Permite, por ahora, que se mantenga la ley que autoriza a la policía deportar a migrantes.
Human Rights Watch* / Edición 4 Vientos
Integrantes de la Guardia Nacional de Texas vigilan y reprimen a migrantes que permanecen en las inmediaciones de la frontera de Estados Unidos, en Juárez, Chihuahua (Agencia EFE).
El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos del 19 de marzo de 2024, que permite a la policía estatal de Texas arrestar y deportar a personas que, según funcionarios de Texas, han ingresado ilegalmente a Estados Unidos mientras los tribunales federales consideran la constitucionalidad de estas facultades, pone en peligro inmediato a las personas que temen ser perseguidas.
En un comunicado, la organización civil Human Rights Watch señaló que la orden judicial también otorga poderes de aplicación de la ley de inmigración desproporcionados y de gran alcance a los agentes de la ley estatales y locales.
El fallo permite que la ley entre en vigor mientras la impugnación judicial avanza a través de los tribunales federales.
"Los gobiernos nacionales tienen derecho a regular sus fronteras, siempre y cuando cumplan con los derechos humanos internacionales y Refugiados”, dijo Bob Libal, consultor de Texas de Human Rights Watch.
"Pero permitir que Texas siga adelante con su sistema draconiano de criminalización y devolución de solicitantes de asilo, es una receta para el caos y el abuso".
La SB 4, la ley de Texas que revisará la Corte Suprema permite a la policía estatal y local arrestar a los migrantes que ingresan a Texas entre cruces fronterizos oficiales y acusarlos de entrada indebida, punible con hasta 1 año de prisión, o reingreso indebido, punible con 2 a 20 años.
La ley permite que el estado ordene la expulsión de migrantes en lugar de una sanción penal. Incluso si tienen una solicitud de asilo debido a temores de persecución u otros daños graves si son deportados.
Integrantes de la Guardia Nacional de Texas refuerzan la cerca limítrofe en la frontera El Paso-Juárez (Agencia EFE).
El regreso de solicitantes de asilo a un lugar donde temen ser perseguidos u sufrir otros daños graves, viola la legislación federal de Estados Unidos, así como las obligaciones de ese país, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho de los refugiados, señaló Human Rights Watch.
La nueva ley se aplica en todo Texas y es probable que aumente la discriminación racial, obstruya los tribunales estatales y llene las cárceles.
También es probable que distraiga a la policía de otras tareas de seguridad pública al exigirles que se centren en arrestar y enjuiciar a las personas que buscan reunirse con la familia, encontrar protección o tener una vida mejor.
Grupos de derechos civiles y el gobierno federal de Estados Unidos han impugnado la medida por motivos constitucionales.
Otra nueva ley estatal de Texas que entró en vigor en febrero crea una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión para las personas declaradas culpables de contrabando o de administrar un "escondite".
Human Rights Watch descubrió que la gran mayoría de las miles de personas fichadas por contrabando en virtud de las leyes vigentes de Texas, eran jóvenes texanos que a menudo no hacían más que trasladar a las personas de las comunidades fronterizas a otras partes de Texas.
Casi el 80 por ciento de los fichados por contrabando eran ciudadanos estadounidenses con una edad media de 26 años. Casi el 13 por ciento tenía 18 o 19 años.
La gente sostiene una pancarta durante una protesta contra la Operación Lone Star después de que miembros de la Guardia Nacional de Texas dispararan e hirieran a un joven de 22 años cerca del Puente de las Américas en El Paso, Texas, el 1 de septiembre de 2023 (REUTERS / José Luis González).
Sin embargo, otra ley aprobada en 2023 duplica con creces los fondos para continuar con la construcción del muro fronterizo, agregando 1.540 millones de dólares a una bolsa existente de casi 1.500 millones para construir 40 millas de barreras a lo largo de la frontera entre Texas y México, de 1.200 millas de largo.
Las leyes se basan en el traslado de migrantes en autobús de alto perfil del gobernador republicano Greg Abbott a ciudades con liderazgo demócrata, así como en su Operación Lone Star.
Esta operación discriminatoria y abusiva tiene como objetivo arrestar, enjuiciar y encarcelar a migrantes percibidos y a otras personas por delitos menores y delitos graves del estado, así como en la construcción de muros, "barreras de boyas" y alambre de concertina a lo largo de la frontera.
"La Operación Lone Star se ha convertido en un programa de casi 12.000 millones de dólares del gobierno estatal de leyes innecesariamente duras que ha provocado decenas de muertes y cientos de lesiones tanto a migrantes como a ciudadanos estadounidenses", dijo Libal.
"No se equivoquen: la Operación Estrella Solitaria arriesga vidas y despilfarra imprudentemente los recursos públicos", agregó.
Si bien no hay evidencia de que la Operación Lone Star haya frenado la migración, el programa ha provocado lesiones y muertes, ha violado sistemáticamente los derechos de migrantes y ciudadanos estadounidenses, e incluyó ataques a las libertades de asociación y expresión de grupos que brindan ayuda básica en Texas, señaló Human Rights Watch.
Las peligrosas persecuciones de vehículos que se cree que contienen migrantes en el marco de la Operación Lone Star han provocado accidentes que han matado al menos a 74 personas e herido al menos a otras 189 en un período de 29 meses, según un informe de Human Rights Watch publicado en noviembre.
La conflictiva frontera texana con México (Telemundo).
Entre los muertos y heridos había migrantes y ciudadanos estadounidenses, entre ellos muchos transeúntes.
Lo más probable es que la Operación Lone Star haya fortalecido a los actores ilícitos que se benefician de los crecientes temores de los migrantes, y haya bloqueado o impedido las oportunidades para que las personas soliciten asilo en Estados Unidos, que es su derecho según la ley estadounidense.
Las ganancias de los cárteles criminales aumentan cuando los migrantes intentan ingresar a Estados Unidos viajando a través de terrenos remotos y mortales.
"La SB 4 de Texas y todos los componentes de la Operación Lone Star están ayudando a los cárteles criminales a aumentar sus ganancias y poder coercitivo sobre los migrantes y las comunidades fronterizas", dijo Libal.
"El gobierno federal debe cesar inmediatamente todos los fondos y la colaboración con la Operación Lone Star, mientras Texas continúe en este camino peligroso y mortal", concluyó.
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