aseguró que el caso se investigará “hasta las últimas consecuencias”.
Previo al crimen, Sunshine Rodríguez comunicó en su red social el lugar en donde ese día vendería pescados y mariscos capturados por él, sus familiares y amigos, actividad independiente que realizaba desde que salió libre del penal federal de Hermosillo, Sonora, en 2023, tras librar cargos federales de realizar acciones de crimen organizado y daño al medio ambiente.
Meses antes de su captura (2020), mandos del Ejército y la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), diversas organizaciones ambientalistas, así como mercenarios del periodismo nacional y estatal, lo acusaron de ser el líder del llamado “Cártel del Mar” que supuestamente se dedica al tráfico de buches de totoaba -especie endémica del Golfo de California en peligro de extinción-, lo que aceleró su detención y encarcelamiento sin que las acusaciones en su contra fueran confirmadas.
Lo cierto es que Rodríguez representaba también la oposición de los pescadores ribereños de San Felipe a las medidas gubernamentales restrictivas impuestas la pesca de totoaba en el Golfo de California como una medida extrema para evitar la extinción de la marsopa conocida como vaquita marina, también con hábitat único en el Alto Golfe de California.
Entre las disposiciones oficiales se incluyó la presencia, con plenas facultades del gobierno mexicano para ejercer observación y tomar medidas de control a la navegación del mar patrimonial del Alto Golfo, de la Sociedad de Conservación Pastor del Mar (Sea Shepherd Conservation Society).
Esta organización ecologista internacional, que públicamente describió a Rodríguez Peña como "líder de los pescadores ilegales" en la región que el gobierno federal le asignó, aún hoy se dedica a la conservación de la fauna marina.
Su misión, de acuerdo con su página en internet, es "acabar con la destrucción del hábitat y la matanza de la fauna en los océanos del mundo, con el fin de proteger y conservar el ecosistema y las especies".
Entre los años 2015 a 2021, la ecologista firmó con los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manel López Obrador, un convenio para patrullar y enfrentar a los "pescadores ilegales de totoaba" del Alto Golfo, incluso decomisar sus redes, artes de pesca y embarcaciones menores.
Para Sea Sheperd, los pescadores ribereños que radican principalmente en los puertos pequeros de San Felipe, Baja California, y San Carlos, Sonora, son los responsables de capturar y exportar ilícitamente el buche (vejiga natatoria) del pez a Oriente, principalmente a China, "poniendo en riesgo la sobrevivencia" de la vaquita marina.
Esto visión maniqueísta del problema desencadenó una serie de enfrentamientos entre los tripulantes de la embarcación usada en México por la ecologista y los pescadores de San Felipe, que incluyeron peligrosos roces con elementos de la Marina mexicana.
La confrontación terminó en dos hechos violentos. En uno de ellos Sunshine Rodríguez jugó un papel crucial como mediador para evitar mayores secuelas en la población de San Felipe, pero tuvo severas consecuencias judiciales y políticas para el entonces activista social.
En marzo de 2019, tras un reporte de Sea Sheperd de persecución de presuntos pescadores ilegales en el golfo, elementos de la Marina en San Felipe persiguieron en tierra y dispararon en contra de los pescadores reportados por el grupo ambientalista.
Hirieron de gravedad a una persona, lo que provocó la ira de la población que en protesta masiva destruyó parte de las instalaciones de la Secretaría de Marina en la localidad.
Rodríguez medió con el gobierno federal y evitó que la ríspida situación escalara más.
Un par de días después de los acontecimientos, 4 Vientos entrevistó telefónicamente a Rodríguez para conocer su versión de los hechos.
En la conversación, el pescador cuestionó la presencia de naves de grupos ambientalistas internacionales en el Golfo de California, criticó las restricciones del gobierno federal a la pesca de totoaba y otras especies de alto valor comercial que se capturan en el también llamado Mar de Cortez, y relató los intereses económicos y políticos del entonces gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid en el tema.
A continuación, el diálogo con el activista:
En enero de 2021 se dio el segundo incidente: la embarcación de Sea Shepherd enfrentó con chorros de agua a presión a un grupo de pescadores que protestaban por su presencia en el golfo.
El enfrentamiento acabó cuando una de la embarcación pesquera y la nave de los ambientalistas chocaron en el mar, lo que provocó la muerte de un pescador y dejó heridos a dos.
El incidente aceleró la salida definitiva de la sociedad ecologista del golfo, pero ninguno de los tripulantes de su barco enfrentó una investigación ministerial del gobierno mexicano por la muerte del pescador ribereño y las heridas en dos más.
LA PRIMERA DETENCIÓN
En el año 2017, Rodríguez y su esposa fueron detenidos cuando viajaban de Mexicali a San Felipe.
Agentes federales, estatales y navales actuaron mediática y espectacularmente en la aprehensión y acusaron a Sunshine de cometer los delitos de tráfico y posesión de drogas, pero lo liberaron días después al no comprobar los cargos penales que le imputaron.
Rodríguez Peña ligó a esa persecución judicial y política de los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador, el agravante de que Carlos Loret de Mola, experto en montajes periodísticos para desacreditar a personas por encargo, lo bautizó como "líder" de un ficticio "Cartel del Mar" que controla en México el tráfico ilegal de buches de totoaba en el planeta.
Apenas el 6 de febrero de este año, esa actividad ilegal pasó a evaluación para México en el Comité Permanente de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), ya que se trata de un delito aún vigente a nivel mundial.
LOS CUATRO ASESINATOS PREVIOS
El pescador de San Felipe se convirtió en la quinta víctima del sector ultimada en los últimos nueve meses en Baja California, periodo en el que se consolidó el “cobro de piso”, o extorsión, a empresarios pesquero por integrantes de los cárteles criminales transnacionales Pacífico (Sinaloa) y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Las otros sacrificados también fueron asesinados a tiros por denunciar actos delictivos de los que eran víctimas, o se negaron a pagar la "cuota" que los delincuentes les fijaron para seguir trabajando.
El 12 de junio de 2024, ocurrió el primero de los ataques. Cortó la vida del joven empresario pesquero Ohiiashi Manjarrez Masuda.
La víctima era muy estimada y respetada en el sector pesquero de Ensenada, donde dirigía un negocio familiar dedicado a la captura y comercialización de peces de escama y mariscos en la región costera de Baja California.
Días antes de su asesinato, Manjarrez denunció que su empresa y otras del sector pesquero bajacaliforniano eran objeto de extorsión proveniente de grupos delincuenciales, concretamente de la organización criminal trasnacional Cartel de Sinaloa (Pacífico).
Se negó a pagar y la respuesta fue su muerte violenta.
También en junio, la cámara pesquera y acuícola del estado reportó, sin mayores detalles, el asesinato a tiros del propietario de un campo pesquero en la delegación de Eréndira, Ensenada.
Siguió el homicidio doloso de la presidenta de la Cámara Nacional de Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca) de Baja California, Minerva Pérez Castro, emboscada y asesinada a tiros el 8 de julio del mismo año en El Sauzal, Ensenada.
Días, incluso horas antes de su ejecución, la dirigente camaral que se dedicaba a la compra y comercialización de mariscos bivalvos hizo denuncias públicas de que el sector pesquero estatal estaba en manos de "cobradores de piso" a las órdenes de los cárteles criminales.
A ello ligó a una pandilla de pescadores ilegales que por años dañan no solo a las empresas, cooperativas y organizaciones permisionarias independientes de pesca de altura y ribereña, sino también a los vastos recursos marinos presentes en los litorales del estado.
De ello sabían, y saben, las fiscalías estatal y general de la república, así como altos funcionarios del poder ejecutivo de la entidad y la federación.
Por último, el 3 de diciembre de 2024, se agregó el asesinato de Servando Valenzuela Nakato, afiliado a la Canainpesca de la entidad como pescador permisionario de tiburón.
Interceptado por desconocidos y agredido a tiros en El Sauzal, todavía llegó con vida a un hospital de Ensenada, pero murió horas después.
En ninguno de los casos la Fiscalía Estatal de Justicia cerró carpetas de investigación y menos detuvo a personas vinculadas como testigos, actores materiales o intelectuales, de las ejecuciones.
Al respecto, el presidente de la Canainpesca de Baja California, Rubén Alejandro Velázquez López, quien sumó a la lista de homicidios dolosos al dueño del campo pesquero en Eréndira, dijo al diario El Imparcial el pasado 9 de diciembre:
“Realmente no ha habido resultados, No hemos tenido una sola aprehensión. Hemos tenido solamente promesas de que hay avances en la investigación, sin que se nos haya revelado nada aún (...) Desafortunadamente, no tenemos mucho más que decir desde que sucedió lo de Minerva (Pérez Castro). Y hay que decirlo: no solamente son atribuciones estatales, que son con las que hemos tenido contacto. Es un tema muy complejo que abarca a todas las autoridades”.
EN 2023 SE ALERTÓ DEL PROBLEMA
Es de resaltar que en octubre de 2023 una investigación de la Brookings Institution, organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos, que realiza “indagaciones exhaustivas y no partidistas para mejorar las políticas y la gobernanza a nivel local, nacional y global”, reveló en el reporte “La caza furtiva y el tráfico de vida silvestre ligados a China en México”, la alta presencia de los carteles transnacionales mexicanos en el sector pesquero.
Vanda Felbab-Brown, integrante principal del programa de Política Exterior del instituto, documentó y reveló que el panorama de inseguridad en el país, y concretamente en Baja California, se agravó en años recientes con el avance de los grupos del crimen organizado hacia el dominio a la pesca legal.
Llegó a esa conclusión luego de investigar a detalle el tema y entrevistar a decenas de funcionarios, productores y exportadores de mariscos, representantes de cooperativas y federaciones de pescadores, biólogos marinos y organizaciones defensoras del medio ambiente.
Alertó que “los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, junto con sus aliados locales, compiten por el control de la venta de los productos del mar a restaurantes y hoteles en zonas como Ensenada y (Playas de) Rosarito”.
Para la especialista, la violenta competencia por controlar el mercado de la pesca legal e ilegal en el estado, a esa fecha “ha generado enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa por el dominio de las rutas de traslado de estos productos y el control de los puertos del Alto Golfo, como en el caso de San Felipe, donde han sido asesinados mandos de la policía municipal”.
Y remató:
“Una situación que tiene como consecuencia el silenciamiento de sus pobladores, que por miedo prefieren no denunciar la desaparición de sus familiares. Así, un delito que va al alza no se ve reflejado en las cifras oficiales, sino en el relato de sus habitantes”.
Evidentemente, a partir de 2024, los criminales sumaron a su violento accionar el asesinato de quienes se niegan a pagar la extorsión que exigen para permitir la actividad pesquera legal, o denuncian pública y/o judicialmente sus actividades ilícitas en detrimento del recurso pesquero bajacaliforniano.
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