La declaración que Andrés Manuel López Obrador hizo en agosto de 2018, como presidente electo, de dejar intacta la estrategia de seguridad pública, generó preocupación en el colectivo #SeguridadSinGuerra que pugnó por la abrogación de la Ley de Seguridad Interior (LSI) impuesta por los gobiernos neoliberales.
Seguridad Sin Guerra* / 4 Vientos
Soldado calavera, la omnipresencia militar en México (Foto: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez).
En un comunicado, las 300 organizaciones que integran el colectivo y rechazan la permanencia de las fuerzas armadas al frente de la seguridad pública, consideraron que el mensaje del entonces futuro presidente de la República resultaba “desconcertante” y “preocupante” porque, de manera paralela, había llamado a crear y difundir los Foros por la Paz y la Reconciliación.
Asimismo, subrayaron que mientras en México se prolongue la militarización, no se castigue a los altos mandos castrenses involucrados en graves violaciones de derechos humanos, no se de claridad sobre un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas y no se restablezca el orden constitucional prevaleciente en 2018, acciones que simplemente no se dieron en el actual gobierno federal por terminar, “no podrá empezar a construirse la paz y la reconciliación” en el país.
4 Vientos, al analizar la importancia y actualidad que hoy tiene ese comunicado, como un valioso testimonio de lo que ya inquietaba al colectivo y a otros segmentos de la sociedad mexicana sobre uno de los compromisos originales de campaña electoral del presidente López Obrador, que ahora se considera no cumplido, presenta el contenido íntegro del documento que integrantes del colectivo en Baja California entregaron a este medio digital en septiembre de 2018.
Cartón de Chavo del Toro
“Las señales son confusas. Por un lado, a lo largo del país se llevan a cabo Foros para la Paz y la Reconciliación y, por otro, fragmentos del discurso que hemos escuchado en los casi 12 años de guerra, se repiten en contraposición del esfuerzo, las expectativas y el momento histórico que vive México.
La declaración de Andrés Manuel López Obrador, del pasado 24 de agosto, sobre la necesidad de que las fuerzas armadas permanezcan en las calles llevando a cabo tareas de seguridad pública, al no acompañarse de un compromiso inequívoco de construir un proceso de desmilitarización responsable en el mediano plazo, es preocupante.
El presidente electo ha omitido comprometerse con lo que en reiteradas ocasiones la CIDH, la ONU, la CNDH y este colectivo han recomendado: el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y la recuperación de éstas por parte de las policías civiles.
Lo anterior, aunado a la ausencia del compromiso de abrogar la Ley de Seguridad Interior, hace oídos sordos a lo que se dice reiteradamente en los foros organizados por quienes integrarán la futura Secretaría de Seguridad Pública y abona a la incertidumbre sobre la voluntad del próximo gobierno para detener la militarización que a lo largo del país ha venido acompañada de un incremento a la violencia y las graves violaciones de derechos humanos.
Tampoco existe claridad en la intención de crear una Guardia Nacional y mucho menos de su naturaleza.
Desde el colectivo #SeguridadSinGuerra, integrado por más de 300 organizaciones y personas, externamos nuestra preocupación por la falta de claridad sobre un plan de retiro gradual de las Fuerzas Armadas y el restablecimiento del orden constitucional.
Reiteramos nuestra disposición para aportar en el debate público y la exigencia de abrogar la Ley de Seguridad Interior, elaborar un plan responsable de retiro gradual de las Fuerzas Armadas y adoptar las medidas necesarias para fortalecer a las policías y acabar con la impunidad que prevalece respecto de los elementos castrenses involucrados en graves violaciones de derechos humanos.
Mientras continúe la militarización no podrán empezar a construirse la paz y la reconciliación”.
* Seguridad sin Guerra es un colectivo creado en 2017 e integrado por más de 300 organizaciones civiles, activistas, académicos, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Su objetivo es frenar aquellas iniciativas que pretenden justificar la militarización en las tareas de seguridad, evitar la rendición de cuentas y transparencia, y debilitar contrapesos legislativos y judiciales.
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