El juicio a Caro Quintero debe reabrir el caso del asesinato de Manuel Buendía y su vínculo con la CIA y la DEA
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A 40 años de su muerte, el asesinato de Manuel Buendía Tellezgirón sigue siendo una herida abierta para el periodismo mexicano y para el derecho internacional a la verdad.
Jorge Luis Sierra* / Diario Red** / Edición: 4 Vientos
El juicio federal iniciado en enero de 2025 en Nueva York contra Rafael Caro Quintero podría reabrir heridas y archivos secretos que vinculan a agencias estadounidenses y mexicanas, periodistas asesinados y operaciones encubiertas en América Latina.
El juicio no solo busca esclarecer su participación en el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar, ocurrido en febrero de 1985.
También ofrece una oportunidad histórica: reabrir el caso del asesinato del periodista mexicano Manuel Buendía Téllezgirón, ocurrido nueve meses antes, en mayo de 1984, en circunstancias que podrían estar relacionadas con las mismas redes de inteligencia, narcotráfico y operaciones encubiertas que Camarena investigaba.
Durante el juicio por el caso Camarena, celebrado en Los Ángeles en 1990, la DEA presentó un conjunto de evidencias conocido como el “Archivo Manuel Buendía”. En ese proceso fue declarado culpable Rubén Zuno Arce, político mexicano con conexiones con el régimen priista, por su papel en el secuestro y homicidio de Camarena y su piloto, Alfredo Zavala Avelar.
El archivo incluía un reporte secreto de la DEA fechado el 13 de febrero de 1990, en el que se analizaba una investigación periodística de Buendía centrada en operaciones encubiertas de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la CIA para mantener pistas aéreas clandestinas en Veracruz.
Según ese documento, dichas pistas servían como nodos logísticos para el abastecimiento de armas destinadas a la guerrilla "Contra" nicaragüense.
De acuerdo con ese mismo reporte —recuperado y publicado por los investigadores Russell y Sylvia Bartley en su libro Eclipse of the Assassins: The CIA, Imperial Politics, and the Slaying of Mexican Journalist Manuel Buendía (University of Wisconsin Press, 2015)—, Buendía había recibido información clave de otro periodista, Javier Juárez Vázquez, director del periódico Primera Plana en Coatzacoalcos, Veracruz.
Juárez investigaba pistas clandestinas vinculadas a un rancho presuntamente propiedad de Caro Quintero, utilizado —según ese informe— para entrenar a combatientes de la Contra.
Ambos periodistas fueron asesinados el mismo día, el 30 de mayo de 1984, con apenas una hora de diferencia: Buendía, acribillado por la espalda en un estacionamiento sobre Avenida Insurgentes en la Ciudad de México; Juárez, ejecutado con disparos en la cabeza y abandonado en un paraje de la carretera de Minatitlán al aeropuerto de Veracruz.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México documentó este asesinato en su Recomendación 34/1991, pero no estableció una conexión formal entre los crímenes.
En el centro de esta posible conexión está una concurrencia hasta ahora poco explorada: que tanto Buendía como Camarena investigaban la participación encubierta de la CIA en operaciones de narcotráfico, cuyo propósito era financiar a la oposición armada contra el gobierno sandinista de Nicaragua.
Esta hipótesis emergió tras el testimonio de Lawrence Victor Harrison, un ex agente de inteligencia que testificó para la fiscalía estadounidense en el caso contra Zuno Arce.
Harrison afirmó que agentes de la CIA frecuentaban la casa de Ernesto Fonseca, coacusado del asesinato de Camarena, y que el rancho de Caro Quintero en Veracruz era utilizado como campo de entrenamiento para la Contra.
La CIA, por su parte, negó públicamente cualquier participación en operaciones de narcotráfico o entrenamiento paramilitar en territorio mexicano.
Una versión distinta, pero complementaria, provino años después del propio José Antonio Zorrilla Pérez, exdirector de la DFS, condenado por ser el autor intelectual del asesinato de Buendía.
En una entrevista reciente, concedida al periodista Raymundo Riva Palacio —publicada en El Sol de México—, Zorrilla aseguró que Buendía investigaba una operación secreta conjunta entre los gobiernos de México y Estados Unidos para canalizar armas al sindicato “Solidaridad” en Polonia, en el marco de la Guerra Fría contra la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Aunque esa afirmación introduce una variante geopolítica distinta, no excluye la existencia de una red de operaciones ilegales más amplia, coordinada por instancias de inteligencia de ambos países.
Riva Palacio también reveló en esa entrevista que conoció documentos de una investigación paralela ordenada por el entonces presidente Miguel de la Madrid, que dirigió el abogado Samuel Ignacio del Villar Kretchmar, muerto en marzo de 2005.
Según esa indagatoria, el asesinato de Buendía habría sido “un trabajo interno del Estado mexicano”, resultado de una confluencia de intereses entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional.
La investigación identificó como autor material a un militar en activo que, presuntamente, fue asesinado tres días después en Zacatecas.
Todas estas versiones apuntan a un patrón común: Manuel Buendía fue asesinado por lo que sabía y por lo que estaba dispuesto a publicar.
La investigación sobre las operaciones encubiertas en apoyo a la Contra, en las que confluyeron actores del crimen organizado, agencias de inteligencia mexicanas y estadounidenses, y estructuras del poder político, pudo haber sido el móvil real detrás de su asesinato.
Los reportes de la DEA que divulgaron Russell y Sylvia Bartley afirman que Buendía y Camarena tuvieron contacto.
Aunque no hay evidencia concluyente de que colaboraran directamente, la coincidencia de sus líneas de investigación y el destino violento que ambos encontraron no puede ni debe ser ignorado.
A 40 años de su muerte, el asesinato de Manuel Buendía sigue siendo una herida abierta para el periodismo mexicano y para el derecho internacional a la verdad.
El actual juicio a Caro Quintero podría ser un punto de inflexión si las autoridades judiciales de Estados Unidos aceptan explorar estas conexiones históricas.
Si Washington tiene la voluntad de hacerlo, todavía puede contribuir al esclarecimiento de un crimen emblemático cuya impunidad ha sido protegida por el silencio institucional de ambos países.
La verdad no prescribe. Y la justicia, aunque demorada, aún puede llegar.
* Jorge Luis Sierra es periodista y consultor de medios enfocado en la intersección entre tecnología, seguridad cibernética y periodismo de investigación. Galardonado en áreas decorrupción, derechos humano y temas de seguridad. Los últimos seis años los ha dedicado al uso de la tecnología y el desarrollo de proyectos de medios digitales para mejorar la transparencia, los derechos humanos y la libertad de expresión en América Latina, el sur de Asia, Europa del Este, África y el Medio Oriente. Es experto en seguridad cibernética y autor de temas de seguridad nacional.
** Diario Red se define como un medio de comunicación que aplica una “línea editorial progresista de izquierdas, con rigor y sin miedo a la hora de señalar la corrupción mediática”. Forma parte de un proyecto multimedia de Canal Red que impulsa Pablo Iglesias Turrión, politólogo fundador del partido Podemos, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del gobierno de España entre 2020 y 2021.
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