Nueve pequeños Estados insulares han ganado un caso histórico sobre el cambio climático en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS, por sus siglas en inglés), el cual dictaminó que todos los signatarios de un tratado de las Naciones Unidas sobre actividades marinas deben hacer más para proteger los océanos del cambio climático.
Al Jazeera* / Edición 4 Vientos
Las naciones que a diario conviven a ras con los océanos ven los efectos del cambio climático en sus litorales erosionados, en los impredecibles patrones climáticos, en la muerte de sus arrecifes de coral, en la disminución radical de sus actividades pesqueras y en el aumento del nivel del mar que desplaza a los habitantes de sus hogares (Imagen: Agencia AP).
El juzgado determinó que las responsabilidades de los signatarios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para prevenir la contaminación marina se extienden a las emisiones de gases de efecto invernadero, que dañan los océanos al alterar la atmósfera terrestre.
Los estados insulares habían pedido a la corte que aclarara qué se consideraba contaminación marina bajo la convención, en medio del aumento de los océanos, el aumento de las temperaturas oceánicas y la acidificación de los océanos causada por los combustibles fósiles y otras emisiones de gases de efecto invernadero.
Gaston Browne, primer ministro de Antigua y Barbuda, uno de los países que presentó el caso, dijo que las pequeñas naciones insulares “están luchando por su supervivencia" debido a las emisiones de los grandes contaminadores.
"Algunos se volverán inhabitables en un futuro cercano debido a la falta de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero", dijo. "Exigimos que los principales contaminadores respeten el derecho internacional y detengan el daño catastrófico contra nosotros antes de que sea demasiado tarde".
La convención de 1994, firmada por 169 países, ya proporciona la base legal para que los países protejan el medio ambiente marino de sustancias contaminantes, incluido el petróleo de los barcos, pero la decisión del tribunal reconoce que las emisiones atmosféricas también están dañando los océanos.
El tribunal dictaminó que los Estados tenían la obligación de actuar, señalando "los altos riesgos de daños graves e irreversibles al medio marino".
La Comisión de Pequeños Estados Insulares sobre el Cambio Climático y el Derecho Internacional (COSIS, por sus siglas en inglés), que presentó el caso en nombre de nueve países, elogió la opinión consultiva de la corte mundial como “una tremenda victoria legal".
Imagen: Shutterstock).
"[El tribunal hizo] historia al emitir la primera opinión consultiva sobre el cambio climático y los océanos", dijo COSIS.
Los países insulares han luchado por una acción más decisiva sobre el cambio climático durante décadas y han luchado contra la desinformación difundida por las empresas de combustibles fósiles.
Los nueve estados que se sumaron al caso COSIS son Antigua y Barbuda, Niue, Palau, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Tuvalu y Vanuatu, que el año pasado experimentaron dos tormentas de categoría 4 en 24 horas.
Además de tormentas más severas y frecuentes, los estados insulares también se enfrentan a cambios más graduales debido al cambio climático, como la pérdida de huertos cuando el agua salada del mar se mezcla con el agua subterránea.
Eselealofa Apinelu, representante de la isla de Tuvalu, en el Pacífico Sur, dijo que la opinión del martes 21 de mayo dejó en claro que todos los estados estaban legalmente obligados a proteger el medio ambiente marino, y a otros estados, de las amenazas existenciales del cambio climático.
Lo calificó como "un primer paso importante para responsabilizar a los principales
contaminadores".
El caso del TIDM es solo uno de los varios esfuerzos internacionales en curso para abordar la contaminación de los océanos por parte de los combustibles fósiles.
Los combustibles sucios utilizados por los buques de carga han sido objeto de un mayor escrutinio por parte de la Organización Marítima Internacional (OMI), mientras que un Tratado Mundial sobre los Plásticos previsto abordará la contaminación por plásticos y microplásticos.
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