Defraudados por Inmobiliaria Inverco buscarán diálogo con García Harfuch y Rosa Icela Rodríguez
- Javier Cruz
- hace 7 horas
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La organización civil Familias Unidas contra Inverco, que hace un año desnudó el mayor fraude inmobiliario hecho en México y de magnitud internacional que consumó la empresa yucateca Inversión Colectiva Inmobiliaria (INVERCO), anunció la reanudación de pláticas con altos funcionarios de la Secretaría de Gobernación y la realización de dos nuevas movilizaciones en Ciudad de México (CDMX).
Javier Cruz / 4 Vientos
Voceros de Familias Unidas confirmaron que los propósitos fundamentales de sus manifestaciones, los días 7 y 8 de julio, son:
Pedir al secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, maestro Omar García Harfuch, que incorpore el caso Inverco a la Mesa de Seguridad Nacional ya que se trata de un delito que afectó a 700 compradores nacionales y extranjeros a quienes una poderosa mafia inmobiliaria robó hasta 860 millones de pesos.
Asimismo, solicitar a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, que atienda directamente el asunto delictivo tal y como se lo encomendó la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo el pasado 6 de marzo.
De igual forma, en el zócalo capitalino, hacer nueva presencia en “La Mañanera del Pueblo” y dialogar con representantes de los medios de comunicación a quienes pedirán su respaldo en cobertura para las manifestaciones que realizarán el martes 8 de julio en las secretarías de Seguridad y de Gobernación.
“Estamos sentando los primeros precedentes de justicia frente a carteles inmobiliarios en Yucatán. Hay una red de intereses, silencio, contubernio y corrupción que debemos exponer y combatir”, manifestó el representante legal de Familias Unidas, licenciado Jesús Othón Baca Cacho.
Agregó: “Todo empieza con tener la información correcta y completa del tamaño del problema”.
En ese sentido el abogado destacó que la organización civil colectiva que él personifica jurídicamente, a diferencia de otros grupos y personas individualmente engañados en diversos fraudes inmobiliarios ocurridos en México, ya representa a más de 200 familias afectadas lo que significa un cuarto de los compradores del proyecto base del engaño de Inverco: el Fraccionamiento Pedregales de Misnébalam.
También reveló que se entrevistará con el representante de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en Yucatán, precisamente para entregarle toda la información del mega fraude y de las vías judiciales que los afectados decidieron tomar para recuperar su patrimonio: cerca de 250 millones de pesos.
Asimismo, presentará en Mérida el primer juicio ejecutivo mercantil en contra de Inverco a nombre de 65 defraudados que pertenecen a Familias Unidas.
Esto a partir de los dictámenes técnicos que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) entregó a favor de esos clientes, luego de que en agosto de 2024 presentaron su queja contra la empresa.
En su resolución, la dependencia conciliatoria ordenó al consorcio inmobiliario la devolución del dinero que robó a los afectados –alrededor de 72 millones de pesos tan solo en el caso de los 65 primeros beneficiados con los dictámenes-, así como pagar a sus víctimas bonificaciones al capital defraudado.
Asimismo, impuso multas a Inverco por no presentarse a las audiencias conciliatorias que la entidad pública convocó legalmente para negociar con los quejosos.
“Esto, a diferencia de las versiones engañosas que la empresa y sus aliados han difundido en redes sociales y medios de comunicación afines, nos da una ventaja jurídica importante", destacó Baca Cacho.
Es por eso que Familias Unidas y su representante legal insisten en la importancia de involucrar en el caso a Rosa Isela Rodríguez y a Omar García Harfuch, a fin de que vigilen el estricto apego a derecho de las acciones legales que emprendan los funcionarios públicos involucrados en la impartición de justicia para los defraudados.
Además, los 200 clientes hurtados que integran Familias Unidas, y su abogado, lograron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría federal de Hacienda (SHCP), realizara una investigación exhaustiva de la empresa por ejecutar presuntamente operaciones con recursos de procedencia ilícita.
LA PROTESTA
Es en este marco legal que Familias Unidas anunció sus actividades de protesta para el lunes 7 y martes 8 de julio en Ciudad de México.
Las actividades iniciaran a las 8 de la mañana del 7 de julio en la calle Moneda que se ubica a un costado del Palacio Nacional, en la plaza mayor (zócalo) de la CDMX.
Ahí, los manifestantes desplegarán mantas alusivas al fraude del que fueron objeto, pronunciarán consignas contra los accionistas y empleados de Inverco, y repartirán boletines informativos del caso.
Asimismo, tratarán de exponer una vez más su caso ante la presidenta Claudia Sheimbaum, quien el pasado 6 de marzo designó a la secretaria de Gobernación –Rodríguez Velázquez- atender personalmente el tema, algo que la funcionaria delegó a un representante que no realizó profesionalmente la gestión mandatada por la titular el poder ejecutivo.
Y buscarán ser atendidos por los periodistas y comunicadores que acudan ese día a La Mañanera del Pueblo, a quienes solicitarán apoyo mediático en las manifestaciones pacíficas que realizarán un día después en las oficinas de Rosa Icela Rodríguez y García Harfuch.
Así, el martes 8 de julio decenas de clientes defraudados, varios de ellos provenientes de los Estados Unidos, Canadá y diversos estados de México, se presentarán a las 9:00 horas en las oficinas del secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana ubicadas en la avenida Constituyentes e Ignacio Zaragoza, de CDMX.
Eso para solicitar al funcionario dos cosas:
1.- Que incorpore el caso Inverco a la Mesa de Seguridad Nacional del gobierno federal mexicano por las implicaciones judiciales, sociales y diplomáticas internacionales que el mega fraude significan para el país.
Ello debido a que un alto número de afectados son mexicanos en movilidad laboral que trabajan en diversas ciudades de Norteamérica, Europa y Latinoamérica, así como pertenecientes a diversos grupos vulnerables.
2.- Que conceda una audiencia al licenciado Baca Cacho, así como a voceros de Familias Unidas contra Inverco, para que puedan darle información precisa del caso y lo que significa impartir justicia en un tema emblemático de inseguridad nacional.
Una vez concluida esa primera actividad pacífica, los manifestantes se trasladarán a las oficinas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en la calle Bucareli, a pedir que Rosa Icela Rodríguez establezca la comunicación directa con los desfalcados que Sheimbaum Pardo le confió directamente el 6 de marzo.
Voceros de Familias Unidas recordaron que, en julio de 2024, el reportero Ramón Flores llevó el tema a “La Mañanera” del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el grupo apenas empezaba a organizarse y aún no presentaba su queja conciliatoria y sus denuncias penales y civiles contra la empresa.
“Pero el pasado 6 de marzo la periodista Mireya Cuéllar (La Jornada) volvió a llevar el tema ante la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias a ello los clientes defraudados fueron atendidos al día siguiente por doce funcionarios de PROFECO, quienes agilizaron los procesos de audiencias conciliatorias y entregaron los primeros 65 dictámenes favorables a los clientes”.
Familias Unidas contra Inverco.
Es por ello que ahora, expresaron los afectados a través de un comunicado, “nuestro asunto está sentando precedentes a nivel nacional e internacional, y esto se ha visto reflejado en la celeridad, transparencia y divulgación del problema social tan severo en el que nos encontramos y por lo que exigimos justicia”.
Inverco fue fundada en diciembre de 2018 por el ingeniero Miguel Ángel Aguayo de Pau y el notario público Rolando Alberto Bello Mejía, primo hermano del exgobernador y actual senador yucateco Rolando Rodrigo Zapata Bello.
Ellos son parte de un sindicato criminal inmobiliario que incluye a diversos personajes de la oligarquía yucateca, el Tribunal Superior de Quintana Roo, funcionarios estatales y municipales de Yucatán, delegados agrarios y de vivienda federal en el estado peninsular, comisariados ejidales, abogados, jueces, notarios públicos y asesores inmobiliarios.
A todos ellos Familias Unidas los tiene perfectamente identificados.
NOTAS DE CONTEXTO:
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